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El control de los paraísos financieros,
la famosa “lista negra“(ahora de diferentes tonalidades) de
paraísos fiscales fue elaborada por la OCDE
hace más de diez años y no sirvió para nada. La razón es muy simple: buena parte de los paraísos fiscales (que
no figuran en las listas) están en territorio de las grandes potencias o
controlados por éstas: la City de
Londres, la isla de Jersey, la isla
de Man, el Estado de Delaware en Estados Unidos, Mónaco, Macao, Hong Kong, las
islas Caimán, etc.etc. Y quienes se sirven de los paraísos fiscales son las
grandes empresas transnacionales, los grandes bancos y sus clientes y los
grupos financieros, que son intocados e intocables. Además, la “lista negra” o “gris” es como una
puerta giratoria. Así como se entra se sale. Según un autor, el
profesor Michael Krätke, se estima que los más ricos tienen alrededor de un 30%
de su patrimonio colocado en plazas financieras offshore. Más de un quinto (23%) de todos los depósitos bancarios del mundo
se halla en los paraísos fiscales, al menos 3 billones de dólares según
cálculos conservadores. Casi el 50% de las transacciones financieras
transfronterizas mundiales pasan por ellos. Dice Krätke que de acuerdo con los cautelosos análisis del Tax Justice Network, los capitales disimulados en los
paraísos fiscales evaden impuestos por un monto de entre 250 y 300 mil millones
de dólares cada año. Es una buena parte
del dinero que falta para reactivar la economía, aumentar el poder de
compra de los más pobres y en general para mejorar la situación de las 3000
millones de personas que viven en el mundo con menos de 2,5 dólares por día. Como señaló Eva Joly, más que controlar
a los paraísos fiscales habría que
controlar directamente las finanzas de las grandes
empresas, los grupos financieros y los bancos que los utilizan.
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CÁNCER CAPITALISTA. Paraísos Fiscales, variadísima relación de especímenes: banqueros, petroleros, famosos del espectáculo, políticos corruptos..... amigablemente mezclados con mafiosos, sicarios, cleptócratas, tratantes de blancas, traficantes de armas, dictadores torturadores..... la verdadera élite del planeta.
***
LA IMPUNIDAD DE LOS
DELINCUENTES ECONÓMICOS DE LAS CLASES DOMINANTES.
*****
Lunes,
22 de abril del 2013.
Alejandro Teitelbaum (especial para
ARGENPRESS.info)
¿Qué es mayor delito: Asaltar un Banco o fundar un Banco?
(Bertold Brecht, La ópera de dos centavos)
I.- « Mientras que al delincuente contra la
propiedad suele considerárselo un marginado y como un problema individual
frente al orden social, el delincuente económico, por el contrario, ni es
marginado ni se enfrenta individualmente con el sistema, al que, por otra
parte, pertenece, pues en efecto, los delincuentes pertenecientes a grupos
socioeconómicos superiores no son ni mucho menos marginados sino aceptados o
tolerados » (López- Rey y Arrojo, Criminalidad y abuso de poder, Edit. Tecnos,
Madrid. Sin fecha).
"Como se ha visto, esto no quiere de ninguna
manera decir que las conductas transgresoras se concentran efectivamente en la
clase proletaria y en los delitos contra la propiedad. Incluso la criminología
liberal demuestra, por el contrario, con las investigaciones acerca de la cifra
negra sobre la criminalidad de cuello blanco y sobre la criminalidad política,
que el comportamiento "criminal" existe en todas las clases sociales,
que la nocividad social de las formas de criminalidad propias de la clase dominante
y ampliamente inmune, es mucho más grave que la de toda la criminalidad
efectivamente perseguida. Por otra parte, el sistema de inmunidades y de
criminalización selectiva corresponde al estado de las relaciones de poder
entre las clases, de manera de ofrecer por un lado un salvoconducto más o menos
amplio a las prácticas ilegales de los grupos dominantes cuando atacan los
intereses y los derechos de las clases subalternas o de las naciones más
débiles y, por el otro...con un estrechamiento más o menos riguroso de la
esfera de acción política de los movimientos de emancipación social"
(Alessandro Baratta, Criminología crítica y crítica del derecho penal, Edit.
Siglo XXI, México, 1986).
