VENEZUELA: EMBESTIDAS INSTITUCIONALES.-.
Alejandro Fierro.- Son días de alto
octanaje dialéctico en Venezuela. Suele suceder en estas situaciones que los
argumentos más sensatos quedan sepultados por el griterío que llega desde todas
las posiciones, como si la razón hablara en voz baja en momentos así. En el
tumulto de este domingo pasaron desapercibidas las declaraciones del diputado chavista Elías Jaua. En una
entrevista en la que en todo momento defiende la necesidad del diálogo
–nunca los medios de comunicación internacionales recogen los continuos
llamados a la negociación de dirigentes chavistas, empezando por Nicolás Maduro-, el ex canciller da con la clave del
verdadero propósito de la derecha venezolana: “Ellos no pueden seguir empeñados en negar el chavismo y seguir
teniendo la ilusión de que pueden borrar al chavismo de la faz de la tierra”. En
efecto, toda la estrategia de la derecha criolla ha tenido como único fin el
aplastamiento del primer gran movimiento de impugnación del capitalismo
neoliberal que alumbró el siglo XXI. Son
las huestes de Margaret Thatcher vociferando otra vez su acrónimo T.I.N.A
(There is no alternative: No hay alternativa). Es el Fin de la Historia decretado por Francis Fukuyama. Es la clausura
de la utopía. Ocurre que la
utopía tiene una infinita capacidad de resistencia. En Venezuela, la utopía ha
superado golpes de Estado, paros patronales, sabotajes petroleros, boicots
electorales, paramilitarismo, terrorismo callejero… Ahora la derecha se aferra a una figura que empieza a tener
resonancias macabras en Latinoamérica
y que este domingo se escuchó por primera vez en la Asamblea Nacional en boca del diputado
derechista Julio Borges: un juicio político para desmantelar al chavismo.
En Paraguay todavía se
recuerda la farsa parlamentaria con la que en 2012 se derrocó a Fernando Lugo. El vodevil exprés de
aquel juicio político tuvo como sonrojante corolario el argumento con el que se
justificaban las acusaciones contra el presidente: “Todas las causas
mencionadas más arriba son de pública notoriedad, motivo por el cual no
necesitan ser probadas”- En Brasil, hace
apenas unos meses, una Cámara de Diputados socavada por la corrupción
destituía a la presidenta electa, Dilma
Rousseff. Ahora le toca el turno a Venezuela y parece que el proceso, como
en los casos paraguayo y brasileño, también va a tener formas de sainete. Ya de entrada, Julio Borges ignora
–consciente o inconscientemente- que el
juicio político no está contemplado en la Constitución Bolivariana de 1999.
El resto de argumentos que se escucharon ayer en la Asamblea y en los
documentos que se aprobaron tampoco parecen ser los propios de quienes dicen
buscar una salida dialogada: calificación
de Venezuela como una dictadura, denuncias de golpes de Estado y de persecución
política, llevar a cargos electos ante tribunales internacionales, advertencias
al Ejército, la acusación xenófoba de la supuesta nacionalidad colombiana de
Nicolás Maduro, un presunto abandono del cargo al estar realizando una gira por
Oriente Medio, petición de amparo a sus aliados internacionales… En las
alocuciones parlamentarias se esgrimieron demasiados cargos para tan pocas
pruebas. La bancada derechista parecía acogerse al subterfugio paraguayo: las
causas son tan conocidas que no necesitan ser probadas.
Nada nuevo bajo el sol. En las
hemerotecas se puede comprobar que las acusaciones contra Hugo Chávez en el 2004 eran las
mismas: crisis, inestabilidad, promoción
de una Guerra Civil, autoritarismo, vulneración de la legalidad… El
objetivo, también entonces, no era revocar a un presidente sino destruir a todo
un movimiento político. La embestida derechista a la institucionalidad es grave
y el chavismo no puede eludirla. La amenaza es demasiado grande. Después de Paraguay y Brasil,
Latinoamérica no puede permitirse otro golpe institucional. Pero sucede que
la respuesta institucional trae un efecto negativo que en el fondo es otro de
los objetivos que persigue la derecha. La
continua agitación impide concentrar las fuerzas en lo que debería ser el
único motivo de atención no sólo del Gobierno, sino de todas las facciones
políticas, sociales y económicas del país: la superación de la crisis
económica. Esa
también es otra suerte de golpismo. La derecha lo ha probado todo. Pero la
utopía, ya se ha escrito, tiene una infinita capacidad de resistencia.
