“El Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución se negoció en
el Parlamento justo después de la segunda gran huelga nacional que
marcó esta ronda de movilización, a fines de noviembre de 2019. Este acuerdo
busca, como su título lo indica, “la paz social “, calmando y
canalizando así las calles y la rebelión popular frente a los grandes
empresarios que temían un bloqueo de la economía. El acuerdo se obtiene también
bajo presión de los militares, ya que ha circulado el rumor de que, sin un
acuerdo a nivel parlamentario, podría producirse un golpe de Estado.
Entre los firmantes se encuentran, por supuesto, la derecha, el centro e incluso
algunos representantes del Frente Amplio (la” nueva “izquierda). Se trata, pues, de intentar
poner fin a la movilización popular y al mismo tiempo de integrar en parte
una exigencia primordial de los movilizados: una
nueva Constitución. En cierto sentido, se trata de un triunfo de las
movilizaciones “desde abajo” porque, por primera vez, la casta política
chilena reconoce la necesidad de cambiar la Constitución de Pinochet
heredada de 1980. Pero, el acuerdo prevé de hacerlo en la medida en
que logre intentar controlar este proceso”.
“A fines de octubre,
el plebiscito debería dar como resultado un «sí» a una nueva constitución y a una
llamada «convención constitucional», o sea la modalidad más “progresiva” de las
opciones propuestas por el acuerdo parlamentario. Pero se trata de una” convención
constitucional “en la que los” viejos “partidos en el poder durante
30 años desde 1990 quieren conservar el control del proceso de cambio, y en la
que no hay garantía de que las listas independientes de ciudadanos
puedan mantenerse en pie hasta el final. Todavía se están llevando a cabo
negociaciones sobre la representación de los pueblos
indígenas, que parte de la derecha no quiere, y sobre la paridad,
ya que esto no estaba previsto en el acuerdo inicial. Por encima de todo,
la derecha trató de encerrar la discusión constituyente y ha impuesto una
mayoría de dos tercios (2/3) para aprobar cada artículo de la futura Carta
Magna, mientras que otro sector de parlamentarios conservadores
rechaza en bloque cualquier perspectiva de cambiar la Constitución de Pinochet.
Esto no significa que las izquierdas deba abstenerse de intervenir en este
futuro plebiscito: grandes sectores de la izquierda social y política (incluyendo
sectores libertarios) pretenden irrumpir en este espacio de los
dominantes, e intentar facilitar una apertura constitucional del sistema y
desestabilizar la estrategia de control “desde arriba” del Gobierno para
lograr un verdadero proceso constituyente democrático, o por lo menos
poner sobre la mesa y en los debates del país temas centrales como el fin de la privatización del agua, de la educación, de la
salud y nuevos derechos políticos (por ejemplo, el
reconocimiento de los derechos de autodeterminación del pueblo mapuche o la
renacionalización del cobre). Otros sectores de las izquierdas y de asambleas populares, por su parte,
llaman a un boicot activo del plebiscito para denunciar lo que ven como una nueva
mascarada electoral y un “refrito” de la democracia de “los consensos”
y pactada entre las clases dominantes, existente
desde la transición de 1990. Los dos sectores tienen argumentos a favor y en
contra”.
/////
Chile, La Plaza de la Dignidad, un día para no olvidar.
***
“OBSERVEMOS CHILE PARA ENTENDER EN QUÉ
CLASE DE MUNDO QUIEREN QUE VIVAMOS”.
Entrevista al investigador Franck Gaudichaud, autor de Chile 1970-1973. Mil
días que estremecieron al mundo (Sylone, 2017)
*****
Por Jérome Duval |04/04/2020 | Chile.
Rebelión domingo 5 de abril del 2020.
Doctor en ciencias políticas y profesor de la
Universidad de Toulouse Jean Jaurès donde enseña la historia latinoamericana, Franck
Gaudichaud regresó hace algunas semanas de una estancia en Chile.
El autor de "Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo" (Sylone,
2017) se cita con El Salto (Estado Español) para hablar de más de
seis meses de agitación social que sacudieron a este país.
