LOS IDEALES NUESTROS
ASESINADOS POR LA CORRUPCIÓN, LA FARSA Y
LA TRAICIÓN DE LOS GOBIERNOS
NEOLIBERALES Y LA TERRIBLE, FRIA, VIOLENTA, SALVAJE E INHUNANA Y MÚLTIPLE
DESIGUALDAD DEL SIGLO XXI.-
Si ustedes distinguidos amigos(as) leen el texto, encontrarán cuales son
los elementos más importantes que durante los últimos años de la Vida Cotidiana
de un Ciudadano en ESPAÑA y la UNIÓN EUROPEA, ha generado la pérdida de sus
ideales, asesinados por un conjunto de
factores propios también de las Políticas Neoliberales y la traición de
Gobiernos Corruptos e Injerencia Política, con el cuento de la Democracia.
Nosotros, en cambio hemos sido víctimas en
las tres últimas décadas
(1985-2017) – paréntesis de la transición democrática del Dr. Paniagua (2000 – 2001) NUESTROS IDEALES como FUTUROS CIUDADANOS
han sido traicionados, destruidos, envenenados, corrompidos y asesinados, por
la SUMA completa de todos los MALES DE
LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL.
La dependencia política, las crisis
continuadas,(económica, social, política, moral, institucional) la corrupción,
pobreza,(hambre y miseria) el desempleo, la informalidad, el contrabando,
millones de despidos, privatización y robo de las empresas públicas,
destrucción de los Derechos Sociales, violencia terrorista, destrucción del
Estado. Hoy realidad Nacional múltiple, compleja, turbulenta, escenario Multipolar donde la DESIGUALDAD
MÚLTIPLE, ha logrado concentrar y sistematizar en su estructura en una sola
Gran Realidad: Los Ciudadanos hemos perdido totalmente la CONFIANZA personal,
social e institucional, en los Gobiernos de turno. – . Confianza como DON
supremo otorgado por el Pueblo y que hoy, en el siglo XXI, representa la
fortaleza social y “columna vertebral” de la Política y Legitimación
Institucional de la DEMOCRACIA y la GOBERNABILIDAD. Pablo Raúl sábado 19 de agosto del 2017.
ARGENTINA. EL DESTAPE POLÍTICO DEL AÑO. EL PRESIDENTE MACRI COMO
SOCIO ACTIVO DE LA EMPRESA ODEBRECHT.
El “símbolo de la Democracia Empresarial latinoamericana, de quién se informó hace unos meses cuando se
destapó el caso de Panamá Papers, y
como los ricos, millonarios y corruptos (ladrones, evasores de impuestos,
lavado de activos,) “beneficiados” por coimas de las empresas corruptas como
Odebrecht, tenían sus MILLONES bien
guardados y protegidos en los Paraísos Fiscales; Empresas Offshore, Panamá
Papers repartidos en todo el mundo (desde Panamá. El Caribe, hasta Liechtenstein en
Europa o Andorra en Europa Meridional), pero este “destape político-financiero”
no alcanzó” la dimensión política que se pensó para “castigar” a los corruptos
y ladrones, porque también personajes públicos desde Premios Nobel, Jugadores,
Empresarios, del mundo legal.
PERO AHORA, SÍ ES IMPORTANTE, COMO EL SEÑOR MACRI, PRESIDENTE DE
ARGENTINA, “el símbolo de la Democracia
Empresarial” en América Latina, el hombre que hoy impulsa la expulsión de
Venezuela del MERCOSUR, el Ciudadano
aliado del sr. Almagro Secretario General de la OEA y “su grito de intervención y aplicación de la Carta
Democrática de la OEA” contra
Venezuela, el crítico más radical contra “el
Dictador Maduro”, violador de los Derechos Humanos y autor del golpe contra
la Democracia, pero también esta “señor símbolo de la democracia de mercado”,
hoy cuestiona, crítica a la CIDH,
por haber resuelto por la LIBERTAD DE
MILAGRO SALA a quién mantienen presa
por odio y venganza propia del cretinismo político. Este mismo PERSONAJE, hoy se descubre que es SOCIO ACTIVO DE LA EMPRESA MÁS CORRUPTA DE
AMERICA LATINA Y BRASIL: ODEBRECHT. Pablo Raúl domingo 6 de agosto del 2017.
