“En América Latina se está buscando diversas respuestas a estos
retos. Por ejemplo, en 2010, el Ministerio de Salud de Perú lanzó un Observatorio de Productos Farmacéuticos donde los
consumidores pueden ubicar dónde comprar las medicinas más convenientes para
sus tratamientos y a menores precios. La medida ha contribuido a rebajar los precios. Una de las medidas
más efectivas es la compra pública agregada, que significa que el Estado
negocia en masa la compra de los medicamentos que más necesitan los servicios
públicos de salud, lo que le permite un mayor poder de negociación con las
empresas productoras. Por ejemplo,
este año el gobierno ecuatoriano compró 326 medicamentos, de los más usados
para el tratamiento de las principales causas de muerte, mediante una subasta
inversa (o sea, donde son los vendedores que pujan, y gana la oferta de menor
precio), lo que le permitió un ahorro de
unos 320 millones de dólares, (y eso, comparado con el precio más bajo de
venta en la región de cada medicamento; entonces representa un ahorro mucho
mayor en relación a lo que antes pagaba). Todo el proceso es de acceso público”:
“Antes de lanzar la subasta, Ecuador realizó un estudio de los precios
de todos los medicamentos más esenciales en la región, y encontró, que una misma empresa farmacéutica vende el
mismo medicamento en diferentes países con variaciones de precios de hasta 300%
o incluso 600%, en algunos casos. El
estudio le permitió fijar el precio referencial de la subasta, ya que
normalmente las farmacéuticas no sueltan este tipo de información. Sin duda esta ventaja aumentaría si varios
países compran en conjunto, lo que se hace posible en el marco de los
acuerdos de integración regional. Los países de Centroamérica ya cuentan
con un mecanismo común para la compra de unas 64 medicinas básicas; y ahora los países de Suramérica (o
varios de ellos) están considerando la posibilidad de hacer lo propio, para lo cual Ecuador ha
puesto a disposición de UNASUR su base de datos de precios en la región”.
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AMÉRICA DEL SUR. INDUSTRIA
FARMACÉUTICA vs SALUD PÚBLICA.
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ALAI. América latina en Movimiento.
Jueves 6 de octubre del 2016.
Las
empresas transnacionales del sector farmacéutico son objeto de frecuentes
críticas por los abusos de su poder de mercado e incluso corrupción. Y es
que los medicamentos no son una industria como las demás, sino que sus “leyes
de mercado” tienen modalidades particulares. Primero, por el hecho que
tienen un mercado cautivo (personas que padecen enfermedades o preocupadas por
su salud), que es una clientela vulnerable, cuyas decisiones de compra dependen
no tanto de sus gustos, ni en muchos casos de su real poder de compra, sino de
quienes les recetan los medicamentos (generalmente los médicos) o de la
urgencia de curar o aliviar alguna dolencia a cualquier costo. Se trata
también de un área donde la calidad del producto puede ser de vida o muerte.
Esto último, y la protección de patentes, son factores que disminuyen la
competencia.
Este
cuadro le da a la industria farmacéutica un poder desmedido para fijar los
precios de comercialización, no tanto en proporción al costo real de
producción, cuanto que en función de lo que el precio de mercado puede
alcanzar. Los fenomenales ingresos de estas empresas transnacionales
atestiguan de esta realidad; las tres mayores empresas mundiales: Novartis,
Roche y Pfizer, suman en total un ingreso anual de 129 mil millones de dólares;
el PIB de muchos países no se acerca ni de lejos a esta cifra.
Como
ejemplo flagrante del sobre-precio basta recordar el caso de Sofosbuvir,
desarrollado para tratar la hepatitis C (una enfermedad que antes no tenía
cura), que afecta a más de 170 millones de personas en el mundo y puede causar
la muerte. Hace 5 años, Gilead Sciences de EEUU compró la
empresa Pharmasset por 11.000 millones de dólares, junto con la patente del
Sofosbuvir, medicamento cuyo precio de venta multiplicó por 100. Un
tratamiento diario durante 12 semanas llegó a costar hasta US$84 mil dólares[1].
Con la venta de este producto, en un año la empresa recuperó toda su
inversión. Si bien ha bajado en algo el precio, el medicamento sigue
siendo inaccesible a muchos enfermos de hepatitis C.
