PARO MACRO-REGIONAL SUR – PROYECCIÓN NORTE.- EN DEFENSA DE
LA VIDA. VALLE DE TAMBO.-
El Estado
nunca llegó al Valle, a apoyar y potenciar lo más grande que ellos tienen: su agricultura de calidad, competitiva y de
exportación. Es histórica.- En la coyuntura actual, más allá del proyecto,
su oscuro EIA - su validez divina y celestial del Ministro del Ambiente - hoy
la protesta democrática de los pueblos del
Perú Profundo es en respuesta Ciudadana
a la posición radical del Gobierno, defensa y protección NO de la
inversión, sino de una empresa minera - considerada por información de
corrupción y destrucción del medio ambiente en España - Andalucía - en México-
contaminación de las aguas del río Sonora y por supuesto en más de 50 años en
el sur del país, la destrucción de la
vida humana, biodiversidad en su conjunto; y últimamente su presidente
empresarial condenado a prisión por los tribunales en Moquegua, por contaminación de las aguas del río y el medio
ambiente. Señores la situación nacional hoy es muy compleja vista desde una
posición múltiple - política, económica, social, cultural, ambiental -
institucional - no solo, porque la corrupción ha logrado copar y está
destruyendo todos los ámbitos de la vida nacional, - es realmente una vergüenza
a los niveles que ha trepado la corrupción -. Existe una "parálisis política" del Gobierno, que sólo
responde con armas - no estamos en guerra señores, si hay guerra que sea contra
la corrupción - hoy más que nunca, la coyuntura exige RESPONSABILIDAD, COMPROMISO con el país. Defender la DEMOCRACIA - conquista histórica del pueblo peruano el
año 2,000 después de expulsar del país a la dictadura corrupta y asesina del
fujimontesinismo - es necesario y urgente - la realidad actual, exige - recuperar la CONFIANZA
del pueblo, de la Ciudadanía - camino democrático, participativo y
solidario, que nos conduce hacia nuevos contextos sociales, donde el DIALOGO - como herramienta
democrática - nos lleva respetando los Derechos
Humanos hacia un escenario de comunicación oportuna, alturada y respetuosa
de reiniciar las condiciones sociales y políticas de mayor apertura y
participación de todos los actores sociales en un proceso político que desde el
Gobierno debe y
tiene la responsabilidad de respetar la VIDA de los agricultores del Valle de
Tambo.
Señores del
Gobierno, reflexionen un momento, nunca antes en nuestra historia política, que un Valle de agricultores consiga, tenga, semejante SOLIDARIDAD local, regional, nacional e
internacional - realidad indiscutible, de que se está cometiendo un
terrible atropello y abuso con los derechos de un pueblo, la sangre derramada,
las vidas perdidas - parece que no importara a los gobernantes -. Nuevamente
nuestro llamado hacia la cordura, la sensatez y respeto de los derechos humanos, los derechos constitucionales, de un pueblo
que sólo defiende el agro, la educación,
salud, cultura, trabajo, la VIDA de su población. Señores nos estamos en
guerra con otro país (si realmente
desean “guerra,
declaremos la guerra contra la corrupción, contra el hambre, contra
la pobreza, contra el centralismo asfixiante, guerra contra la desigualdad
económico social) -. Hoy es la protesta
de un pueblo que fue engañado, traicionado – y asume con valentía, honor y
dignidad la defensa de sus derechos. Debe
suspenderse el Estado de Emergencia, la salida no es militar, es Política. ¿Dónde está el estado de Derecho? o es
para todos los peruanos, o simplemente llega al ridículo que sirve totalmente a
las corporaciones – mineras, petroleras – banqueros, empresarios, Señor Presidente, eso no es “estado de derecho”,
es una caricatura de democracia de
papel; en estas condiciones, de
conflictividad social y turbulencia política, la mina no va y desde ahora trabajar
desde el Estado, con la Sociedad Civil y
las Instituciones responsables de esta problemática, por la "Zonificación
Ecológica y Económica" - Conga o Tía María, no son las únicas,
porque no tenemos, como país una Política
Nacional Pública, de Ordenamiento Territorial - por ello la exigencia del
trabajo conjunto, proceso nacional y compromiso de trabajar contra la
injusticia social, trabajar por la estabilidad política, construyamos en unidad
y cohesión social y política la paz social, base y fundamento para forjar
desde lo local el
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, Sostenible y de pleno respeto
con nuestra Madre Naturaleza.
