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“El
gobierno sudafricano está pasando de una crisis a otra, pero no está yendo al fondo de las causas políticas y
económicas que subyacen a estas
crisis. Las disputas internas del partido
gobernante, el Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés),
por ejemplo, son una pesada carga para el país y deben resolverse con
determinación. En este contexto, también es necesario un compromiso renovado con la Carta de la Libertad de 1955 y la Constitución de Sudáfrica, que
consideran un orden económico más justo como un factor decisivo en la
liberación política. En el corto plazo, el gobierno
de Sudáfrica debe garantizar los medios de subsistencia y apoyar la economía.
Las medidas de ayuda a empresas,
empleados y particulares que han llegado a su fin deben ser renovadas y reajustarse para que estén
a la altura de la pandemia y la crisis
actual en el país. Tales medidas no son posibles con la actual política de
austeridad. Las políticas de
austeridad deben terminar y se deben priorizar los derechos sociales y
económicos. Esto debe estar vinculado a una transformación económica efectiva que beneficie a la mayoría de la
población. El statu
quo de Sudáfrica no puede ser tomado, ni remotamente, como una forma
de liberación política”.
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LA CRISIS DE UNA SUDÁFRICA QUE
SE REBELA.
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Por 16/08/2021 | África |
Fuente Rebelión lunes 16 de agosto del 2021.
Traducción:
Carlos Díaz Rocca.
Desde el
encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma,
ocurrido el 7 de julio, una nueva ola de violentas protestas sacude a Sudáfrica. La crisis actual es el punto culminante de
un proceso socioeconómico y político de despojo que se extendió durante dos décadas
en Sudáfrica y que ha creado un terreno fértil para la rebelión de numerosos
actores sociales.
Desde el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, ocurrido el
7 de julio, una nueva ola de violentas
protestas sacudió a Sudáfrica. Como consecuencia de ellas, han muerto hasta
ahora más de 200 personas y han sido detenidas casi 2.600. Es posible que el detonante haya sido la detención de Zuma, pero no es la única causa y tampoco es lo que
realmente preocupa a la población.
La crisis
actual es el punto culminante de un proceso socioeconómico y político de
despojo que se extendió durante dos décadas en Sudáfrica
y que ha creado un terreno fértil para la rebelión de los desposeídos, de
instigadores con motivaciones políticas o de oportunistas. La crisis debe evaluarse en el contexto de este despojo y de la
desigualdad que prevalecen ignorando clases y divisiones étnicas y de género,
y que han creado un profundo desequilibrio de poder. Estos factores –agravados por el desempleo y la
pobreza– impiden que la democracia
se desarrolle plenamente en Sudáfrica, e incluso amenazan con desestabilizarla.
Sudáfrica vive hoy en plena pandemia, la peor crisis social de los últimos tiempos.
***
Después de
casi tres décadas de democracia, Sudáfrica se
enfrenta a varias crisis. El modelo sudafricano
de sociedad no funciona para la mayoría de la población. En cuanto a
la distribución del ingreso, el país
tiene un coeficiente de Gini de 0,7,
lo que lo convierte
en uno de los países con mayor desigualdad. La
distribución de la riqueza es aún
más desequilibrada y tiene un índice
de Gini de 0,95. Se estima que la mitad
de la riqueza total está en manos del porcentaje más rico de la población; el 10% más rico posee por lo menos entre
90% y 95% por ciento de la riqueza.
Como consecuencia de la falta de cambios estructurales, la situación económica de Sudáfrica era precaria aun antes de la pandemia. La tasa de desempleo
se mantuvo siempre alta; en el cuarto trimestre de 2019 fue de 29,1%. La pobreza está muy extendida.
En 2015, 30,4 millones de personas, 55,5% de la población, vivían por debajo del umbral oficial de pobreza. En los hogares manejados por mujeres, la proporción era significativamente
mayor que en las familias con un hombre
como jefe de hogar. Una cuarta parte de la población, 13,8
millones de personas, vivían en la pobreza extrema y no podía permitirse alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades materiales
básicas.
La curva de
crecimiento de Sudáfrica ha sido descendente
durante más de diez años. Entre 2011 y
2018, el crecimiento económico promedió apenas 1,7%. En 2019, el país entró en recesión por tercera vez desde 1994.
Varios factores fueron responsables de esto, incluida la recesión mundial posterior a la crisis financiera mundial, la caída de los precios de las materias primas, la desindustrialización, la captura del Estado (léase: la corrupción sistémica), los recortes presupuestarios, una política
macroeconómica restrictiva y la caída de la inversión como resultado del estancamiento económico y el poco confiable suministro eléctrico.
Cada vez más
personas encuentran en el Estado un instrumento para el enriquecimiento propio
despiadado. Las instituciones estatales son saqueadas y vaciadas. Esta realidad es el caldo de cultivo de la aguda crisis de
gobernabilidad en Sudáfrica. La combinación de crisis económicas y
políticas está provocando que la confianza en el orden constitucional disminuya
cada vez más.
