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“Entre los
testimonios que Wirz sumó a la solicitud
de amparo, hay uno en el cual un hombre desde Tartagal dijo que esa zona está
olvidada del Estado. "Nunca
tuvimos ayuda, no tenemos atención médica, es hora que los funcionarios
resuelvan las problemáticas de los pueblos, cuando la gente se levanta y corta
la ruta le mandan la policía para reprimir, el intendente Jorge Monzón (intendente
de Sauzalito) prometió en campaña y no cumplió". En otros videos, filmados
en octubre, se muestra que la comida para la escuela son fideos con gorgojos,
los caminos están intransitables por el barro y la inundación, las casas
precarias tienen techos en mal estado, sin acceso al agua potable y a luz
eléctrica.
"Es obligación de quienes somos defensores y
defensoras acompañar los reclamos de las personas en situación de
vulnerabilidad y brindarles asistencia jurídica, facilitando así su acceso a la
justicia", manifestó Wirz. Y agregó:
"Este acto es también un pedido de auxilio ante la falta de respuesta, o
la respuesta insuficiente por parte del gobierno por el cual estas personas
están intentando visibilizar la desesperada situación que atraviesan. Pese a la
urgencia y a la gravedad de lo denunciado, se debe resaltar el pedido que hacen
a través de esta acción de amparo, y que no se trata solamente de la provisión
de agua y comida --necesarias para vivir--, sino también de ser tenidas en
cuenta en lo sucesivo en las políticas públicas y dialogar con las autoridades
a fin de encontrar soluciones consensuadas y culturalmente adecuadas a estos
problemas de larga data, lo que es necesario para
sobrevivir como pueblo".
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ARGENTINA.
"LOS WICHÍ DEL IMPENETRABLE TIENEN HAMBRE Y NECESITAN AGUA POTABLE, TODOS
SOMOS RESPONSABLES DE ESTO".
La
Defensora Adjunta de Chaco, Gauna Wirz, presentó un amparo para 50 mil personas
en emergencia humanitaria
*****
Las
comunidades originarias del norte se encuentran en una situación de "pobreza crítica". El gobernador radical
Leandro Zdero hace tres meses que suspendió la asistencia alimentaria.
Por Adriana
Meyer.
Fuente.
Página /12. lunes 16 de diciembre del 2024.
Las familias del pueblo wichí que
habitan en el Impenetrable chaqueño,
que ya sobrevivieron a la sequía,
ahora padecen la inundación que las priva de agua potable y de comida. La asistencia alimentaria del gobierno provincial que encabeza el radical Leandro Zdero está suspendida
desde hace tres meses. Ante esta
situación urgente, la defensora adjunta
del Poder Judicial de Chaco, Gisela
Gauna Wirz, presentó un amparo colectivo para "garantizar el derecho al
agua y a la alimentación adecuada". Sin embargo, la respuesta oficial, en cabeza de la
Procuradora Andrea Quevedo, se basó
en argumentos burocráticos y pateó la pelota a otro fuero.
"Mi
preocupación inmediata es la provisión de agua y comida para el verano. Después
dialogaremos otros temas e invitaré a distintas organizaciones a sumarse
como amicus curiae.
Ahora quedan 5 días para que se resuelva la cautelar", alertó la defensora
ante Página/12.
Así, si el Superior Tribunal de Justicia no
se pronuncia en los próximos días las comunidades afrontarán un mes más sin
respuestas. En ese caso, Wirz
anticipó que recurrirá al Sistema
Interamericano de Justicia.
"La
realidad es que tienen hambre. Y así lo dicen. Y si a mí me dicen como
defensora que tienen hambre y yo no hago nada, también soy responsable por no
cumplir con mi función",
agregó Wirz, en respuesta a quienes sostienen que su iniciativa tiene una intencionalidad partidaria.
