CORRUPCIÓN: SU MORAL Y LA NUESTRA.

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“HITOS DE UNA HOJA DE RUTA ANTICORRUPCIÓN.- Si acertamos en las tareas en las instituciones y en la organización, movilización y expresión política de la indignación popular, es posible que conozcamos la crisis de la Tangentópolis “a la española” pero sin el desgraciado resultado de la aparición de los Berlusconi. Vamos a estar atentos a los posibles efectos que a medio plazo tengan las muy oportunas mociones de censura en la Asamblea de Madrid y en el Parlamento español presentadas por Podemos. Mociones que tienen como primer objetivo exigir públicamente responsabilidades políticas para dar paso, si es posible, en el futuro, a cambios de gobierno y responsabilidades penales. Y ¿por qué no?, empujar en el sentido de la ruptura democrática que posibilite la apertura de procesos constituyentes”.

“Si logramos hacer patente ante la mayoría de la sociedad que la corrupción anida en el régimen y se alimenta del sistema habremos dado un paso positivo en la senda de ahondar las grietas del régimen político y de aumentar la desconfianza y rechazo de las masas respecto al capitalismo. En este caso como en tantos de la vida social y económica la clave sigue siendo tanto en la sociedad actual como en una sociedad pos capitalista lo que el marxista alemán Stefan Heym perseguido por el nazismo y represaliado por el estalinismo denominaba “control social desde abajo.” Esta es la base de una democracia real, basada en la iniciativa y participación popular, en el control de las decisiones de los representantes y en la permanente deliberación del conjunto de la sociedad sobre los asuntos que les atañe creando mecanismos para poder decidir en última instancia de forma colectiva y soberana.

EN EL PLANO DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA.- La batalla exige ejemplaridad y contención en el ingreso de los cargos públicos como han ejercitado Podemos, las confluencias y las candidaturas municipalistas del cambio. Y tal como se plantea en sendos trabajos de Pastor en viento sur, entender la actividad política como compromiso voluntario con la transformación social y no como un oficio o profesión en la que escalar, terminar con la profesionalización mediante la limitación de mandatos, la aplicación de incompatibilidad con otras actividades remuneradas y rendir cuentas al electorado, asegurar la regulación de mecanismos como las primarias y la rotación y revocación de cargos  y asimismo acabar con “la presión derivada del incremento de las necesidades de financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales estimulada cada vez más por el nuevo estilo de hacer política ´a la americana´” cosa que solo se puede hacer limitando el gasto de las actividades en campañas y fuera de campañas, y la total transparencia en las cuentas de los partidos e instituciones en tiempo real. Se trata de convertir instituciones, partidos, sindicatos y cualquier asociación que se nutra de fondos públicos en auténticas casas de cristal, dónde prime el derecho de la información ciudadana sobre cualquiera otro, información ergonómica para las personas o sea accesible y ordenada. Lo que exige una nueva legislación que regule el estatuto de los cargos electos, el funcionamiento y la financiación de los partidos políticos y el sistema electoral”.

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CORRUPCIÓN: SU MORAL Y LA NUESTRA.

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Manuel Garí.

Viento Sur lunes 3 de julio del 2017.

“Y allí mismo detrás de la estrategia / irrevocable del terror, ¿no escuchas/ el sanguinario paso de la secta, la marcha repulsiva / del investido de poderes, / sus rapiñas, sus mañas y patrañas”. (J.M. Caballero Bonald, Manual de Infractores).

Para quienes pensamos que la política es la gran herramienta para la emancipación de las clases subalternas, su uso como palanca de enriquecimiento personal o para sufragar la posición electoral de las diversas camarillas mafiosas es algo que inmediatamente nos sitúa como antagonistas del orden que posibilita esta inmoralidad.

No es casualidad que el pueblo de izquierdas, el que aspira a profundos cambios, tenga una actitud más crítica e inflexible ante los casos de corrupción de sus líderes que la que mantiene la base popular del electorado de derechas, capaz de disculpar a Bárcenas si preciso fuera. Sólo en momentos muy críticos y con elevados riesgos de mayor derechización, ese pueblo de derechas se moviliza contra el saqueo. En un plano general hay dos enfoques éticos en disputa sobre la corrupción y de cuál sea el resultado del conflicto, dependerá el reforzamiento del sentido común dominante que consolida la dominación o, por el contario, su sustitución por un nuevo sentido común emancipador emergente.

