martes, 26 de noviembre de 2013

Los Medios Públicos no pueden abandonar el campo de batalla cultural.

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En América Latina, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es una caricatura de esta postura ideológica. Más que en otros continentes, el sistema mediático se ha convertido en un actor político de choque contra los gobiernos progresistas. En Venezuela, participó abiertamente en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez. En otros países, como Argentina, Bolivia y Ecuador, está llevando campañas de desestabilización contra los respectivos gobiernos en un intento de impedir toda democratización de la legislación del sector de la comunicación. En estos países, en su gran mayoría, los medios privados se comportan como fuerzas de oposición y, en ocasiones, como fuerzas golpistas. Los Estados Unidos es otro ejemplo del papel anti-democrático del sistema mediático. La vida política está secuestrada por las grandes corporaciones que gastan miles de millones de dólares para comprar espacio o tiempo de publicidad en los medios a fin de derrotar a los candidatos al Congreso hostiles a sus intereses, y elegir otros que serán entonces meras marionetas en sus manos. La sentencia de la Corte Suprema del 21 de enero de 2010 permite a las empresas financiar sin limitaciones las campañas electorales. Le da carácter oficial al concepto “un dólar, un voto”.
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Los Medios Públicos no pueden abandonar el campo de batalla cultural.
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ALAI. América latina en Movimiento.

Viernes 22 de noviembre del 2013.

Bernard Cassen.

En lo que llamamos en Francia el “paisaje audiovisual”, los canales públicos de radio y televisión son sólo una fracción de importancia muy variable según el país y el momento. En unos pocos países – digamos por ejemplo Corea del Norte – el sector público puede ocupar la totalidad del espacio. En otros, por ejemplo los Estados Unidos, este sector tiene una presencia muy limitada, aunque su influencia en el debate de las ideas, la educación y la cultura va más allá de su alcance. Entre estos dos extremos, se puede hablar de un “modelo europeo” que combina un sector público fuerte y dispositivos de regulación que se aplican a todos los servicios de comunicación audiovisual, ya sean públicos o privados.

En primer lugar, tenemos que hacer algunos recordatorios para saber de que realmente estamos hablando:

- Hay que hacer la diferencia entre medios públicos y medios de comunicación del Estado o del gobierno. Además del Estado nacional y del gobierno, hay otras entidades de carácter público que tienen derecho a expresarse de forma independiente: los parlamentos; los partidos políticos; los sindicatos; los poderes locales (regiones, municipios, comunas); los grupos y organizaciones culturales, étnicas, religiosas y lingüísticas; las universidades y los centros de investigación, etc.

- Incluso en los sistemas nacionales sujetos a una regulación pública de todos los medios audiovisuales, el sector privado tiene como objetivo principal hacer dinero. Esto había sido formulado cínicamente por Patrick Lelay, entonces presidente del mayor canal de televisión privado francés, TFI, en un libro publicado en 2004. Según él, su trabajo era vender a los anunciantes “tiempo de cerebro humano disponible”.

- Sin embargo, con la creciente concentración del sector de la comunicación – del cual las emisoras privadas de radio y televisión son sólo un componente – el sistema mediático no obedece únicamente a una lógica de rentabilidad. También es un poderoso vector mundial de la ideología neoliberal que califica todas las medidas de regulación pública en favor del pluralismo y de los bienes comunes de la sociedad de “ataque a la libertad de información”, “a los derechos humanos”, etc.

En América Latina, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es una caricatura de esta postura ideológica. Más que en otros continentes, el sistema mediático se ha convertido en un actor político de choque contra los gobiernos progresistas. En Venezuela, participó abiertamente en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez. En otros países, como Argentina, Bolivia y Ecuador, está llevando campañas de desestabilización contra los respectivos gobiernos en un intento de impedir toda democratización de la legislación del sector de la comunicación. En estos países, en su gran mayoría, los medios privados se comportan como fuerzas de oposición y, en ocasiones, como fuerzas golpistas.

Los Estados Unidos es otro ejemplo del papel anti-democrático del sistema mediático. La vida política está secuestrada por las grandes corporaciones que gastan miles de millones de dólares para comprar espacio o tiempo de publicidad en los medios a fin de derrotar a los candidatos al Congreso hostiles a sus intereses, y elegir otros que serán entonces meras marionetas en sus manos. La sentencia de la Corte Suprema del 21 de enero de 2010 permite a las empresas financiar sin limitaciones las campañas electorales. Le da carácter oficial al concepto “un dólar, un voto”.