Hay que comenzar, entonces, por despertar la
«alarma social » frente a la criminalidad consistente en la violación de los
derechos económicos, sociales y culturales, dado que buena parte de la opinión
pública está condicionada de manera tal que reacciona contra el que roba,
comete una agresión o un homicidio, pero considera que está en el «orden normal
de las cosas » o que «corresponde a las leyes del mercado», actividades
delictuosas que condenan a millones de seres humanos al hambre, a la enfermedad
y a la muerte.
Entre esas actividades delictuosas, además de las que son formalmente legales o están en el límite entre la legalidad y el delito, se pueden mencionar los delitos económicos que comportan, directa o indirectamente, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, como son: la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, la corrupción, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, las infracciones al régimen cambiario, etc.
Entre esas actividades delictuosas, además de las que son formalmente legales o están en el límite entre la legalidad y el delito, se pueden mencionar los delitos económicos que comportan, directa o indirectamente, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, como son: la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, la corrupción, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, las infracciones al régimen cambiario, etc.
Además, hay actividades que realizan grandes
sociedades transnacionales en el dominio privado que son formalmente legales,
pero que se pueden desarrollar en una zona gris donde es difícil distinguir si
se trata de la utilización legítima de una estrategia en el mercado o del abuso
del poder económico para controlar los precios, monopolizar el acceso a las
materias primas, establecer precios abusivos de monopolio u oligopolio de
ciertos productos, como hacen las transnacionales farmacéuticas con los medicamentos,
etc..
Por otra parte, las que aparecen como opciones de
política económica adoptadas libremente por ciertos gobiernos, además de
corresponder al interés exclusivo de las élites económicas, son el fruto de la
presión y de la corrupción utilizadas por entidades económicas y financieras
internacionales.
En efecto, se podrían dar múltiples ejemplos de
casos en que las políticas económicas ultraliberales, no son otra cosa que el
medio de obtener enormes ganancias de manera ilícita, recibiendo sobornos y/o
participaciones en negocios, y de hacer beneficiar de dichas políticas a los
grupos económicos que rodean al poder político, todo ello en perjuicio del país
y contra los derechos fundamentales de la población. Las privatizaciones y
«desregulaciones », muchas veces se llevan a cabo en tales condiciones.
Lo mismo ocurre con las operaciones que dieron
origen a la actual desmesurada deuda externa de los países del Sur. Muchas de
dichas operaciones contienen cláusulas ilícitas, vicios del consentimiento,
intereses usurarios, comisiones y otros costos desproporcionados.
Algunas operaciones fueron simplemente simuladas.
En ellas aparecían como deudores empresas privadas o individuos de ciertos
países periféricos y como acreedores grandes Bancos de los países
desarrollados, es decir que se asociaron para delinquir personas privadas de
los países periféricos y grandes Bancos transnacionales. Más tarde esas deudas
fueron «estatizadas » (en los países periféricos se privatizan las empresas y
recursos nacionales y se «estatizan » las deudas de los particulares). Y ahora los pueblos están pagando deudas
contraídas por particulares incluso, entre ellas, deudas simuladas.
II. LOS PARAÍSOS FINANCIEROS. Uno de
los delitos económicos de más envergadura por su monto es la utilización de los
paraísos financieros por las grandes empresas y los multimillonarios.
Este tema retomó ahora actualidad a raíz de la
revelación de que Jerôme Cahuzac,
ministro delegado de presupuesto del presidente francés Hollande, tiene
depósitos de un monto por ahora indeterminado, en paraísos fiscales.
Hollande, que sostiene, lo mismo que sus ministros, que
ignoraba todo al respecto hasta la reciente confesión del mismo Cahuzac,
anunció medidas para moralizar la vida política, medidas que Eva Joly calificó
de “pis de gato”. Mientras se hace un gran show mediático con la declaración
patrimonial de ministros y parlamentarios, se mantiene la incertidumbre sobre
una cuestión clave: un control realmente independiente sobre los conflictos de
intereses entre la función pública y los negocios privados.
Eva Joly, que fue hasta 2002 jueza de instrucción en Francia
a cargo de la investigación de grandes “affaires” y renunció a causa de las
presiones políticas que recibió destinadas a trabar su acción, escribió: “...yo pensaba que estábamos ante una criminalidad
superficial, marginal, accidental, una especie de falta de moral individual.