La hipótesis de trabajo contra la corrupción más plausible es que si estamos ante un fenómeno individual y aislado, el objetivo debe ser minimizarla mediante medidas de transparencia, publicidad y control administrativo, junto a modificación de leyes mercantiles y penales, y todo ello acompañado del clima que asegure el rechazo social ante tales casos. Pero si, por el contrario, como es el caso mayoritario, estamos ante un fenómeno sistémico, hay que plantearse actuaciones sistemáticas, de amplio espectro y duraderas para lograr su erradicación, que no excluyen las anteriormente citadas pero que deben ser integradas en un abanico más amplio de medidas. Y tal como he venido defendiendo la adopción de esas medidas para que sean eficaces, deben partir de la consideración de la naturaleza del fenómeno de “su relación estructural con el tipo de capitalismo que se ha ido configurando contemporáneamente y con el proceso de desmocratización consiguiente” tal y como plantea Jaime Pastor (2010) en “Corrupción política vs. democracia y socialismo desde abajo” 

La ética de los de arriba.

La clase dominante tiene una doble moral ante el delito. En su crítica a Max Weber por el estrecho ámbito al que aplica la ética de la responsabilidad, el filósofo Augusto Klappenbach, refiriéndose al caso español, escribía hace un año: “sospecho que los protagonistas de los frecuentes casos de corrupción que se han descubierto en las instituciones públicas no practicaban sus fechorías con la misma actitud interior que un delincuente de a pie. Creo que de algún modo estaban convencidos de que su pertenencia al grupo de los elegidos les concedía ciertas prerrogativas para recibir prebendas y utilizar el dinero público que ellos mismos habrían considerado indefendibles en otras circunstancias en las que el robo y la estafa no gozaran de esta inmunidad” 

Pero el error de Weber es aún más grave que el señalado por Klappenbach. Pues en La ética protestante y el espíritu del capitalismo  asocia de forma gratuita el buen desarrollo capitalista burgués con unas pautas noroccidentales cristianas que en teoría rechazan la falta de escrúpulos para obtener dinero. Esta visión etnocentrista y sectaria, vinculada al mundo calvinista, ha servido de teoría general en las facultades de economía y política y en las escuelas de negocio de los países imperialistas y sus satélites. Nunca fue correcta, hoy menos que nunca. Como plantea Carlos Báez, “la tesis de Weber se ha venido abajo con la supremacía del capitalismo especulativo” 

E incluso aún antes se pudo constatar que Weber mistificó la realidad de la actuación de los comerciantes e industriales anglicanos, evangelistas, episcopalianos, luteranos, calvinistas o seguidores de Zuinglio en sus actuaciones en casa, pero sobre todo en las colonias, en el saqueo de las mismas y en la explotación de sus habitantes, que no dudaron en corromper y en servirse de corruptos “locales” como U Po Kyin, uno de los personajes -que resulta emblemático a estos efectos- de la primera novela del genial George Orwell.

A la clase dominante el robo del erario público, evadir impuestos, la comisión de delitos financieros o enviar sus botines a paraísos fiscales no le repugna tanto como el robo de carteras en el metro por un raterillo. Cuando esa moral se hace mayoritaria en el pueblo, se explica que haya trato de favor a muchos de los corruptos imputados o que delincuentes fiscales y financieros como Trump o Rodrigo Rato hayan llegado a la cima del poder. Tanto por parte de los gobiernos, de la fiscalía como de la judicatura, o de algunos medios de comunicación y de los voceros de los partidos que juegan el papel de abogados de los delincuentes se considera que el ladrón de guante blanco es un gentleman que cometió un error: le pillaron. Eso es también lo que explica que el FMI, el santa sanctorum capitalista, haya tenido al frente en los últimos años como directores a insignes sinvergüenzas: además del citado patriota Rodrigo Rato le han sucedido Dominique Strauss-Khan y Christine Lagarde. Son de los suyos. Son muestras de la doble moral burguesa.

Poderoso caballero.

Es un lugar común recurrir a la afirmación atribuida a Lord Acton “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Es una afirmación incompleta porque no considera que, en una sociedad regida por el afán de lucro y la riqueza, en la que el discurso político se reduce al presupuestario, en la que la gestión, incluida la pública, tiene como criterio fundamental el coste/beneficio, la atracción que ejerce el dinero es determinante. El poder social del dinero, la ocupación de las mentes por el dinero es enorme y, por tanto, con esa metástasis de la mercancía dinero viaja su huésped la corrupción. Dinero y corrupción se constituyen en una fuerza clave en el entramado de la sociedad burguesa.

