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La biodiversidad es una riqueza explotable, sobre
la cual se cierne la geoestrategia y la geopolítica. Existe un interés por monopolizar el conocimiento sobre la biodiversidad y almacenar bancos de
germoplasma, que es donde se almacena y conserva la variabilidad genética,
representada por células germinales, semillas o especies de animales que poseen
un uso aprovechable para la humanidad. Para lograr estos objetivos, las multinacionales y las metrópolis,
que representan la lógica del capital, han montado dos líneas de acción. La primera consiste en “la construcción
de un sistema de bio-prospección mundial constituido por las transnacionales,
Estados, instituciones e investigadores (ONGs y Estados nacionales”. Y
la segunda es “un sistema mundial de protección de la propiedad intelectual
que penetre las oficinas de patentes nacionales y que permita hacer válida la
propiedad privada”. Los proyectos de bio-prospección permiten
explotar y seleccionar la diversidad biológica con la finalidad de hallar
recursos genéticos y bioquímicos comercialmente valiosos, con el fin de
patentarlos, lo que en 1993, Pat Money
llamo Biopiratería
y que se entiende como: “la utilización
de los sistemas de propiedad intelectual para legitimizar la propiedad y el
control exclusivo de conocimientos y recursos biológicos sin reconocimiento,
recompensa o protección de las contribuciones de las comunidades indígenas y
campesinas” (y agregamos: ni a los estados tropicales). Delgado Ramos afirma que la biopiratería: “no es una
conceptualización solo analítica sino también política, es un mecanismo de enriquecimiento capitalista
de acciones ecologicidas y antitesis de la sostenibilidad”.
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Biopiratería.
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ECOLOGÍA SOCIAL: La
biología tropical como método de injerencia en la soberanía nacional de los
recursos naturales.
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Óscar Barboza Lizamo.
AUNA-Costa Rica
Rebelión domingo 14 de
julio del 2013.
Con “gran pompa” se anunció
que desde el 23 al 27 de junio en San José, Costa Rica, se realizaría el
Congreso de Biología Tropical llamado: “Las nuevas fronteras en biología
tropical para los próximos 50 años".
El evento reunió a 900 investigadores de 53 países, y estuvo organizado por
la “Association for tropical Biology & Conservation (ATBC) y la
Organization for Tropical Studies (OTS), ambas organizaciones no
gubernamentales.
Aparentemente el congreso
tenía la intención de dictar las directrices de las líneas de investigación en
la biología tropical para más de la mitad del siglo XXI. Desgraciadamente,
estas seguirán marcadas por el negocio mundial y transnacional de la
naturaleza, ya que el diálogo de los participantes se centró en “las
medidas para la conservación de los ecosistemas con el fin de que estos sigan
brindando servicios como biodiversidad para la seguridad alimentaria e insumos
para la industria médica…”.
La biodiversidad es una
riqueza explotable, sobre la cual se cierne la geoestrategia y la geopolítica.
Existe un interés por monopolizar el conocimiento sobre la biodiversidad y
almacenar bancos de germoplasma, que es donde se almacena y conserva la
variabilidad genética, representada por células germinales, semillas o especies
de animales que poseen un uso aprovechable para la humanidad.
Para lograr estos
objetivos, las multinacionales y las metrópolis, que representan la lógica del
capital, han montado dos líneas de acción. La primera consiste en “la
construcción de un sistema de bioprospección mundial constituido por las
transnacionales, Estados, instituciones e investigadores (ONGs y Estados
nacionales”. Y la segunda es “un
sistema mundial de protección de la propiedad intelectual que penetre las
oficinas de patentes nacionales y que permita hacer válida la propiedad privada”.
Los proyectos de
bioprospección permiten explotar y seleccionar la diversidad biológica con la
finalidad de hallar recursos genéticos y bioquímicos comercialmente valiosos,
con el fin de patentarlos, lo que en 1993, Pat Money llamo Biopiratería
y que se entiende como: “la utilización de los sistemas de propiedad
intelectual para legitimizar la propiedad y el control exclusivo de
conocimientos y recursos biológicos sin reconocimiento, recompensa o protección
de las contribuciones de las comunidades indígenas y campesinas” (y agregamos: ni a los estados tropicales).
Delgado Ramos afirma que la biopiratería: “no es una conceptualización solo
analítica sino también política, es un mecanismo de enriquecimiento capitalista
de acciones ecologicidas y antitesis de la sostenibilidad”.
Para la catedrática Silvia
Rodríguez, existen diferentes tipos de bioprospección que se asocian a los
actores sociales. Entre estos tipos están: “la bio-prospección al azar e
intencional” y la “bio-prospección etnobotánica”, la cual según la autora “representa
para muchos el método más efectivo” para encontrar con mayor facilidad los
principios activos que generarían un fármaco potencialmente rentable o la
obtención de moléculas para la generación de alimentos transgénicos igualmente
rentables y perjudiciales.
