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En
los gobiernos “progresistas” persisten las estrategias de desarrollo con una
intensa apropiación de los recursos naturales, una
inserción primarizada en el mercado global y la externalización de los impactos
ambientales. Por tanto, los gobiernos
“progresistas” no han conseguido trascender la lógica primario exportadora,
lógica que les “condena” a asumir condiciones supranacionales de inserción
desfavorable en el mercado global. Para
los gobiernos “progresistas”, las cuestiones ambientales se han convertido
en el flanco más débil, flanco plagado de serias contradicciones. La
dependencia del extractivismo ha contribuido a un crecimiento económico que se
levanta sobre una montaña de pasivos ambientales y que ha multiplicado la
conflictividad social hasta niveles sin precedentes. En este sentido, existe una crisis a la interna
de muchos movimientos de izquierda sobre la supeditación de los
distintos modelos de desarrollo. Es
decir, existen actualmente varias corrientes que hacen que varias propuestas de
modelos de desarrollo estén en disputa. Por ejemplo, ¿cómo es posible
potenciar el agro en zonas rurales de América Latina y, al mismo tiempo, tener
una indiscriminada política de concesiones mineras y petroleras en las mismas
regiones?. El llamado neoextractivismo o
neodesarrollismo tiene como eje principal la nacionalización de la renta conseguida en la explotación de los
recursos, convirtiéndose así, en un asistencialismo trampa, que perpetúa
crisis recurrentes y consolida mentalidades “rentistas”. Todo ello, convierte a
los pueblos y comunidades afectadas por los impactos sociales y ambientales, en “mártires” de
un modelo de desarrollo y crecimiento económico ficticio o, cuando menos,
cortoplacista.
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Modelos de Desarrollo en América Latina.
Debate
sobre los modelos de desarrollo de la región latinoamericana.
Repensando
el Desarrollo.
*****
Miguel Castro.
OMAL.
Revista Rebelión Viernes 4 de enero del 2013.
La situación actual de los modelos de desarrollo en
América Latina no se puede desligar del efecto que tuvieron los Programas de
Ajuste Estructural en la década de los 90. Estos programas incluyeron el
reconocimiento masivo de privilegios a las empresas transnacionales (contratos
de estabilidad tributaria y exoneraciones de impuestos, entre otros), en
búsqueda de la rápida integración del mercado latinoamericano en el mercado
global. Se impulsó la privatización y transnacionalización y se profundizó la
histórica dependencia económica de América Latina en el marco del capitalismo
neoliberal.
Desde esta misma lógica de mercantilización, el
neoliberalismo re-organizó los espacios nacionales, se crearon regímenes
legales y políticas que facilitaban la integración en redes transnacionales de
inversión, producción y comercio. En especial será la explotación de los
recursos naturales la actividad que juega un papel central en este modelo y es
desde este sector donde se ha impulsado un debilitamiento deliberado de la
institucionalidad estatal, y unos niveles de fragmentación social y territorial
sin precedentes.
En consecuencia, las reformas neoliberales y la
imposición del modelo económico dictado tras el Consenso de Washington, provocó
una desregulación que afectó a los sistemas de tenencia de la tierra, la
normativa que rige las inversiones y el sistema impositivo [1].
Todo ello ha profundizado la deuda ecológica y cultural y ha aumentado los
niveles de exclusión social de la población rural, campesina e indígena de
América Latina.
En estos contextos, la resistencia de los
movimientos sociales no se ha hecho esperar. Las organizaciones campesinas e
indígenas se han organizado a nivel local, nacional e internacional,
conformando un heterogéneo collage de estrategias de luchas y resistencias que
se han extendido a lo largo del continente con diferentes grados de éxito.
¿Qué se propone desde los gobiernos
"progresistas" de América Latina?
