En medio de la crisis del
sistema político el gobierno ha intentado dar una impresión de normalidad
poniendo las reformas en curso en el centro del debate. Así
ha ocurrido con el proyecto de reforma laboral que pretende introducir
modificaciones al Libro IV referido
a la negociación colectiva que a la fecha no pasa de ser una propuesta
“gatopardista” pretendiendo generar un ambiente de conciliación de intereses
entre trabajadores y empresarios en el marco del código laboral del pinochetismo.
Ello se expresa principalmente en su
terca negativa a dar curso a la negociación por rama de la producción que
fije un marco salarial mínimo obligatorio para cada el sector. Numerosas
organizaciones sindicales se han pronunciado ya en contra del proyecto del
gobierno demandando una reforma laboral efectiva que restablezca los derechos que fueron conculcados por la
dictadura. Es necesario impulsar la movilización del conjunto del
movimiento sindical demandando que los trabajadores se hallen democráticamente
representados en la construcción de las nuevas reglas que regulen las
relaciones laborales, ligando esta demanda a la convocatoria de una Asamblea
Constituyente libre y soberana.
La promesa electoral de la
Nueva Mayoría de reformar la constitución siembra más dudas
que certezas para al “ciudadano de a
pie” porque la legitimidad y la autonomía de los “legisladores” está más
que cuestionada. Lo que haga en esta materia la mayoría de la casta de
políticos profesionales pagada por el capital no puede tener más que un
resultado favorable a los intereses de quienes han comprado los servicios de
estos “reformadores”. Más allá de los objetivos democratizadores y de la legitimidad inherente a una Asamblea
Constituyente, la izquierda debe dotarse de un proyecto histórico
transformador cuyos contenidos permitan impulsar una amplia campaña unitaria de
agitación y propaganda
por los derechos del pueblo trabajador y las amplias masas populares.
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Bachelet
anuncia reforma para luchar contra corrupción y regular financiamiento de la
política en Chile. Hace un día anunció la renuncia de todo su Gabinete. La
lucha contra la corrupción es una política de Estado nacional, de lo contrario
termina asfixiándolos políticamente y la oposición golpista de la ultra-derecha,
termina cosechando sus triunfos pírricos.
***
CHILE: ANÁLISIS DE COYUNTURA.
CRISIS EN EL SISTEMA POLÍTICO: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA LA IZQUIERDA CHILENA.
*****
GESP y Plataforma Nexos.
Rebelión jueves 7 de mayo del 2015.
1. Durante el primer
cuatrimestre de 2015, el escenario político se ha visto dominado por los
sucesivos escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito que, en abierta
contravención con elementales normas jurídicas y sobre todo de probidad
política y moral, han salpicado copiosa y transversalmente a la casta de
politicastros que desempeñan altos cargos en el Parlamento y en el Gobierno.
Los variados y recurrentes fraudes tributarios asociados al caso Penta primero
y posteriormente a su "arista" SQM, así como el lucrativo negocio
especulativo concebido y ejecutado por CAVAL y financiado por Luksic, que
involucra en este caso a familiares directos de Bachelet, han dejado al
descubierto el grado de podredumbre moral que permea al actual sistema
político-institucional. La elemental demanda de probidad y transparencia que
emerge en forma espontánea de la población genera comprensible temor en la
casta política, minando su habitual cohesión.
2. La raíz más
profunda de la actual crisis de legitimidad del sistema político, expresada en
la decreciente tasa de participación electoral y en el descrédito generalizado
de la casta política, está en la contradicción en que se encuentra con el
interés general de la población al establecer la primacía, institucionalmente
consagrada a través del principio de la subsidiariedad del Estado, del interés
privado sobre el interés público. Dadas las ostensibles asimetrías de poder
prevalecientes en el seno de la "sociedad civil", ello se traduce en
el aplastante predominio de los grandes poderes fácticos empresariales sobre la
vida social, plasmado en una interminable cadena de abusos sobre la mayoría de
la población y en la disolución de todo lazo efectivo de solidaridad social. Es
el generalizado descontento de la población con esta situación lo que se halla
a la base de la actual crisis del sistema político, agravada ahora por los
escándalos de corrupción de la casta política.