Al finalizar el Congreso de
Biología Tropical (Biopiratería Tropical), los investigadores realizaron lo que
han llamado: “La declaratoria de San José”, y en la cual se destaca el llamado
al gobierno de Costa Rica de: “retirar y eliminar el proyecto de ley 17.680,
el cual pretende segregar unas 1.000 hectáreas del Parque Nacional Rincón de la
Vieja con el fin de dedicarlas a la geotermia”. Además enuncian la importancia de las interconexiones biológicas
que deben realizarse entre las diferentes áreas protegidas. Podemos especular
que estas se enmarcan dentro de los programas que integran el Corredor
Biológico Mesoamericano (CBM), es decir, la cara verde del Proyecto
Mesoamérica.
Llama mucho la atención en la declaratoria la afirmación que realizan, cito: "Costa Rica podría perder su liderazgo mundial como una sociedad capaz de haber integrado el progreso social, económico y ambiental", lo cual podría asumirse como una advertencia al gobierno nacional, si no se retira el proyecto de ley 17.680 de la corriente legislativa.
Llama mucho la atención en la declaratoria la afirmación que realizan, cito: "Costa Rica podría perder su liderazgo mundial como una sociedad capaz de haber integrado el progreso social, económico y ambiental", lo cual podría asumirse como una advertencia al gobierno nacional, si no se retira el proyecto de ley 17.680 de la corriente legislativa.
Pero nos preguntamos:
¿conocerán estos “900 científicos” la realidad que acontece con el déficit de
producción de energía eléctrica al que se enfrenta el país en época seca? ¿
Tendrán idea que los incrementos en el consumo eléctrico en Costa Rica son
cerca del 5,4 % anual, lo que nos proyecta una duplicación de lo producido
hasta hoy en los próximos 12 años? ¿Cómo científicos habrán sido rigurosos al
tomar en cuenta tales aspectos para realizar tan romántica declaratoria?
En el 2008, y gracias a la
conducción del catedrático Freddy Pacheco, de la Escuela de Ciencias Biológicas
de la Universidad Nacional de Costa Rica, hicimos un estudio integral de caso
sobre el Proyecto Hidroeléctrico Diquis (PHD), en el cual descubrimos que según
las proyecciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de algunos
desarrolladores de proyectos para la producción de energías limpias, el PHD
debía estar funcionando a más tardar en el 2016 y así eliminar el uso de las
plantas térmicas (consumidoras de combustible fósil) las cuales, además de
incrementar la factura petrolera del país, nos causan una dependencia
energética, son altamente contaminantes y la emisión de gases que generan
aportan bastante al tan mencionado calentamiento global.
Un ejemplo de esto es la
planta térmica Garabito en Puntarenas, Costa Rica, que pasó de consumir 8561
barriles de bunker en 2009 a 32952 barriles en 2010. Otro aspecto negativo de
esta forma de producción de energía eléctrica es que un proyecto de planta
térmica como Garbito le costó a los costarricenses 316 millones de dólares,
para producir 200 megavatios de electricidad, con un costo ambiental y
económico muy alto, lo que sin duda alguna se carga a la factura de los
consumidores mes a mes.
Las soluciones posibles que
hasta ahora se conocen, para tener una Costa Rica productora de energías
limpias son: las Plantas Hidroeléctricas, Parques Eólicos y las Plantas
Geotérmicas.
Entre las soluciones estaba
precisamente el PHD, que pretendía satisfacer la demanda de los costarricenses
por algunos años, como lo hizo el embalse de Arenal en su tiempo. Si no se
podía realizar el proyecto, se debía abrir el tema de concesiones de agua para
que los empresarios pudiesen construir pequeños proyectos hidroeléctricos, y
cambiar la ley que limita la producción de energía privada, por lo que el
ejecutivo presentó un proyecto de ley, donde se le permitiría incrementar la
generación de electricidad privada de un 15% a un 25% en el país. En el tema
del modelo desarrollo, este proyecto de ley responde al modelo de privatización
tan impulsado en los últimos años por los gobiernos neoliberales.
En el tema de la
conservación e impacto surge la pregunta: ¿Qué impacta más: muchas
hidroeléctricas pequeñas en manos privadas en la mayoría de los ríos del Caribe
o el PHD? Es importante aclarar que por razones técnicas los únicos ríos que
cumplen las condiciones geológicas para construir estas pequeñas plantas están
en la Vertiente Caribeña. También hay que mencionar que según la ley, el ICE
está obligado a comprarle al pequeño empresario la electricidad producida se
ocupe o no y que al termino de unos 20 años deberá pagarle al desarrollador el
valor de la planta hidroeléctrica que construyó (negocio redondo).
