&&&&&
Una de las estrategias de colonización,
necesitada por los grupos económicos influyentes en las dinámicas del
capitalismo global, es dictada
por los organismos económicos
internacionales como el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas instituciones han
venido implementando políticas de
comercio global en América Latina, a través de programas de desarrollo
capitalistas bajo el discurso de la erradicación de la pobreza. Una de las
consecuencias es que los Estados se
endeudan mediante la adquisición de créditos
condicionados a reformas sociales, jurídicas y políticas que abren las puertas para que los Estados cedan las
decisiones de cómo se deben invertir los
recursos económicos nacionales de una manera en que las deudas sean
extendidas. Además, estas condiciones usualmente requieren la privatización de las empresas estatales y la entrada de la inversión
extranjera directa, que terminan implementando mega-proyectos inconsultos a las pueblos
étnicos y sociedad civil.
Esta situación nos lleva a preguntarnos: ¿a quién
pertenecen esos organismos económicos internacionales? ¿Acaso no les conviene que los Estados
latinoamericanos permanezcan endeudados? Resolver estos
interrogantes nos permitirá entender las dinámicas
del modelo de desarrollo que viene imperando en Latinoamérica, en tanto que
estos organismos económicos pertenecen a las élites económicas que
históricamente han impulsado sus iniciativas a costa de la misma relación entre
sujetos de derechos
colectivos e individuales frente al Estado. Significando sistemáticas
violaciones de derechos humanos.
/////
Modelos de Desarrollo en América Latina.
***
REPENSANDO EL DESARROLLO.
Resistir no es aguantar.
*****
Francia Márquez.
OMAL. Rebelión domingo 6 de enero del 2012.
En la
entrada de la segunda década del siglo XXI América Latina figura como uno de
los ejes de la emergente multipolaridad del capitalismo global. Es decir, no
solo existe el interés de la inversión directa extranjera históricamente
proveniente de Estados Unidos y de Europa, sino que las oligarquías al interior
de los países latinoamericanos están en función de fortalecer e impulsar el
modelo capitalista desde sus propios enclaves de poder. Esto implica la
reconfiguración de grupos económicos emergentes de la economía mundial;
necesitando la reconformación de nuevas estrategias de colonización.
Estas
estrategias son avanzadas primeramente por un discurso enfocado en la
erradicación de la pobreza a través del desarrollo capitalista implementado por
políticas neoliberales. Lo resultante es una redefinición del Estado frente a
la población que reconfigura a la ciudadanía como sujetos del comercio y no
como sujetos de derechos individuales y colectivos. Es importante resaltar que
los pueblos latinoamericanos han venido desarrollando procesos de lucha y
resistencia frente a estos modelos imperantes de creciente poder político;
creando alternativas desde el auto-reconocimiento étnico-racial en miras a un
buen vivir.
Los organismos económicos internacionales y el modelo de desarrollo en
América Latina.
Una de las
estrategias de colonización, necesitada por los grupos económicos influyentes
en las dinámicas del capitalismo global, es dictada por los organismos
económicos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo. Estas instituciones han venido implementando políticas de comercio
global en América Latina, a través de programas de desarrollo capitalistas bajo
el discurso de la erradicación de la pobreza. Una de las consecuencias es que
los Estados se endeudan mediante la adquisición de créditos condicionados a
reformas sociales, jurídicas y políticas que abren las puertas para que los
Estados cedan las decisiones de cómo se deben invertir los recursos económicos
nacionales de una manera en que las deudas sean extendidas. Además, estas
condiciones usualmente requieren la privatización de las empresas estatales y
la entrada de la inversión extranjera directa, que terminan implementando mega-proyectos
inconsultos a las pueblos étnicos y sociedad civil.
Esta
situación nos lleva a preguntarnos: ¿a quién pertenecen esos organismos
económicos internacionales? ¿Acaso no les conviene que los Estados
latinoamericanos permanezcan endeudados? Resolver estos interrogantes nos
permitirá entender las dinámicas del modelo de desarrollo que viene imperando
en Latinoamérica, en tanto que estos organismos económicos pertenecen a las
élites económicas que históricamente han impulsado sus iniciativas a costa de
la misma relación entre sujetos de derechos colectivos e individuales frente al
Estado. Significando sistemáticas violaciones de derechos humanos.