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ES LA CORRUPCIÓN EL PROBLEMA
CENTRAL EN AMÉRICA LATINA?.
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Silvina M. Romano.
CELAG.
Miércoles 13 de setiembre del 2027.
El problema en
América Latina es la corrupción. Así lo definen desde la prensa internacional y
los think-tanks del establishment,
hasta el Comando Sur de los Estados Unidos. Así lo declaró John F. Kelly, ex comandante de dicho comando (hoy Jefe de Gabinete
de Trump) cuando tuvo que referirse al principal enemigo en América
Latina “La raíz del problema es el sistema legal y la corrupción…”, visión que constituye el eje de la estrategia del Comando
Sur para 2018, pues la corrupción se presenta como uno de los principales
factores de inseguridad.
La reciente cruzada contra la corrupción en América
Latina, que alcanzó uno de sus “éxitos
indiscutidos” con el derrocamiento de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, tiene algunas características que suelen
pasar desapercibidas:
- Existe una
estrecha relación entre el modo en que los aparatos judiciales de América
Latina reconstruyen los casos de corrupción (en particular el de Odebrecht
en Brasil) y la asesoría del Departamento de Justicia estadounidense.
- El aggiornamiento de los aparatos judiciales de
América Latina en lo relativo a lucha contra la corrupción formó parte del
programa de “modernización del Estado” implementado por Instituciones
Financieras Internacionales, Organismos Internacionales y Organismos No Gubernamentales
en el marco del ajuste estructural de los ’80 y ‘90s en América Latina. La
relación persiste a través de cursos de capacitación, intercambio de
información, etc.
- Existe un vínculo evidente y necesario entre la reconstrucción del
caso de corrupción propiciada por el aparato judicial, el operativo de la
prensa para manufacturar consentimiento en la opinión pública a favor de
esta lucha y el momento (timing político) en el que todo esto
ocurre (en general cercano a elecciones o a votaciones de leyes
importantes en el Congreso). Factores que confluyen en la creciente
judicialización de la política en la región.
- A corto plazo, se instala la idea de “cruzada contra la corrupción en general”, pero los más
afectados no solo a nivel judicial sino a nivel mediático han sido los
partidos políticos y funcionarios de gobiernos progresistas, siendo el Partido de los Trabajadores (PT)
brasileño y la destitución de Dilma
Rousseff el ejemplo más contundente (pero no el único).
- A mediano plazo, se espera que esta “razia” contra políticos corruptos (re)instale o refuerce un sentido común y una lógica que fue cuestionada por los gobiernos progresistas (y las mayorías que los votaron), a saber: a) que todos los funcionarios son corruptos, que buscan participar de la esfera estatal para robarle al erario público; por consiguiente b) todos los partidos políticos son corruptos y en consecuencia, la gente que se involucra en política, incluso en militancia de base es más corruptible que cualquier otra; c) en conclusión, el Estado es el “coto de caza” de políticos corruptos y lo público debe reducirse o desaparecer por ineficiente; así se comprende por el contrario que, d) el sector privado es eficiente y transparente; e) que entonces deben ser los empresarios los que ocupen la esfera política formal para garantizar eficiencia y transparencia; f) que el Estado debe ser tratado como una empresa, devaluando y denostando “lo público”.
LA CORRUPCIÓN Y EL “MAL DEL POPULISMO” (O LA
DEFENSA DEL NEOLIBERALISMO).