Hoy tengo la certidumbre de que la criminalidad financiera está incrustada en
la economía y que ensombrece nuestro porvenir”. Esta constatación de Eva
Joly es valedera para todos los países del mundo.
El control de los paraísos financieros, la famosa “lista negra“(ahora de diferentes tonalidades) de paraísos fiscales fue elaborada por la OCDE hace más de diez años y no sirvió para nada. La razón es muy simple: buena parte de los paraísos fiscales (que no figuran en las listas) están en territorio de las grandes potencias o controlados por éstas: la City de Londres, la isla de Jersey, la isla de Man, el Estado de Delaware en Estados Unidos, Mónaco, Macao, Hong Kong, las islas Caimán, etc.etc. Y quienes se sirven de los paraísos fiscales son las grandes empresas transnacionales, los grandes bancos y sus clientes y los grupos financieros, que son intocados e intocables. Además, la “lista negra” o “gris” es como una puerta giratoria. Así como se entra se sale. Según un autor, el profesor Michael Krätke, se estima que los más ricos tienen alrededor de un 30% de su patrimonio colocado en plazas financieras offshore. Más de un quinto (23%) de todos los depósitos bancarios del mundo se halla en los paraísos fiscales, al menos 3 billones de dólares según cálculos conservadores. Casi el 50% de las transacciones financieras transfronterizas mundiales pasan por ellos. Dice Krätke que de acuerdo con los cautelosos análisis del Tax Justice Network, los capitales disimulados en los paraísos fiscales evaden impuestos por un monto de entre 250 y 300 mil millones de dólares cada año.
El control de los paraísos financieros, la famosa “lista negra“(ahora de diferentes tonalidades) de paraísos fiscales fue elaborada por la OCDE hace más de diez años y no sirvió para nada. La razón es muy simple: buena parte de los paraísos fiscales (que no figuran en las listas) están en territorio de las grandes potencias o controlados por éstas: la City de Londres, la isla de Jersey, la isla de Man, el Estado de Delaware en Estados Unidos, Mónaco, Macao, Hong Kong, las islas Caimán, etc.etc. Y quienes se sirven de los paraísos fiscales son las grandes empresas transnacionales, los grandes bancos y sus clientes y los grupos financieros, que son intocados e intocables. Además, la “lista negra” o “gris” es como una puerta giratoria. Así como se entra se sale. Según un autor, el profesor Michael Krätke, se estima que los más ricos tienen alrededor de un 30% de su patrimonio colocado en plazas financieras offshore. Más de un quinto (23%) de todos los depósitos bancarios del mundo se halla en los paraísos fiscales, al menos 3 billones de dólares según cálculos conservadores. Casi el 50% de las transacciones financieras transfronterizas mundiales pasan por ellos. Dice Krätke que de acuerdo con los cautelosos análisis del Tax Justice Network, los capitales disimulados en los paraísos fiscales evaden impuestos por un monto de entre 250 y 300 mil millones de dólares cada año.
Es una buena parte del dinero que falta para
reactivar la economía, aumentar el poder de compra de los más pobres y en
general para mejorar la situación de las 3000 millones de personas que viven en
el mundo con menos de 2,5 dólares por día.
Como señaló Eva Joly, más que controlar a los
paraísos fiscales habría que controlar directamente las finanzas de las grandes
empresas, los grupos financieros y los bancos que los utilizan.
III. SIMBIOSIS ENTRE EL PODER POLITICO Y EL PODER ECONÓMICO. La
derecha francesa, ante el “affaire”
Cahuzac (la oposición en todas partes es “moralizadora”…hasta que llega al
gobierno) propone como modelo a Estados Unidos, donde, de conformidad con la
Constitución, los candidatos a ministros del Presidente pasan por un examen de
antecedentes en el Senado antes de ser nombrados.
Pero olvidan que tal examen no obsta a que exista
una verdadera simbiosis entre el poder político y el poder económico,
púdicamente llamada “conflicto de intereses”.
En efecto, si bien en todos los países existen estrechas relaciones entre el poder político y el poder económico, el caso paradigmático de esta relación es el de los Estados Unidos, donde más que de relación puede hablarse, sobre todo durante la gestión de Bush, de fusión o confusión entre el poder político y el poder económico.
