Hay realidades incuestionables en los tres
gobiernos: a pesar del discurso político “nacional· “popular” de “inclusión social” de implementar
“exitosos” programas sociales, pero cada uno de ellos no pueden salir de una Constitución que vienen de tiempos de la
dictadura (Chile y Perú) o de una guerra
interna, de las décadas (caso Colombia) o un proceso interno de producción
del narcotráfico (Perú
Colombia) pero a todos ellos los une una
derecha
político-financiera-empresarial la única beneficiada en forma absoluta
por la década de crecimiento macro-económico, están también juntos, por
políticas internas de desconocimiento o marginación de los derechos sociales –
disminución de los derechos políticos – pero sí “hermanados” en el total liquidación de los derechos laborales de los trabajadores. Además
la década de crecimiento macro-económico, ha logrado “disminuir” la pobreza monetaria, pero en cambio se acentuó en
forma fría, violenta e injusta la extrema pobreza en regiones apartadas de los
centro de Poder y hoy es una realidad la extrema y extensa desigualdad
económico-social. Su perspectiva es hoy hacia el fortalecimiento político de
esta extrema., fría y violenta realidad,
la desigualdad-económico social.
En los tres países, hoy no solo encontramos – a pesar
del movimiento político de la Izquierda Nacional en Chile – (pero la constitución de la dictadura pinochetista) lo
tiene amputada las manos – la “vigencia” hegemónica de las políticas neoliberales que en el caso de las protestas con relación
a los Movimientos
Sociales (Estudiantes y pueblos Mapuches en Chile), (Pueblos Originarios y Comunidades Históricas en Perú) y (Campesinos, Pueblos
Originarios en Colombia) existe una
sola respuesta La ausencia de Diálogo
como Política Nacional – total ausencia de políticas de consenso) la
respuesta de los Gobiernos – con ciertas diferencias en la violenta como
política desde el Poder – es muy común
sus políticas de criminalización de las
protestas sociales y su plena identificación de favorecer y garantizar los
intereses de las transnacionales y del capital corporativo global en general.
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La representación política de la Derecha político-financiero-empresarial de América latina. No están todos pero, con seguridad deben "aparecer" para la foto.
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DERECHAS EN EL PODER. LOS CASOS DE COLOMBIA,
PERÚ Y CHILE.
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Ava
Gómez Daza.
Nicolás
Lynch.
Pedro
Santander.
ALAI.
América Latina en Movimiento. Jueves 15 de octubre del 2015.
¿Cuán
asumible es “ser de derecha” en América Latina, a una década y media de la
aparición del eje “posneoliberal”?. En el caso de países con procesos de cambio
parece que es parte del “pasado neoliberal”, ¿y en los países gobernados por la
derecha?
¿Cómo
gobiernan los gobiernos de derecha en esta nueva etapa latinoamericana?
¿Exactamente igual a cuando la hegemonía neoliberal era férrea en todo el
continente? ¿Qué componentes hay de continuidad y cuáles de cambio en cada caso
nacional? ¿hay alguna línea en común en este sentido a nivel regional? ¿por
ejemplo un cambio/moderación en el discurso que ya no es tan abiertamente
neoliberal? ¿o sigue siéndolo?
La
crisis del neoliberalismo dio paso en diferentes países de la región al
surgimiento de fuerzas de nueva izquierda que lograron llegar al poder, en
otros casos la derecha consiguió conservar sus posiciones, pero no sin una
reconfiguración de sus discursos, hoy aggiornados al clima de época que vive América
Latina, donde, a diferencia de lo que ocurre en otros rincones del mundo, el
programa neoliberal no parece tener grandes posibilidades de triunfar en las
urnas. Hay ciertos componentes que nos permiten pensar que estamos asistiendo a
una nueva reconfiguración del campo de la derecha, a la emergencia de unas derechas del siglo XXI, que se
caracterizan por su reacomodamiento al contexto político y social que los
oficialismos progresistas y de izquierdas han ido creando en América Latina
desde iniciado el siglo XXI.
