Hoy en el Perú y en la mayor
parte de las países de América latina, que a pesar de la década
de crecimiento macro-económico, fueron incapaces de ingresar a un proceso
económico de Desarrollo económico-social
(Proceso d e diversificación productiva, de industrialización) realidad
compleja, múltiple, turbulenta que ha originado que en la coyuntura actual,
se produce una conjunción económico, social, comercial entre el poder de la
gran inversión de las corporaciones transnacionales mineras, petroleras, industriales, alimenticias, farmacéuticas, etc,
- del gran capital corporativo global - y el carácter del "viejo" y
tradicional modelo productivo, extractivista exportador de materias primas -
básicamente sustentado en lo que hoy se denominan los precios en el mercado internacional de los Commodities
- (minería, petróleo, gas, pesca, agro-exportación, madera, etc.). Esta
convivencia histórica y política hoy genera que estos gobiernos no tienen Políticas de Estado Públicas de
protección del Patrimonio Territorial (riqueza territorial), no tienen
leyes sobre el
Ordenamiento Territorial - básico y determinante en un proceso
de protección y defensa del patrimonio territorial – e incluso van más allá,
además ingresa al campo complejo y
turbulento de las condiciones económicas y sociales de los trabajadores – eliminado todos sus derechos, es decir,
sustituyendo con el proceso de liberalización
de las relaciones sociales – desconocer
y negar los derechos sociales, laborales de los trabajadores, produciendo hoy
los llamados “nuevos
esclavos asalariados del siglo XXI”..
Más de 40
días de Huelga General Indefinida. Agricultores del Valle de Tambo en pie de
lucha contra dos enemigos de clase, poderosos, violentos. El gobierno del
Presidente Humala – el gobierno de la “gran explotación y la “gran mentira” – y
la poderosa transnacional la Southern Copper Corporation, del grupo México, con
historia más negra que el color del petróleo que se llevó la IPC. La UNIDAD
social y comunitaria del pueblo es hoy una lección de dignidad, fuerza, coraje,
energía y en lo fundamental defensa de sus Derechos Humanos. Agua, agricultura,
cultura, identidad, Vida.
***
Pero la ausencia de
ordenamiento territorial. Hoy origina que la gran inversión no
respete el patrimonio territorial de los pueblos originarios y comunidades
históricas, donde por lo general están ubicadas las riquezas territoriales de
los países, no hay leyes que protejan y defiendan el patrimonio y menos la
soberanía nacional de nuestros países. La respuesta es de las comunidades y
pueblos, la defensa de sus Derechos Humanos – agua, agricultura, trabajo, VIDA, cultura, riqueza territorial, –
y el total desconocimiento de los de los derechos de los pueblos, por los gobernantes
de turno, que prefieren servir a los intereses de las corporaciones bajo el
argumento de “garantizar un clima de
estabilidad social y viabilizar políticas para dar seguridad a la gran
inversión”. Preguntamos.¿ Y quién le da seguridad a los pueblos y
comunidades? ¿Quién debe garantizar la
defensa y protección de sus Derechos Humanos?. Pero entre nosotros hoy está
presente y en pleno funcionamiento la Licencia Social – como la capacidad
participativa de cada pueblo y comunidad de definir libremente si otorga o no
licencia – autorización a la corporación – para explotar sus recursos
naturales. Como tampoco este derecho respetan surgen los Conflictos Sociales –
los Frentes de Defensa de cada Pueblo y/o Comunidad, explotan como nuevas
formas de hacer política,. Para exigir el respeto a sus derechos patrimoniales.
Pero tampoco el Gobierno, respeta esta estancia y derecho humano, e irresponsablemente
con la presión de los grupos de poder interno – todos al servicio de los poderes
facticos externos – más la imposición del poder de los medios, el gobierno de
turno, una vez más demostrando su entero servicio al poder de las corporaciones
y el capital corporativo global, declara la lucha y defensa de los pueblos,
como ilegal, anti-sistema, anti-mineros, enemigos del crecimiento económico y
finaliza su “torpeza” política declarando el conflicto social: criminaliza la
protesta. , Heridos, muertos entre los que protestan, así como cárcel y
percusión para sus dirigentes y total apoyo a los dueños del capital y las
corporaciones. Esta
es hoy la realidad en el Valle de Tambo de la Provincia de Islay. Región
Arequipa.
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¿ Existe en el Perú. una minería Responsable?.
PERÚ EN DECISIVA BATALLA CONTRA EL
EXTRACTIVISMO.
TÍA MARÍA. AREQUIPA.
*****
Raúl
Zibechi.
La
Jornada lunes 4 de mayo del 2015.
Desde
fines de marzo los campesinos de la provincia Islay, en la región Arequipa, sur
peruano, enfrentan a una de las más poderosas multinacionales mineras, Southern
Copper, que pretende abrir una mina de cobre en el valle de Tambo. A lo largo
de más de un mes, han contando con la solidaridad activa de los trabajadores de
la construcción, profesores y pobladores urbanos de la Asociación de
Urbanizaciones Populares de Arequipa.