En efecto, si bien en todos los países existen estrechas relaciones entre el poder político y el poder económico, el caso paradigmático de esta relación es el de los Estados Unidos, donde más que de relación puede hablarse, sobre todo durante la gestión de Bush, de fusión o confusión entre el poder político y el poder económico.
Para verificar esto basta analizar el currículo del
ex Presidente Bush, del ex Vicepresidente Cheney
y de los ministros, secretarios o consejeros y podrá comprobarse la
confluencia entre los intereses privados que éstos representan y la política,
tanto interior como exterior, del Gobierno. El documento en el que
proporciona el detalle de los vínculos de Bush, de Cheney y de los miembros del
gabinete del ex Presidente con grandes corporaciones transnacionales y llega a
la conclusión de que los funcionarios que no tenían una estrecha relación con
sociedades transnacionales constituían una excepción. Cheney, siendo
Vicepresidente, ganó fortunas durante la guerra de Irak a través de la empresa
Halliburton que obtuvo –sin licitación- contratos del Gobierno por miles de
millones de dólares. Hasta proveía las raciones para los soldados que
“combatían por la democracia y la libertad”. Según un informe de la comisión
política demócrata del Senado estadounidense, Kellog Brown & Root (KBR),
subsidiaria de Halliburton, facturaba 20.000 comidas por día y servía 10.000,
incluyendo alimentos congelados vencidos después de un año.
El Gobierno de Obama, si bien no tiene en ese sentido las
características grotescas de la administración Bush, no escapa a la regla
general: su equipo económico viene del riñón de Wall Street. Y no parece
decidido a disminuir los ingentes beneficios de la industria de armamentos
recortando el presupuesto militar. Lo que es coherente con el hecho de que
“heredó” de Bush al Ministro de Defensa Robert Gates, patrón del Pentágono, la
cara gubernamental del complejo militar industrial. Jeff Connaughton, un ex
colaborador del vicepresidente Joe
Biden, que trabajó durante muchos años en las “entrañas del monstruo”,
publicó un libro en setiembre de 2012: “The Payoff: Why Wall Street Always Wins
(La recompensa: por qué Wall Street siempre gana) que puede resumirse en una
frase del mismo autor: “Obama fingió reformar Wall Street”.
En realidad los dirigentes políticos y los dirigentes económicos son intercambiables y a veces son los mismos: pasan del directorio de las grandes corporaciones a funciones de gobierno y viceversa. Es lo que se ha dado en llamar “la puerta giratoria”.
En realidad los dirigentes políticos y los dirigentes económicos son intercambiables y a veces son los mismos: pasan del directorio de las grandes corporaciones a funciones de gobierno y viceversa. Es lo que se ha dado en llamar “la puerta giratoria”.
Esta “rotación” de los mismos personajes entre las altas finanzas y las
funciones políticas dirigentes exhibe ahora en Europa numerosos ejemplos: Mario Draghi, Presidente del Banco
Central Europeo, fue vicepresidente para Europa de Goldman Sachs Internacional y como tal trabajó para disimular una
parte de la deuda soberana de Grecia; Lucas
Papademos, primer ministro de Grecia hasta mayo de 2012, como presidente
del Banco Central Helénico participó en la disimulación de la deuda griega con
el asesoramiento de Mario Draghi; Mario
Monti, hasta hace poco Primer Ministro de Italia fue consejero
internacional de Goldman Sachs y Luis de
Guindos, Ministro de Economía de
España, es un ex de Lehman Brothers. ( La Plana Mayor, la élite,
político-financiera, hoy parte de la Troika Europea).
Bernard Madoff condenado a 150 años de cárcel, confeso de fraude financiero, más importante de Wall Street, deberá pasar el resto de su vida tras las rejas.
*****
IV. LA CORRUPCIÓN es un fenómeno mundial, en el que las grandes
sociedades transnacionales ocupan un lugar importante como corruptores activos.
La corrupción es un delito que requiere dos autores: el que corrompe
(corrupción activa) y el que se deja corromper (corrupción pasiva).Tiene graves
consecuencias económicas y sociales y es un justo motivo de preocupación para
quienes se interesan por una gestión honesta de la administración de los
Estados y por que haya un control democrático de dicha gestión.
Hace unos años, cuando se debatió en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el tema de la corrupción, los representantes de los países ricos intentaron atribuir el fenómeno exclusivamente a los países del Sur, pero éstos se opusieron a tal enfoque y la Comisión adoptó finalmente una resolución indicando que la corrupción constituía un fenómeno mundial.