Con los antecedentes expuestos, la reconfiguración
progresista que ha habido en los últimos años en América Latina ha constituido
un significativo y esperanzador paso para visibilizar diferentes y “nuevas”
maneras de entender y construir estrategias de desarrollo. Estas estrategias atribuyen a los movimientos sociales un rol
protagónico como sujetos políticos con la capacidad para abrir caminos
hacia una real transformación social con mayor justicia e inclusión social. Los
mecanismos y/o políticas propuestos (desde lo teórico y programático) son:
a.- Implementación
de ambiciosos programas sociales.b.- Mejor redistribución de la renta estatal.
c.- Control estatal sobre los recursos naturales estratégicos de cada país
d.- Industrialización para superar la
dependencia de la exportación de materias
primas y lograr una economía de base
productiva.
e.- Formalización y
“constitucionalización” de los Derechos de la Naturaleza con
propuestas del
Buen Vivir (Sumak kawsay), como alternativa al desarrollo actual.
Sin embargo, aunque entendemos estos procesos
políticos, sociales y económicos como procesos en continua construcción, han
pasado varios años y las propuestas, aún reconociendo tímidos avances, han
encontrado enormes dificultades y difusas, ambiguas y contradictorias
voluntades políticas para llevarlas adelante.
En los gobiernos “progresistas” persisten las
estrategias de desarrollo con una intensa apropiación de los recursos
naturales, una inserción primarizada en el mercado global y la externalización
de los impactos ambientales [2].
Por tanto, los gobiernos “progresistas” no han conseguido trascender la lógica
primario exportadora, lógica que les
“condena” a asumir condiciones supranacionales de inserción desfavorable en el
mercado global.
Los Modelos de Desarrollo varían de acuerdo a la Nación y sus objetivos.
Para los
gobiernos “progresistas”, las cuestiones ambientales se han convertido en el
flanco más débil, flanco plagado de serias contradicciones. La
dependencia del extractivismo ha contribuido a un crecimiento económico que se
levanta sobre una montaña de pasivos ambientales y que ha multiplicado la
conflictividad social hasta niveles sin precedentes. En este sentido, existe
una crisis a la interna de muchos movimientos de izquierda sobre la
supeditación de los distintos modelos de desarrollo. Es decir, existen
actualmente varias corrientes que hacen que varias propuestas de modelos de
desarrollo estén en disputa. Por ejemplo, ¿cómo es posible potenciar el agro en
zonas rurales de América Latina y, al mismo tiempo, tener una indiscriminada
política de concesiones mineras y petroleras en las mismas regiones?
El llamado neoextractivismo o neodesarrollismo
tiene como eje principal la nacionalización de la renta conseguida en la
explotación de los recursos, convirtiéndose así, en un asistencialismo trampa [3],
que perpetúa crisis recurrentes y consolida mentalidades “rentistas” [4].
Todo ello, convierte a los pueblos y comunidades afectadas por los impactos
sociales y ambientales, en “mártires” de un modelo de desarrollo y crecimiento
económico ficticio o, cuando menos, cortoplacista.
El papel de Brasil en los modelos de desarrollo
impulsados en América Latina
La primera de las decepciones en la aplicación de
las reformas previstas, y deseadas por los seguidores de la nueva izquierda
latinoamericana, la ejemplificó Brasil. La importancia de Brasil como nuevo
referente en la definición e imposición del modelo de desarrollo en la región
está especialmente ligado con la nueva reconfiguración geopolítica mundial. La
nueva y multipolar correlación de fuerzas entre las potencias mundiales,
impulsada por el agotamiento de la hegemonía del poder económico de Estados
Unidos, ha convertido a Brasil en un actor relevante en el devenir del futuro
de América Latina.
Lamentablemente, la nueva multipolaridad conformada
por nuevos actores como China y Brasil no ha venido acompañada de un modelo más
justo, solidario, ambientalmente sostenible y menos hegemónico. Simplemente se
han reproducido modelos anteriores y se han diversificado geográficamente los
polos hegemónicos de dominación capitalista.