3. Lo que ha quedado
al desnudo en estos meses es el oculto entramado del poder de la clase
dominante y cómo ésta última logró corromper y subir al “carro de los
vencedores” de 1973, que le impuso a sangre y fuego a los chilenos el actual
modelo económico neoliberal, a buena parte de los actores políticos de la
llamada Nueva Mayoría. Ello arroja luz sobre el real significado de la manera
en que estos personeros han legislado durante años, a favor del gran capital y
claramente en contra de los intereses de la mayoría de la población, cocinando
recientemente una reforma tributaria que apenas toca a las grandes fortunas y a
la Empresas, promulgando anteriormente una ley de pesca que entrega los
recursos del mar a un reducido grupo de grandes empresarios, entregando de
manera prácticamente gratuita los principales recursos mineros del país a las
transnacionales, etc..
4. La voluntad
declarada de iniciar un proceso de salvataje del sistema político, antes que
sea tarde, ha sido explicitada en una declaración firmada por un amplio arco de
partidos representados en el parlamento que va desde la UDI al PC y que señala
entre otras cosas que asumen… "la
indignación que existe en la ciudadanía frente a conductas reñidas con la
ética, en el sector público y privado, y nos dejamos interpelar como partidos
políticos, de gobierno y oposición. Asumimos nuestra propia responsabilidad en
estos hechos, y el compromiso de superar esta situación en un marco de
legitimidad y en la perspectiva de construir una nueva institucionalidad en
materia de probidad y transparencia". Entre
los miembros del duopolio, solo se han abstenido de firmarla el MAS y la
Izquierda Ciudadana de la Nueva Mayoría así como Evópolis y Amplitud de la
Alianza.
5. La amplitud de la
crisis puede medirse por el hecho de que una investigación de delitos de fraude
al fisco, coima y cohecho circunscrita hasta ahora a solo dos empresas en un
periodo muy limitado de años ya ha comprometido a un significativo y cada vez
mayor número de políticos y funcionarios públicos en lo que el gobierno y la
prensa ha dado en llamar el “problema de la relación entre la política y los
negocios”, ha ameritado el apoyo a una “salida institucional” por parte de los
Empresarios, es decir, de quienes aparecen como los demandantes de los
servicios de la casta de venales políticos profesionales. Evidentemente, el
interés de limitar los efectos de la pérdida de legitimidad del sistema
político preocupa a la clase dominante no por razones de ética, sino por el
peligro de que el impacto de estos hechos escandalosos sobre la conciencia
colectiva pueda proyectarse en movilizaciones sociales con lemas del tipo ¡que
se vayan todos!
6. La situación de la
economía en este primer cuatrimestre, a pesar de la desaceleración por la baja
de la demanda China de materias primas, como del impacto marginal de la reforma
tributaria pilotada por los empresarios, con una tasa de desempleo más o menos
estable en alrededor del 6% y con una distribución del ingreso tan mala como el
año 2014, la precarización del empleo y una relación salario real/productividad
favorable a la patronal, no amenaza con generar una situación de deterioro
abrupto de las condiciones de vida para la mayoría de la población. En este
sentido, es improbable que la crisis del sistema político se vea
significativamente intensificada por grandes conflictos de carácter
económico-social al menos en el corto plazo. De allí que aun sean altas las
posibilidades de que esta crisis sea finalmente superada sin mayores
alteraciones del marco político-institucional existente.
7. La clase dominante,
cuyo eje es el gran empresariado y sus asociaciones gremiales tales como la
SNA, SOFOFA y la CPC, así como sus peones en el ámbito legislativo y el
gobierno, evaluarán la manera de pagar el menor costo político para resolver
esta situación, aun cuando ello inevitablemente implique sacrificar a algunas
reconocidas figuras del ámbito político y empresarial. Sin embargo, ha sido tal
el impacto político y moral de los actos delictivos que han sido dados a
conocer que otros, que afectan más directamente a los consumidores, como es el
caso de los variados casos de colusión, han quedado ya en un segundo plano. Es
por ello que la crisis que sacude al sistema político erosiona también la
credibilidad del modelo económico vigente y su pretendida ética del sacrificio
individual, evidenciando lo ilusorias que resultan en la realidad figuras
emblemáticas del discurso ideológico neoliberal como por ejemplo las del
“emprendimiento” y el “servicio público”.
