TEMER,
EL PRESIDENTE DENUNCIADO POR CORRUPCIÓN.- El Fiscal General Rodrigo Janot, acusó
formalmente al mandatario brasileño, por corrupción pasiva. El jefe de Estado
vive sus horas más aciagas con su base de apoyo fracturado y un alto rechazo de
la Ciudadanía. La Procuraduría solicitó
le solicitó al Supremo Tribunal Federal
que Temer sea apartado del cargo.
Cardoso del Partido aliado, pidió su renuncia.
Michel Temer se
convirtió en el primer presidente brasileño acusado formalmente de corrupción. El procurador
general, Rodrigo Janot, lo denunció por corrupción pasiva ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la
máxima instancia judicial del país. Junto con la denuncia Janot solicitó que
Temer sea separado del cargo. El
mandatario vive sus horas más aciagas con su base de apoyo fracturada y un
alto rechazo de la ciudadanía. Los cargos en contra el mandatario sólo
serán aceptados tras un análisis del Supremo
Tribunal; para que el trámite siga adelante debe contar con el aval de la Cámara de Diputados. El primer análisis
de la denuncia recaerá en manos del juez
Edson Fachin, instructor del caso en el máximo tribunal, que luego debe
decidir si la
remite a la Cámara baja, que tendrá la última palabra sobre el
asunto por normas constitucionales. Si la denuncia fuera aceptada, Temer podría ser suspendido de sus
funciones por 180 días.
En
medios políticos y jurídicos la acusación formal contra Temer era un secreto a
voces, sobre todo, porque el fiscal
Janot adelantó la semana pasada su convicción de que Temer había recibido ventajas ilícitas del grupo JBS, que
supuestamente negociaba su antiguo asesor Rodrigo
Rocha Loures, actualmente en prisión por ese mismo asunto. Mismo
convencimiento mostró la Policía Federal, a cargo de las investigaciones, que
en un informe preliminar entregado la semana pasada al Supremo sostuvo que existen serios indicios de que el mandatario
incurrió “con vigor” en prácticas corruptas. Hipótesis de los sabuesos que fue
reforzada ayer cuando, en otro informe, la Policía
Federal concluyó que el mandatario también intentó obstaculizar
investigaciones y dejó de comunicar a las autoridades sobre maniobras corruptas
de las que tuvo conocimiento, algo que podría generar otras denuncias. Las sospechas se desprenden de confesiones
hechas por directivos del grupo JBS, que dijeron que sobornan al mandatario
desde 2010 y además entregaron a la justicia grabaciones que comprometen al
gobernante.
En
esos audios, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras
irregulares que el dueño de JBS, Joesley Batista, dice que
realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del gobierno como con
representantes del poder judicial. Las grabaciones fueron hechas por Batista durante una visita que le hizo a
Temer en marzo, por lo que la sospecha que se teje en torno al mandatario
se refiere a hechos ocurridos en el ejercicio de su mandato, algo que la
Constitución impone como requisito para que un gobernante pueda ser objeto de
un proceso penal. En caso de que el juez
Fachin considere procedente la denuncia, la decisión final será tomada en
Diputados, que la analizarán primero en la Comisión de Constitución y Justicia
y luego en el pleno del órgano legislativo. Si los diputados avalan finalmente
la denuncia por el voto de la mayoría de dos tercios, Temer sería suspendido de
sus funciones
durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por
el presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia.
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BRASIL SE DESMORONA FRENTE AL
ABISMO POLÍTICO.
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Ulises Noyola Rodríguez.
ALAI. Sábado 1 de julio del 2017.
ALAI AMLATINA, 29/06/2017.-
El presidente Michel Temer se encuentra de nueva cuenta
acorralado después de la difusión de las grabaciones que confirmaron su
decisión de otorgar varios sobornos dentro del sistema político brasileño, lo
cual pone en duda la continuidad de su cargo ante la posibilidad de elecciones
presidenciales anticipadas.
El presidente brasileño ha podido
mantenerse en su cargo debido al apoyo del capital exportador y financiero, que
desean sostener las reformas estructurales vinculadas a la congelación del
gasto público durante veinte años, el empeoramiento de las condiciones
laborales y la reducción significativa de las pensiones.
