“El
diálogo social es un elemento clave del nuevo contrato social. La OCDE acaba de
alcanzar un acuerdo sobre las orientaciones generales para la debida
diligencia, por lo que un buen punto de partida sería seguir el ejemplo del Gobierno francés y pedir a nuestras
mayores empresas que apliquen la debida diligencia, y por consiguiente transparencia
y responsabilidad. Además, se debería hacer de conformidad con los Principios Rectores sobre las empresas
y los derechos humanos y, en el
marco de la OCDE, las Líneas
Directrices para las Empresas Multinacionales.
La iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OCDE respaldada
por el Gobierno sueco, the Global Deal,
puede ayudar a reconstruir alianzas que impulsen una comunidad que genere
cambios, pero debe incluir un diálogo social que dé lugar a un nuevo contrato
social. Es una formula sencilla que
configura un entorno de competición leal y trabajo
decente mediante.
- La aplicación de la libertad sindical y las normas fundamentales del
trabajo y de salud y seguridad en el trabajo de la OIT, con un cumplimiento obligatorio en todas las formas de
trabajo;
- La garantía de salarios mínimos vitales y negociación colectiva;
- Disposiciones de protección social y maternidad universales.
Estos son los
cimientos de un nuevo contrato social que es necesario para restablecer la
confianza en la globalización. Cuando todo esto se ponga en marcha, con un marco
normativo que garantice que todas las empresas cuentan con una “licencia social para operar” –y que
también prevea la debida diligencia, los mecanismos de queja y las reparaciones
con respecto a los derechos humanos y laborales y garantice que los impuestos
se paguen donde se generen los ingresos– podremos empezar a reconstruir un
entorno de competencia leal en el que afrontar los retos del futuro del trabajo”.
/////
El fracaso del multilateralismo vinculante.
EL FRACASO DE UN MODELO: POR
QUÉ EL MUNDO NECESITA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL.
*****
Sharan
Burrow.
Oecd-forum.
Rebelión sábado 2 de junio del 2018.
¿Por qué el mundo necesita un nuevo contrato social ?
“La mayor parte de la economía mundial está inmersa en
un modelo de autodestrucción, y las vidas y los medios de subsistencia de las
familias trabajadoras están el centro del mismo. Sus ingresos han ido
disminuyendo durante las tres últimas décadas, y la desigualdad de ingresos ha
crecido en el 53% de los países”, sostiene Sharan
Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional, CSI,
en un artículo recientemente publicado y que queremos compartir con nuestros
lectores.
Para la secretaria de la CSI, el contrato social que se concibió tras las dos guerras
mundiales y la Gran Depresión, quedó
hecho pedazos. El 94% de los
trabajadores de las cadenas mundiales de suministro se encuentra en puestos de
trabajo mal remunerados, precarios y a menudo poco seguros. El 70% de la población mundial tiene una
cobertura inadecuada de protección social, o no tiene ninguna, y al menos 21 billones de dólares se ocultan en
paraísos fiscales.
***
La democracia es un daño
colateral en un mundo en el que el multilateralismo
ha fracasado y un modelo basado en la codicia corporativa ha
derrumbado las promesas del contrato
social que se concibió a raíz de las dos guerras mundiales y la Gran
Depresión.
Este modelo
mundial de crecimiento económico ha alimentado la codicia corporativa, que ha hecho
pedazos el contrato social. Los ingresos globales de los trabajadores
han ido disminuyendo durante las tres últimas décadas, y la desigualdad de ingresos ha crecido en el
53% de los países.
Este mismo modelo
de crecimiento ha contribuido a la disminución de la participación de la
renta del trabajo en todas las economías de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y a que
los salarios se encuentren
sistemáticamente por detrás del crecimiento de la productividad en la mayoría
de ellos, un modelo que priva a los trabajadores de la parte de los frutos del
progreso económico que les corresponde.
El 94% de los
trabajadores de las cadenas mundiales de suministro se encuentra en puestos de trabajo mal remunerados,
precarios y a menudo poco seguros. El
70% de la población mundial tiene una cobertura inadecuada de protección
social, o no tiene ninguna, y al menos 21
billones de dólares USD (unos 18 billones de euros) se ocultan en paraísos
fiscales.
La coherencia
mundial, impulsada por la cooperación en instituciones multilaterales, tiene
sentido si todas las voces son iguales: si los gobiernos incluyen las voces de
la población, no solo las de las grandes empresas.
Una parte de la comunidad empresarial comprende que el
modelo actual de globalización está
creando desigualdades
enormes, genera abusos de los derechos
humanos, destruye el medio ambiente
y, en última instancia, destruye los
mercados de los que depende. Por desgracia, la mayor parte de la comunidad
empresarial no puede, o no quiere, ver más allá de sus propios beneficios.
El
crecimiento incluyente es posible cuando existe un contrato social y los gobiernos respetan el papel de los
interlocutores sociales en la negociación de las soluciones y se cuenta con una protección social, salarios mínimos dignos,
negociación colectiva, servicios públicos esenciales, políticas sectoriales e
impuestos justos. Aunque estas sociedades no son inmunes a los retos
que plantean el cambio climático, la
rápida digitalización, la robótica o la automatización, la responsabilidad colectiva con respecto a la
negociación de transiciones justas puede darnos respuestas.
Por desgracia solo existen unos cuantos casos: los
países nórdicos, Alemania, Canadá, Nueva Zelanda, tal vez Japón y Portugal,
donde hay una esperanza renovada. El
acuerdo relativo a un nuevo pilar de
derechos sociales en Europa es prometedor, pero la legislación
tendrá que garantizar la aplicación.