El levantamiento chileno comenzó en octubre de 2019 y se extendió como un reguero de pólvora en el
movimiento estudiantil tras la decisión del Gobierno de Piñera de subir el
precio del billete de metro. La represión contra la juventud terminó por movilizar a toda la sociedad,
ya no en contra del aumento de los precios de los transportes, sino en contra
del sistema neoliberal heredado de la dictadura de Pinochet en su conjunto.
El 22 de octubre, cuando una docena de personas ya
habían sido asesinadas y más de 80 heridas, algunas de ellas por disparos de
los Carabineros, cuando se
estaban cometiendo actos de tortura y agresión sexual por parte de los
militares que patrullaban en Santiago, el presidente Sebastián Piñera
pidió públicamente disculpas al pueblo chileno. Y anunció medidas sociales
destinadas a “calmar” el ardor de los insurgentes: aumento del salario
mínimo, aumento del 20% de las pensiones de jubilación más bajas, cancelación
del reciente aumento del 9,2% de las tarifas eléctricas, creación de
una nueva franja impositiva para los ingresos superiores a los 8
millones de pesos mensuales, reducción de los salarios de los
parlamentarios, etc.
Además, la Cámara de Diputados votó el 24 de
octubre pasado (88 votos a favor, 24 en contra y 27 abstenciones) un proyecto de ley para acortar la jornada laboral de
un máximo de 45 horas a 40 horas semanales. La propuesta tendrá que
pasar por una comisión y luego por el Senado.
Hubo un cambio de actitud del Gobierno que parece,
a primera vista, consecuente. ¿Por qué estos anuncios no han calmado la
rebelión?
En realidad, la llamada “agenda social” está
completamente olvidada por el Gobierno. Se han hecho anuncios, incluso se ha
abierto un sitio web del Gobierno que muestra los progresos en curso, como que
habríamos alcanzado el 77% de la realización de este programa social. Si nos
fijamos en los detalles, la mayoría de las medidas aún no se han aplicado, y
menos aún ahora en contexto de pandemia global y cuando se avizora una
catástrofe sanitaria, en un contexto de sistema sanitario devastado por décadas
de neoliberalismo. Incluso cuando algunas medidas sociales están implementadas,
como un ligero aumento de la pensión mínima de vejez, bonificaciones para los
salarios más bajos o pequeñas mejoras en la cobertura de la salud, la lógica
sigue siendo neoliberal, es decir, que el Estado, con dinero público, viene a “ayudar”
y apoyar al mercado en los fondos de educación, salud o pensiones.
Además, lo que el Gobierno está anunciando es
realmente mínimo y en gran medida irrisorio. Podría haber habido algún progreso
con el anuncio de los impuestos para los más ricos, pero nada: Piñera, que
forma parte de la oligarquía financiera, está completamente controlado por las
grandes empresas y no tiene intención de empezar a gravar a los dominantes. En
cuanto a un programa de reformas sociales de gran alcance, la propuesta más
desarrollada hasta la fecha es la de la “Mesa de Unidad Social”, que incluía
a la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), a varios sindicatos y a muchas
otras organizaciones (feministas y ecologistas en particular), hasta su
fracturación durante las últimas semanas. Es una propuesta de 10 puntos a la
que el Gobierno no ha respondido.
La Mujer en Chile participó y sigue participando activamente en la lucha de todo el pueblo frente a la crisis originada por el proceso de descomposición general de las políticas neoliberales. Hoy han logrado consolidar un poderoso Movimiento Social Feminista y tiene un reconocido Liderazgo.
***
Hay una violenta represión de los carabineros y, al
mismo tiempo, el sistema judicial está aprobando leyes que destruyen la
libertad para frenar la movilización. ¿La más reciente adoptada para prohibir
el uso de máscaras durante las manifestaciones es una ilustración de ello?
De hecho, desde el principio del movimiento, la
respuesta del Gobierno fue la represión, una represión estatal realmente feroz
con los militares en las calles, el uso sistemático por parte de carabineros de
balas de plomo. Hoy en día, Chile es denunciado a nivel internacional, pero
también dentro del país por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es
un instituto estatal. Cuenta más de treinta muertes, casi 400 mutilaciones
oculares y varios miles de heridos, incluyendo cientos por balas de plomo.