En este
marco, Colombia sirve como un escenario emblemático de las dinámicas del
capitalismo global en torno al “neodesarollismo” vigente y su relación a los
pueblos. Se ha venido ajustando la normatividad jurídica interna a la
implementación de planes de desarrollo nacionales enfocados al fortalecimiento
de las políticas de economía globales que desconocen los derechos de la
sociedad. Por ejemplo, las reformas del código minero que establece la minería
artesanal como ilegal, y reconoce solo a la minería industrial a la vez que
otorga títulos a quienes demuestren capacidad tecnológica y financiera abren
las puertas a las empresas multinacionales, quienes tienen el capital económico
para realizar estas explotaciones. De esta manera la reforma minera y reformas
homólogas sirven como obstáculo para la forma de vida propia de las
comunidades. Por ejemplo, niega a los grupos étnicos el reconocimiento de sus
derechos colectivos y ancestrales. Además, dichas empresas desarrollan
explotaciones a cielo abierto utilizando cianuro y mercurio. Lo que implica la
destrucción del medio ambiente, la salud de las personas, y la pérdida de la
soberanía alimentaria.
La violencia
es un aspecto fundamental de la implementación de modelos de desarrollo
neoliberales. El conflicto armado de Colombia es un ejemplo contundente de cómo
la violencia es parte de las estrategias impulsadas por las élites políticas y
económicas para facilitar la inversión industrial. Por ende, muchos territorios
concedidos a empresas multinacionales durante los últimos años están azotados
por actores armados que han violado constantemente los derechos humanos de las
comunidades que habitan esos territorios. Estas violaciones se ejercen mediante
el desplazamiento forzado, las violaciones a mujeres y niños, masacres,
amenazas a líderes y lideresas, y desapariciones.
Estas
dinámicas están contrapuestas en el espacio público por las políticas
empresariales que dicen atender a las necesidades de las comunidades que estas
mismas despojan y explotan. Estas contradicciones son avanzadas por el concepto
de responsabilidad social corporativa que plantea el rol de las empresas como
parte fundamental del tejido social que responde a una ética de bienestar
social comunitaria. Esto se manifiesta en campañas de salud y educación, en que
proveen servicios y productos mínimos a un pequeño porcentaje de la población
de forma ineficaz. Dichas políticas sociales corporativas son parte de sus
políticas mediáticas para “lavar su cara” por los perjuicios que ha vivido la
comunidad mediante la implementación de las políticas económicas de dichas
empresas. A la vez, estas políticas de responsabilidad social corporativa también responden a las políticas
económicas de las empresas mediante a la exoneración de impuestos.
Sobre los Modelos de Desarrollo en América Latina.
***
Un ejemplo de estas prácticas es el programa
de responsabilidad social corporativa implementado por la Empresa Hidroeléctrica del Pacifico (EPSA) [1]
mediante la fundación EPSA, administrada por la misma en el municipio de Suárez
(departamento del Cauca, Colombia). Este proyecto se basa en regalar cuadernos
para los niños, maletines escolares, al igual que campañas acerca del manejo de
electrodomésticos para ahorro de energía, proyectos de cultivos de peces en
estanques y siembra de café, así como capacitaciones a organizaciones
comunitarias sobre el liderazgo. Sin embargo, estos proyectos no contribuyen a
mejorar la calidad de vida de la comunidad. Más bien, intentan contrarrestar
los profundos y amplios impactos que el desarrollo de la empresa tiene sobre
las comunidades. Uno de estos es el desplazamiento de más de 3 mil familias de
sus tierras productivas que hoy se encuentran en los cordones de miseria de
grandes ciudades como Cali en el distrito de Aguablanca y Bogotá en Ciudad
Bolívar. Además del despojo de la tierra de alrededor de 20.000 personas negras
en la zona plana del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca lo que
fortaleció la implementación del monocultivo de caña de azúcar por parte de los
ingenios azucareros.
Frente a
estas realidades, los programas de “responsabilidad social corporativa” se
evidencian concretamente en favor de las empresas y no a favor de las
poblaciones a quienes reclaman favorecer. Más cuando se considera la violencia
directa a aquellas y aquellos que avanzan proyectos de resistencia frente a la
implementación de políticas nacionales e internacionales que fomenten la
expansión industrial por encima de los derechos de las personas. Lo que se
viene desarrollando entonces es la colonización a varias escalas. No solo el
Estado está reconfigurando su relación a la población a intereses de
capitalismo global, fuertemente impulsados por poderes nacionales, sino que el
despojo de estas poblaciones fomentan la pérdida de su identidad y formas de
vida. El desplazamiento forzado de las personas a los márgenes de las
metrópolis donde las organizaciones políticas tradicionales y los tejidos
sociales se disponen a través de la a-culturalización y asimilación de valores
y a los medios de producción vigentes en estos espacios. Sin embargo, a medida
que la intensidad con la que estos proyectos se imponen incrementa, también se
incrementa la articulación de resistencia y lucha de pueblos cuya conciencia
étnico-racial es fundamental en la constitución de posturas políticas de creciente relevancia a nivel regional,
nacional y transnacional.