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VENEZUELA. PELIGROSA INCITACIÓN A LA REBELIÓN, AL GOLPE,
A LA INJERENCIA FORÁNEA ¿ Y UNA GUERRA CIVIL?.
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ALAI- América Latina
en Movimiento.
Aram Aharonian.
La unicameral
Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición de derecha, declaró
este domingo que el gobierno realizó un golpe de Estado, durante una
ruidosa sesión que fue interrumpida cuando militantes oficialistas irrumpieron
en la cámara. Los legisladores se comprometieron a enjuiciar al presidente
Nicolás Maduro después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) bloqueó el
jueves la campaña de la oposición para revocar el cargo al mandatario.
“Es una peligrosa incitación
a crear situaciones de ingobernabilidad, pedir la intervención militar en apoyo
a sus posiciones y la demanda sistemática de una intervención extranjera de la
mano de la OEA. Hasta ahora, los chavistas no han repelido las acciones de
calle y desestabilización de la oposición, pero no existe seguridad que esta
situación se mantenga, lo que bien podría dar lugar a una guerra civil”, alertó
el sociólogo Álvaro Verzi Rangel.
La pugna de poderes se
agudiza con las recientes decisiones emanadas de tres poderes: Ejecutivo,
Judicial y Electoral y la reacción del Legislativo. La estrategia para la
aprobación del Presupuesto 2017; la decisión de la Sala Electoral del TSJ
en torno al 20% y el calendario electoral 2017 fijado por el
Consejo Nacional Electoral enmarcan la confrontación: para unos se trata de la
defensa de la democracia, mientras que para otros, es evidencia de
que “en el país ya no hay democracia”.
“Nos encontramos en una etapa de crisis que nos advierte de peligros que
acechan al sistema democrático y la paz del país (…), se podría generar un
efecto expansivo sobre el resto de instituciones y en las prácticas políticas y
sociales”, indica la socióloga Maryclén
Stelling. Tan grave la situación que la Iglesia católica abandona
temporalmente los relatos salvajes de la crisis política, y bendice la
reconciliación, el diálogo y la convivencia. Arturo Sosa, superior de la
jesuitas, señaló que “En la coyuntura actual los puentes para el diálogo hay
que construirlos. Apenas se han puesto algunas bases para esa construcción”.
La lucha por el poder entre
las dos grandes fuerzas que marcan el acontecer venezolano se hace cada
día más tensa y exacerbada, hasta el punto de que se ha llegado a considerar
que el conflicto pudiera ser zanjado por una intervención militar, mientras se
dificultan cada vez más las negociaciones para la superación de la
situación, caracterizada por una divergencia de base: la oposición, a partir de
varias consideraciones, exige la salida de Nicolás Maduro de Miraflores;
el sector gubernamental está en desacuerdo con ese planteamiento y argumenta en
sentido contrario.
Mientras, el presidente
sigue de gira en Medio Oriente y será recibido por el Papa en El Vaticano. Para
la oposición abandona el poder, para otros es muestra de “normalidad”.
La semana pasada la mayoría
parlamentaria opositora aprobó en la Asamblea Nacional una declaración en la
que se expresa que se está en presencia de “la violación de los derechos
fundamentales, de los principios y valores consagrados en la Constitución” por
parte del Ejecutivo, y en la que se insta a la institución militar a actuar en
función del “restablecimiento del Estado de derecho, de la vigencia de los
derechos fundamentales y de los principios democráticos” y “a desconocer los
actos del Ejecutivo Nacional y del TSJ que lesionen la Constitución”.
