&&&&&
“Impunidad
y racismo institucional. Ante
sus protestas, los indígenas en el Perú son normalmente ignorados y sus
denuncias, dilatadas en el tiempo, acaban disolviéndose en la impunidad; ni la policía, ni los fiscales o jueces y ni siquiera los funcionarios locales y regionales atienden sus quejas, bajo el
ejercicio de lo que muchos interpretan como un racismo institucional
normalizado. Muestra
de ello es el caso de la comunidad nativa Unipacuyaku, cuyo líder Arbildo
Meléndez fue asesinado tras unirse al
reclamo de la titulación por más de 30 años. Hoy están sitiados por el
narcotráfico y han perdido casi 17 mil
hectáreas de sus tierras en manos de invasores. La impunidad de
las muertes de los indígenas es otra forma más de invisibilidad, como en el
caso de los cuatro kakataibos asesinados para los que no hay detenidos ni
juicios y las investigaciones siguen siendo infructuosas. Los
pueblos indígenas de la Amazonía peruana están agotados de clamar derechos y
justicia, y no recibir respuesta del
Estado. Hay, sin duda, un pacto social resquebrajado que en doscientos años de existencia no ha logrado incorporar con igualdad de derechos
a las comunidades indígenas.
/////
LOS PUEBLOS
INDÍGENAS NO SOLO SON GUARDIANES DE LA NATURALEZA.
*****
Por Luis Hallazi | 17/11/2021 | América Latina y Caribe
Fuente
Rebelión miércoles 17 de noviembre del 2021.
La COP26 vuelve a
subrayar y reconocer la importante labor de los pueblos indígenas en la
protección de los bosques y la biodiversidad. Sin embargo, esto no va a la par con el reconocimiento
de sus derechos, la garantía jurídica de
sus territorios y la defensa de su integridad ante los crecientes ataques
que soportan.
A los incendios, las
inundaciones, la polución y la contaminación de los ríos a causa de la acción
directa del ser humano
y de la inacción de los Estados, se
suma la pérdida de los bosques que
son, precisamente, los responsables de
absorber el 30 % de emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.
Este
deterioro de los bosques sigue batiendo records en la Amazonía: según datos de
la iniciativa MapBiomas, en 36 años la deforestación ha alcanzado 74,6 millones de hectáreas,
lo equivalente a la superficie terrestre de Chile. Ante ello, uno de los primeros acuerdos en la COP26 de
Glasgow fue la aprobación de la Declaración sobre
bosques y el uso de la tierra, que incluye al 85 % de Estados
con superficie forestal y que refuerza la Declaración de Nueva
York sobre bosques del 2014, con la diferencia de que comienza a
visibilizar la importancia de los pueblos
indígenas en su protección y se compromete a un mayor
financiamiento para lograrlo.
Al parecer, las cumbres climáticas empiezan a entender que, sin la participación de los pueblos originarios en tanto propietarios del 22 % de la superficie terrestre, no se logrará proteger ese 80 % de diversidad biológica que está en sus territorios. Y es que ya hace más de una década que se sabe que los pueblos indígenas frenan la deforestación y que, por tanto, garantizar los derechos territoriales de las comunidades indígenas y el uso y disfrute sostenible de sus tierras, es una de las acciones más urgentes que deben acometer los Estados.
Pérdida de
territorios y aumento de la violencia
De los más de 500
pueblos indígenas que existen en la Amazonía, en Perú habitan 55 que ocupan
casi la mitad de los bosques tropicales que alberga. Estos pueblos organizados en
comunidades campesinas y nativas tienen títulos de propiedad de,
aproximadamente, el 30 % de toda la
superficie del país, y si incluyéramos a las comunidades
indígenas que aún faltan por titular, se podría sobrepasar el 40 % de la
superficie del país. Incluso el reciente gobierno del presidente Pedro Castillo asegura una cifra
mayor, más allá de la importancia de las comunidades indígenas
para la protección de la biodiversidad, lo cierto es que, hasta el día de hoy,
no se ha asegurado con títulos de propiedad el territorio de todos los pueblos
indígenas del Perú.