Hay formas de corrupción que no se contemplan en las definiciones habituales ni se tratan en las conferencias internacionales, que también distorsionan gravemente el funcionamiento de las instituciones democráticas en la adopción de decisiones de política económica y social, como son (tanto en los países pobres como en los países ricos) el financiamiento abierto o encubierto de los partidos políticos, de ONGs, de medios de comunicación de masas, etc.
Hace unos años, cuando se debatió en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el tema de la corrupción, los representantes de los países ricos intentaron atribuir el fenómeno exclusivamente a los países del Sur, pero éstos se opusieron a tal enfoque y la Comisión adoptó finalmente una resolución indicando que la corrupción constituía un fenómeno mundial.
Hay formas de corrupción que no se contemplan en las definiciones habituales ni se tratan en las conferencias internacionales, que también distorsionan gravemente el funcionamiento de las instituciones democráticas en la adopción de decisiones de política económica y social, como son (tanto en los países pobres como en los países ricos) el financiamiento abierto o encubierto de los partidos políticos, de ONGs, de medios de comunicación de masas, etc.
La promoción de la lucha contra la corrupción no es
siempre inocente y a veces obedece también a intereses particulares bien
definidos.
En la lucha
sin cuartel por los mercados nacionales e internacionales (de servicios, de
armamentos, de bienes de consumo industrial y civil, etc.) hay empresas que
están en posición ventajosa (por su poderío económico, porque su oferta es
mejor en precio y/o calidad, porque el espionaje industrial y comercial les
permite tener mejor información para negociar los contratos [la red anglosajona
de espionaje Echelon] o porque simplemente cuentan con el respaldo [económico,
político y militar] de algunas grandes potencias).
Las empresas que no cuentan con estas ventajas, para poder competir con ciertas posibilidades de éxito, tienen que recurrir con más frecuencia a la corrupción de los funcionarios públicos y de los dirigentes de empresas privadas que representan a la contraparte en sus negociaciones comerciales.
La corrupción puede neutralizar así esas ventajas comparativas que hemos mencionado, de que gozan grandes empresas transnacionales.
Las empresas que no cuentan con estas ventajas, para poder competir con ciertas posibilidades de éxito, tienen que recurrir con más frecuencia a la corrupción de los funcionarios públicos y de los dirigentes de empresas privadas que representan a la contraparte en sus negociaciones comerciales.
La corrupción puede neutralizar así esas ventajas comparativas que hemos mencionado, de que gozan grandes empresas transnacionales.
De ahí que sobre todo las grandes empresas transnacionales de origen estadounidense, con el
apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, estén interesadas en imponer
internacionalmente medidas anticorrupción (aunque no es para nada seguro que se
propongan respetarlas ellas mismas) para seguir beneficiándose de las aludidas
ventajas comparativas (véase Bernard Cassen, Arrière-pensées dans la lutte
anticorruption, en Le Monde Diplomatique, mayo 2001, pág. 8).
Es sintomático que se interesen particularmente en
la lucha contra la corrupción el Banco
Mundial y una ONG dedicada específicamente al tema: Transparency
International. El papel del Banco Mundial en la economía planetaria y qué
intereses sirve son temas suficientemente conocidos y no vale la pena
extenderse.
En cuanto a Transparency International, citamos a
continuación fragmentos de una nota aparecida en la página 23 de Le Monde
Diplomatique de noviembre del 2000 (nuestra la traducción):
"Transparency International fue fundada en
1993 por el Sr. Peter Eigen, un ex funcionario del Banco Mundial…Clasifica a los países en función de la
corrupción existente en las administraciones y en los hombres políticos. La
organización se ha fijado como regla no denunciar por su nombre a las empresas
corruptoras. Sus ataques se dirigen exclusivamente contra los Estados. Es la
principal debilidad de su acción porque ciertas sociedades transnacionales no
tienen raíces nacionales y T.I. las elimina de entrada de sus estudios.
…El presupuesto de la organización en 1999 fue de 2
millones y medio de dólares. Un tercio proviene de donaciones de grandes
fundaciones internacionales, otro tercio proviene de organismos para el
desarrollo y de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el último tercio es cubierto por grandes empresas…
(como IBM y General Electric)… ".