En un reciente artículo publicado por la prensa
hegemónica estadounidense, se hace un “tributo”
a Sergio Moro, el juez que llevó al estrellato la causa del Lava Jato, causa que se viene
desarrollando desde hace cuatro años y que ha persistido gracias a la
“presión
incesante de figuras como el juez Moro. El Departamento de Justicia
estadounidense lo califica como uno de los casos de sobornos a nivel
internacional de mayor calado. Y parte del alcance del caso tiene mucho que ver
con dicho Departamento de Justicia: no solo se está “llevando” parte del caso desde EEUU, sino que el modo en que se
construyó el caso en Brasil está asociado al asesoramiento y sugerencias
provistas desde EEUU. Una prueba de ello es el proyecto puentes de octubre
2009, donde el asesoramiento de EEUU se centró en “prácticas concretas” para
combatir lavado de dinero y tráfico ilícito, curso que contó con la presencia y
exposición del mismo Sergio Moro, y
que tuvo tanto éxito que funcionarios estadounidenses afirmaron: “hay una
necesidad de continuar con este tipo de entrenamiento práctico de jueces
federales y estatales de Brasil”.
Tal como lo destaca el Inter-American Dialogue,
el giro del Lava Jato fue a partir del encarcelamiento del CEO de Odebrecht, que a su vez condujo al momento culmen: el juicio
por corrupción al ex presidente Lula da Silva (de quien todavía no han podido
comprobarse las acusaciones), a la vez que allanó el camino para el
derrocamiento de Dilma Rousseff. Vale
agregar aquí (considerando que lo que preocupa es la corrupción) que el juicio
político a Rousseff devino
“inminente” gracias a una conversación entre Dilma y Lula que fue difundida a pesar de haber sido grabada luego
de expirado el permiso para tomar este tipo de información).
Es considerado un “héroe nacional”, en las manifestaciones contra el gobierno
del PT, se leía en algunas camisetas: “todos
somos Sergio Moro”. Él representaría la “salvación” del Estado de Derecho
brasileño. La pregunta aquí es ¿salvarlo de quiénes y a favor de quiénes otros?
Parece existir
un consenso sobre la inminencia de “salvar”
a los Estados de la epidemia de la corrupción especialmente alimentada por “gobiernos populistas”. Diversos think-tanks vienen
trabajando en esta línea, procurando que sus opiniones se repliquen en la
prensa hegemónica. Un artículo de Global Risk se titula “¿Florecerá el populismo luego del
escándalo Odebrecht?”, afirmando que en América Latina, la población está
asociando la desaceleración económica de los últimos años a la acción de
funcionarios corruptos, “que se robaron
todo”. Pero el ejemplo más concreto es el reporte de
Transparencia Internacional sobre corrupción, que advierte que los altos
niveles de corrupción en el sector público podrían favorecer la asunción de “gobiernos populistas”, peligro
inminente ya que:
“en países
donde hay líderes populistas y autocráticos, suele haber un debilitamiento de
la democracia, así como un quiebre de la sociedad civil, una libertad de prensa
limitada y escasa autonomía del aparato judicial. En lugar de luchar contra el
capitalismo, esos líderes tienden a generar sistemas aún más corruptos”, sentencian.
El director de Transparencia Internacional sintetiza su argumento afirmando: “en muchos países la gente se va a dormir
con hambre porque hay corrupción”. Así, el problema no es que los
conglomerados transnacionales se nutran de la desigualdad y la explotación en
todos los niveles, avasallando la soberanía estatal, la naturaleza, etc.; el
problema no es que unas minorías privilegiadas se beneficien por medios “legales” de la miseria de las
mayorías. Esta cosmovisión centrada en la corrupción como causa de la pobreza
cobra sentido si consideramos las conexiones de esta fundación. Una de sus
fuentes de financiamiento es la Fundación
de Bill y Melinda Gates, una de las principales “donantes” en el mercado de
la asistencia global, conocida por su poder de lobby y
sus estrechas relaciones con la élite global. Los Gates son íntimos amigos de la familia Clinton (que también tiene su fundación) y procuran cumplir
con el objetivo de la asistencia, tal como lo definió alguna vez Hillary (Clinton): que los pobres
ingresen al mercado. Y la asistencia para el desarrollo logra expandirse
sin límite (ni requisitos de transparencia o fiscalización) en aquellos países
que gozan de un Estado ausente en lo económico-social, donde la educación, la salud, la seguridad, el espacio público queda
en manos de la gestión de privados y del llamado “tercer sector”. En síntesis, en un escenario neoliberal.