Las comunidades indígenas que
la medida cautelar busca amparar están en la zona conocida como “Impenetrable”, en las localidades de Misión Nueva Pompeya, El
Sauzalito, Fuerte Esperanza y poblaciones de los parajes El Tartagal, Tres
Pozos, Nueva Población, Pozo del Toba, Comandancia Frías y Fortín Belgrano.
Es una región caracterizada por la pobreza
estructural, sin acceso por ruta de
asfalto, con caminos de tierra
que se tornan intransitables durante las lluvias, con carencia de
servicios básicos como luz, agua,
vivienda, salud, educación y justicia.
Todo eso determina las condiciones de vida de los pueblos originarios de la zona,
donde se evidencia una problemática
histórica y multidimensional, que refleja distintas intersecciones de derechos humanos esenciales vulnerados.
Según datos del INDEC, la zona es
identificada como de “pobreza crítica”.
En el texto de la solicitud de amparo,
la defensora describió que algunas de las condiciones que
se viven, de acuerdo a los propios testimonios de las comunidades, son el hambre,
la malnutrición y desnutrición crónica, la falta de agua potable, la falta de trabajo, la pobreza extrema (caracterizada por una privación severa de necesidades humanas
básicas, incluyendo alimentos, agua,
instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información),
relocalizaciones forzadas y tensiones
con los habitantes criollos, políticas
estatales de integración, enfermedades
y perturbaciones en el sentimiento de identidad
causadas por todo ello.
"Las
relocalizaciones forzadas --muchas veces por la falta de agua o de alimentos--
influyen en la pérdida de las prácticas culturales y de los recursos, también
en los cambios dietarios forzosos redundando en malnutrición y desnutrición, y
en gran medida en la pérdida de su organización social",
indicó Wirz.
Encima, el desmonte
En este contexto, los proyectos y
acciones de ONGs y de
grupos religiosos, e iniciativas aisladas y esporádicas puestas en marcha desde
el estado provincial o nacional, no han
"logrado
paliar las inequidades en derechos humanos e implementar metodologías para
responder a las razones por las cuales estas comunidades viven estas
situaciones de indefensión y ausencia de respeto a sus derechos
constitucionales". Además, explicó la defensora: "esto se ve agravado
por el desmonte y avance de la frontera agrícola, siendo que para la
cosmovisión indígena el territorio es concebido como un todo intrínsecamente
ligado a la vida espiritual comunitaria, con el que se relacionan en armonía
donde se desarrolla su vida, y les provee de alimentos y medicina".
Así, el amparo tiene
"como
primer objetivo inmediato que se garanticen la alimentación y acceso a agua
potable de las comunidades, habiéndose detectado en las múltiples visitas a las
localidades y parajes, y reuniones con sus pobladores, que en el último tiempo
la situación alimentaria se agravó considerablemente, con los recortes a
comedores y ayuda social". A pesar de que en los últimos años el acueducto
logró llegar hasta las localidades del Impenetrable, "las poblaciones
rurales siguen sin poder acceder al agua potable por falta de obras que
permitan acceder a la red de agua".
Como segundo objetivo, se
pretende generar un espacio de consulta con las propias comunidades indígenas, respetando su cosmovisión, para elaborar un
plan de trabajo integral e intercultural,
que contemple la realización de medidas adecuadas, efectivas y suficientes a
fin de avanzar progresivamente en el cumplimiento de los derechos humanos
vulnerados lo largo de tantos años al pueblo
wichí.
"En
definitiva, se pretende la observancia de lo establecido en el artículo 75
inciso 22 de la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT",
precisó Wirz.
La
presentación de la defensora es producto del consenso de la población wichí que, luego de un acampe
realizado en agosto a la vera de la ruta del acceso a la ciudad de Juan José Castelli, decidió recurrir a
la vía judicial para garantizar sus derechos ante la falta de respuestas a las
vías directas de protesta, y a las amenazas de criminalización.
