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“Desde
los noventas, pero especialmente del 2005 en adelante, gracias a políticas
erráticas y contraproducentes de carácter “ofertista”, de “seguridad nacional” y de “criminalización”, el Perú se ha
mantenido como uno de los principales centros de producción de coca-cocaína y
delitos conexos. Del 2005 al 2021, los
resultados de la medición de los cultivos de coca y su erradicación como
política central, ha tenido magros resultados: Han
aumentado o se han mantenido los cultivos de producción de coca y sus derivados
para fines ilícitos que se pretendía reducir; Se han trasladado los
cultivos hacia otras cuencas hidrográficas (“efecto globo”), dispersado en
las mismas cuencas (“efecto mercurio”) y fronterizado hacia los extremos del
territorio con Bolivia, Brasil, Colombia
y Ecuador (“efecto membrana”); Se ha
producido articulación y sinergias cada vez mayor con otros delitos
como tala ilegal, minería
informal-ilegal, trata de personas, contrabando, tráfico de tierras, comercio
ilegal de flora y fauna, sicariato, lavado de activos y dinero, etc.;
Han tenido y tienen impactos importantes, muchas
veces desastrosos, sobre la sociedad, los
recursos naturales, la economía y la cultura de los pueblos indígenas y no
indígenas en las zonas de producción y con repercusiones a nivel nacional; Han
fracasado los esfuerzos, las políticas y las estrategias del llamado “desarrollo alternativo”, que no
resultan siendo uno ni lo otro; Han constituido una traba fundamental para el
impulso del uso tradicional e industrial
benéfico de la hoja de coca como recurso
natural, valor de uso y símbolo de identidad de los
pueblos andino-amazónicos, así como
para la Empresa
Nacional de la Coca ENACO, como ente público acopiador y comercializador legal
de la coca y derivados lícitos;
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PERÚ:
EL PROFE, LA COCA Y LA PERSISTENCIA DE UNA POLÍTICA ERRADA.
*****
Por Ec. Hugo Cabieses Cubas *
Otra Mirada. Lima jueves 14 de octubre del 2021.
Dado
que el 12 de octubre es el día de la resistencia y persistencia indígena,
recordemos lo siguiente de mi gran amigo Baldomero
Cáceres Santa María: “La costumbre del coqueo fue vista con malos ojos
por los colonizadores. El considerado apóstol de los indios, Fray Bartolomé de
las Casas, reconoció que la practicaban "por salud y mantenimiento",
pero registró que “daba grande asco verlos, a nosotros digo". La Iglesia Católica, mediante el Segundo Concilio
Limense, intentó prohibirla en 1567, por estar íntimamente unida a la
religiosidad andina, pero de inmediato un consultor político de esas épocas
objetó: "querer que no haya coca es querer que no haya Perú"
(Matienzo, 1567), pensando en la productividad del trabajo indígena que había
asegurado el apogeo de Potosí. Fue así como se
consagró una distancia entre runas y mistis.” (Coca y mundo andino)
La continuada
estrategia fracasada de erradicación de cultivos coca excedentaria y acusaciones de mal uso de fondos
internacionales en la agencia peruana encargada de ello que es la llamada
Comisión Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas DEVIDA,
precipitó la renuncia irrevocable de Fidel Pintado, jefe de ese organismo,
mediante una carta pública rechazando las acusaciones del ministro del Interior Luis
Barranzuela, en mi opinión injustas y calumniosas. Ello podría arrastrar a
su acusador, Barranzuela y podría provocar la primera baja del gabinete Mirtha Vázquez recientemente
conformado.
Esto sucedió cuando le estaba dando los toques
finales a este artículo, pero no altera las principales críticas y propuestas sobre cómo encarar un problema
complejo como es la coca, el narcotráfico y el crimen organizado.
1) La
erradicación de coca sin alternativas
viables para los agricultores y sin distinguir coca legal de la ilegal, expande
los cultivos a otras zonas, los dispersa y provoca daños ecológicos de magnitud
sideral: el problema es la demanda, no la oferta.
2) Desde hace
40 años está política no ha
funcionado y los datos están allí para demostrarlo: desde 1983 hasta el 2019 se
ha erradicado 364 mil hectáreas por varios gobiernos y sigue habiendo entre 70
y 80 mil has al 2021.
3) El enfoque
erradicador y penal-policial
represivo no ha funcionado en ninguna parte del planeta y lo mismo sucede con
otros delitos: lo reconoce la ONU, la UE y los estudiosos del tema, pero los
EEUU no.
Lamentablemente y desde junio de este año, se reinició la política errada de erradicación de coca, sin darle alternativas a los cultivadores ya que el llamado desarrollo alternativo no ha sido hasta ahora desarrollo alguno y tampoco alternativo. Desde hace muchos años mi posición al respecto es contraria a esta política que no sólo es errada, sino estúpida y los que la impulsan siguen adictos al fracaso, desde hace más de cuatro décadas, en las que priorizan impulsar un enfoque penal-represivo y policial-militar sobre las actividades ilícitas en general. Esto sucede con un gobierno de izquierda, que ha asumido compromisos con los agricultores de coca y busca “hacer buena letra” con ellos, defendiendo sus reivindicaciones que están embalsadas desde hace años.
El
Profe y los cambios en su Gabinete de retazos y panakas.