Hoy Brasil ya ha dejado de ser un país
sub-imperialista, hay multinacionales brasileñas con un nivel de acumulación de
capitales muy fuerte, destacando al Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), a
Petrobras y a la minera Vale Do Rio Doce. Otro proyecto que apuntala el poder
de Brasil, específicamente en América Latina, es la Iniciativa de integración
de la infraestructura regional de América del Sur (IIRSA). Esta iniciativa es
un vasto programa de construcción y modernización de infraestructuras. Su
financiación está asegurada por el Banco Interamericano de Desarrollo, la
Corporación Andina de Fomento y el BNDES de Brasil y su objetivo es, en
particular, asegurar la comunicación entre las zonas andinas y tropicales.
Brasil, como primera potencia regional, desempeña en esto un papel
preponderante pero no como eje articulador para promover la integración
regional, sino como eje articulador para promover una intercomunicación
regional que tenga al propio Brasil como principal receptor y beneficiario.
En este contexto, la interesante e incipiente
apuesta de UNASUR sólo se ha convertido en un espacio de discusión y reflexión
política, más que un espacio real de definir políticas de integración económica
regional, porque Brasil quiere continuar y profundizar su rol hegemónico en la
región.
Alternativas al modelo de desarrollo extractivista
y basado en grandes infraestructuras
Las propuestas que se pueden sistematizar para que
los aportes de la izquierda latinoamericana puedan salir de este bucle de asistencialismo
trampa son varias:
La izquierda latinoamericana
tiene como asignatura pendiente una reflexión más profunda acerca de cómo
incorporar a sus propuestas una visión ecologista inclusiva, con aportes
teórico-prácticos cercanos a la ecología política y al ecofeminismo, en el que
se superen, por fin, los parámetros preponderantes de modelos sociales
patriarcal-capitalistas.
Cambiar los paradigmas
preestablecidos sobre nuestro rol de dominación, funcionalización e
instrumentalización de la naturaleza. Para los más escépticos, o que defienden
una visión más antropocéntrica, esta reflexión también tendría que ser tenida
en cuenta viniendo de la mano de políticas que luchan frente al cambio
climático, la insostenibilidad de mantener la actual matriz energética y de
políticas de decrecimiento reales.
No sumarse a la “moda” en la
firma de acuerdos comerciales supranacionales con cláusulas como las de lucro
cesante que, en el mejor de los casos, hace una entrega incondicional al sector
privado y al tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el CIADI, de sectores
económicos estratégicos y por tanto del futuro económico y la soberanía de
determinados Estados.
Las propuestas de
industrialización orientada al mercado interno de algunos países no deben
sustituir los debates y preocupaciones cercanas a la protección ambiental y al
impacto de estas políticas en el calentamiento global..
Asumir, cuantificar y
contabilizar los costos sociales y ambientales a medio y largo plazo, no como
una puerta de entrada a las políticas de pago por servicios ambientales sino
como indicador real de la rentabilidad y contabilidad del “negocio extractivista”.
Modelo Socio-ambiental, propuesto.
Más allá
del modelo de desarrollo que prevalezca, lo que si es interesante rescatar, y seguir
impulsando, es una mejor y mayor participación de las poblaciones locales. Este
esfuerzo, que proviene principalmente de la idea de construir una sociedad más
inclusiva, democrática y descentralizada, debería utilizarse de manera
deliberada o implícita, tal y como comentábamos anteriormente, para que el
conjunto de la ciudadanía conozca y/o se apropie de determinados valores
asociados al rol “no funcional” de los ecosistemas, los recursos naturales y el
medio ambiente.
La lógica neodesarrollista no ha eliminado el rol
de la empresa privada transnacional en la gestión de los recursos estratégicos
de los países, pero sí se puede decir que lo ha invisibilizado. Sin embargo, al
contrario de ser un aspecto positivo, éste se vuelve más peligroso, ya que el
sector privado ha desplegado estrategias encubiertas de infiltración y captura
de espacios e instituciones públicas, tanto a nivel nacional como subnacional.
Ante lo cuál, el análisis que califica a las multinacionales como socias pierde
sentido y se pone de manifiesto la necesidad de articular una relación de
control público fuerte sobre estas empresas en sus actividades.