Petróleo y minería socavan la tranquilidad en América Latina.
***
Pueblos en resistencia.
Si bien
estas violaciones estructurales a los derechos humanos de las personas y las
comunidades son continuas, también se han venido desarrollando procesos
sociales desde las comunidades para hacerle frente a ese modelo arrasador.
Desde la creación de iniciativas de desarrollo local, mecanismos de
exigibilidad de derechos a los Estados, la conformación de procesos políticos
propios. También se han venido tejiendo redes de solidaridad e intercambio
entre pueblos que les permite confrontar de manera más eficaz el modelo de
desarrollo impulsado través del Estado por las elites nacionales e
internacionales.
En Colombia
la organización política de comunidades negras se ha venido desarrollando a
través de procesos en resistencia a proyectos de desarrollo neoliberales con
índole transnacionales desde los años ochenta. Como producto de esas luchas, se
ha venido reconociendo constitucionalmente las organizaciones políticas propias
de estas comunidades. Hoy en día, las comunidades ejercen sus derechos
colectivos y especiales no solo para contrarrestar el modelo impuesto, sino
para desarrollar y fomentar su propia visión de integridad cultural. Por
ejemplo, la comunidad de La Toma, en Suárez, Cauca (Colombia), a partir de la
ley 70 de la constitución Colombiana y el convenio 169 de la OIT, ha venido
exigiendo al gobierno colombiano el respeto y el reconocimiento a sus
territorios ancestrales y a sus practicas y decisiones políticas mediante la
aplicación de la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado.
Estas formas de resistencia están fundadas en el auto-reconocimiento étnico-racial
de las comunidades que de forma recíproca alimenta el desarrollo de iniciativas
productivas como la finca tradicional, la explotación minera limpia artesanal,
y planes de vida autónomos que revindiquen la identidad y al respeto al medio
ambiente. Otro frente ha sido el rescate de la memoria histórica mediante el
fomento de la educación propia.
En este
marco, la resistencia étnico-racial colombiana ha sido parte de una importante
coyuntura política que enfrenta el avance de proyectos neoliberales de
educación por toda América Latina. La vigencia política de organizaciones
estudiantiles afro-colombianas forma parte de la resistencia hemisférica a
tales modelos de reforma educativa, con carácter diferenciado y colectivo. A la
vez, organizaciones sindicales y laborales han venido articulando el discurso y
carácter étnico-racial colectivo en sus posiciones políticas frente al modelo
de neodesarrollismo.
En los
últimos años estos procesos se han venido articulando entre sí, con la
participación de varios actores comunes en diferentes espacios que sirven como
puentes de comunicación y articulación de acciones y propuestas. Eventos como
el Congreso de los Pueblos, el Congreso de Tierras y Territorios, la nueva
articulación entre movimientos estudiantiles y sindicatos laborales, y la
creciente vinculación de artistas a las luchas sociales como por ejemplo en pro
la educación anticapitalista y en pro de los derechos de los pueblos frente a
la megaminería.
Conclusión.
Si bien se
vienen implementando en América Latina procesos para el fomento de políticas
coloniales mediante la implementación de tratados de libre comercio y préstamos
de organismos económicos internacionales, no es menos cierto que desde los
movimientos sociales hay una creciente articulación en pro de construir
políticas que confronten el modelo hegemónico existente que insiste en
continuar violando los derechos humanos individuales y colectivos, y
destruyendo el medio ambiente. Lo cual ha venido ocasionando el calentamiento
global y la crisis ambiental oceánica. Se debe seguir fomentando la
articulación de iniciativas propias a nivel local, nacional, y transnacional particularmente con
las poblaciones desplazadas en los márgenes de las metrópolis y las que aún
permanecen en sus territorios.
*****
Francia
Márquez forma parte de la Comunidad Suarez Cauca, Concejo comunitario de la
Toma en Colombia.
El presente
artículo fue el ensayo final del curso online Repensar el desarrollo: Cooperación,
derechos humanos y empresas transnacionales impulsado por
OMAL y que se desarrolló del 16 de abril al 11 de mayo de 2012 para alumnado de
Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Colombia.
Nota:
[1] EPSA
fue comprada por Unión Fenosa en el año 2000 y vendida a Clener, Inversiones
Argos y Banca de Inversión Bancolombia en diciembre de 2009. La venta se
produjo después de que Gas Natural comprara Unión Fenosa y para recuperar la inversión vendió diversas empresas filiales que
tenía Fenosa.
*****
No hay comentarios:
Publicar un comentario