Los
pueblos originarios históricamente excluidos continúan sin obtener la seguridad
jurídica de sus tierras, a pesar de
contar recursos como el Proyecto de Catastro,
Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT-3)
que, en casi seis años de implementación, no ha alcanzado los resultados
esperados en materia de titulación de comunidades. Esta situación, entre otras,
hace que, en los últimos años, se hayan incrementado las presiones, amenazas y
violencia que sufren las comunidades
amazónicas, en muchas ocasiones con fines ilícitos como la tala y la
minería ilegal o la siembra de coca para el narcotráfico. En este sentido, los
asesinatos y amenazas a líderes indígenas son ya moneda corriente: tan solo en lo que va de pandemia
han sido asesinados doce líderes indígenas.
Un caso representativo
es el del pueblo kakataibo, ubicado entre las
regiones de Huánuco y Ucayali.
A día de hoy siguen resistiendo frente a un proceso colonizador que trata de
acorralarlos. La alarmante violencia ha provocado ya varios
asesinatos y ha hecho que Herlín Odicio, líder de la Federación de
Comunidades Nativas Kakataibo (Fenacoka), se haya visto obligado a vivir en
la clandestinidad, amenazado de
muerte por narcotraficantes. Por su parte, Merino Odicio Huayta,
líder de la comunidad nativa Mariscal Cáceres, salvó su vida hace un mes,
pero no pudo evitar la brutalidad de que narcotraficantes le cortaran una
oreja.
La situación es similar en los territorios colindantes de comunidades shipibo-konibo, asháninka y yaneshas, y en general, en el resto de comunidades nativas de la Amazonía, que hacen frente a la invasión de sus tierras por colonos que muchas veces llegan alentados por organizaciones criminales. Una vez allí toman posesión de las tierras, se asientan y empiezan a deforestar para la explotación de cultivos ilícitos o monocultivos e incluso pistas de aterrizaje para vuelos relacionados con el narcotráfico. En paralelo a esta actividad, empiezan a solicitar títulos individuales a las autoridades competentes y, al cabo de un tiempo y de manera ilegal, obtienen títulos de propiedad en complicidad con funcionarios corruptos de gobiernos regionales.
****
Impunidad y
racismo institucional
Ante sus protestas, los
indígenas en el Perú son normalmente ignorados y sus denuncias, dilatadas en el
tiempo, acaban disolviéndose en la impunidad; ni la policía, ni los fiscales o jueces y ni siquiera
los funcionarios locales y regionales
atienden sus quejas, bajo el ejercicio de lo que muchos interpretan como un
racismo institucional normalizado. Muestra
de ello es el caso de la comunidad nativa Unipacuyaku, cuyo líder Arbildo
Meléndez fue asesinado tras unirse al reclamo de la titulación por más de
30 años. Hoy están sitiados por el narcotráfico y han perdido casi 17 mil
hectáreas de sus tierras en manos de invasores. La impunidad de
las muertes de los indígenas es otra forma más de invisibilidad, como en el
caso de los cuatro kakataibos asesinados para los que no hay detenidos ni
juicios y las investigaciones siguen siendo infructuosas.
Los pueblos indígenas de
la Amazonía peruana están agotados de clamar derechos y justicia, y no recibir respuesta del Estado.
Hay, sin duda, un pacto social resquebrajado que en doscientos años de
existencia no ha logrado incorporar con
igualdad de derechos a las comunidades indígenas.
La urgencia de enfrentar
hoy los bruscos cambios climáticos ponen a los pueblos indígenas de nuevo en la
palestra, pero es
indispensable que no reduzcamos a estas
comunidades a su papel de barrera
de protección de los bosques; urge la reivindicación de su sabiduría ancestral, el respeto de sus
derechos, el reconocimiento político de su incalculable aporte en los Estados y la obligación de contar con su participación directa en la
toma de decisiones para enfrentar el inminente colapso climático.
Luis Hallazi es abogado y politólogo peruano,
investigador en derechos humanos.
*****
No hay comentarios:
Publicar un comentario