Por todo lo expuesto anteriormente, el “buen
vivir”, entendido como una nueva filosofía de vida aún no se ha convertido en
algo más que una utópica declaración constitucional (haciendo referencia a las
Nuevas Constituciones Políticas de Ecuador y Bolivia). La viabilidad de las
propuestas relacionadas con el “buen vivir” depende exclusivamente de la
capacidad de adaptación de la sociedad civil no-indígena a una nueva forma de
vida, y la capacidad de apropiación que la sociedad mestiza tenga de una serie
de derechos, y garantías sociales, económicas y ambientales.
El “buen vivir” abre la puerta para construir un
proyecto que se posicione como aporte indispensable en la construcción de una
sociedad sustentada en la solidaridad entre seres humanos y la relación
armónica con la naturaleza.
Miguel Castro es
Coordinador de Programa de Minería de ACSUR-Las Segovias en Bolivia.
El presente artículo fue el ensayo final del curso online Repensar
el desarrollo: Cooperación, derechos humanos y empresas transnacionales impulsado
por OMAL y que se desarrolló del 16 de abril al 11 de mayo de 2012 para
alumnado de Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Colombia.
Otras referencias bibliográficas utilizadas:
Anthony Bebbington, “Nuevas políticas extractivas en América Latina: La paradoja de la
riqueza: ¿cómo traducir rentas extractivas en desarrollo territorial”
en Fundación Tierra, Bolivia Post-Constituyente: Tierra, territorio y
autonomías indígenas, La Paz, Memoria Seminario Internacional, 26-28 octubre de
2009.
Anthony Bebbington, La globalización de la gobernanza ambiental: relación de
escala en los movimientos socio ambientales y sus implicaciones para la
gobernanza ambiental en zonas mineras en el Perú y el Ecuador,
Univ. Manchester/Global Greengrants/CEPES/Oxfam, 2007.
Eduardo Gudynas, El Nuevo
Extractivismo del Siglo XXI: Diez tesis urgentes sobre el extractivismo bajo el
progresismo sudamericano actual, Washington DC, IRC, Programa
Américas, 2009.
Eduardo Gudynas, “Buen Vivir: Germinando alternativas al desarrollo”, América
Latina en movimiento, nº 462
Eduardo Gudynas, “Desarrollo, Derechos de la
Naturaleza y Buen Vivir después de Montecristi”, Gabriela Weber (ed.) Debates
sobre cooperación y modelos de desarrollo. Perspectivas desde la sociedad civil
en el Ecuador. Centro de Investigaciones CIUDAD y Observatorio de la
Cooperación al Desarrollo.
Miguel
Castro, y Antonio R. Carmona, “La resistencia de los movimientos sociales frente
a los impactos mineros en la región andina” Revista Hacia El Sur nº37, 2011.
Sociedad
Civil Peruana, Alternativas
al Extractivismo: Por un nuevo acuerdo de gobernabilidad social, ambiental y
económica frente a las industrias extractivas y las grandes inversiones,
Lima, Red de organizaciones de la sociedad civil peruana, 2011.
Pablo
Villegas, “La minería
transfronteriza, a través de los límites entre el Neoliberalismo y el
Socialismo del Siglo XXI”, PetroPress nº 16, 2009.
Pablo Villegas, “El rol
central de la IIRSA en el modelo de desarrollo v vigente en Bolivia”, PetroPress nº 18, 2009.
Notas
[1] Anthony Bebbington, Minería,
movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de las
transformaciones territoriales, Lima, IEP/CEPES, Serie Minería
2, 2007.
[2] Eduardo Gudynas, “La ecología política de la crisis global
y los límites del capitalismo benévolo”, ICONOS 36, 2010, pp. 53-67.
[3] Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas, Transiciones: Postextractivismo
y alternativas al extractivismo en el Perú , Lima, CEPES/RedGe/CLAES, 2011.
[4] Alberto Acosta, La Maldición
de la Abundancia, Quito, CEP/Abya Yala/Swissaid, 2009.
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1 comentario:
Exelente articulo. Es muy complejo el tema y creo que dentro de la complejidad se entiende un poco de que se trata esta realidad que estamos atravezando.
Mi blog:
http://www.debatepopular.blogspot.com
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