Cuando los gobiernos no establecen normativas para que
el trabajo decente proteja a su
población de la explotación, para garantizar el pago de los impuestos sobre
sociedades –con el fin de permitirles proporcionar educación y atención de
salud a todas las personas– y para invertir en infraestructura o servicios
esenciales para crear empleo, generan desconfianza.
Y cuando la población no ve los dividendos de la democracia, esa desconfianza
se extiende a las instituciones democráticas.
El
multilateralismo actual debe terminar.
Según la
Encuesta Mundial 2017 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), el 85% de la
población mundial quiere que se redefinan las reglas de la economía mundial y
la población coincide unánimemente en que el mundo sería un lugar mejor si los
gobiernos estuvieran más comprometidos con la creación de empleo y el trabajo
decente; el cuidado de los niños,
las personas ancianas y los enfermos; los derechos humanos y sindicales; los
derechos y libertades democráticos; la prosperidad compartida; y las medidas
con respecto al cambio climático.
No bastará con dar una nueva capa de pintura al modelo
antiguo y presentar argumentos de venta más ingeniosos. El libre comercio que permite la esclavitud, incluye el trabajo informal bajo el pretexto de la
existencia de empresarios
independientes, depende de salarios de pobreza, no garantiza ni la libertad
sindical ni los derechos de negociación colectiva, no asume la responsabilidad
de la seguridad laboral y fomenta la evasión fiscal, es un modelo inmoral.
Si este es el
multilateralismo actual, entonces se debe acabar con él.
Del mismo modo, las instituciones de Bretton Woods deben reformarse. Pedimos
a los gobiernos del G-20 que
organicen consultas amplias con los sindicatos, las empresas y la sociedad
civil para desarrollar una nueva arquitectura mundial.
Esta arquitectura debe impulsar la implantación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
con un compromiso con las medidas para una transición justa que son
necesarias para proteger a los trabajadores y las comunidades de los cambios
mundiales generados por el clima y las innovaciones tecnológicas.
Las políticas que respaldan la privatización, las limitaciones de los salarios mínimos y la
negociación colectiva; los recortes de las pensiones y de otras medidas de
protección social, todo esto lo único que consigue es finiquitar la esperanza y
la seguridad de las personas. La estabilidad y el desarrollo de los que deben
ocuparse de estas instituciones brillan por su ausencia.
Además, aunque las
Naciones Unidas deben reformarse, no se puede hacer a expensas del mandato
fundamental basado en derechos que constituyó la base del contrato social
durante el último siglo y la esperanza de paz y prosperidad.
El
multilateralismo es una condición previa para cumplir las promesas de
los ODS y el Acuerdo de París sobre el
cambio climático –la promesa de un mundo sin pobreza ni emisiones de
carbono–, pero exigirá la reforma masiva de la gobernanza mundial y el
compromiso de los gobiernos nacionales para actuar en defensa de los intereses
de su población.
El
diálogo social es un elemento clave del nuevo contrato social.
La OCDE acaba de
alcanzar un acuerdo sobre las orientaciones generales para la debida
diligencia, por lo que un buen punto de partida sería seguir el ejemplo del Gobierno francés y pedir a nuestras
mayores empresas que apliquen la debida diligencia, y por consiguiente transparencia
y responsabilidad. Además, se debería hacer de conformidad con los Principios Rectores sobre las empresas
y los derechos humanos y, en el
marco de la OCDE, las Líneas
Directrices para las Empresas Multinacionales.
La iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OCDE respaldada
por el Gobierno sueco, the Global Deal,
puede ayudar a reconstruir alianzas que impulsen una comunidad que genere
cambios, pero debe incluir un diálogo social que dé lugar a un nuevo contrato
social.
Es una formula
sencilla que configura un entorno de competición leal y trabajo decente mediante:
- La aplicación de la libertad sindical y las normas fundamentales del
trabajo y de salud y seguridad en el trabajo de la OIT, con un cumplimiento obligatorio en todas las formas de
trabajo;
- La garantía de salarios mínimos vitales y negociación colectiva;
- Disposiciones de protección social y maternidad universales.
Estos son los cimientos de un nuevo contrato social
que es necesario para restablecer la confianza en la globalización. Cuando todo
esto se ponga en marcha, con un marco normativo que garantice que todas las
empresas cuentan con una “licencia
social para operar” –y que también prevea la debida diligencia, los
mecanismos de queja y las reparaciones con respecto a los derechos humanos y
laborales y garantice que los impuestos se paguen donde se generen los
ingresos– podremos empezar a reconstruir un entorno de competencia leal en el
que afrontar los retos del futuro del trabajo.
El diálogo
social debe ser respetado en todos los entornos de trabajo; la aplicación del pilar europeo de derechos sociales
podría constituir una base para el progreso si se garantizan los fundamentos
jurídicos y se proporciona una hoja de ruta para configurar el futuro del
trabajo en todo el mundo.
Se deben
cambiar radicalmente las políticas macroeconómicas para
centrarlas en estas medidas de crecimiento
incluyente, empleo pleno y trabajo
decente. Esto exige la reforma fundamental de las instituciones
multilaterales y la gobernanza a nivel
nacional e internacional, ya que la paz y la justicia social y económica deben ser
elementos clave de un nuevo mandato para todas las instituciones.
El marco para un crecimiento
incluyente que la OCDE está
elaborando puede aportar la respuesta política adecuada a los retos a los que
nos enfrentamos. Para ello, este marco y la OCDE en su conjunto deben insistir en la importancia del diálogo social,
la negociación colectiva y una
transición justa para los trabajadores
en las economías
actuales y futuras, que cada vez están más digitalizadas y tienen menos
emisiones de carbono.
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