Hay en la actualidad más de 2.000 presos políticos
todavía en cárceles, en un momento en que el coronavirus amenaza con destruir
miles de vidas, particularmente en ellas
También ha habido casos de tortura y violación en
las comisarías de policía y hay informes de miles de personas que han estado en
prisión durante meses, consideradas por los manifestantes como presos
políticos: hay en la actualidad más de 2.000 de estos presos políticos todavía
en cárceles, en un momento en que el coronavirus amenaza con destruir miles de
vidas, y particularmente en las cárceles. Y la respuesta del Parlamento fue
intensificar esta represión con una ley recientemente aprobada, incluso por
parte de la izquierda y la oposición, que criminaliza la lucha social. Hoy en
día, la gente puede ir a la cárcel porque han puesto una barricada y han
impedido el tráfico, o porque llevan una capucha durante una manifestación.
Hay un fuerte movimiento de protesta contra el
modelo de pensiones, contra los fondos de pensiones por capitalización. ¿Cuál
es su impacto? ¿Podemos decir que se hace eco del movimiento en Francia contra
el proyecto de ley sobre las pensiones?
Entre la experiencia acumulada de movilización
social en los últimos años se encuentra el movimiento masivo “No + AFP”,
que básicamente significa “no queremos más fondos de pensiones”. Esta
lucha ha logrado demostrar un rechazo masivo de la población a este sistema de
capitalización, simplemente porque la tasa de retribución de las pensiones de
Chile es una de las más bajas del mundo. Algunos trabajadores que han trabajado
toda su vida se encuentran jubilados con menos de un 20% de su último salario.
A pesar de que la mitad de los trabajadores ganan menos de 400 dólares netos al
mes… Esta es una demostración práctica del fracaso total del sistema por
capitalización. Chile es el país del mundo con mayor experiencia neoliberal
(desde 1975) y es una de la más radical del mundo. Las pensiones por
capitalización fueron introducidas brutalmente bajo la dictadura por el hermano
de Sebastián Piñera, José Piñera, que fue ministro de Pinochet. En plena noche
dictatorial, todo el mundo tuvo que pasar por esta violenta reforma… salvo los
militares, quien conservaron su sistema por repartición…
La demanda popular de poner fin al sistema de
capitalización, o reformarlo, llega primero en todas las encuestas, después de
la demanda a favor de una nueva Constitución. Si queremos entender por qué el
sistema de capitalización y la privatización de nuestras pensiones es
dramático, tenemos que mirar los resultados catastróficos de la experiencia
chilena. Por lo tanto, eso también tiene relación directa con las
movilizaciones de los últimos meses en Francia, ya que podemos ver que los
sindicatos, los asalariados franceses, estuvieron resistiendo a la reforma del
Gobierno Macron y al proyecto de un sistema basado en “puntos” que – a la larga
– facilitará la introducción de la capitalización y de los fondos de pensiones
privados del tipo BlackRock y otros.
Si queremos entender por qué el sistema de
capitalización y la privatización de nuestras pensiones es dramático, tenemos
que mirar los resultados catastróficos de la experiencia chilena
Otra demanda central del movimiento popular exige
un cambio en la Constitución heredada de Pinochet. El 15 de noviembre 2019, los partidos
representados en el Parlamento lograron firmar un “Acuerdo por la paz social y una nueva Constitución”. Esto previa un plebiscito el próximo 26 de abril,
finalmente y debido a la pandemia, el 26 de marzo, el Gobierno de Piñera
postergó el plebiscito para el próximo 25 de octubre, durante el cual se
pedirá a los votantes que respondan a dos preguntas. La primera, “¿Quieres
una nueva Constitución? Y será seguida por una segunda que pide a
los votantes elegir entre una “convención constitucional” compuesta
exclusivamente por miembros de la sociedad civil y una “asamblea mixta”,
que incluya a ciudadanos y parlamentarios. ¿A qué opción nos dirigimos? ¿No
podría este proceso propuesto por el Gobierno, desviar la atención y ser una
forma de calmar el fervor de las calles?