/////
Fortaleza y Dignidad en su lucha del histórico pueblo del Valle de Tambo. Fuerza y Unidad para recuperar la Confianza - fortaleza social y columna vertebral política - para exigir el cese del Estado de Emergencia, fortalecer el "Estado de derecho" para todos y (as) los peruanos, camino al Plan de Desarrollo -local, regional, nacional - económico.social, sostenible de pleno respeto con nuestra Madre Naturaleza.
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ESTADO TORCIDO EN TÍA MARÍA.
*****
Nicolás
Lynch.
Otra
Mirada martes 26 de mayo del 2015.
América
Latina en Movimiento. ALAI.
Como
argumento para declarar el Estado de Emergencia en la provincia de Islay hace
pocos días se ha dicho que hay que defender el Estado de Derecho; el derecho,
nos dicen, de la mayoría de ciudadanos de ese lugar a vivir en paz. Sin
embargo, si vamos a una definición sencilla de Estado de Derecho, encontramos
que este no es otra cosa que el gobierno de la ley. Justamente lo que define a
la modernidad, superar la autoridad que emana de la arbitrariedad de las
personas y marchar, supuestamente, a la neutralidad de la ley.
Sin
embargo, si revisamos sumariamente lo sucedido en el proyecto Tía María podemos
ver que no se ha cumplido, precisamente, con la ley. Esto ha ocurrido, como se
ha repetido hasta la saciedad, en dos aspectos sustantivos: la licencia social
y la licencia ambiental para llevar adelante el proyecto. La primera, porque
cada vez que se ha convocado a una audiencia para debatir el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), el lugar estaba cercado por miles de policías que impedían la
entrada de los lugareños y dejaban que pasaran los mitimaes, traídos de otros
lugares, de manera tal que los expositores no tenían interlocutores válidos que
plantearan otros puntos de vista. La segunda, porque a pesar de que un
organismo especializado de las Naciones Unidas hizo 138 observaciones muy
importantes al EIA, estas nunca han sido levantadas en un documento público que
de manera transparente lo presentara a la población.
Nos
encontramos entonces en una situación en que el Estado, en complicidad con la
empresa Southern, no ha cumplido con la ley, es decir, han violado el Estado de
Derecho. Frente a esta violación es que se levanta y moviliza la población de
la provincia de Islay, para reclamar que se cumpla con obtener la licencia
social y la licencia ambiental para la actividad minera. En esta movilización y
su represión es que se producen indeseables actos de violencia con el saldo de
muertos, seis civiles y un policía, que todos conocemos. Pero la violencia no
ha sido de un solo lado, los ya famosos “terroristas antimineros” a los que el
gobierno y los medios concentrados les echan toda la culpa. Sino recordemos,
las fotos trucadas, el arma plantada y el perdigón extraviado de la última
pérdida. Es una violencia producto de la polarización existente que se genera
por los graves errores políticos al insistir en una forma equivocada de hacer
minería. Lo que no quiere decir que no puedan haber infiltrados que se quieran
aprovechar de la situación, pero estos de ninguna forma son la raíz sino uno de
los subproductos de la extrema polarización.
¿Qué
salida tiene la situación? Indudablemente que no la militarización y el Estado
de Emergencia, porque la polarización existente, que es hoy el problema
fundamental, no se va a desactivar con más violencia y peor todavía con la
violencia de quien debería garantizar la paz, es decir el Estado. Es
indispensable en las actuales circunstancias terminar con la violencia del
Estado, que es la principal causa de la desconfianza y de la polarización
existente. Sobre esta base es que se podrá retomar el diálogo entre las partes.
Ahora
bien, no se trata de un diálogo para imponer a como dé lugar el proyecto
minero, tal como ha intentado varias veces el gobierno de Humala, no. Se trata
de un diálogo en el que todas las posibilidades estén abiertas pero cuyo eje
sea el desarrollo de la provincia de Islay, su conexión con la región Arequipa
y con el sur del Perú. Solo de esta manera se podrá pacificar Islay y evitar
una conmoción macro regional.
El
gobierno de Humala en su versión Cateriano, parece, sin embargo, lejos de esta
salida. Quiere insistir en la imposibilidad de una democracia sin conflictos ni
canalización, que no sea policial y militar, de los problemas. Un Estado
torcido en lugar de derecho y por este camino un gobierno sin legado.
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