8. A la vez, el
Gobierno intenta limitar al ámbito estrictamente judicial y administrativo la
consideración de los casos que desenmascaran el verdadero carácter del duopolio
como los brazos políticos de la clase dominante. Pero lo cierto es que las
prácticas mafiosas de los poderes fácticos empresariales tienen un claro
significado político: tal como lo sospechaba buena parte de la población, el
gran capital ha logrado echarse al bolsillo a la llamada “clase política”. Esto
que hoy aparece escandaloso –el financiamiento de las representaciones
políticas del poder con mecanismos de evasión impositiva, mecanismos de estafa
financiera como las “cascadas” o la colusión de precios en varios sectores de
la industria y el comercio–, ha sido la norma más persistente en las últimas
décadas. En este contexto de generalizada corrupción, los nuevos cuadros de la
Concerta-Nueva Mayoría han tenido la posibilidad de saltar fácilmente desde
posiciones de decisión en el aparato público a las cúpulas gerenciales del
sector privado y viceversa, lo que les ha permitido situarse en el estrato del
1% de mayores ingresos en el país.
Educación y No más
corrupción. Más de 180.000 personas marcharon en todo Chile para exigir que en
Chile la Educación deje de ser un privilegio y además inician políticamente la
lucha nacional contra la corrupción, que hoy está devorando el prestigio de la
izquierda en el país Mapocho.
***
9. Las declaraciones
alarmistas que agitan el “fantasma del populismo” y que desde hace un tiempo se
escuchan desde ambos componentes del duopolio aluden, en realidad, al peligro
que para ellos representaría una efectiva democratización del país que le
quitaría el piso a la obscena estructura de privilegios que actualmente
detentan. Pero la confusión reina actualmente en las filas de la casta política
oyéndose propuestas variadas y diversas en un intento por superar las actuales
dificultades sin comprometer en demasía la estabilidad del sistema. Al profundo
descrédito que afecta transversalmente a la casta política es necesario añadir
el que afecta de manera especial a la UDI, tradicional bastión de la derecha
más dura, el de algunos connotados empresarios, el de algunas universidades confesionales
y el de la misma Iglesia Católica a raíz de los casos de pedofilia y el
reciente nombramiento como nuevo obispo en Osorno de un sacerdote vinculado a
Karadima.
10. Todo el viejo
espectro político se hunde en el descrédito. La prédica de Andrés Velasco a
favor de una "nueva política" ha revelado claramente su verdadero
significado. El "progresismo" liberal tampoco ha salido bien parado
ya que, más allá de sus declaraciones a favor de la convocatoria de una
Asamblea Constituyente, el propio MEO ha reconocido que se reunió en varias
oportunidades con el Gerente General de SQM y que le solicitó apoyo económico
para su campaña. Más recientemente, se ha sabido que SQM realizó suculentos
pagos para cubrir gastos de campaña de Carlos Ominami. En cuanto al PC, aparte
de haberse visto severamente cuestionado por su responsabilidad en la
insolvencia financiera de la Universidad ARCIS, debe intentar explicar a su
militancia la pertinencia de formar parte de un conglomerado que se halla
atiborrado de sujetos que operan como vulgares mercenarios al servicio del gran
capital o que incurren en conductas repudiables como las realizadas por
miembros del equipo de gobierno, amigos y familiares de Bachelet.
11. Una ausencia
notable en este escenario ha sido la de las posiciones alternativas
representadas por una izquierda anticapitalista que a estas alturas se
encuentra auto neutralizada por su extrema dispersión política y organizativa.
Solo la permanente presencia de sus ideas en revistas como PF o algunos medios
digitales con análisis de la situación tienden a visibilizar su existencia,
pero circunscrita a un espacio político en que no ha habido hasta ahora claros
llamados a un accionar viable en el marco de la actual coyuntura política. Su
presencia solo se ha hecho notar en algunas acciones de agitación aisladas como
las realizadas por la ACES con la toma de la casa matriz de SQM o el FEL, la
UNE y SITECO a la entrada de las Fiscalías en repudio a algunos de los citados
a declarar, así como en algunas marchas en regiones.
12. Luego de un 2014,
en que las confusiones tácticas del movimiento estudiantil derivaron en una
baja importante de la movilización del sector universitario y un declive mucho
más agudo en el sector secundario, este fin de cuatrimestre comienza a retomar
una dinámica de movilización aunque aun con menor repercusión y adhesión que en
el 2011. Por su parte el gobierno ha elaborado variadas iniciativas
legislativas, algunas de ellas en tramitación, pero que no modifican
sustancialmente el fracasado y segregador sistema educativo imperante ni
mejoran la deteriorada situación material de la mayor parte de los estudiantes
y el profesorado. Los estudiantes secundarios se presentan aún fragmentados y
sin una representación nacional. Los universitarios por su parte, aunque con
una importante presencia en la CONFECH de federaciones conducidas por fuerzas
de izquierda, no han logrado definir aún una clara orientación de oposición a
los planes de reformas cosméticas del gobierno que se traduzca en una clara
línea de presión y movilización.