EL
PROBLEMA SON LOS RICOS… PERO NO LOS EMPRESARIOS.
El director de Transparencia Internacional, también llama la atención sobre la responsabilidad de
los ricos en este esquema, y nos recuerda la información difundida por los “Panamá Papers”. Afirma:
“como lo muestran los Panama Papers, es muy fácil para los ricos y poderosos explotar el
lado oscuro de la finanza global para enriquecerse a costa del erario público”. Hay tres aspectos que
destacan en esta afirmación. Lo primero es que estos documentos,
llamativamente, gozaron de menos atención por parte de los conglomerados
mediáticos, en comparación con el caso
Odebrecht (al menos en América Latina). Lo segundo, es que cuando la
corrupción se asocia a los empresarios, se cataloga como “negocios turbios” o
como se enuncia arriba, “el lado oscuro”
de la finanza.
Esto sucede
porque aquellos que deben lavar dinero, ocultar propiedades o desviarlas para
no pagar impuestos (acciones que de un modo u otro repercuten en el erario
público) gozan de un sistema legal que los ampara.
Las empresas offshore no son
ilegales, aunque sí pueden (“sin saberlo”) amparar dinero que
proviene de negocios ilegales. Tal como declaró la titular de la Oficina
Anticorrupción del gobierno argentino (en defensa de las cuentas offshore del presidente Mauricio Macri)
“construir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo”. El tercer
aspecto es relativo a que buena parte (sino todos) de esos ricos y poderosos
provienen del sector empresarial. El
caso Odebrecht es un ejemplo de que los empresarios no son “medidos con la misma vara” que los
funcionarios públicos, por el hecho de que el funcionario, por definición, debe
cuidar el erario público, en lugar de apropiarse de él. Este argumento, sin
embargo, desconoce el hecho de que la evasión impositiva, entre otras prácticas
de los altos círculos empresariales, afectan también al Estado. Por otro lado,
también se elude la cuestión de que muchos de esos empresarios sí ocuparon y
ocupan un lugar en la burocracia
estatal, el caso más evidente en América Latina es el de Mauricio Macri.
Lo cierto es
que de acuerdo al modo en que se va construyendo el caso de Odebrecht y el mismo Lava Jato, con base en la “delación premiada”, muchos empresarios
redujeron sus años en la cárcel o incluso han evitado ser penados. Un ejemplo
es que al destaparse la existencia de coimas en diversos proyectos vinculadas a
Odebrecht, el Almirante Othon Luiz
Pinheiro da Silva, fuera condenado a 43 años de cárcel, acusado
de corrupción durante la construcción de la usina nuclear Angra 3. Estas
cuatro décadas contrastan con el hecho de que los empresarios implicados
lograron reducir sus penas a seis años de prisión gracias al sistema de “delación premiada”, mientras que el
menos favorecido estará 20 años preso.
En el marco del mismo caso, pero en
su ramificación hacia Ecuador,
varios funcionarios del anterior gobierno
de Alianza PAIS han sido acusados como partícipes en las coimas. Los que
brindaron buena parte de la información, empresarios brasileños José C., Simoes P., Ricardo V. y Mauricio
G. (ex funcionarios de Odebrecht de quienes no se brinda el nombre
completo) no han recibido ninguna medida cautelar en su contra debido a que la Fiscalía de Ecuador firmó un acuerdo de
“cooperación eficaz” que ha servido
como fuente de información para recabar elementos investigativos, y al amparo
del artículo 494 del Código Orgánico
Integral Penal (COIP), que señala que las medidas cautelares deben ser
adecuadas para garantizar el éxito de las investigaciones”.
LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LOS INTERESES DE FONDO.
Como último
punto de esta “cruzada contra la
corrupción” y asociado al caso de Odebrecht,
pero no circunscrito a él, surge el interrogante sobre los intereses concretos
que podrían estar guiando esta batalla. La pregunta es de difícil respuesta.