Las medidas de ajuste fiscal implicarán
la destrucción de los beneficios sociales construidos durante el lulismo y
servirán para sanear las finanzas públicas que, de acuerdo a las proyecciones
del gobierno brasileño, tendrán un superávit primario de 10,000 millones de
reales en 2020.
De la misma manera, las privatizaciones
de activos públicos tomarán un nuevo impulso bajo la presidencia de Michel
Temer, ya que se contempla llevar a cabo la privatización en sectores estratégicos
como el petróleo, el gas, los aeropuertos, los ferrocarriles y las carreteras.
Las privatizaciones tienen como
principal objetivo recaudar entre 20,000 y 30,000 millones de reales destinados
a pagar la deuda pública alimentada por los enormes pagos de intereses que son
causados por la tasa de interés (10.2%) del Banco Central de Brasil.
El estado brasileño se convirtió así en
un cómplice de los grandes bancos, ya que acepta pagar una enorme cantidad de
intereses, que son producidos principalmente por operaciones especulativas y
que no tienen ninguna relación con el tamaño de la deuda ni con la magnitud del
gasto del gobierno brasileño.
El mandato de Michel Temer estará
entonces caracterizado por la presencia de movilizaciones sociales masivas
desde marchas hasta paros generales, que podrían minar por completo la
popularidad de su partido Movimiento Democrático Brasileño rumbo a las
elecciones presidenciales en 2018.
Por otro lado, la principal figura del
Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, retomó un discurso
de reconciliación con los trabajadores brasileños, al indicar que era necesario
formular una política económica enfocada en los sectores sociales marginados.
Es importante recordar que el lulismo
se plegó a los intereses del capital trasnacional en las finanzas públicas, el
sector financiero y la propiedad de la tierra durante los gobiernos de Lula da
Silva y Dilma Rousseff. El capital trasnacional se aprovechó de las elevadas
tasas de interés, el régimen inequitativo de impuestos y la ausencia de una
reforma agraria en ambas administraciones del PT.
El punto débil del PT reside, por
tanto, en que su porvenir político depende de la popularidad de su candidato
presidencial Lula da Silva, que se encuentra actualmente acusado de corrupción
y que posiblemente podría ser inhabilitado de participar en las elecciones
presidenciales en 2018.
Por otra parte, los dirigentes del PT
ahora piden a la población brasileña que se movilice para convocar elecciones
presidenciales anticipadas, pero no ratifican su apoyo a la realización de una
auditoría de la deuda pública, la aplicación de un nuevo régimen fiscal y la
aprobación de una reforma agraria en caso de ganar las elecciones
presidenciales.
La economía brasileña lleva dos años de
recesión impulsada por la caída del precio de los commodities entre 2016
y 2017, situación que puso de manifiesto la necesidad de implementar reformas
radicales a fin de favorecer a los estratos sociales con menores ingresos.
Además de la recesión económica, la
tasa de desempleo alcanzó una cifra histórica de 13.7% a mediados de 2017, que
afectó a alrededor de 14.2 millones de brasileños en un contexto en que los
programas sociales como Bolsa Familia ya no son suficientes para cambiar
sustantivamente la marginación económica en Brasil.
Los integrantes del PT demandan también
la creación de una Asamblea Constituyente con el fin de abordar la reforma del
sistema político, que se encuentra plagado de corrupción y desprovisto de la
legitimidad necesaria para conseguir el apoyo de la mayoría de los brasileños.
No obstante, la dirigencia del PT no
convoca a realizar un cambio importante en la composición de sus miembros,
muchos de los cuales tienen estrechos vínculos con las grandes empresas
brasileñas y obstaculizan las demandas más radicales de los sectores
marginados.
Los dirigentes del PT tampoco
esclarecen qué acciones tomarán con los miembros que sean acusados por casos de
corrupción, ni se comprometen a llevar a cabo una investigación profunda en
todas las líneas del partido a fin de convertirse en un partido de masas con la
legitimidad necesaria para transformar la economía brasileña.
En conclusión, el PT a pesar de que se
encuentra frente al derrumbe del partido de Temer, está vacilando entre aceptar
ciertas demandas de los trabajadores brasileños y al mismo tiempo, seguir obedeciendo
a los intereses del capital brasileño, con lo cual acabaría de construir su
propia tumba.
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Ulises Noyola Rodríguez es colaborador del Centro de Investigación sobre la
Globalización.
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