13. En medio de la
crisis del sistema político el gobierno ha intentado dar una impresión de
normalidad poniendo las reformas en curso en el centro del debate. Así ha
ocurrido con el proyecto de reforma laboral que pretende introducir
modificaciones al Libro IV referido a la negociación colectiva que a la fecha
no pasa de ser una propuesta “gatopardista” pretendiendo generar un ambiente de
conciliación de intereses entre trabajadores y empresarios en el marco del
código laboral del pinochetismo. Ello se expresa principalmente en su terca
negativa a dar curso a la negociación por rama de la producción que fije un
marco salarial mínimo obligatorio para cada el sector. Numerosas organizaciones
sindicales se han pronunciado ya en contra del proyecto del gobierno demandando
una reforma laboral efectiva que restablezca los derechos que fueron
conculcados por la dictadura. Es necesario impulsar la movilización del
conjunto del movimiento sindical demandando que los trabajadores se hallen democráticamente
representados en la construcción de las nuevas reglas que regulen las
relaciones laborales, ligando esta demanda a la convocatoria de una Asamblea
Constituyente libre y soberana.
14. La promesa
electoral de la Nueva Mayoría de reformar la constitución siembra más dudas que
certezas para al “ciudadano de a pie” porque la legitimidad y la autonomía de
los “legisladores” está más que cuestionada. Lo que haga en esta materia la
mayoría de la casta de políticos profesionales pagada por el capital no puede
tener más que un resultado favorable a los intereses de quienes han comprado
los servicios de estos “reformadores”. Más allá de los objetivos
democratizadores y de la legitimidad inherente a una Asamblea Constituyente, la
izquierda debe dotarse de un proyecto histórico transformador cuyos contenidos
permitan impulsar una amplia campaña unitaria de agitación y propaganda por los
derechos del pueblo trabajador y las amplias masas populares.
15. Frente a la crisis
estructural del sistema político, expresada en la ya crónica desafección y
desconfianza ciudadana, agudizada ahora por la indignación que ocasionan los
casos de corrupción denunciados, no es del todo imposible que las masas se
abran a iniciar un ciclo de protesta y movilización, de consecuencias y
direccionamiento difíciles de prever. Si la izquierda anticapitalista no supera
su actual condición de dispersión y fragmentación, dando lugar a una lucha
conjunta capaz de convocar a las amplias masas, es probable que la clase
dominante logre prolongar, con ajustes menores, la existencia del actual
sistema político que opera como escudo protector del modelo económico
neoliberal imperante. Por otra parte, siendo importantes los procesos unitarios
que se desarrollan en algunos sectores sociales en su lucha por objetivos
comunes, por sí mismos ellos no reemplazan el rol que están llamadas a jugar
las organizaciones políticas anticapitalistas.
16. Las favorables
condiciones que se presentan hoy para intentar superar la condición de
dispersión y fragmentación de la izquierda anticapitalista, permitiendo que
ella se ponga a la cabeza de la lucha por los derechos democráticos y sociales
de los trabajadores y las amplias masas populares, sitúa la lucha por una
Asamblea Constituyente libre y soberana como eje de la lucha por una
democratización sustantiva de la sociedad chilena en todos los planos. En
efecto, no se trata de circunscribir la crisis política en curso a una simple
cuestión de probidad de quienes ejercen hoy cargos de representación ciudadana
o alguna función en el aparato del Estado sino, por el contrario, de poner en
cuestión la naturaleza misma del sistema, es decir los principios que lo
fundamentan. El problema de fondo es que el actual sistema político es
inherentemente antidemocrático porque se articula en torno a principios y
finalidades que no corresponden al interés mayoritario de la población sino a
los de los pequeños grupos que controlan y se benefician de la mayor parte de
la riqueza que se produce en el país. Es esto lo que
se halla hoy en el centro de la lucha política en curso.
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GESP
– Grupo de Estudio Sociales y Políticos
Plataforma
Nexos.
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