Sin embargo, hay algunos aspectos sugerentes a primera vista. La empresa brasileña Odebrecht era una
de las principales constructoras, vinculada a numerosos proyectos de
infraestructura a nivel regional ¿cómo
afecta esto al sector infraestructura de América Latina? ¿Quiénes se quedarán
con las concesiones y proyectos de Odebrecht que ya no pueden operar?
Los “expertos” que estudian el futuro de la inversión en
infraestructura en la región, aseguran que es un momento difícil para ese
rubro. Lo primero que apuntan, es que la región muestra un gran déficit, pues
ni siquiera durante el “boom” de
las commodities(2004- 2013) se logró superar el 3% de inversión
pública y privada en infraestructura. Vemos que las fechas coinciden con los
períodos de gobiernos progresistas en varios países de América Latina, que fueron culpados por el “despilfarro” o el abuso de proyectos de infraestructura para
beneficiarse de las coimas… algo que no coincide con la inversión deficitaria
en el sector.
Más allá del “duro
momento”, el informe advierte que aquellos “líderes visionarios” entenderán
que el desarrollo de infraestructura es la clave para mejorar la competitividad
de la región “aunque el sector público no pueda enfrentarlo por sí solo”, de
modo que la “próxima generación de infraestructura será financiada por el
sector privado, incluyendo bancos comerciales que buscan rendimientos, los
fondos de pensiones latinoamericanos en crecimiento, así como inversionistas
internacionales de acciones y prestamistas no bancarios”. No parece casual
entonces, que el comunicado oficial de la reciente gira del vicepresidente
estadounidense Michael Pence por
algunos países de América Latina
tuviera como uno de sus objetivos la expansión de negocios vinculados al desarrollo
de infraestructura, a la vez que viajó con un sinnúmero de representantes
de las transnacionales más importantes de su país (léase, del sector privado).
Esto es parte esencial del retorno del neoliberalismo puro y duro.
Con respecto a la segunda
pregunta, Moodys señala que “varias concesiones de infraestructura han sido interrumpidas y deberán
ser relanzadas como resultado del escándalo de corrupción de Odebrecht”. Estos proyectos abarcan desde gasoductos hasta
emprendimientos para lograr la navegabilidad de los ríos. En el caso de Brasil, Odebrecht formó parte de
diversos proyectos del Estado durante la gestión del PT, orientados a desarrollo de infraestructura, petroquímica,
energía nuclear, etc., en el marco de un plan estratégico de defensa y
desarrollo tecnológico en un momento de despegue de Brasil como potencia regional y en el marco del descubrimiento de
una de las reservas de hidrocarburos más importantes del Atlántico Sur, el Pre-Sal (en manos de la estatal Petrobras), lo que
sumó un factor más a la importancia geopolítica de por sí crucial de Brasil a
nivel regional y hemisférico –importancia que fue remarcada por Stratfor, empresa de análisis de inteligencia y seguridad
internacional “privada”, que en los hechos está al servicio de varias agencias
del gobierno de Estados Unidos y de otras empresas multinacionales-.
Precisamente
dos meses después del derrocamiento de Dilma
Rousseff, el Congreso brasileño aprobó la ley para quitar a Petrobrás el monopolio sobre la
explotación de los recursos del Pre-Sal, abriéndose el espacio a las petroleras
transnacionales. A mediados de 2017,
el Congreso aprobó una reforma laboral a todas luces neoliberal. Este evidente retorno al libre mercado sin
restricciones, figura también como uno de los objetivos de la estrategia del
Comando Sur para el 2018, bajo el
lema de “Asociación para las Américas”:
“…un futuro próspero para la región,
descansa en el refuerzo de los valores compartidos, gobiernos eficientes,
sociedades libres y economías de libre mercado”.
Ante lo expuesto, valen algunos interrogantes ¿es la corrupción el problema de América
Latina? ¿O el problema de América Latina es que su “agenda” (incluidos los problemas prioritarios) es definida desde
los centros de poder, en particular desde el sector privado-público
estadounidense, las corporaciones (incluidas las mediáticas) que poseen jugosos
intereses en común con las derechas a lo largo y ancho de la región?.
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