Cuando
comenzó la crisis provocada por el coronavirus, Sudáfrica ya estaba en recesión. En abril
de 2020, el presidente Cyril
Ramaphosa anunció un paquete de rescate concebido para ayudar a trabajadores, empresas y hogares
durante la pandemia. El paquete, dotado de fondos superiores a los 30.000 millones de dólares, fue una luz
de esperanza para el país, pero esta se apagó rápidamente. Hubo una serie de
problemas con la puesta en práctica del
programa y para julio de 2021 solo se había ejecutado 41% de las partidas. Es que el presupuesto anual no contemplaba esas
erogaciones. El presupuesto complementario de 2020 solo cubrió una parte. La
mayoría del paquete de rescate se financió con recursos existentes o fondos
extrapresupuestarios. No obstante, el hecho de que se hiciera creer a la
ciudadanía que se inyectarían en la economía los 30.000 millones de dólares como dinero en efectivo avivó las
violentas protestas. El público tuvo la impresión de que
el «estímulo» fue en gran parte saqueado.
En la
actualidad, Sudáfrica vive la tercera ola de la
pandemia. La mayor parte de las medidas de ayuda ya se han implementado. Mientras el gobierno está
apenas comenzando su programa de vacunación, la cantidad de personas infectadas
con coronavirus va en aumento. La tercera ola y los confinamientos asociados a esta
afectaron a Sudáfrica en un momento
en que los sectores más frágiles de la población han sufrido pérdida de
ingresos y están sometidos a un enorme agotamiento. En enero de 2021, según una encuesta
reciente, 39% de los hogares se quedó sin dinero
para comprar alimentos y 17% sufrió hambre con el paso de las semanas. El
programa de ayuda pandémica Alivio
Social del Sufrimiento (Social Relief of Distress, SRD), una asignación de
dinero en efectivo introducida como parte del primer paquete de alivio para adultos desempleados que no reciben ningún otro beneficio social, ha
finalizado. Los precios de los alimentos
muestran una creciente inflación. Se
han interrumpido los programas de alimentación
escolar de los que dependen muchos niños y niñas. Debido a los disturbios,
los alimentos escasean en algunas zonas.
Se cree que la tercera ola, reforzada por las protestas,
provocará una merma de la actividad económica. Después de que el PIB se
redujera 7% en 2020, la economía
continúa recortando empleos. La tasa de desempleo alcanzó un nivel récord de 32,6%. Es un círculo vicioso: los disturbios
generan más crisis, y las crisis, más disturbios.
Para peor, el Ministerio
de Finanzas de Sudáfrica insiste en su
política de austeridad,
defendida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y gran parte de la prensa empresarial. La sociedad civil
critica las duras medidas de austeridad a las que el gobierno
sudafricano recurre desde hace varios años para intentar reducir la deuda externa y calmar a las agencias
calificadoras de riesgo. Esto se hace fundamentalmente a expensas de los beneficios sociales esenciales y la
implementación de los derechos
económicos y sociales.
Es probable que el gobierno de Sudáfrica insista en sus
planes de consolidación y –como se anunció en febrero de 2021– reduzca el gasto no requerido para el servicio de
la deuda en un promedio de 5,2% en términos reales cada año. Los recortes presupuestarios tienen
como resultado un menor gasto per cápita
y recortes reales en servicios
públicos, tales como la atención médica, la educación y
la cultura.
El presidente declaró hace poco que cualquier nueva medida de emergencia se
incluiría dentro del presupuesto existente. En vista de la apremiante necesidad social, que se ve enormemente
agravada por la pandemia y ahora
también por las violentas protestas, esto es de una enorme irresponsabilidad.
El gobierno
sudafricano está
pasando de una crisis a otra, pero
no está yendo al fondo de las causas políticas y económicas que subyacen a estas crisis. Las disputas internas
del partido gobernante, el Congreso
Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), por ejemplo, son una
pesada carga para el país y deben resolverse con determinación. En este
contexto, también es necesario un compromiso
renovado con la Carta de la Libertad de 1955 y la Constitución de Sudáfrica, que consideran un orden económico más
justo como un factor decisivo en la liberación política.
En el corto plazo, el gobierno de Sudáfrica debe
garantizar los medios de subsistencia y
apoyar la economía. Las medidas de ayuda a empresas, empleados y particulares que han llegado a su fin deben
ser renovadas y reajustarse para que
estén a la altura de la pandemia y la
crisis actual en el país.
Tales medidas no son posibles con la actual política de
austeridad. Las políticas de
austeridad deben terminar y se deben priorizar los derechos sociales y
económicos. Esto debe estar vinculado a una transformación económica efectiva que beneficie a la mayoría de la
población. El statu
quo de Sudáfrica no puede ser tomado, ni remotamente, como una forma
de liberación política.
Busi Sibeko, es economista en el Instituto para la Justicia Económica
(IEJ) en Johannesburgo y realiza investigaciones macroeconómicas.
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