LA ONU RECLAMÓ AL GOBIERNO LA "LIBERACIÓN INMEDIATA" DE MILAGRO SALA.
Califico su
detención como "arbitraria" y reconoció que "tiene derecho a
buscar y obtener una reparación del estado".
La Resolución
Completa.
Página /12
De acuerdo con el comunicado conjunto
difundido por el CELS, Amnistía Internacional y ANDHES, "el Grupo de Trabajo
sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas decidió que 'la detención de
la señora Milagro Sala es arbitraria' y, en consecuencia, solicitó 'al gobierno
de la República Argentina liberarla de inmediato'".
El organismo internacional determinó que hubo un entramado
de "acusaciones consecutivas"
e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera
indefinida en el tiempo, y advirtió que en su caso se está vulnerando la
independencia judicial.
Además, al analizar las causas judiciales por las que
Sala está
privada de la libertad concluyó que no
existen elementos legales para justificar su prisión preventiva. Consideró
que no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento
de la investigación que justifiquen su privación de libertad.
A su vez, consideró que el
Estado impidió el ejercicio del derecho
de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que
se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es
acusada. También entendió que Milagro
Sala por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que
impedían su detención.
El Grupo de la ONU entendió que la detención de Sala "se dio como
resultado del ejercicio de sus derechos humanos", solicitó que sea inmediatamente
liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado
informe cómo garantizará que no se produzcan hechos similares. "El Estado
argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por
el Grupo de trabajo", agrega el comunicado de los tres organismos que
hicieron la denuncia original.
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Milagro Sala, dirigente social argentina, injusta y arbitrariamente detenida y encarcelada por el gobierno "democrático" del señor Macri. Qué dice la OEA sobre esta detención injusta y prepotente. Qué dice la SIP, los famosos defensores de la Libertad.Nada en absoluto, se quedaron mudos?.
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NACIONES UNIDAS DESCALIFICA LA DETENCIÓN DE
DIRIGENTE SOCIAL.
Dictamen contra el Estado Argentino: la
detención de Sala es arbitraria.
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Ailin Bullentini.
Lavaca/Página /12 lunes 31 de octubre del 2016.
El dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria de la ONU, firmado por su presidente Setondji Adjovi, concluye que
la detención de la dirigente Milagro Sala es
arbitraria y exige su inmediata liberación y compensación por estar detenida
desde hace 286 días. La ONU hace hincapié en que Sala no tiene ninguna condena
firme y el motivo de la detención no se explica ni por el riesgo de fuga ni por
la posibilidad de entorpecer la causa. El gobierno argentino “justificó la
detención basada en la gravedad del delito”, lo cual no es argumento jurídico
para dictar la prisión preventiva. Estos son parámetros básicos del Estado de
Derecho que recuerda Naciones Unidas al analizar el caso Sala.
Causa armada.
El grupo de trabajo constató los dos procesos que
investigan a Sala: uno iniciado por un acampe y el otro por denuncias de
corrupción y malversación de fondos. Esta última causa fue abierta el día
anterior al dictamen sobre la excarcelación por la primera y se remonta a una
auditoría de la Nación del año 2010. Esto llama la atención del Grupo de
Trabajo: la detención de Sala comienza por la protesta y cuando no puede
sostenerse, aparece una nueva-vieja causa. Se trataría entonces de una causa
armada para sostener la detención.
Otro elemento que delata el armado de esta causa: “Se
puede observar que jueces y fiscales (…) fueron seleccionados e iniciaron
funciones para delitos que no se ajustan a criterios de urgencia y que pudieron
haber esperado que concluyera la feria judicial”. Es decir, que jueces y
fiscales son sospechados de haber sido elegidos especialmente para llevar
adelante este proceso.
Derecho a la protesta.
Por la información recibida tanto de las
organizaciones denunciantes -Cels, Amnistía Internacional y ANDHES- como del
gobierno argentino, el Grupo de Trabajo constató que el acampe de integrantes
de la Red de Organizaciones Sociales (ROS), del que Sala participaba, se trató
de una “protesta social pacífica”. La ONU resalta que la protesta “forma parte
de la libertad civil de la señora Sala y de los integrantes del ROS: es decir,
en el ejercicio libre del derecho a solicitar información y una mesa de diálogo
con el Estado”. Considera, entre otras cosas, que la protesta es “parte
fundamental de los de procesos democráticos” y “de la defensa de los más
marginados”.
En el punto 107, el Grupo de Trabajo dice que les
resulta “sorprendente” que el Estado reaccione en el 2016 por hechos que ya
tenía conocimiento en el año 2010: se refiere a una auditoría general de la
Nación sobre la utilización de fondos públicos. Lo que sorprende, en realidad,
es “que sus efectos legales y procesales surtan efectos justo en el contexto en
el que la señora Milagro Sala participa en una protesta social pacífica”.