La Asamblea Nacional denunció una ruptura del orden
constitucional cometida por el régimen de Maduro, y resolvió
convocar “al pueblo de Venezuela a la defensa activa de nuestra Carta Magna”
hasta lograr la restitución del orden constitucional y solicitar a la
comunidad internacional la activación de mecanismos para el retorno de la
democracia.
Julio Borges, el jefe de la bancada opositora, del derechista Primero
Justicia, dijo que el Congreso está ahora en abierta rebelión contra el
gobierno. Más aún, la Asamblea Nacional llamó a la rebelión popular y a una
presión internacional.
Julio Borges, diputado derechista, jefe de la bancada opositora.
El
acuerdo –que señala que al suspenderse la recolección de firmas para convocar
al referendo por órdenes de tribunales penales se arrebató a los venezolanos el
derecho a revocar el mandato del gobierno mediante los votos– elevó la
confrontación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Asimismo la declaración
advierte de la presunta doble nacionalidad de Maduro, quien según sus
detractores tiene madre colombiana, lo que de ninguna le impide ejercer la
primera magistratura, pese a ser uno de los puntos del orden del día de la
sesión de este martes. La Cancillería de Colombia envió una nota oficial al
Presidente de la Asamblea Nacional informándole que en ninguna agencia de su
gobierno había registros de nacionalidad de Maduro.
La Asamblea Nacional exigió
a la fuerza armada no obedecer o ejecutar ningún acto contrario a la
Constitución. Pero, por hasta ahora los militares se han manifestado en el
apoyo al gobierno de Maduro
Antes de votar la
declaración, simpatizantes del gobierno irrumpieron en el Palacio Legislativo e
interrumpieron la sesión a los gritos. Los chavistas llevaban camisetas rojas,
el símbolo del oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela. Un
tumulto paralizó la sesión cuando el primer vicepresidente de la Asamblea,
Enrique Márquez, pronunciaba un duro discurso contra el gobierno. Tras el
desalojo continuó la sesión.
La declaración por la
restitución del orden constitucional sorprendió a Maduro en Arabia
Saudita, en el curso de una gira por los países de la OPEP en busca de acuerdos
para recuperar el precio del barril de petróleo, y para cuya ausencia no solicitó
autorización al Legislativo.
Héctor Rodríguez, jefe de la
bancada oficialista, denunció que la oposición hizo un
intento erróneo de copiar el golpe de Estado en Brasil que
destituyó a la presidenta Dilma Rousseff.
“Nos han hecho perder el tiempo hoy. Es un intento
burdo de copiar el golpe de Estado en Brasil. En Venezuela no hay condiciones
para que ellos impongan un golpe, aquí
se va a imponer la democracia, la paz y la Constitución”, alegó.
Rodríguez
también llevó un mensaje del mandatario a los diputados opositores: diles
que les doy un saludo y un abrazo, y que los espero en la mesa de diálogo a
todas y a todos.
Borges, jefe de la bancada
de la oposición, propuso la declaración en la que pidió proclamar la rebelión
de la Asamblea Nacional tras la ruptura constitucional.
El jueves pasado el CNE
decidió suspender hasta nuevo aviso la recolección de firmas para activar el
referendo, cuando la oposición se preparaba para reunir, la próxima semana, al
menos 4 millones de rúbricas de electores, o 20 por ciento del padrón
electoral, amparándose en órdenes de varios tribunales penales que admitieron
las denuncias de un supuesto fraude de la oposición con las firmas recolectadas
y validadas entre abril y junio para solicitar el referendo.
La derecha debía recoger sólo 195.000 firmas para cumplir el requisito
del 1%, sin embargo, consignó al CNE 1.957.779 firmas, de las cuales fueron
identificadas en la auditoría donde la derecha y el oficialismo estaban
representados, nada menos que 605.727 firmas fraudulentas, entre ellas 10.995
personas fallecidas, 53.658 personas que no están inscritas en el Registro
Electoral, 3.003 menores de 18 años, 1.335 inhabilitadas por delitos graves
(homicidios, narcotráfico, robo, estafa, abuso sexual). Más de 9 mil denuncias
por usurpación de identidad se presentaron en todos los estados.