General Electric, uno de los "sponsors"
de T.I., fue condenada en 1997 a una multa de 25 millones de dólares por actos
de corrupción en Egipto (de la misma fuente).
En un cable de Interpress Service del 18 de octubre
de 2005 se decía: “El Índice de Percepción de la Corrupción de la
organización Transparencia Internacional vuelve a mostrar este año la
comprometida situación del Sur, que cuenta con una pequeña ayudita de los
bancos del Norte industrial.
"La fuga total de capitales anual de África es de unos 150.000 millones de dólares, mientras que el total del flujo de asistencia que recibe el continente asciende a 25.000 millones", dijo a IPS Chandrashekhar Krishnan, director ejecutivo de la filial de Transparencia en Gran Bretaña.
"Esa fuga de capitales representa, básicamente, la ruta de los
bienes estatales en manos de políticos corruptos", agregó Krishnan.
"Ese dinero es depositado en instituciones financieras de Londres, de
Zurich, de Nueva York." "Sugiero que los gobiernos occidentales hagan
mucho más para asegurarse de que sus sistemas financieros no sean utilizados
para lavar dinero", recomendó.
Pero el hecho de que los bancos de Gran Bretaña,
Suiza y Estados Unidos reciban dinero sucio no queda marcado en el Índice de
Percepción de la Corrupción de Transparency International » (IPS, 18/10/2005).
Pero con independencia de las intenciones de
algunos promotores de las campañas contra la corrupción, ésta es una lacra real
que es preciso denunciar y combatir y cuyas causas profundas y mecanismos es
necesario desentrañar.
La corrupción de los funcionarios públicos es un delito en muchos países, por lo menos formalmente.
La corrupción de los funcionarios públicos es un delito en muchos países, por lo menos formalmente.
Pero en los países más ricos, aunque existe cierto
rigor para sancionar a los propios funcionarios públicos incursos en corrupción
pasiva, no se castiga a los propios nacionales que corrompen a funcionarios
extranjeros, es decir que incurren en corrupción activa.
Una excepción a esto último son los Estados Unidos,
donde se sancionó en 1977 una ley sobre las prácticas de corrupción en el
exterior, bajo el impacto de los casos de sobornos pagados por las empresas
Lockheed, Northrop y Gulf Oil. Pero las legislaciones europeas son mucho más
"liberales" y no castigan el soborno a funcionarios extranjeros. Más
aún, en Alemania, en Suiza y en Bélgica, entre otros países europeos, el fisco
autoriza a deducir de los impuestos tal clase de gastos, es decir que la
corrupción de funcionarios extranjeros está de hecho legalizada.
En los últimos años se han aprobado convenios
internacionales contra la corrupción:
La Convención Interamericana de 1996, la Convención de la OCDE de 1997, vigente desde 1999, la Convención Penal Europea sobre la corrupción, aprobada por el Consejo de Europa el 27 de enero de 1999, en vigor desde el 1º de julio de 2002, que es la más completa y la Convención civil europea contra la corrupción, en vigor desde el 1 de noviembre de 2003.
La Convención Interamericana de 1996, la Convención de la OCDE de 1997, vigente desde 1999, la Convención Penal Europea sobre la corrupción, aprobada por el Consejo de Europa el 27 de enero de 1999, en vigor desde el 1º de julio de 2002, que es la más completa y la Convención civil europea contra la corrupción, en vigor desde el 1 de noviembre de 2003.
Pero a pesar de dichos convenios y aunque se
advierten ligeros progresos, la corrupción siguen gozando de buena salud. Por
ejemplo la Comisión Europea, especie de órgano ejecutivo de la Unión Europea,
trabaja en estrecha colaboración con las grandes sociedades transnacionales
europeas (la Mesa Redonda de los Industriales Europeos - ERT).
La Convención de la OCDE no es directamente aplicable en los Estados signatarios y
requiere una legislación interna de aplicación. No incluye a las filiales
instaladas en países no miembros de la OCDE de empresas que tienen su sede
principal en los Estados miembros, es decir se acepta la ficción jurídica de la
autonomía de la filial, sin «levantar el velo » de la realidad económica de que
dichas filiales forman un todo con la sociedad matriz. Eso permite continuar
empleando prácticas de corrupción a través de las filiales instaladas en países
no miembros de la OCDE. Este sistema lo usan habitualmente las sociedades
transnacionales estadounidenses para eludir la legislación de Estados Unidos
contra la corrupción y, por cierto, lo utilizan también las sociedades
transnacionales basadas en otros países.