El Acuerdo por la Paz
Social y una nueva Constitución se negoció en el Parlamento justo después de la segunda gran huelga nacional
que marcó esta ronda de movilización, a fines de noviembre de 2019. Este
acuerdo busca, como su título lo indica, “la paz social
“, calmando y canalizando así las
calles y la rebelión popular frente a los grandes empresarios que temían un
bloqueo de la economía. El acuerdo se obtiene también bajo presión de los
militares, ya que ha circulado el rumor de que, sin un acuerdo a nivel
parlamentario, podría producirse un golpe de Estado. Entre los firmantes
se encuentran, por supuesto, la derecha, el centro e incluso algunos
representantes del Frente Amplio (la” nueva “izquierda).
Se trata, pues, de intentar poner fin a la movilización popular y al
mismo tiempo de integrar en parte una exigencia primordial de los movilizados: una nueva Constitución. En cierto sentido, se
trata de un triunfo de las movilizaciones “desde abajo” porque, por
primera vez, la casta política chilena reconoce la necesidad de cambiar la
Constitución de Pinochet heredada de 1980. Pero, el acuerdo prevé de
hacerlo en la medida en que logre intentar controlar este proceso.
A fines de octubre, el plebiscito debería dar como
resultado un «sí» a una nueva constitución y a una llamada «convención
constitucional», o sea la modalidad más “progresiva” de las opciones propuestas
por el acuerdo parlamentario. Pero se trata de una ”convención constitucional“
en la que los ”viejos“ partidos en el poder durante 30 años desde 1990 quieren
conservar el control del proceso de cambio, y en la que no hay garantía de que
las listas independientes de ciudadanos puedan mantenerse en pie hasta el
final. Todavía se están llevando a cabo negociaciones sobre la representación
de los pueblos indígenas, que parte de la derecha no quiere, y sobre la
paridad, ya que esto no estaba previsto en el acuerdo inicial. Por encima de
todo, la derecha trató de encerrar la discusión constituyente y ha impuesto una
mayoría de dos tercios (2/3) para aprobar cada artículo de la futura Carta
Magna, mientras que otro sector de parlamentarios conservadores rechaza en
bloque cualquier perspectiva de cambiar la Constitución de Pinochet. Esto no
significa que las izquierdas deba abstenerse de intervenir en este futuro
plebiscito: grandes sectores de la izquierda social y política (incluyendo
sectores libertarios) pretenden irrumpir en este espacio de los dominantes, e
intentar facilitar una apertura constitucional del sistema y desestabilizar la
estrategia de control “desde arriba” del Gobierno para lograr un verdadero proceso
constituyente democrático, o por lo menos poner sobre la mesa y en los debates
del país temas centrales como el fin de la privatización del agua, de la
educación, de la salud y nuevos derechos políticos (por ejemplo, el
reconocimiento de los derechos de autodeterminación del pueblo mapuche o la
renacionalización del cobre). Otros sectores de las izquierdas y de asambleas
populares, por su parte, llaman a un boicot activo del plebiscito para
denunciar lo que ven como una nueva mascarada electoral y un “refrito” de la
democracia de “los consensos” y pactada entre las clases dominantes, existente
desde la transición de 1990. Los dos sectores tienen argumentos a favor y en
contra.
El presidente SALVADOR ALLENDE lo anunció en La Moneda en llamas:
“más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el
hombre libre para construir una sociedad mejor”.
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El proceso constituyente es un tema central de las
asambleas ciudadanas, a veces llamadas cabildos, que han florecido en todo el
país. ¿Cómo funcionan estas asambleas y existe alguna coordinación?
Uno de los aspectos más interesantes,
autogestionados y democráticos del movimiento es, de hecho, estas asambleas
territoriales y barriales. Hubo un pequeño debate entre” cabildos “y” asambleas
“, ya que los” cabildos “a menudo eran convocados por partidos o
fuerzas constituidas y las” asambleas “por personas no pertenecientes a
una organización política-social. Pero, hoy en día este debate me parece
obsoleto. Hay docenas de asambleas en Santiago y en varias otras ciudades del
país, como Antofagasta o Concepción. Son momentos de elaboración colectiva, de
debate sobre qué tipo de sociedad construir, qué tipo de constitución, qué tipo
de modelo económico, de salud o educación, pero también cómo protegerse frente
a la represión, o a veces del saqueo de tiendas y comercios, etc. La fuerza de
este movimiento es su anclaje territorial y su horizontalidad. Mientras que la
mayoría de los sindicatos siguen debilitados y los principales partidos
políticos están totalmente desacreditados, hay una fuerte politización”
desde abajo “, especialmente cuando las asambleas están bien estructuradas.
