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“Ira
social en aumento. A mediados de julio, cuatro de las principales organizaciones
rurales europeas les enviaron una carta
a los responsables políticos de la UE
para pedirles que rechacen el acuerdo
comercial UE- MERCOSUR en su forma
actual. Dicho convenio, argumentaron, podría causar “daños irreversibles” a sectores vulnerables de la agricultura europea y poner en peligro la soberanía alimentaria para
los países sudamericanos. Sus firmantes son el Consejo Europeo de Jóvenes Agricultoras-es (CEJA), el Comité de
Organizaciones Profesionales Agrícolas, la Confederación General de
Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COPA-COGECA), la Coordinadora
Europea Vía Campesina (ECVC) y
la Federación Europea de Sindicatos de
Alimentación, Agricultura y Turismo
(EFFAT), organizaciones
representativas de una amplia diversidad de comunidades rurales y trabajadores del sector agroalimentario del continente.
“Sus pares latinoamericanos también han expresado durante años su rechazo al tratado. Ya en febrero las mujeres de La Vía Campesina marcaron claramente el terreno al afirmar que, aunque “el equipo diplomático del gobierno de Lula propuso revisar algunos aspectos, no cambian la esencia de la estructura neocolonial del acuerdo”. Razón por la cual, afirmaron, “es urgente comprender la magnitud de las violaciones sociales previstas y también analizar la amenaza a los derechos de las mujeres, especialmente las mujeres del campo, las aguas y los bosques”. Por otra parte, y no menos preocupante, “El pilar comercial del acuerdo reitera asimetrías históricas pues establece aranceles externos desfavorables a los pueblos sudamericanos [al privilegiar] el antiguo intercambio de bienes minerales y agrícolas producidos por el MERCOSUR por los bienes industrializados provenientes de Europa, como vehículos, maquinarias y pesticidas.
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MERCOSUR-EUROPA, CRÍTICAS DESDE AMBAS ORILLAS.
Movimientos
sociales contra un acuerdo riesgoso
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Por Sergio Ferrari | 12/08/2025 | Economía
Fuentes.
Revista Rebelión martes 12 de agosto del 2025
Los acuerdos de libre comercio del MERCOSUR con Europa entran en una
fase decisiva. En paralelo, se incrementan las críticas de los movimientos
sociales.
A
inicios de julio y luego de 8 años y 14 rondas de negociaciones, los países del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) anunciaron la
conclusión de un tratado de libre comercio con sus contrapartes de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), la cual reúne a Islandia, el Principado de Liechtenstein, Noruega y Suiza. Aunque
el proceso de revisión jurídica, suscripción formal y ratificación por parte de
cada parlamento podría durar varios meses, el fin de las negociaciones de este “mini acuerdo” manda una señal política
por elevación a las partes que deben ratificar el “gran acuerdo”. Es decir, el Tratado
de Libre Comercio entre el MERCOSUR y el conjunto de los 27 Estados de la Unión Europea (UE).
Aunque aceptado formalmente en diciembre de 2024, el mismo transita la
fase de traducción y debate parlamentario en los dos bloques.
Lo negociado entre el MERCOSUR y EFTA aparece, así, como un nuevo globo de ensayo de toda la negociación entre América del Sur y Europa, la cual es criticada por organizaciones campesinas y sindicales, así como por Organismos No Gubernamentales ambientalistas y de la cooperación con el desarrollo. Estas críticas, en su momento, se concentraron en el “secretismo” de la discusión, concretamente, en el hecho de que un puñado de negociadores –que no incluía ni a los mismos parlamentarios nacionales– eran los únicos que conocían las propuestas iniciales del tratado. Ahora se centran en los contenidos esenciales que los movimientos sociales consideran riesgosos tanto para el medio ambiente como para el campesinado y los trabajadores a ambos lados del Atlántico.