Sin defensa
El informe concluye que a Sala se le obstaculizó el
derecho a defensa jurídica “por diferentes medios” y cita como prueba de esas
maniobras que “no se le notificaron bien los delitos” y hubo “falta de claridad
en lo que se le imputa”. El debido proceso requiere, precisamente, la
notificación clara de delitos y el detalle de la imputación , elementos básicos
para que la defensa pueda desarrollar su línea argumental y presentar pruebas.
La gravedad del delito no importa.
Esto es lo central del dictamen, porque sienta
posición sobre un principio constitucional que la justicia argentina niega en
forma sistemática: la prisión preventiva solo corresponde cuando se constata
peligro de fuga o alteración del proceso. El gobierno argentino “justificó la
detención basada en la gravedad del delito”, lo cual no constituye argumento
para negar la excarcelación.
El (desa)fuero que no fue.
Dice la ONU: Milagro Sala ya había sido elegida
congresista del Parlasur al momento de su detención: para ser privada de
libertad debió cumplirse el procedimiento del desafuero. De acuerdo a las leyes
argentinas, se puede investigar a una persona con fueros, pero no detenerla.
El veredicto: arbitraria.
“La privación de la señora Milagro Sala es arbitraria
según las categorías II y III de los métodos de trabajo del Grupo”.
De acuerdo a este dictamen, estos serían los derechos
violados por el Estado argentino en el caso Sala:
- La categoría II tiene en cuenta los derechos y libertades garantizadas
por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Los artículos citados son los
siguientes: libertad de circulación, libertad de pensamiento, libertad de
opinión, derecho a la reunión pacífica, de asociación, participación en
los asuntos políticos, igualdad ante la ley y derecho a la no
discriminación y la protección de las minorías.
- La categoría III se refiere al juicio imparcial y al derecho a un
debido proceso.
Fuente: http://www.lavaca.org/notas/dictamen-contra-el-estado-argentino-la-detencion-de-sala-es-arbitraria/
“Una presa política”.
“Una presa política”.
Elizabeth Gómez Alcorta es la única integrante del
equipo de abogados de Milagro Sala –que completan Luis Paz, Ariel Ruarte, María
José Castillo y Alvarez– que está en Buenos Aires y su satisfacción por la
resolución del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones
Unidas vale por todos. “Ningún juez del país se hizo cargo de decir lo que
tuvimos que ir a buscar a la justicia internacional: Milagro Sala es una presa
política”, denunció.
–¿Considera que la falta de respuesta de la Justicia
responde a al contexto político?.
–En Jujuy sin ninguna duda de que es así. Ningún juez
ni ningún funcionario del Poder Judicial estuvo dispuesto a reconocer ni una
sola de las falencias que tuvieron los procesos en contra de Milagro.
–¿Y a nivel nacional?.
–En relación a la causa en la que ella es víctima y
querellante (NdR: una denuncia por violencia institucional contra dos jueces y
un fiscal jujeño por la detención de Sala que presentaron seis parlamentarios
del Mercosur, los abogados Pablo Llonto, Damián Loretti y Gómez Alcorta)
también advertimos que era la justicia federal la que debía hacerse cargo del
tema, pero la Cámara de Salta no quiso. ¿Cómo le vamos a pedir al Poder
Judicial de Jujuy que se investigue a sí mismo? Incluso advertimos que podría
haber consecuencias internacionales. Pues aquí están. Esta resolución es tan
importante para nosotros porque viene a certificar lo que venimos denunciando
desde enero.
–¿Qué es lo más importante de la resolución?.
–La advertencia sobre que la concatenación de las
distintas causas en contra de Milagro Sala están vinculadas a un armado. La idea
de la persecución política tiene que ver con esto. La investigación judicial
sobre Milagro Sala demuestra que en Jujuy el único fiscal que no la imputó por
el acampe de diciembre fue denunciado por Gerardo Morales por incumplimiento de
los deberes de funcionario público. Entonces no hay posibilidad de pensar que
en Jujuy hoy hay independencia del Poder Judicial.
–¿Qué aporta esta resolución en el panorama de
derechos humanos en el gobierno de Cambiemos?.
–El cambio en la política de derechos humanos a nivel
nacional desde diciembre pasado es evidente en múltiples sentidos. Dejó de ser
un eje transversal a la acción del Estado. En reuniones que tuvimos con el
ministro de Justicia Germán Garavano y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj nos decían que
la situación de Milagro era un tema del gobierno de Jujuy. Bueno, ahora dejó de
serlo.
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