"Como dato
histórico debemos recordar que Francia es una nación que se cimentó,
fundamentalmente después de 1789, sobre la base de una revolución de alcance
universal, cuyas huellas –junto con las conquistas sociales de 1936, 1945 o las
del 1968 – siguen presentes en la memoria colectiva, en las instituciones,
independientemente de los intentos de borrarlas, en una pertinente amalgama de
resistencias, que va más allá del resultado. Sin embargo,
pronto se cumplirán 40 años desde que Francia, así como otros países del Norte,
sin excepción, quedó atrapada bajo el yugo letal de las políticas neoliberales
demoledoras. Éstas solo se
pueden interpretar como una violencia social extraordinaria contra el mundo del
trabajo. Sus efectos destructivos, para las personas y la sociedad, pero
también para el medio ambiente, se propagan gracias a la complicidad del estado
con los poderosos del momento".
"La situación
empeora aún más por la enajenación de la soberanía nacional y el sometimiento a
la Unión Europea, rechazada por los ciudadanos franceses en el referéndum de
2005 y que, a pesar de un resultado inapelable, se les impone mediante una
denegación de la democracia. Esta es una violencia adicional infligida a todo
un pueblo. En esta perspectiva singular, y en el contexto general de una crisis
sistémica del capitalismo globalizado, se explican las oleadas de
levantamientos populares. El movimiento
de los chalecos amarillos es el resultado de movilizaciones previas y huelgas
que se multiplican en casi todos los sectores (público y privado) para
protestar contra la flexibilización del mercado laboral. La respuesta de las
autoridades francesas es la represión y la obstrucción de las actividades
sindicales".
"Discriminación
salarial contra sindicalistas, despidos abusivos de huelguistas, presiones por
amenazas o sanciones disciplinarias, restricciones a los derechos sindicales o
al derecho de huelga, o incluso criminalización de la acción sindical… Por no
mencionar las recientes reformas gubernamentales del código laboral que
penalizan aún más a los movimientos sociales. Desde la
elección a la presidencia de la República de Emmanuel Macron, ex-accionista
gerente del banco de negocios Rothschild, ministro de Economía del presidente
François Hollande y autor de leyes epónimas que imponen la flexibilización del
mercado laboral, el mundo sindical se ha vuelto a movilizar".
/////
RETROCESO EN LOS DERECHOS (IN) HUMANOS EN FRANCIA DENUNCIADO ANTE LA
ONU.
*****
Eduardo
Camín.
ALAI.
América latina en Movimiento.
Martes
12 de marzo del 2019.
Recientemente
el Centro Europa -Tercer Mundo (CETIM) alarmado por la feroz represión contra
el movimiento de los “chalecos amarillos” franceses, sometió el asunto al
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Poco tiempo después
a finales de febrero la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa,
Dunja Mijatovic, advirtió a las autoridades francesas que "se respeten
mejor los derechos humanos" de los "chalecos amarillos" a la
hora de mantener el orden en sus manifestaciones señalando que la labor de las
fuerzas del orden es "proteger a los ciudadanos y sus derechos humanos.
Por otra
parte, destacó en su memorando con recomendaciones, donde cuestionó los métodos
empleados por el dispositivo policial en las protestas semanales de ese
movimiento contestatario, iniciadas a mediados de noviembre 2018.
La comisaria
criticó además las detenciones preventivas, practicadas por la policía sin que
se haya cometido un delito, y consideró que constituyen "graves
injerencias en el ejercicio de las libertades".
Contraria a la
impunidad en materia de violencia policial, invitó igualmente a las autoridades
a vigilar que las víctimas de abusos puedan presentar una demanda judicial y
solicitar una indemnización. Mijatovic solicitó también que en la propuesta de
ley con la que el Ejecutivo pretende frenar los disturbios en esas protestas no
haya "restricciones excesivas a la libertad de reunión pacífica" y no
se considere un delito cubrirse el rostro en esos actos.
Mijatovic
visitó París el 28 de enero para recoger información sobre las manifestaciones
y, en su respuesta al memorando, las autoridades le contestaron que vigilan que
el uso de la fuerza sea "proporcionado y controlado, como prevé la
ley", y destacaron que quien se sienta víctima de una violencia
injustificada puede denunciarlo.