La
Southern Copper tiene una negra historia en Perú. Comenzó a explotar una mina a
cielo abierto en Toquepala, en
1956, el mayor yacimiento de cobre del país, y construyó una refinería en Ilo, en 1960,
ambas en el departamento de Moquegua, vecino de Arequipa. En 1976 abrió una
segunda mina, más grande aún, Cuajone, en
el mismo departamento. Durante años la
Southern fue el mayor
contribuyente del Perú.
Un
reciente informe del diario conservador El Comercio, ferviente partidario de la minería,
reconoce que en la región sur todavía muchas personas tienen vivos recuerdos de
las enormes nubes negras que emanaban de la refinería, lo que ha afectado la
imagen y credibilidad de la empresa. “Cuando
Southern empezó sus operaciones en los años cincuenta, contaminó severamente la
costa producto de sus procesos de fundición y la creación de relaves” ( El Comercio , 12 de
abril de 2015).
Vale
destacar que la región sur tiene un importante valor estratégico ya que
concentra importantes corredores de la IIRSA (Iniciativa para la Integración de
la Infraestructura Regional Suramericana), en particular los ejes Interoceánico
Central y Perú-Brasil-Bolivia, donde tres importantes puertos (Ilo, Marcona y
Matarani) ofrecen una rápida salida, a través de la Carretera Interoceánica, a
la producción agropecuaria e industrial brasileña con destino asiático.
Los
trabajos de exploración para la nueva mina Tía
María comenzaron 1994, y en 2007 la Southern (ya en manos del Grupo México)
anunció su plan de inversiones. La población desde un principio rechazó el
emprendimiento, que supone inversiones de unos 1.400 millones de dólares en la
primera fase, ya que asume que la minera usará el agua que se utiliza para la
agricultura. Desde 2010 la
oposición se fue convirtiendo en movimiento permanente.
En
16 de marzo de 2011, la población conoció por el Frente de
Defensa del Valle de Tambo, un informe de impacto ambiental de la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos que
aseguraba que la empresa no tenía un estudio hidrogeológico de la
zona. La respuesta a la burla fueron masivas manifestaciones de rechazo en las
que hubo tres muertos y cincuenta heridos. El
gobierno rechazó el estudio de impacto de la empresa y el proyecto quedó
congelado.
Pero
en agosto del 2014, el
Ministerio de Energía y Minas aprobó el segundo estudio de impacto ambiental
asegurando que se habían subsanados las observaciones. Esa decisión disparó la
actual movilización que cuenta con el apoyo de los tres alcaldes del Valle de
Tambo que participan activamente en la protesta.
La
empresa minera con sede en México tiene serios cuestionamientos. El
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental multó
14 veces a Southern Copper. En enero de 2015, la Fiscalía
Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y
medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación
civil de un millón de dólares para el presidente
ejecutivo de Southern Perú, el
mexicano Óscar González Rocha, por el delito de contaminación ambiental en el
mar de Ilo.
Al
comenzar el paro indefinido el 23 de marzo, el gobierno peruano decidió enviar dos mil policías al Valle de
Tambo, que ya provocaron un
muerto y decenas de heridos. El gerente de Relaciones Institucionales de la
Southern Copper, Julio
Morriberón, contratado para hacer trabajo de campo con los agricultores,
dijo que los opositores son “terroristas
antimineros”. Aunque luego
fue desmentido por la empresa, la campaña va a más. Un ex congresista declaró
que Marco Arana, que
dirige la ONG antiminera Grufides, es el sucesor del senderista Abimael Guzmán.
Mientras
el gobierno rechaza la posibilidad de hacer una consulta ciudadana sobre la
minería, los medios afines al oficialismo sostienen que en el valle de Tambo
hay una mayoría silenciosa a favor de la mina que está siendo sometida por una
minoría. El 26 de abril el diario La República publicó una
encuesta nacional donde el 51% de la población opina que “los pobladores tienen
razón, el proyecto va a contaminar y las acciones que plantea la minera para
evitar eso no son suficientes”, frente al 32% que le creen a la minera Tres
problemas mayores aparecen ante la resistencia popular.
El
primero es que Perú no es cualquier país. Es
una pieza estratégica en el control de la región sudamericana, tan importante
como Colombia, ahora que el Pentágono no puede contar con Venezuela. Tiene una larga historia de luchas,
pero también de masacres y exterminios, incluyendo una guerra con 70 mil
muertos en la década de 1990.
Segundo,
la minería no es cualquier actividad, sino aquella que
ostenta el mayor grado de militarización del modelo extractivo. Perú es, junto
con México y Chile, el país que concentra más conflictos mineros según el
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. Entre los grandes países
de la región, son los tres donde el militarismo ha convertido a las comunidades
indias, negras y mestizas, rurales y urbanas, en campos donde se impone el
estado de excepción permanente.
Tres,
aunque la inmensa mayoría del pueblo peruano está en
contra del modelo minero, la afirmación del gerente de Southern Copper de que
los anti-mineros son terroristas no es un desliz, sino algo que no deberíamos
olvidar: consideran a los de abajo, y no sólo a
los que resisten, como enemigos a exterminar.
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