MERCOSUR-EFTA,
el acuerdo “pequeño”
El
Tratado de Libre Comercio MERCOSUR–EFTA se propone crear un área de libre
comercio de casi 300 millones de
personas. Según el propio comunicado del MERCOSUR,
“Ambos lados se beneficiarán
de mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones, lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas
e individuos”. Su meta es abarcar prácticamente todas las áreas de
actividades del intercambio. Regirá el comercio de bienes, servicios,
inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia,
medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, asuntos
legales y horizontales, incluyendo la resolución
de controversias. Incorpora también un capítulo
de comercio y desarrollo sostenible que
las voces críticas consideran formal e insuficiente (https://www.mercosur.int/comunicadomercosurefta/).
Suiza, uno de los países más interesados en concretar el Tratado, se refriega las manos de alegría. En 2024, las exportaciones helvéticas a los países del MERCOSUR ascendieron a 4.900 millones de dólares, mientras que sus importaciones, sin contar el comercio del oro, fueron cinco veces menores. Si bien el balance comercial ya le resultaba muy positivo a la Confederación Helvética, a partir de este nuevo acuerdo –y según sus propios cálculos iniciales— casi 95% de sus exportaciones a los países del MERCOSUR quedaría completamente exento de aranceles. Por su parte, Suiza le otorgaría al MERCOSUR veinticinco cuotas bilaterales de productos agrícolas sensibles, es decir, se comprometería a importar una determinada cantidad de bienes de su contraparte latinoamericana. Berna le reaseguró a su ciudadanía que estas cuotas de importación “son sostenibles para la agricultura suiza” (https://www.news.admin.ch/fr/newnsb/SDd_zA6Nwk3jvERPp6UZs).
El
“gran” acuerdo MERCOSUR-Unión Europea en la mira.
La
Unión Europea y
los países del MERCOSUR acordaron un
tratado en diciembre de 2024 luego
de casi cinco lustros de negociaciones.
Ahora falta su ratificación por cada uno de los parlamentos sudamericanos
y los 27 países europeos, así
como la del Consejo y la del
Parlamento Europeos. Sin embargo, algunas partes del acuerdo podrían entran en vigor
provisionalmente tan solo con la firma de la institución supra europea y
la de su contraparte sudamericana.
De aprobarse definitivamente, éste sería uno de los tratados de libre comercio de más impacto a nivel internacional: cerca
de 700 millones de personas en
países que representan casi un cuarto del Producto Interno Bruto mundial.
La
última palabra,
sin embargo, aún no se ha dicho. Varios
gobiernos europeos, incluyendo Francia, Austria y Polonia, se oponen, en tanto que otros,
como Bélgica, podrían abstenerse (hasta ahora, Italia y Países Bajos se muestran escépticos). Para bloquear el acuerdo es
necesario un mínimo de cuatro países
que reúnan conjuntamente el 35% de la
población de la UE.
Importantes
actores sociales
vienen manifestando desde hace años su abierta oposición a este tratado por considerarlo
“un acuerdo tóxico para los agricultores, el medio
ambiente y los derechos sociales y humanos aquí [en Europa]
como en los países del Mercosur”.
Numerosos “movimientos sociales, ONG,
ciudadanos, agricultores, activistas, sindicatos, movimientos estudiantiles,
mutualidades, asociaciones ecologistas y asociaciones de promoción de la
salud”, entre otros, acaban de convocar una movilización en el Barrio Europeo de Bruselas (sede del ejecutivo
de la UE) para el 4 de septiembre. (https://www.cncd.be/bruxelles-4-septembre-2025-mobilisation-stop-ue-mercosur).
Si
bien la votación en
el Consejo de la Unión Europea
podría realizarse a mediados de ese
mes, es probable que la fecha
precisa recién se anuncie a último momento, algo que les preocupa a estas organizaciones.
Según ellas, estos “procesos opacos”
presuponen “intentos por debilitar nuestro
movimiento”. De allí, argumentan, la
necesidad imperiosa de autoconvocarse. Además, explican que
“algunos gobiernos [de la UE]
intentan impulsar el acuerdo con un anexo
sobre el clima, supuestamente destinado a responder a las críticas”. Sin embargo, sostienen los
convocantes, “este anexo no modificaría en absoluto los impactos reales sobre el medio ambiente, los derechos humanos y la agricultura, tanto aquí como en los países del MERCOSUR”.
