MÉXICO REPORTA 40 MIL PESONAS DESAPARECIDAS. SE ENFRENTA UNA CRISIS
HUMANITARIA. El Presidente Manuel López Obrador,
presenta una Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En el sexenio pasado hubo una simulación en la búsqueda de
víctimas
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AMLO. Presidente Andrés Manuel López Obrador, al asumir la Presidencia de México, tiene una gran responsabilidad Económico . superar la crisis - Social - devolver la tranquilidad y la Paz social- en un país agredido a diario por las Mafias y cartel de la droga y la narco-política.. Políticamente, emprender una gran Tarea Nacional de Participación Ciudadana , con la finalidad de derrotar la violencia, la inseguridad y la marco política en un Estado Inviable, al borde del colapso de un narco estado y desde la Democracia, como salir políticamente de los marcos infectados de la "Democracia Fallida" y forjar un nuevo proceso político de Reconstrucción Nacional.
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MÉXICO. EL GOBIERNO DE AMLO Y LA CRISIS
DE LOS 40.000. LA PRUEBA MAYOR.
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Eliana Gilet.
Brecha
Martes 9 de abril del 2019.
Aunque el nuevo gobierno mexicano anunció que la
búsqueda e identificación de los desaparecidos es una prioridad, para Mercedes
Doretti, fundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense, el compromiso
se verá reflejado en el presupuesto y el personal que se dedique a esta
titánica tarea.
Durante la última jornada de búsqueda de la Brigada
Nacional, a fines de enero, el subsecretario de derechos humanos del Gobierno Federal, Alejandro Encinas, se
presentó en Guerrero buscando
trasmitir un mensaje de apoyo a las familias. Menos de una semana después, fue
el encargado de presentar cómo trabajará este tema el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado
públicamente que los desaparecidos son “una prioridad”.
Sin embargo, en el anuncio del plan de trabajo,
Encinas sostuvo que el gobierno destinará un monto (400 millones de pesos mexicanos o 21 millones de dólares) menor
que el gobierno pasado (568,9 millones de pesos mexicanos o 30 millones de
dólares), porque –apuntó el jerarca– el de Enrique
Peña Nieto sólo ejecutó 300.000 dólares de los 30 millones previstos. El presupuesto, sostuvo Encinas, se
completará con 400.000 dólares del Fondo de Apoyo a la Seguridad Pública de los
estados de la República.
Mercedes
Doretti prefiere no opinar si este presupuesto es suficiente. Elegida como una
de las integrantes del Consejo Nacional
Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, que creó la ley de desaparición
forzada sancionada en 2017, la antropóloga argentina es una eminencia en el
tema forense en Latinoamérica y cofundó el Equipo Argentino de Antropología
Forense (Eaaf) antes de cumplir los 30 años. Doretti analizó en diálogo con
Brecha cuáles son los principales desafíos para atender una de las mayores
crisis de derechos humanos de las que se tenga noticia.
Un instituto madre.
Según establece la ley general en materia de
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares (la
legislación mexicana creó este tipo penal que no existía en el mundo), deben
crearse todavía varias instituciones para que el Sistema Nacional de Búsqueda se ponga en funcionamiento: un padrón
nacional de fosas clandestinas, un plan nacional de exhumaciones de fosas
comunes, un programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas y también
12 de las 23 comisiones estatales de búsqueda que aún restan por crearse y que
tendrán una mayor responsabilidad, ya que las instancias federales de justicia
(Fiscalía General de la República) tienen menos de 2.000 casos en su fuero. El
resto del universo de búsqueda de los 40.180 desaparecidos en México depende de
las capacidades que cada estado brinde al tema.
“Hay una serie de cuestiones en las que el Estado tendría que tener un involucramiento mucho más
fuerte y centralizado, eso es lo que marca la ley. Va a ser muy importante que
la parte presupuestaria acompañe la creación del Sistema Nacional de Búsqueda
para que pueda funcionar. Puede fallar
por muchas razones, pero una básica es que no tenga presupuesto”, dijo Doretti.
El gobierno mexicano anunció la creación del
Instituto Nacional Forense, que tendrá como objetivo primordial “coordinar los servicios forenses del país”
y trabajar con los restos no identificados que están dentro del sistema
gubernamental, que, según dijo Encinas, son 26.000 cadáveres, pero Doretti
confirmó a este medio que no se tiene certeza efectiva del número de cuerpos y
fragmentos humanos sin identificar que están bajo custodia estatal (véase Brecha, 16-XI-18).