El Profesor
Pedro Castillo Terrones, Presidente del Perú desde el 28 de julio del presenta
año, ya ha cumplido 77 días en el gobierno, tratando de gobernar con el viento en contra, con una oposición
mafiosa y vengativas que todos los días busca vacarlo, con un Gabinete de
retazos de partidos políticos y políticos independientes, cado uno
representando a por lo menos siete panakas como he señalado en otro escrito
(ver: “De retazos, panakas y saharauis”)
Pero hace menos de una semana, el miércoles 6 de
octubre, el Presidente cambió a siete de sus ministros, para incrementar la
equidad añadiendo a tres mujeres – ahora son cinco, la Primera Ministra Mirtha Vásquez, la vicepresidenta y
ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina
Boluarte, la de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Anahí Durand de Nuevo Perú, a las que se suman la congresista
de Perú Libre Betssy Chávez, una de
las más críticas contra Cerrón y Bellido
y la activista por los derechos humanos y memoria histórica Gisela Ortiz. Con una cajamarquina,
abogada, luchadora social y defensora de los derechos territoriales de las
comunidades contra la minería salvaje, Mirtha
Vásquez reemplazó a Guido Bellido
Ugarte, un dirigente duro de Perú Libre, nacido en Chumbivilcas en el
Cusco, para “aerear” su gobierno de
izquierda con caras nuevas y cumplir con el Plan Perú al Bicentenario sin
Corrupción que lo llevó al triunfo en junio de este año, por muy estrecho
margen (ver: “El Profe a dos meses:
mirando el bosque” )
En ese artículo, mirando el vaso medio lleno, he
destacado los siete aspectos positivos que ha realizado el Gobierno del Profe y
he señalado que:
“También
está claro que, con esta frazada de retazos y articulación de panakas, se han
cometido errores y no pocas designaciones erráticas. Pese a ello, considero que
estamos marchando hacia la cuarta restructuración del Estado y la sociedad
peruana en 50 años, que la derecha no desea” (ver: Perú: El profe Castillo y la grita opositora), pero
si una buena parte de la población nacional. Tan es así, que es la principal
conclusión de las últimas encuestas de IPSOS y el IEP, correspondiente a
septiembre. Contra todo pronóstico de limeños urbanos y analistas nacionales y extranjeros, la de IPSOS
arroja que en el mundo rural el 52% aprueba la gestión del presidente Castillo,
57% en el Sur y en Lima sólo el 29% (ver: Estudio de opinión El Comercio -
Ipsos). Similar resultado dice la
encuesta del IEP: 55% en lo rural, 58% en el sur y 25% en Lima (ver: IEP
Informe de Opinión – septiembre 2021).
Ofertismo
y Criminalización con Adicción al fracaso.
Desde los noventas, pero especialmente del 2005 en
adelante, gracias a políticas erráticas y contraproducentes de carácter “ofertista”, de “seguridad nacional” y de “criminalización”,
el Perú se ha mantenido como uno de los principales centros de producción
de coca-cocaína y delitos conexos. Del 2005 al 2021, los resultados de la
medición de los cultivos de coca y su erradicación como política central, ha
tenido magros resultados:
Han aumentado
o se han mantenido los cultivos de producción de coca y sus derivados para fines
ilícitos que se pretendía reducir;
Se han
trasladado los cultivos hacia otras cuencas hidrográficas (“efecto globo”), dispersado en las mismas cuencas (“efecto
mercurio”) y fronterizado hacia los extremos del territorio con Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador
(“efecto membrana”);
Se ha
producido articulación y sinergias
cada vez mayor con otros delitos como tala
ilegal, minería informal-ilegal, trata de personas, contrabando, tráfico de
tierras, comercio ilegal de flora y fauna, sicariato, lavado de activos y
dinero, etc.;
Han tenido y tienen impactos importantes, muchas veces desastrosos, sobre la sociedad, los recursos naturales, la economía y la cultura de los pueblos indígenas y no indígenas en las zonas de producción y con repercusiones a nivel nacional;
Han fracasado los esfuerzos, las políticas y las
estrategias del llamado “desarrollo
alternativo”, que no resultan siendo uno ni lo otro;
Han constituido una traba fundamental para el
impulso del uso tradicional e industrial
benéfico de la hoja de coca como recurso
natural, valor de uso y símbolo de identidad de los
pueblos andino-amazónicos, así como
para la Empresa Nacional de la Coca ENACO, como ente público acopiador y
comercializador legal de la coca y derivados lícitos; y,
En 2020 y
2021 los impactos de la pandemia del COVID 19 sobre los cultivos de coca
destinados al tráfico ilícito de drogas,
así como otros delitos asociados, se han disparado, acentuando los fracasos de
una política
basada en la oferta, la seguridad nacional y la criminalización de su
producción y usos.
La estrategia
erradicadora ha sido impulsada
por los diversos gobiernos a través de la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas DEVIDA
y la cooperación internacional: la Organización de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito UNODC, la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, la Oficina de la Casa Blanca de
la Política Nacional para el Control de Drogas ONDCP, la Unión Europea UE
y la Cooperación Técnica Alemana GIZ.
Los magros resultados obtenidos, justifican la
necesidad de revisar el “instrumento”
básico utilizado, es decir la erradicación de cultivos, la criminalización de los que cultivan coca,
la satanización de los que consumen tradicionalmente la hoja de coca y su industrialización benéfica y el llamado “desarrollo alternativo” que ha sido en
general un fracaso, con relación a otras políticas de mejor calidad, en base a evidencias y experiencias, realizadas
con justicia y sustentación científica. Existe suficiente experiencia nacional
e internaciona1, basada en evidencias y
criterios socioculturales, ambientales, económico-productivos, institucionales
y de seguridad ciudadana, que pueden servir de base para diseñar políticas públicas
alternativas, justas y eficaces sobre la hoja de coca, las drogas, sus usos y
los tráficos con fines ilícitos.
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