Como telón de fondo ideológico de la doble moral burguesa, está la ideología económica liberal que parte de dos premisas, ambas indemostradas. Por un lado, la superioridad de la gestión privada frente a la pública, o sea del mercado respecto al plan para asignar recursos, y, por otro, la existencia de una separación drástica entre la esfera pública y la privada, que coexisten, pero no se “contaminan”. Por eso los gobernantes y sus corifeos no ven problema alguno en las “puertas giratorias”, que los señores diputados procedan de ciertas empresas, formen parte de ciertos despachos de abogados o ingenierías, o que acaben formando parte de consejos de administración en “sectores-premio”; ni atisban corrupción en la aprobación de las innecesarias y ruinosas autopistas de peaje radiales en Madrid que se han realizado para más INRI con aval financiero público. Tampoco ven problema a declarar de “interés nacional” el grueso de las obras públicas sean infraestructuras viarias del AVE o autopistas o las derivadas de la política hidráulica, cuando realmente esas decisiones quien realmente las tomó fueron las empresas que se dedican a la obra pública. Para conseguirlo las grandes compañías cuentan con importantes bazas: amigos en partidos, presiones y el lubricante monetario.

Mandel (1994) desarrolla la idea que es el poder económico y su concentración en pocas manos el factor decisivo en la corrupción porque “el poder corrompe. Mucho poder engendra mucha corrupción. Pero en la época del capitalismo, no puede haber poder [político] absoluto, pues en última instancia la riqueza y el dinero dominan. La gran riqueza corrompe tanto como el poder, si no es que más”. 

Idea que también esbozó años antes Gramsci, al afirmar en las Notas sobre Maquiavelo que la acumulación de poder económico genera corrupción. 

Ambos autores corroboran algo evidente: en el capitalismo, las sacas de billetes, acciones y obligaciones otorgan un gran poder a quien las poseen y corrompen lo que tocan en su entorno social.

Salvar las instituciones o defender el interés público.

Situar la posición respecto al dilema que encabeza el apartado es básico. El riesgo que comporta la corrupción sistémica no es que acabe con las instituciones. De hecho, algunas de ellas están precisamente diseñadas para poder saquear las arcas, bienes y servicios públicos. Puede perpetuarse la corrupción y seguir funcionando la institucionalidad.

Lo incompatible con la corrupción es el interés de la mayoría social y el ejercicio real de la democracia en condiciones de igualdad y libertad porque la corrupción mina las bases mismas de la sociedad e impide que se fundamente en la persecución del bien común. Lo incompatible con la corrupción por tanto es el interés público.

Por ello es errónea la idea que subyace en la afirmación del filósofo Gustavo Bueno (2010) cuando afirma que “la democracia no muere por la corrupción, solamente hiede”. 

 

Las que pueden sobrevivir a la corrupción son las instituciones del Estado, bajo forma y apariencia más, menos o nada democrática, pero la democracia, entendida como el gobierno del pueblo por el pueblo sufre un importante deterioro y quebranto con la corrupción porque ésta va contra el interés público y merma el espacio material de lo público. El catedrático de Derecho Administrativo Alejandro Nieto afirma que “La corrupción no ataca al Estado en general… pero sí al democrático”.

Dados los debates en curso, conviene recalcar que institucionalidad y democracia no son sinónimos; como tampoco lo son democracia y capitalismo. Y también que el Estado no es un artefacto neutral en el conflicto entre las clases con capacidad para acabar con la corrupción. Depende del momento, el Estado, puede jugar diferentes papeles dependiendo de los intereses generales de la burguesía con el objetivo de perpetuar su dominación. Por ello en las sociedades burguesas con libertades políticas el “sensor” primordial del Estado para actuar frente a los casos de corrupción es el del grado legitimidad social del poder en esa situación.

El conocimiento público de la proliferación de casos de corrupción con grados muy altos de latrocinio puede producir tal alarma social que ponga en riesgo la legitimidad de los gobiernos e incluso del sistema que amparan. En el caso de que haya un descenso de esa legitimidad, Adam Smith, fundador del pensamiento económico capitalista en los albores del mismo, para defender lo esencial del sistema (el negocio), advertía que “El comercio y las manufacturas, en pocas palabras, no pueden florecer fácilmente en un Estado en el que no haya un cierto grado de confianza en la justicia del gobierno”.

Asimismo en ciertas condiciones “la mezcla de esa fractura social como la que enfrenta a la ciudadanía con la `clase política´ no podemos sorprendernos de que la hipótesis de un `estallido social´ sea vista como algo más que probable incluso por quienes no participan en él (…) difícilmente se puede encontrar desde 1978 un proceso de deslegitimación tan rápido de un gobierno que contara con mayoría absoluta en el parlamento español”, tal como planteó hace cuatro años Jaime Pastor (2013).