Hasta el punto de que Barack Obama, a pesar de ser beneficiario de este sistema –había recogido mas aportaciones financieras que su competidor – calificó la sentencia de la Corte de “gran victoria para las multinacionales petroleras, los bancos de Wall Street, las compañías de seguros y otros grupos de interés quienes, cada día, movilizan fuerzas en Washington para ahogar la voz del pueblo estadounidense”.

A cambio de un diluvio de dólares, ciertos medios de comunicación se abstienen de toda crítica de los candidatos beneficiarios de esta compra de votos. En cada elección, estamos frente a un golpe de Estado electoral organizado por lo que podría llamarse el complejo mediático-financiero, no ajeno al complejo militar-industrial denunciado por Eisenhower en 1952 al abandonar la Casa Blanca. La ausencia de regulación de la financiación de las campañas electorales y la debilidad de los medios públicos impiden cualquier contrapeso al poder del dinero.

La situación es más sofisticada en Europa. Por un lado, la financiación de las campañas electorales es generalmente enmarcada en la ley; por otro lado, no existe el concepto de canal de radio o televisión “opositor”. Debido a los dispositivos de regulación, partidos políticos de la oposición, cualquiera que sea el gobierno, tienen cierto acceso a los canales públicos y privados. Pero sería un gran error centrarse sólo en este derecho de acceso. El formateo de las mentes se hace de manera mucho menos visible a través de la estructura y del contenido de los noticieros: sensacionalismo (crímenes, accidentes, catástrofes); reducción de la política a polémicas superficiales; cobertura de los problemas económicos y de las luchas sociales a través del prisma neoliberal.

El tratamiento de los movimientos sociales obedece a cinco objetivos que el colectivo de comunicación de la CLOC (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo) de la Vía Campesina, ha identificado. Se publicó en la edición de enero de 2013 dedicada a la comunicación de la revista América Latina en Movimiento (1) producida por ALAI (Agencia Latinoamericana de Información) que recomiendo encarecidamente la lectura . Estos son los objetivos:

- Cooptar mediante el personalismo. Personalizar las luchas destacando los dirigentes escogidos no por los trabajadores, sino por los medios de comunicación
- Dividir
- Criminalizar las luchas sociales
- Imponer agendas
- Invisibilizar las luchas

Estos métodos no son exclusivos de América Latina, también se aplican al resto del mundo, especialmente en Europa.

Las cuestiones de control o la falta de control de la información en la radio y la televisión, y el contenido de los programas de noticias son sólo parte del problema. Para evaluar el impacto político e ideológico global de las empresas de medios audiovisuales, es también, y quizás lo más importante, tener en cuenta los programas de entretenimiento, por el número de horas que representan.


En Francia, las personas mayores de 4 años pasan un promedio de 3.50 hrs por día frente a las pantallas de televisión. Las personas mayores de 13 años escuchan la radio una media de 2.58 hrs por día. Y eso sin contar el tiempo que pasan ahora, gracias a Internet, frente a las pantallas del ordenador, tabletas y teléfonos inteligentes (smartphones), fenómeno al que regresaré en un momento. Una pequeña fracción del tiempo es la que se dedica a la información política en el sentido estricto del término. Todo lo demás es entretenimiento, donde hay que incluir a los deportes.

Este es uno de los principales retos a los radiodifusores públicos para cumplir con su misión de difusión de la cultura, de promoción de la identidad, de integración y de defensa de las lenguas nacionales.

Las situaciones varían mucho de un país a otro. Dejaré a mis colegas de América Latina el tratamiento de su propio continente, y en particular el análisis del contenido y de los resultados de las iniciativas constitucionales y legislativas en materia de derecho a la comunicación en Venezuela, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina. Permítanme mencionar algunas tendencias importantes en Europa, principalmente en Francia. Vamos a ver cómo convergen o no con los existentes en otras partes del mundo.

De antemano, recuerdo lo que dije al principio de esta presentación sobre la necesaria distinción entre canal público de radio y televisión y canal de radio o televisión de Estado o de Gobierno. Nadie en Europa defiende un monopolio estatal abolido en Francia en 1982. Nadie en Europa tampoco defiende la idea de que una cadena pública debe estar al servicio del gobierno. Dicho esto, se entiende que cuando los medios privados se vuelven violentamente hostiles, es grande la tentación de convertir a los medios de comunicación públicos en herramientas de promoción exclusiva del gobierno.

En última instancia, sin embargo, esta opción puede ser contraproducente, porque si hay un cambio en el poder, por ejemplo después de una derrota electoral, la oposición controlaría tanto los medios de comunicación públicos como los privados… La batalla a librar es la democratización de los sectores tanto público como privado, y por lo tanto el pluralismo interno en ambos.