Posteriormente
la Alta Comisaria de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle
Bachelet realizó una declaración en el mismo sentido. En ambos casos la
arrogancia por parte de las autoridades francesas predomino, sobre las
cuestiones de fondo en una especie de “non lieu”.
La contracara de la democracia formal.
Tal vez una de
las paradojas más desafiantes de nuestro tiempo sigue siendo la contradicción
observable entre el bienintencionado discurso sobre los derechos humanos que
producen las instituciones internacionales y los Estados nacionales y la
desdichada realidad que prevalece en muchos países.
Claro que es
más fácil evidenciarlo, denunciarlo y materializarlo con medidas coercitivas
cuando se trata de los países del tercer mundo, que cuando las injusticias y
represión se producen en las potencias del mundo industrial y “civilizado”.
Por eso cuando
se contrastan la teoría, la legislación y la práctica de los derechos humanos,
surgen varias cuestiones fronterizas que pueden contribuir al esclarecimiento
de las situaciones y paradojas planteadas aquí, donde la conclusión más
evidente es que ningún país escapa a la violencia del Estado.
Es obvio, que
Francia se encuentra en una zona de fuertes turbulencias desde hace varios
meses. La virulencia de los conflictos sociales ha sido durante mucho tiempo
una característica importante que ha marcado la vida política de este país.
Como dato
histórico debemos recordar que Francia es una nación que se cimentó,
fundamentalmente después de 1789, sobre la base de una revolución de alcance
universal, cuyas huellas –junto con las conquistas sociales de 1936, 1945 o las
del 1968 –siguen presentes en la memoria colectiva, en las instituciones,
independientemente de los intentos de borrarlas, en una pertinente amalgama de
resistencias, que va más allá del resultado.
Sin embargo,
pronto se cumplirán 40 años desde que Francia, así como otros países del Norte,
sin excepción, quedó atrapada bajo el yugo letal de las políticas neoliberales
demoledoras.
Éstas solo se
pueden interpretar como una violencia social extraordinaria contra el mundo del
trabajo. Sus efectos destructivos, para las personas y la sociedad, pero
también para el medio ambiente, se propagan gracias a la complicidad del estado
con los poderosos del momento.
La situación
empeora aún más por la enajenación de la soberanía nacional y el sometimiento a
la Unión Europea, rechazada por los ciudadanos franceses en el referéndum de
2005 y que, a pesar de un resultado inapelable, se les impone mediante una
denegación de la democracia. Esta es una violencia adicional infligida a todo
un pueblo. En esta perspectiva singular, y en el contexto general de una crisis
sistémica del capitalismo globalizado, se explican las oleadas de
levantamientos populares.
El movimiento
de los chalecos amarillos es el resultado de movilizaciones previas y huelgas
que se multiplican en casi todos los sectores (público y privado) para
protestar contra la flexibilización del mercado laboral. La respuesta de las
autoridades francesas es la represión y la obstrucción de las actividades
sindicales.
Discriminación
salarial contra sindicalistas, despidos abusivos de huelguistas, presiones por
amenazas o sanciones disciplinarias, restricciones a los derechos sindicales o
al derecho de huelga, o incluso criminalización de la acción sindical… Por no
mencionar las recientes reformas gubernamentales del código laboral que
penalizan aún más a los movimientos sociales.
Desde la
elección a la presidencia de la República de Emmanuel Macron, ex-accionista
gerente del banco de negocios Rothschild, ministro de Economía del presidente
François Hollande y autor de leyes epónimas que imponen la flexibilización del
mercado laboral, el mundo sindical se ha vuelto a movilizar.
Las
manifestaciones y las huelgas se han multiplicado, especialmente en los
sectores del transporte público (SNCF, Air France...), energía (gas y
electricidad), automotriz (Peugeot, Renault), telecomunicaciones (Orange), la
gran distribución (Carrefour), servicios de salud (hospitales públicos,
residencias de ancianos, seguridad social), educación (escuelas secundarias,
universidades), cultura (museos), justicia (abogados, magistrados), recogida de
basuras, e incluso auditorías financieras y de cuentas.
Estos diversos
movimientos sociales, muy seguidos, ocurrieron a lo largo de la primavera de
2018. La reacción del poder fue intensificar la represión, lo que afectó
dramáticamente a los estudiantes (evacuación de los campus), los activistas
ambientales que ocupaban las “Zonas a defender” y, en especial, los
manifestantes en contra de las leyes de flexibilización del mercado laboral.