"Las
personas del pueblo wichí son las más olvidadas de la provincia del Chaco por
los gobernantes de turno, están en zonas mas alejadas de los centros urbanos, y
no fueron beneficiadas por otras medidas judiciales, como la que obtuvieron los
pobladores de la zona del interfluvio, principalmente pertenecientes al pueblo
Qom, solicitada por el entonces Defensor del Pueblo de la Nación en el año 2007
y resuelta favorablemente por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación".
Morir lentamente
"Tenemos
infinidad de problemas serios que ningún gobierno ha podido, o ha querido,
solucionar. Tenemos chicos y personas mayores de bajo peso y desnutridos,
estamos peor porque al menos los anteriores gobiernos al menos asistían, hay
chicos y embarazadas que mueren por los caminos buscando una asistencia médica
que no llega, los wichí nos estamos muriendo lentamente", denunció Ariel
Fabián, líder de la Guardia Washek, a Página/12 desde Sauzalito, una
de las tres jurisdicciones afectadas.
"Estamos totalmente complicados sin asistencia alimentaria, el gobernador Leandro Zdero hace su campaña con los punteros políticos en lugar de asistir a la gente, y la gestión anterior prometió rutas para el Impenetrable pero nunca las hicieron, éste dijo directamente que no las va a hacer", agregó el referente wichí.
A este cuadro se suma
"el
problema del narcotráfico, el de la tala de madera con negociados del gobierno
y del Poder Judicial, y ahora todo será peor porque el gobierno de Milei derogó
la ley 26.160 que impedía los desalojos, nos quedamos sin herramienta para
cuidar nuestras reservas, que aún no están titularizadas". Este diario
consultó a Zenon González, otro referente wichí, y recibió estas imágenes como
respuesta.
Entre los testimonios
que Wirz sumó a la solicitud de amparo, hay
uno en el cual un hombre desde Tartagal dijo que esa zona está olvidada del
Estado.
"Nunca tuvimos ayuda, no tenemos atención médica, es
hora que los funcionarios resuelvan las problemáticas de los pueblos, cuando la
gente se levanta y corta la ruta le mandan la policía para reprimir, el
intendente Jorge Monzón (intendente de Sauzalito) prometió en campaña y no
cumplió". En otros videos, filmados en octubre, se muestra que la comida
para la escuela son fideos con gorgojos, los caminos están intransitables por
el barro y la inundación, las casas precarias tienen techos en mal estado, sin
acceso al agua potable y a luz eléctrica.
"Es obligación de quienes somos defensores y
defensoras acompañar los reclamos de las personas en situación de
vulnerabilidad y brindarles asistencia jurídica, facilitando así su acceso a la
justicia", manifestó Wirz. Y agregó: "Este acto es también un pedido
de auxilio ante la falta de respuesta, o la respuesta insuficiente por parte
del gobierno por el cual estas personas están intentando visibilizar la
desesperada situación que atraviesan. Pese a la urgencia y a la gravedad de lo
denunciado, se debe resaltar el pedido que hacen a través de esta acción de
amparo, y que no se trata solamente de la provisión de agua y comida
--necesarias para vivir--, sino también de ser tenidas en cuenta en lo sucesivo
en las políticas públicas y dialogar con las autoridades a fin de encontrar
soluciones consensuadas y culturalmente adecuadas a estos problemas de larga
data, lo que es necesario para sobrevivir como pueblo".
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El extenso
pedido de amparo de la defensora concluyó que
"una vez más se pone en cabeza del poder
judicial garantizar derechos humanos fundamentales como la alimentación y el
agua, pero también se le requiere una mirada intercultural, que brinde un
remedio estructural que persigue esta forma de intervención judicial en la
administración de la cosa pública es a fin de asegurar los derechos
fundamentales vulnerados por el propio statu quo gubernamental o
administrativo". Así, afirmó sin eufemismo que "el juez se ve
enfrentado a corregir una 'condición social', o una interacción continua, que
no depende necesariamente del marco jurídico aplicable, sino del modo en que
determinada organización, política pública o norma viola o amenaza
sistemáticamente ciertos derechos fundamentales".
Este artículo
fue publicado originalmente el día 15 de diciembre de 2024
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