Cabe
decir que, si los sectores empobrecidos no pueden pagar los precios elevados,
tampoco es de preocupación para la industria: los pobres son vistos como un
mercado para vender los medicamentos más comunes y baratos. Ello sin
hablar de las “enfermedades olvidadas”, aquellas que afectan principalmente a
sectores pobres del Sur y para las cuales las farmacéuticas no se empeñan en
investigar medicamentos para contrarrestarlos, porque no se lo ve como una
opción rentable; es el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Chagas, de la
cual se estima que apenas el 1% de personas afectadas tienen acceso a la
medicación.
Ante este
panorama de indefensión de la población frente al poder de la industria
farmacéutica, le corresponde al sector público una alta responsabilidad para
aplicar las necesarias medidas y regulaciones de control y equilibrio del poder
de mercado, para garantizar el derecho humano a la salud, particularmente para
los sectores más empobrecidos. Un signo alentador en este sentido fue la
resolución, este año, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que reafirma
que el acceso universal a medicinas asequibles, seguras, eficaces y de calidad
es una condición para gozar del derecho a la salud.
El
acuerdo reitera el llamado a los Estados a que continúen colaborando para
desvincular el costo de la nueva investigación y desarrollo, de los precios de
los medicamentos, vacunas y diagnósticos, en el caso de enfermedades que
afectan principalmente a los países en desarrollo y las enfermedades tropicales
olvidadas. En otro acuerdo, se reconoce la necesidad de fortalecer las
capacidades de los Estados en materia de salud pública, mediante, entre otras
medidas, la aplicación efectiva de las flexibilidades reconocidas para países
en desarrollo bajo el acuerdo de la OMC sobre TRIPS (aspectos relacionados con
el comercio de los derechos de propiedad intelectual), para reducir el costo de
las medicinas, por ejemplo, con el establecimiento de licencias obligatorias
para producir medicamentos genéricos.
En la
práctica, sin embargo, los países muchas veces son presionados a renunciar a
estos derechos, particularmente si han firmado acuerdos comerciales.
Tales acuerdos suelen incluir provisiones “TRIPS plus”, como una prolongación
del plazo de las patentes y el sistema de disputas inversionistas-Estados que
amenaza el uso de licencias obligatorias y otras flexibilidades de TRIPS.
El Acuerdo Transpacífico (TPP), en caso de ser ratificado, alargaría, por
ejemplo, los patentes para las nuevas drogas biológicas (resultantes de la
biotecnología), que de por sí suelen ser mucho más caras, y prevé además que, a
corto plazo, los países en desarrollo signatarios deben adoptar las mismas
reglas de patentes que se aplican en los países desarrollados.
Respuestas regionales.
En
América Latina se está buscando diversas respuestas a estos retos. Por
ejemplo, en 2010, el Ministerio de Salud de Perú lanzó un Observatorio de
Productos Farmacéuticos, donde los consumidores pueden ubicar dónde comprar las medicinas más
convenientes para sus tratamientos y a menores precios. La medida ha
contribuido a rebajar los precios.
Una de
las medidas más efectivas es la compra pública agregada, que significa que el
Estado negocia en masa la compra de los medicamentos que más necesitan los
servicios públicos de salud, lo que le permite un mayor poder de negociación
con las empresas productoras. Por ejemplo, este año el gobierno
ecuatoriano compró 326 medicamentos, de los más usados para el tratamiento de
las principales causas de muerte, mediante una subasta inversa (o sea, donde
son los vendedores que pujan, y gana la oferta de menor precio), lo que le
permitió un ahorro de unos 320 millones de dólares, (y eso, comparado con el
precio más bajo de venta en la región de cada medicamento; entonces representa
un ahorro mucho mayor en relación a lo que antes pagaba). Todo el proceso
es de acceso público:
Antes de
lanzar la subasta, Ecuador realizó un estudio de los precios de todos los
medicamentos más esenciales en la región, y encontró que una misma empresa
farmacéutica vende el mismo medicamento en diferentes países con variaciones de
precios de hasta 300% o incluso 600%, en algunos casos. El estudio le permitió
fijar el precio referencial de la subasta, ya que normalmente las farmacéuticas
no sueltan este tipo de información.