En
aquellos países donde las derechas son oposición, surgieron nuevos liderazgos y
fuerzas políticas por fuera de las tradicionales estructuras partidarias –de la
misma manera que en el campo de la izquierda emergieron liderazgos como el de
Chávez, Correa o Evo Morales-, mientras que allí donde se mantienen en el poder
la reconfiguración pasa por una re-lectura de los nuevos intereses y
subjetividades de las mayorías sociales.
Con
el ánimo de comenzar a delinear una lectura regional que nos permita dar cuenta
de las líneas de continuidad pero sobre todo de los componentes novedosos que
aparecen en las estrategias para gobernar de estas “derechas en el poder”, este
escrito aborda los casos de Colombia, Perú, y el caso particular de Chile,
donde los resortes del poder siguen estando en manos de sectores de derecha, a
pesar de los importantes movimientos en términos de reconfiguración del campo
popular que se viene produciendo en los últimos años.
Las
derechas en el poder en estos países tienen, claramente, rasgos políticos
propios que han sido analizados en profundidad por Camilo Soares, para el caso
paraguayo, Pedro Santander para el caso chileno y Ava Gómez Daza con Colombia.
Sin embargo, existen algunos elementos comunes en el ejercicio del poder y su
posicionamiento ideológico de facto, a partir de los cuales vale la pena
intentar el esfuerzo de una lectura regional, con miras a una caracterización
amplia de los rasgos comunes de las “derechas en el poder” en la América Latina
del siglo XXI.
De
especial relevancia resulta el concepto de “bicefalia” que puede ser de
utilidad para pensar cómo estos gobiernos -particularmente en el caso de Chile
y Perú- presentan una clara disociación entre los discursos electorales,
teñidos de consignas progresistas y voluntad de cambio, con las acciones llevadas
a cabo durante el ejercicio de gobierno. Esta notable disociación en algunos
casos es producto de un deliberado uso de consignas progresistas de alta
aceptación social, como las inversiones en educación y salud y fortalecimiento
de la soberanía nacional y la integración regional han sido apropiados como
capital discursivo electoral, para luego, al momento de ejercer el poder,
dejarlas de lado por razones de “fuerza mayor”.
En
otros -y esta es una constante en todos los Estados gobernados por la derecha,
aunque también en los que son gobernados por tendencias políticas progresistas
moderadas- los marcos normativos vigentes fueron diseñados bien durante
gobiernos de facto (como en el caso de Chile, cuya constitución es de raigambre
pinochetista; el de Perú (sancionada tras el autogolpe de Fujimori; el de
Guatemala, sancionada bajo el gobierno del general Mejía Victores; la
constitución paraguaya, sancionada bajo el primer gobierno de Rodríguez
Pedotti) o durante la década hegemónica del neoliberalismo en la región, como
en el caso de Colombia (1991). Estos diseños político-institucionales tienen
una fuerte impronta liberal que otorga especial importancia a la propiedad
privada, no prevén mecanismos suficientes para prevenir y combatir las
prácticas corruptas y los expolios a los bienes públicos, y el reconocimiento
de derechos sociales y económicos es muy limitado. En este sentido, los
gobiernos de derechas en la región ejercen su poder anclados en estructuras
normativas derechizadas que no parecen dispuestos a modificar. Así, los
elementos progresistas de sus campañas quedan en el plano discursivo, mientras
profundizan las desigualdades sociales, la concentración de la riqueza, la
primarización de la economía y el expolio privado de los recursos públicos.
A
pesar de que buena parte de estos gobiernos gozan de escasa simpatía popular y
gobiernan en medio de una profunda desconfianza y decepción de su ciudadanía
respecto de la política -en parte por sus traiciones electorales y en parte por
los altos niveles de corrupción que caracterizan a sus gobiernos, las
alternativas que pudieran estar representando los movimientos sociales y
partidos de izquierda no consiguen consolidarse electoralmente. Lejos de los
llamados al “diálogo y la no confrontación”, lo cierto es que estos gobiernos
reprimen más o menos abiertamente las protestas y cierran espacios de
deliberación y cualquier canal de expresión del descontento popular ante el
deterioro de las garantías estatales para el ejercicio de los derechos sociales
que, más
o menos tímidamente, establecen las constituciones políticas de estos estados.
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