La otra solución que el ICE
ha ido implementando son los Parques Eólicos (PE), pero estos poseen el
problema que produce oscilaciones en la energía, ya que depende de la fuerza
del viento, lo que hace que esta fuente sea inestable para algunos sectores
cuyos equipos no pueden sufrir de variantes en los voltajes, por lo tanto los
parques son insuficientes para cubrir la demanda actual y futura.
Por último, el ICE presenta la propuesta de la energía geotérmica, la cual es mucho menos contaminante e impactante que la hidroeléctrica, pero con el agravante de que todos los sitios aptos en Costa Rica se encuentran bajo la modalidad de Parque Nacional y su costo de construcción es mayor que un proyecto hidroeléctrico. Pero hay que visualizar la opción de energía geotérmica como una inversión en una fuente inagotable de energía que no depende del estado meteorológico, que no impacta la flora y la fauna y, además, que no desplaza a los pueblos originarios como sucede con los embalses hidroeléctricos.
Por último, el ICE presenta la propuesta de la energía geotérmica, la cual es mucho menos contaminante e impactante que la hidroeléctrica, pero con el agravante de que todos los sitios aptos en Costa Rica se encuentran bajo la modalidad de Parque Nacional y su costo de construcción es mayor que un proyecto hidroeléctrico. Pero hay que visualizar la opción de energía geotérmica como una inversión en una fuente inagotable de energía que no depende del estado meteorológico, que no impacta la flora y la fauna y, además, que no desplaza a los pueblos originarios como sucede con los embalses hidroeléctricos.
Según los estudios
realizados por el Departamento de Recursos Geotérmicos del ICE, el potencial
teórico geotérmico de Costa Rica asciende a 900 Mega-Watios, siendo las áreas
de mayor potencial las ubicadas en la Zona Volcánica de Guanacaste y la Cordillera
Volcánica Central. Es importante acotar que esta forma de producir electricidad
sólo se puede hacer en determinadas partes del mundo, lo que hace de toda el
área centroamericana un importante núcleo de energía geotérmica.
La Ley # 3763, indica que
las riquezas de los Parques Nacionales en Costa Rica, no se explotarán con
fines comerciales, pero debe tenerse en cuenta que las plantas geotérmicas no
son propiamente actividades comerciales, ya que el recurso geotérmico es usado
para la satisfacción de fines públicos, el desarrollo de la calidad de vida,
derecho al servicio eléctrico y sobre todo a la soberanía y seguridad
energética.
Lo que no sucede con la
bioprospección, que traslada la riqueza en biodiversidad de nuestras áreas de
conservación a una molécula capaz de sintetizar un fármaco para su uso
comercial generando una alta rentabilidad a alguna de las casas farmacéuticas
transnacionales o las productoras de alimento transgénico.
Según el proyecto de ley
#17680, al afectarse una parte del inmueble del Parque Nacional, este se repone
mediante una permuta del terreno, como también lo propone en su texto
sustitutivo a la ley la Federación Conservacionista de Costa Rica (FECON), ONG
que reúnen a las asociaciones ambientalistas y de conservación de todo el país.
En el texto sustitutivo, se reconocen en los principios que existe la “necesidad
nacional del desarrollo geotérmico. La energía geotérmica constituye un recurso
natural sostenible, de importancia estratégica para el desarrollo nacional.
Representa energía firme de bajo a moderado impacto ambiental, que además
constituye un recurso autóctono que le otorga soberanía energética a nuestro país”.
Por lo visto, entre las
ONGs transnacionales y las ONGs nacionales existen dos visiones sobre el tema
de la energía geotérmica y del uso soberano de los recursos naturales, debate
que debe abordarse desde una perspectiva interdisciplinaria por parte de los
científicos de la biología tropical para “no caer inocentemente” en
declaratorias que intentan violentar el derecho soberano de los países para el
uso de sus recursos naturales de una forma sostenible y para el bien de sus
habitantes.
Costa Rica debe tratar el
tema energético como prioridad del Estado, y no permitir que núcleos ligados a
los intereses de las metrópolis le dicten la política de la única empresa
estratégica que posee el pueblo costarricense. Conviene empezar a ver hacia el
sur en el tema energético y seguir el ejemplo de otros países latinoamericanos,
los cuales han fortalecido y recuperado las empresas estratégicas de energía y
recursos naturales, hecho que les ha permitido una independencia energética, la
cual hoy hace de ellos uno de los bloques regionales más importantes del mundo
(Chile con Codelco, Brasil con Petrobras, Venezuela con PDVSA, Bolivia con la
YPDFB, Ecuador con Petro-Ecuador y Argentina con YPF).
En el tema de biodiversidad
ya es tiempo que las investigaciones científicas y sobre todo las realizadas en
bio-prospección contengan mecanismos para que el beneficio llegue a toda la población de los
países tropicales que aportan el 70% de la biodiversidad mundial.
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Óscar Barboza Lizano es
latinoamericanista, biólogo tropical y miembro de AUNA-Costa Rica.
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