Esta batalla se da también en Europa, aunque con formas menos espectaculares que en América Latina. Sin lugar a dudas, en sus estatutos, el sector público no es la correa de transmisión del poder político, pero está sometido a las presiones y a las intervenciones gubernamentales. Podríamos citar muchos ejemplos, especialmente en Italia y Francia. En nuestros dos continentes, por no hablar de los demás, el deseo por la democracia y la libre expresión de las diferencias es un componente de toda identidad nacional. Por eso no debemos temer que esta aspiración se convierta en un requisito para el sector público.

En cualquier caso, con la explosión del número de canales y la convergencia de las comunicaciones audiovisuales y de las comunicaciones electrónicas, el sector público tiene que competir con la proliferación del sector privado y no tiene a priori una audiencia garantizada. Él debe conquistar y retener a esta audiencia. Es inútil producir programas que nadie o muy pocas personas ven o escuchan.

La situación se complica aún más con la nueva tendencia de los jóvenes que se apartan de la televisión en favor de Internet. Un estudio realizado en Francia en enero de 2013 mostró que semanalmente los jóvenes de 13 a 19 años gastan de 13.00 hrs Web contra 11.15 hrs viendo la televisión, y esta brecha es cada vez mayor. En su ordenador, componen sus propios menús a partir de los sitios de replay, de los canales de televisión, y sobre todo de las plataformas de intercambio de videos como YouTube o su equivalente francés Daily Motion.

Esta migración de los jóvenes de la televisión al ordenador (y también tabletas y teléfonos inteligentes), y por lo tanto la migración de programas sin ningún tipo de limitaciones físicas o de tiempo, no puede ser ignorada. Los canales de televisión tendrán que adaptarse. No saben todavía cómo, ni los privados ni los públicos. Pero éstos últimos tienen una responsabilidad especial para anticipar este fenómeno si no quieren que los paquetes de programas que cada uno puede componer de forma individual.

La cuestión del control político de la información producida por el sector audiovisual público tiende, con demasiada frecuencia, a eclipsar el contenido de sus programas. Sin embargo, son ellos, mucho más que los noticieros, los que contribuyen al formateo de las mentes. Desde este punto de vista, no vemos diferencias fundamentales entre los canales públicos y los canales privados. Se nota en particular que las series estadounidenses son omnipresentes en los canales privados de máxima audiencia, y tienen también un espacio importante en las cadenas públicas, en detrimento de la producción nacional.

Esto también es cierto en otros países de Europa continental. Romano Prodi, ex Primer Ministro de Italia y ex presidente de la Comisión Europea, dijo lo siguiente ante el Parlamento Europeo el 13 de abril de 1999 : “La fuerza de la cultura estadounidense en un sentido amplio, tal como se expresa simbólicamente por los medios de comunicación, es vista por algunos como si pudiera constituir una referencia unitaria para una Europa en busca de su alma. Esta suposición no es escandalosa”. La consecuencia lógica de esta rendición incondicional de un alto funcionario europeo es la promoción del inglés como lengua común de Europa y por supuesto, del resto del mundo.

El gran desafío a los canales públicos, europeos y de América Latina, es la producción de programas que, respetando la letra y el espíritu de su misión, sean a la vez populares y de alta calidad con el fin de atraer a una gran audiencia. Esto es a la vez una cuestión de creatividad y de libertad de expresión cultural y una cuestión de financiación para deshacerse de la dictadura de la publicidad.

Hay que resistir a la tentación de limitar las producciones del sector público a unas audiencias minoritarias. Sería abandonar el campo de batalla cultural. No debemos encontrarnos en el dilema que el sociólogo francés Henri Maler formuló de este modo: “Para que los espectadores no tengan que elegir entre los programas demagógicos sujetos al mercado y los programas educativos presentados por el Estado; entre el entretenimiento comercial (y privado), por un lado, y la formación ascética (pero pública) del otro”.
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- Bernard Cassen es profesor emérito de la Universidad de Paris 8, ex director general de Le Monde Diplomatique y secretario general de la ONG Mémoire des luttes (Memoria de las luchas), París. Intervención en el panel “Integración, Cultura e Identidad”, del Primer Festival Internacional de Radio y Televisión, celebrado en La Habana, el 9 de septiembre 2013.

Fuente: UPEC

Boletín Entorno, Año 11 Número 94, Cubarte, 2013-11-21

[1] NdE: El texto en referencia es parte del libro "Democratizar la palabra: Movimientos convergentes en comunicación", p. 107, disponible en versión digital en http://alainet.org/publica/democom/

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