V. LA IMPUNIDAD DE LOS GRANDES BENEFICIARIOS DE LOS DELITOS
ECONOMICOS es una
constante a escala mundial como consecuencia de la manera en que funcionan en
la práctica los poderes políticos y las instituciones Políticas, Judiciales y
Administrativas.
Si bien la influencia del poder económico sobre el
poder político es una realidad desde que el poder económico existe, en los
últimos decenios se advierte un neto avance del poder económico a expensas del
poder político, que ya está cuestionando hasta los aspectos formales de la
llamada democracia representativa y el papel de las instituciones políticas,
tanto nacionales como internacionales, como mediadores -o presuntos mediadores-
entre intereses diferentes o contradictorios.
La democracia representativa tal como existe
actualmente es una democracia elitista porque en ella todos son formalmente
iguales ante la ley pero desiguales de hecho frente al derecho de propiedad de
los instrumentos y medios de producción. Una ínfima minoría es propietaria de
estos últimos, lo que genera las cada vez más profundas desigualdades
económicas, sociales, culturales e incluso políticas entre la minoría
propietaria y las mayorías explotadas.
Dicho de otra manera, la corrupción y otros delitos económicos son inherentes al sistema capitalista.
Dicho de otra manera, la corrupción y otros delitos económicos son inherentes al sistema capitalista.
VI. EL CASO ARGENTINO. El Gobierno argentino ocupa
un lugar destacado en el ranking mundial en materia de comisión de delitos
económicos (malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con
el ejercicio de funciones públicas, corrupción, enriquecimiento ilícito,
transferencias multimillonarias a paraísos fiscales, etc.) en su propio
beneficio y de los empresarios amigos o testaferros y en perjuicio del
patrimonio nacional y de la población laboriosa.
No obstante las garantías que le ofrece el sistema
vigente de democracia representativa (en los hechos representativa de las
elites económicas y no de la población en general), el actual Gobierno
argentino quiere reasegurar aún más su impunidad con su proyecto para « democratizar » la justicia que
consiste en convertir a ésta en un apéndice del actual Poder Ejecutivo y de los
sucesivos Gobiernos que surjan de futuras elecciones: el mismo voto ciudadano
mayoritario que consagre a un Presidente decidirá la mayoría en el Consejo de
la Magistratura (artículo 3 bis del Proyecto de ley sobre el Consejo de la
Magistratura). No habrá ni siquiera la apariencia de un contrapeso del Poder
Judicial frente a los otros poderes.
Ya se ha dicho: el poder tiende a corromper y el
poder absoluto corrompe absolutamente.
Pero en Argentina
el kichnerismo no inventó la corrupción, pues ésta tiene una tradición
bastante larga, como sostiene Carlos
Gabetta en su reciente libro « La encrucijada argentina. República o país
mafioso ». Escribe Gabetta : « La República Argentina no es tal. Vivimos en un
sistema tan degradado social e institucionalmente que corremos el riesgo de
instalarnos por largo tiempo en una vida de corrupción económica, política,
institucional y social sin límites, de violencia creciente e impunidad total.
Desde que se recuperó la democracia hemos atravesado varias crisis económicas y
sociales; la más grave, gravísima, en 2001. De cada crisis el país ha salido,
si así puede decirse, más deteriorado política, institucional y socialmente, en
una deriva imparable hacia la aceptación y práctica general del comportamiento
mafioso. ¿Hacia un destino de Gran País Bananero ?».
«Desde que se recuperó la democracia », escribe
Gabetta. Ahora Menem es, para todos o casi todos, una mala palabra. Sin embargo
fue elegido no una, sino dos veces Presidente de la República: en 1989 con el
47,49% de los votos y después de una gestión absolutamente contraria a los
intereses nacionales fue reelegido en 1995 con el 49,94% de los votos.
De modo que parece existir en Argentina una crisis
social y política profunda que blinda a los gobiernos corruptos, antinacionales
y antipopulares contra la sanción de un voto popular.
Crisis insuperable mientras subsista la hegemonía económica,
política, ideológica y cultural de las clases dominantes.
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