Ante esa eventualidad el padre de la ciencia política moderna, Nicolás Maquiavelo, es tajante "Adviértase también la facilidad con que los hombres se corrompen (…) Bien estudiados tales sucesos por los legisladores en las repúblicas o en los reinos, les inducirán a dictar medidas que refrenen rápidamente los apetitos humanos y quiten toda esperanza de impunidad a los que cometan faltas arrastrados por sus pasiones”. Actualmente la burguesía, inspirada en la idea de Maquiavelo de que en casos graves hay que hacer tabla rasa y modelar de nuevo el poder, es posible que se vea obligada a sacrificar algunas piezas para asegurar la estabilidad de su dominación.

Llegado un punto crítico de ebullición y para enfriar la caldera social una de las opciones en manos de la burguesía es sacrificar peones para defender los intereses del conjunto del sistema e incluso realizar reformas para regenerar el sistema si afectar a su naturaleza. Incluso en situaciones extremadamente graves como la que vive Brasil en estos momentos, sectores de la burguesía representada por el ex presidente Cardoso o la cadena Globo estén pidiendo la dimisión del todavía presidente Michel Temer. Por ello Mandel (1994), advierte que “el remplazo de las camarillas más corruptas por otras fuerzas políticas no significa que se altere la dinámica fundamental si sigue imperando el criterio del enriquecimiento”. Cosa que se pudo constatar en los años posteriores a ese escrito con los gobiernos italianos de Silvio Berlusconi.

Por ello nuestra apuesta en el para instituciones / democracia antes planteado, debe superar los marcos formales y situar sus respuestas en torno a los elementos que sustancian la democracia, la justicia y la igualdad que son los que efectiva y materialmente son incompatibles con la corrupción.

Tres consideraciones sobre los instrumentos.

Para conjurar el mal del latrocinio de arcas y bienes públicos y sus consecuencias, y también el peligro de aparición de cavalieri populistas, debemos ser conscientes de tres cuestiones:

El laissez faire liberal es un suicidio social

Dejar “pasar” la corrupción genera indignación, pero también impotencia cuando no cinismo social que puede ser caldo de cultivo de la derechización de sectores de masas que buscan en líderes demagogos parafascistas las soluciones mágicas. Hay que hacerle frente desde el primer momento con todos los medios y decisión.

Papel y límites de la ética

Desde la ética y el cambio de valores y parámetros culturales se puede denunciar e impugnar la corrupción, pero no erradicarla o al menos minimizarla dada su textura y las causas que la originan. El cambio de las mentes y los valores es condición sine qua non para luchar contra la corrupción, pero ni la corrupción es un asunto de meras desviaciones morales individuales, ni se erradica a (simple) golpe de una nueva ideología regeneracionista; es preciso modificar las condiciones materiales y el marco institucional concreto que en cada caso le sirven de base.

Papel y límites de las medidas jurídico institucionales

Las medidas jurídicas y administrativas para su detección, control y castigo son necesarias e imprescindibles, pero no suficientes, precisamente porque la corrupción sistémica tiene relación directa con el modelo productivo vigente y con el mismo modo de producción. Sin la acción política no se puede erradicar o minimizar la corrupción, pero la esfera de la política es una parte, un ingrediente, que sin el concurso de los cambios materiales tiene muy limitada su capacidad de cambio.

Hannah Arendt, en sus interesantes consideraciones sobre la naturaleza corruptora de la mafia italiana, afirma que para acabar con la injusticia social que genera esta gangrena es necesaria la política como materialización de la libertad de elección, cosa que es cierto, pero, a la vez, critica innecesaria e incomprensiblemente a Marx porque, según la autora, éste subordina la política a la producción -afirmación que jamás hizo el alemán-.

Para luchar contra fenómenos como la corrupción que atraviesan la esfera cultural, moral, institucional y material, se necesita la acción política desde ya, inmediatamente, sean cuales sean las condiciones y las correlaciones de fuerza, pero a medio y largo plazo o se modifican las relaciones de producción o no se logrará combatir efectivamente la lacra social ni habrá democracia real.

hitos de una hoja de ruta anticorrupción.