Sin duda
esta ventaja aumentaría si varios países compran en conjunto, lo que se hace
posible en el marco de los acuerdos de integración regional. Los países
de Centroamérica ya cuentan con un mecanismo común para la compra de unas 64
medicinas básicas; y ahora los países de Suramérica (o varios de ellos) están
considerando la posibilidad de hacer lo propio, para lo cual Ecuador ha puesto
a disposición de Unasur su base de datos de precios en la región.
Por su
parte, el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), entidad de
UNASUR, está impulsando una serie de medidas para estos propósitos.
Además de impulsar una compra pública agregada entre los países interesados y
de ampliar la base de datos de precios (la cual se hará público), se está
elaborando un mapeo de las capacidades productivas de medicamentos en la
región, en particular en el sector público, con la idea de que un país
productor podría abastecer a toda Suramérica con un medicamento específico, a
menor costo. Hay iniciativas también que apuntan a desarrollar nuevos
medicamentos para las enfermedades particulares de la región, en particular las
“olvidadas”.
Otras
respuestas que se están trabajando regionalmente incluyen: desarrollar
vademécums fármaco-terapéuticos en el sistema de salud pública (históricamente
han sido elaborados por las empresas) con información más completa y objetiva
para orientar a los médicos; adoptar legislaciones adecuadas para fijar techos
a los precios de medicamentos, evitando el mal uso de las patentes; homologar
los sistemas de registro sanitario y de control de calidad, que no tienen por
qué ser distintos en cada país. En el caso de medicamentos “biosimilares”
(un equivalente de genéricos, para los medicamentos biológicos), por ser más
complejos, hay la exigencia adicional de asegurar que tengan la misma calidad,
lo que requiere invertir en investigación previa, que se podría hacer conjuntamente.
Amenazas.
No
obstante, se sigue enfrentando diversos problemas. Uno de ellos es la
“judicialización de la salud” como le explicó a ALAI, en una entrevista, la
nueva directora ejecutiva de ISAGS, Carina Vance. Los ministros de salud
de la región han identificado que es una de las principales amenazas a los
sistemas de salud, tanto para el uso racional de medicamentos, como para la
sostenibilidad de los sistemas, afirmó. Por ejemplo, hay juicios
planteados por grupos de enfermos que han obligado al Estado a cubrir el costo
de medicamentos patentados, que no están en el cuadro nacional de medicamentos,
ni necesariamente son mejores, siendo además que el sistema judicial no está
capacitado técnicamente para juzgarlo. Colombia, en 2003, tuvo que gastar
más de mil millones de dólares por casos judicializados. En varias
oportunidades se ha descubierto que los bufets de abogados u ONGs que auspician
a estos grupos de pacientes reciben financiamiento de las empresas
farmacéuticas transnacionales, lo que constituye un claro conflicto de interés.
A la par
de estas prácticas, los niveles de corrupción van penetrando a diversos
estamentos de la sociedad. Es el caso de los premios e incentivos
económicos que las farmacéuticas entregan a ciertos médicos para que receten
sus medicamentos de marca, o a las farmacias que más venden sus productos.
También
hay cortes nacionales que han bloqueado, por ejemplo, el uso de medicamentos
“biosimilares”, por demanda de las empresas. O hay empresas farmacéuticas
que deciden unilateralmente retirar un medicamento y remplazarlo por otro más
caro, como lo denunció recientemente en Ecuador una fundación que trabaja con
personas hemofílicas.
En suma,
la concentración del poder de mercado de las transnacionales farmacéuticas
representa una amenaza directa al derecho a la salud. La única manera de
enfrentar efectivamente este poder es con políticas públicas, que tendrán mayor
fuerza si son concertadas regional e internacionalmente. Todos los
gobiernos, con independencia de su color político, son afectados. En tal
sentido es preocupante la tendencia en algunos países hacia la reprivatización
de los servicios públicos, que reduciría este margen de maniobra; y más aún,
dado el carácter del sector farmacéutico, podría prestarse para afianzar el cuadro
de corrupción. Asimismo, sería inadmisible que se siga entregando mayores
prerrogativas a estas empresas a nombre del libre comercio o de atraer la
inversión extranjera.
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