Ira
social en aumento.
A
mediados de julio, cuatro de las principales organizaciones rurales europeas les
enviaron una carta a los responsables
políticos de la UE para pedirles
que rechacen el acuerdo comercial UE-
MERCOSUR en su forma actual. Dicho
convenio, argumentaron, podría causar “daños
irreversibles” a sectores vulnerables
de la agricultura europea y poner en peligro
la soberanía alimentaria para los países
sudamericanos. Sus firmantes son el
Consejo Europeo de Jóvenes
Agricultoras-es (CEJA), el Comité de Organizaciones Profesionales
Agrícolas, la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión
Europea (COPA-COGECA), la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) y la Federación Europea de Sindicatos de Alimentación, Agricultura y Turismo (EFFAT), organizaciones representativas de una amplia diversidad de comunidades rurales y trabajadores
del sector agroalimentario del
continente (https://viacampesina.org/es/europa-pequenos-agricultores-y-trabajadores-piden-a-los-ministros-y-eurodiputados-de-la-ue-que-se-opongan-al-acuerdo-comercial-ue-mercosur/).
Sus
pares latinoamericanos
también han expresado durante años su
rechazo al tratado. Ya en febrero
las mujeres de La Vía Campesina marcaron
claramente el terreno al afirmar que, aunque
“el equipo diplomático
del gobierno de Lula propuso revisar
algunos aspectos, no cambian la esencia de la estructura neocolonial del
acuerdo”. Razón por la cual, afirmaron, “es
urgente comprender la magnitud de las violaciones
sociales previstas y también analizar la amenaza a los derechos de las mujeres, especialmente las mujeres del campo, las aguas y los bosques”. Por otra parte, y no menos preocupante, “El pilar comercial del acuerdo reitera asimetrías históricas pues establece aranceles externos desfavorables a
los pueblos sudamericanos [al privilegiar] el antiguo intercambio de bienes
minerales y agrícolas producidos por el MERCOSUR por los bienes industrializados provenientes de Europa, como
vehículos, maquinarias y pesticidas”(https://viacampesina.org/es/brasil-como-puede-el-acuerdo-mercosur-union-europea-impactar-la-vida-de-las-mujeres/)
Sin
embargo, la oposición
no viene solo de los movimientos
sociales rurales. De hecho, la última
semana de julio la Central Única de
los Trabajadores de Brasil (CUT) y la Coordinadora
Sindical del Cono Sur (CCSCS) le entregaron personalmente una carta a la
delegación de la Comisión de Comercio
Internacional (INTA) del Parlamento
Europeo para expresar su
oposición al actual Acuerdo MERCOSUR-UE. Parlamentarios europeos y varias
organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas, entre ellas el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra
(MST), de Brasil, asistieron a la
ceremonia de entrega de este documento en la ciudad de San Pablo. Redactado en colaboración con la Confederación Europea de Sindicatos (CES),
denuncia
“La falta de transparencia
en las negociaciones, la ausencia de participación social, el
uso de un lenguaje inaccesible y los
riesgos concretos que el acuerdo
supone para los trabajadores, la
industria regional y el medio ambiente”. Los sindicalistas consideran que el tratado profundiza una lógica neoliberal y neocolonial,
favoreciendo a las grandes corporaciones en detrimento del desarrollo sustentable y la integración soberana de los países del MERCOSUR. De concretarse, agregan,
el mismo provocará desindustrialización,
reducción de la producción nacional
y una mayor dependencia de las
importaciones de productos manufacturados
europeos.
Luego
de 25 años de discusiones,
¿podrán América del Sur y Europa hacer
pasar la píldora amarga de un acuerdo contestado por varios Estados y repudiado
por importantes movimientos sociales de ambos continentes? Pregunta abierta, de muy difícil
respuesta, y sobre un trasfondo alarmante. Como lo es la ofensiva mundial de aranceles lanzada
estos últimos meses por el proteccionismo trumpiano, que
promueve una nueva dinámica comercial y política que podría jugar a favor de
los que apuestan a un “mal acuerdo”
MERCOSUR-UE como mejor opción a
“ningún acuerdo”.
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