Durante las últimas dos semanas se ha intentado coordinar en Santiago alrededor
de 25 asambleas territoriales u organizaciones que intentan dar una perspectiva
claramente antineoliberal, feminista y democrática a estas luchas. Esto está
muy claro en sus discursos y formas de deliberaciones. Obviamente, ahora con el
covid-19 todo está más o menos paralizado, pero los contactos y las redes de
solidaridad ya existen, es fundamental.
Hace algunas semanas ha habido nuevos asesinatos de
hinchas de fútbol, incluyendo a Jorge Mora, que fue arrastrado por un camión de
la policía, y Ariel Moreno Molina, de 24 años, asesinado a tiros durante una
protesta por la muerte de Mora. Después de este verano, parece que el
movimiento social se está reactivando. ¿Qué opinas?
Durante las vacaciones de Navidad, las vacaciones
de verano en Chile, ha habido un descenso en las protestas, aunque cada viernes
en la” Plaza de la Dignidad “, como se ha rebautizado, había una manifestación y
enfrentamientos con los Carabineros. De cierta manera, ¡Es un movimiento de
‘chalecos amarillos’ al estilo chileno! Hasta que llegó la crisis sanitaria
y la pandemia, continuaron otras movilizaciones, como la de los jóvenes
estudiantes de secundaria y preparatoria que han estado muy activos en las
últimas semanas. Han boicoteado la” PSU “, una prueba de selección para
entrar a la universidad, elitista y muy desigual. Pero la represión también
continúa y los movilizad@s asesinados. El rechazo de la
población hacia el Gobierno es masivo: Piñera ha caído a un 6% de aprobación,
por debajo del nivel de aprobación de Pinochet, es histórico. Lo vimos
muy bien durante el festival de Viña del Mar, en febrero, donde el
público y varios artistas (como Mon Laferte) expresaron todo su rechazo hacia la política de
Piñera y su mundo mortífero, retomando las demandas del movimiento social,
denunciando la represión, ¡todo esto visto en vivo por decenas de
millones de espectadores en Chile y en toda América Latina! De hecho,
se anunciaba que habrá una reanudación muy fuerte de las movilizaciones
populares en marzo, cuando comience el año escolar y universitario, pero el
coronavirus está cambiando, como en todo el mundo el panorama y el Gobierno
está intentando aprovechar esta coyuntura para desmantelar la rebelión
popular. Los partidos de la oposición de centro y centro-izquierda (La
ex–“Concertación”) ya han anunciado que están dispuestos a un nuevo” pacto
“con la derecha y Piñera en nombre del mantenimiento de la” unidad nacional “,
de la” paz social “y ahora de la urgencia sanitaria, confirmando una vez
más su papel al servicio del” orden “de la democracia de los consensos y
del neoliberalismo radical que reina en el país y que administraron durante
décadas.
¿La última palabra?
Debemos observar realmente lo que está sucediendo
en Chile:” Chile está cerca “, como se decía en los años 70, en la época del experimento de Allende y luego del golpe de estado de 1973, en
los círculos de la izquierda radical europea. Creo que sigue siendo el caso
hoy, para leer y entender el mundo neoliberal en el que vivimos hoy en día. Es
urgente denunciar la represión en curso por todos los medios y organizar
nuestra solidaridad internacional con la resistencia de allí, en particular
ahora con los presos políticos y los múltiples heridos. Es importante entender
lo que está pasando en el “Sur global” para saber en qué mundo quieren
que vivamos los neoliberales y sus ideólogos. La globalización del capital es
muy clara en este sentido: Chile es el
laboratorio del capitalismo neoliberal, y también es un espejo distorsionado de
tendencias mundiales, incluso de lo que paso en los” países ricos» del Norte,
tendencias que vemos aquí en Francia en
funcionamiento, diariamente, bajo el Gobierno Macron, especialmente a
través de la contrarreforma de las pensiones, con la creciente represión
del movimiento social francés y ahora con la gestión de la pandemia. La
mejor manera de expresar nuestra solidaridad con las resistencias
de los pueblos de Chile es también resistir colectivamente, aquí y ahora, la
aplanadora del macronismo.
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