“Que los familiares estén presentes en las exhumaciones siempre debe ser
una opción; otra cosa es que estén obligados a buscar porque nadie busca por
ellos o no se busca con suficiente diligencia”, apuntó la antropóloga Forense. “Bajo esta administración hay una
ventana de oportunidad; esperemos que el gobierno cumpla, pero si se quiere que
esto funcione en serio, hay que darle fondos y hay que darle personal”, agregó.
“Hay mucha conciencia en los familiares de que hay que cuidar la evidencia y
llamar a los peritos en cuanto se cree que hay un hallazgo, pero hay que ver
que el motivo por el que las familias salen a buscar es por la ausencia o la
insuficiencia del Estado”.
CRISIS HUMANITARIA. El subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro
Encinas, habla durante su rueda de prensa matutina este lunes en el
Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE
Más
Más 40.000 personas desaparecidas registradas, unas
1.100 fosas clandestinas y 26.000 cuerpos sin identificar dan cuenta de la
magnitud de la crisis humanitaria y Derechos Humanos que enfrenta la
administración del presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador.
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Bases disgregadas, datos confusos.
dijo a Brecha que uno de los principales problemas
actuales es la fragmentación de la información pericial en la investigación de
los casos. Por un lado, están divididos”.
entre el fuero federal y el estatal o común, y a su vez, la práctica forense
está “dividida por disciplinas
“Hemos visto en distintos servicios forenses que lo que
hace el genetista no tiene relación con lo que hace el experto en huellas,
aunque estén trabajando en el mismo caso. La ley plantea que ahora es
obligatorio hacer dictámenes multidisciplinarios integrados, donde todas las
disciplinas que trabajan el mismo caso tienen que unir la información. Si no,
también tenemos enormes contradicciones entre disciplinas forenses. Cuando eso lo llevás a bases nacionales,
esa contradicción se mantiene”, sostuvo la antropóloga.
Para ejemplificar la forma en que esta diversidad
de criterios afecta los resultados de identificación, Doretti se refirió al
trabajo realizado por el equipo del primer comisionado nacional de búsqueda,
Roberto Cabrera (sustituido en enero por Karla Quintana). Cabrera realizó uno de los primeros ejercicios nacionales de
comparación de huellas dactilares de cuerpos no identificados (subidas a la
Plataforma México, que contiene la información digital de los casos del fuero
federal y del fuero común) con el registro que tiene el Instituto Nacional
Electoral. El resultado dio casi 4.000
correspondencias; sin embargo, el 90 por ciento de esos cuerpos ya habían sido
identificados por otros métodos, pero no habían sido actualizados en la base de
huellas dactilares. Es decir, esos cuerpos ya habían sido entregados a sus
familiares y el registro oficial no lo sabía.
“Lo primero que debería hacerse es centralizar la
información y hacer un control de calidad para establecer realmente cuál es el
rezago existente”, indicó a Brecha la antropóloga. “Hay una enorme posibilidad
de contar un caso dos veces o de contar menos casos, por cómo está armado el
sistema”, remató.
Un
sistema regional.
Doretti también
coordina una experiencia única que este mes cumple diez años: un sistema
regional de identificación forense dedicado a los migrantes desaparecidos.
“Nosotros lo coordinamos, pero no podríamos tener resultados si no es
por el trabajo permanente de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales en todo el corredor migratorio, en los países de Centroamérica, México y Estados Unidos”, puntualizó.
Inicialmente
el Eaaf impulsó la creación de bancos de datos forenses de migrantes no localizados en
sus países y estados de origen, porque vieron que, “aun cuando un cuerpo
llegaba a una morgue y era bien analizado, la información sobre migrantes
desa-parecidos era muy pobre en calidad y cantidad”, lo que hacía casi
imposible su identificación. Así, se fundaron iniciativas de ese tipo en El Salvador, Honduras, Guatemala y en los
estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca.
Reunieron tres tipos de datos: las circunstancias
de desaparición, los datos físicos del desaparecido y el perfil genético de su
familia. “El segundo paso, una vez
mejorada la información, es cruzarlos”, pero como no existe un sistema de
intercambio de información forense, hicieron decenas de acuerdos con distintas
instancias de Estados Unidos y México.
En diez años de trabajo el Proyecto Frontera ha
registrado 1.282 casos de migrantes
no localizados y 1.218 familias que
los buscan. Han recabado 3.413 perfiles
genéticos de donantes, con los que han logrado identificar a 190 personas que
estaban desaparecidas.
“Si México implementa los instrumentos de la ley de
desaparición forzada, va a beneficiar a muchos otros países que tienen
migrantes desaparecidos”, concluyó Doretti.
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