Si acertamos en las tareas en las instituciones y en la organización, movilización y expresión política de la indignación popular, es posible que conozcamos la crisis de la Tangentópolis “a la española” pero sin el desgraciado resultado de la aparición de los Berlusconi. Vamos a estar atentos a los posibles efectos que a medio plazo tengan las muy oportunas mociones de censura en la Asamblea de Madrid y en el Parlamento español presentadas por Podemos. Mociones que tienen como primer objetivo exigir públicamente responsabilidades políticas para dar paso, si es posible, en el futuro, a cambios de gobierno y responsabilidades penales. Y ¿por qué no?, empujar en el sentido de la ruptura democrática que posibilite la apertura de procesos constituyentes.

Si logramos hacer patente ante la mayoría de la sociedad que la corrupción anida en el régimen y se alimenta del sistema habremos dado un paso positivo en la senda de ahondar las grietas del régimen político y de aumentar la desconfianza y rechazo de las masas respecto al capitalismo.

En este caso como en tantos de la vida social y económica la clave sigue siendo tanto en la sociedad actual como en una sociedad pos capitalista lo que el marxista alemán Stefan Heym perseguido por el nazismo y represaliado por el estalinismo denominaba “control social desde abajo.” Esta es la base de una democracia real, basada en la iniciativa y participación popular, en el control de las decisiones de los representantes y en la permanente deliberación del conjunto de la sociedad sobre los asuntos que les atañe creando mecanismos para poder decidir en última instancia de forma colectiva y soberana.

En el plano de la actividad política.

La batalla exige ejemplaridad y contención en el ingreso de los cargos públicos como han ejercitado Podemos, las confluencias y las candidaturas municipalistas del cambio. Y tal como se plantea en sendos trabajos de Pastor en viento sur, entender la actividad política como compromiso voluntario con la transformación social y no como un oficio o profesión en la que escalar, terminar con la profesionalización mediante la limitación de mandatos, la aplicación de incompatibilidad con otras actividades remuneradas y rendir cuentas al electorado, asegurar la regulación de mecanismos como las primarias y la rotación y revocación de cargos y asimismoacabar con “la presión derivada del incremento de las necesidades de financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales estimulada cada vez más por el nuevo estilo de hacer política ´a la americana´” cosa que solo se puede hacer limitando el gasto de las actividades en campañas y fuera de campañas, y la total transparencia en las cuentas de los partidos e instituciones en tiempo real.

Se trata de convertir instituciones, partidos, sindicatos y cualquier asociación que se nutra de fondos públicos en auténticas casas de cristal, dónde prime el derecho de la información ciudadana sobre cualquiera otro, información ergonómica para las personas o sea accesible y ordenada. Lo que exige una nueva legislación que regule el estatuto de los cargos electos, el funcionamiento y la financiación de los partidos políticos y el sistema electoral.

Sigue el dinero y encontrarás el corrupto.

La batalla exige una legislación que condene al ostracismo total a los paraísos fiscales y a las empresas e individuos que esconden sus patrimonios en los mismos. Asimismo, es preciso modificar la legislación de contratación pública para erradicar absolutamente cualquier grado de discrecionalidad y legislar ex novo sobre los bienes estratégicos como el suelo, el agua, la energía y el dinero para impedir la especulación que suele llevar aparejada la corrupción. Los cambios en la administración pública implicarán minimizar los cargos de libre designación en beneficio del desempeño de los profesionales de la función pública que deberán estar sometidos al escrutinio ciudadano permanente mediante modos claramente establecidos. La batalla exige que se pongan en pie los mecanismos de alerta y control, los protocolos de actuación, los procedimientos de seguimiento y denuncia en manos de una ciudadanía moralmente rearmada.

Más democracia asegura menos corrupción.

Más allá, si establecemos el horizonte civilizatorio al que queremos encaminarnos, si pensamos en términos de proyecto de sociedad, podemos concluir que se pueden eliminar las consecuencias negativas del poder absoluto o casi absoluto que tienen los gobernantes y las élites económicas sobre su ciudadanía si, y solo si, se combate y elimina a la vez el Estado fuerte y la gran riqueza del dinero. A eso se le llama transición post capitalista en ruta hacia la sociedad de iguales y libres, pero exige luchar contra el capital y sus desmanes, y la ruptura con el sistema político que lo ampara para poner en pie una nueva arquitectura económica y política, social y cultural. Ello va más allá de la “estatalización” de la economía, se trata de socializar las fuentes de riqueza y la gestión de los bienes comunes, de impulsar la autogestión y, por supuesto, el propio poder para evitar que una nueva oligarquía acabe adoptando las decisiones fundamentales en los temas que afectan a la dignidad de las personas y el equilibrio de la biosfera.

Manuel Garí, economista y miembro del Consejo editorial de viento sur.

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