La decisión eliminó la
posibilidad de que se celebre antes del 10 de enero de 2017 el plebiscito
contra Maduro. De realizarse el referendo luego de esa fecha, no es necesario
celebrar nuevas elecciones y sería el vicepresidente quien concluiría el
mandato de Maduro lo que aseguraría la permanencia del chavismo en el poder
hasta 2019.
Los diputados opositores
acusaron a las rectoras del CNE de parcialidad política para favorecer al
gobierno. Igualmente dijeron que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se ha
convertido en un defensor de Maduro, lo que provocó que el Parlamento también
decidiera proceder de manera inmediata al remplazo de las autoridades
del CNE y del TSJ.
Hace dos meses, la Asamblea
Nacional fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y todos
sus actos son considerados nulos. La suspensión del referendo aumentó aún más
la tensión política en Venezuela, que además enfrenta una profunda crisis
económica, con severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el
Fondo Monetario Internacional calcula en 475 por ciento para 2016.
Mientras, el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) declaró en desacato a la junta directiva de la
Asamblea Nacional por juramentar a tres ciudadanos sin autorización del máximo
tribunal. La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela realizó la sesión ordinaria el
domingo, a pesar de que se encuentra en desacato al (TSJ), con el objetivo de
desconocer el mandato constitucional del Gobierno del presidente Nicolás
Maduro, y dar así un golpe de Estado.
El abogado constitucionalista Enrique Tineo explicó que “Venezuela
corre el riesgo de que se pueda entronizar la impunidad ya que la
oposición está atentando a la constitucionalidad, creando falsos supuestos de
que el Presidente abandonó el país, cuando solo está cumpliendo sus facultades
como jefe de Estado al realizar una gira internacional” por países productores
de petróleo.
Las preguntas en el tintero.
¿Quién dio el Golpe a quién?
¿La derecha cometió fraude en la recolección del 1% de las firmas y el
responsable es el Gobierno? ¿Busca la derecha justificar una intervención
extranjera a gran escala con la excusa de la suspensión del revocatorio y de
una supuesta crisis humanitaria?
¿Un parlamento en desacato
judicial, puede destituir a rectores electorales o magistrados del máximo
tribunal del país sólo porque velan por el cumplimiento de la Constitución y
protegen a la nación entera de un fraude contra la soberanía popular? ¿No es
acaso un Golpe de Estado que el parlamento pretenda desconocer todas las
autoridades y las decisiones de los demás Poderes Públicos, además de buscar su
destitución por vías no constitucionales?
El paralelo chileno.
No se debe olvidar lo que
ocurrió en Chile luego del acuerdo del parlamento. En tres semanas los
militares procedieron a cumplir con el acuerdo de la Cámara que les había
solicitado el “restablecimiento del
Estado de derecho” y los actos del Ejecutivo fueron desconocidos, recordó
el politólogo opositor Leopoldo Puchi.
Ya se conoce en la historia
de Latinoamérica el significado y las consecuencias de este tipo de
pronunciamientos. El 22 de agosto de 1973 la Cámara de Diputado de Chile aprobó
por mayoría de votos un acuerdo redactado con la misma estructura y en los
mismos términos del texto de la Asamblea venezolana. En el acuerdo chileno se
comenzaba por enunciar las condiciones que deben darse para que exista un
Estado de Derecho, luego se describían las violaciones a la Constitución y las leyes por parte de
Salvador Allende y por último se hacía un llamado a la Fuerza Armada a
“restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución”.
Es posible que en las
condiciones de Venezuela hoy no ocurra lo mismo y que el texto emitido sea
parte de la retórica insustancial que banaliza las palabras, pero es innegable
que de manera temeraria y sin tener en cuenta los antecedentes históricos, se ha hecho un
llamado semejante al que hizo la oposición chilena en 1973, concluye
Puchi.
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- Aram Aharonian es periodista y docente uruguayo-venezolano,
director de la revista Question,
fundador de Telesur, director del Observatorio Latinoamericano en Comunicación
y Democracia (ULAC).
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