Este
movimiento representa otro levantamiento, pero se enfrenta al peor
recrudecimiento de la violencia policial desde la guerra de Argelia. Ante los
distintos llamamientos a la justicia social, las autoridades han optado por
responder con más represión, hasta el punto de retroceder de forma
extremadamente preocupante en los derechos humanos.
En su
declaración, el CETIM hace un llamamiento al gobierno francés para que ponga
fin inmediatamente a la represión de los manifestantes. También exhorta a que cumpla
sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y derecho
laboral.
De hecho, el
movimiento “chaleco amarillo” se enfrenta al peor aumento de la violencia
policial desde la guerra de Argelia. Por ejemplo, el 1º de diciembre de 2018,
se dispararon 7.940 granadas de gas lacrimógeno, 800 granadas de desembalaje,
339 granadas del tipo GLI-F4 (municiones explosivas), 776 cartuchos LBD, etc.
Según las
cifras provisionales, hay más de diez muertes accidentales, varios miles de
heridos, entre ellos un centenar de heridos graves, varios centenares de
condenados y/o encarcelados. El presidente Macron optó por “mantener el rumbo”.
A expensas del
sufrimiento y las expectativas de los trabajadores, su gobierno exacerba las
políticas neoliberales y profundiza cada vez más en la violencia social y la
represión policial. El resultado, una pesadilla, indigno de un país que dice
ser democrático y tolerante.
El balance
provisional, y seguramente no exhaustivo, correspondiente solo el periodo que
comprende desde el 17 de noviembre de 2018 al 7 de enero de 2019, muestra 6.475
arrestos y 5.339 detenciones preventivas. Los tribunales dictaron más de mil
condenas en todo el territorio nacional.
Aunque la
mayoría de estas condenas terminan en trabajos comunitarios, muchas son
sentencias de cárcel. Además, existen 153 órdenes de arresto (lo que implica
encarcelamientos), 519 citaciones judiciales y otras 372 en correccionales… En
París, 249 personas fueron juzgadas en comparecencia inmediata, 58 condenadas a
prisión, 63 a penas de prisión condicional...
La legitimidad de las reivindicaciones populares.
En muchos
aspectos, las reivindicaciones de los chalecos amarillos son similares a las de
los trabajadores. Exigen la mejora inmediata y concreta de las condiciones de
vida, la revalorización del poder adquisitivo de los ingresos (salarios, pensiones,
subsidios...), el fortalecimiento de los servicios públicos, la participación
del pueblo en las decisiones relativas a su futuro colectivo.
Dicho de otra
manera, una puesta en marcha efectiva, sobre todo, de los derechos económicos,
sociales y culturales, así como el derecho del pueblo a decidir sobre su
futuro. Al exigir más justicia social, respeto a los derechos humanos y
democracia económica y política, estas reivindicaciones son rotundamente
legítimas y cuentan con un gran apoyo de la población.
En realidad,
la rentabilidad del capitalismo es la madre de todas las violencias, la que
debe cesar urgentemente y contra la cual las personas se ven obligadas a
defenderse, tal y como lo recoge la Declaración de los derechos del hombre y
del ciudadano.
En el
preámbulo de la constitución francesa, es aquella como señala la declaración
del CETIM, que genera la imposición de las medidas neoliberales desleales,
despiadadas, antisociales y antidemocráticas; aquellas que, en el silencio de
los ajustes de precios de los mercados capitalistas, hace que las personas sin
hogar mueran de frío, empuja a los agricultores endeudados al suicidio,
destruye a las personas y a sus familias al privarlos de empleos, cortándoles
la electricidad, expulsándolos de sus hogares.
Aquella que,
por falta de recursos, obliga a los jubilados a dejar de calentar sus hogares o
a sus hijos a saltearse una comida; aquella que acaba con toda solidaridad,
cierra las escuelas, centros de maternidad u hospitales psiquiátricos, sumerge
en la desesperación a pequeños comerciantes y artesanos que se hunden bajo las
cargas, ahoga a los trabajadores que no pueden llegar a fin de mes… La verdadera
violencia está aquí, en este sistema extraordinariamente injusto e
insostenible.
*****
EDUARDO CAMIN.
Periodista uruguayo,
miembro de la Asociación de Corresponsales de prensa de la ONU en Ginebra.
Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
*****
No hay comentarios:
Publicar un comentario