PERÚ. ¿CUÁL ES EL PROBLEMA CENTRAL DEL NIÑO COSTERO?. ¿Y EL ESTADO? PERÚ Y ECUADOR FRENTE A EL NIÑO.

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EL ESTADO (HECHO PEDAZOS) Y LA AUSENCIA DE CIUDADANÍA.- LIMA, TRUJILLO, PIURA, CHICLAYO, TUMBES, ANCASH. ICA, AREQUIPA.  EL PERÚ EN EMERGENCIA NACIONAL. Recuperemos la Confianza como eje central de Dialogo y Participación Ciudadana.-  Frente la tragedia nacional, la destrucción de pueblos enteros, la desesperación de millones por AGUA, la respuesta directa del pueblo es la organización, la UNIDAD, la Movilización  de toda la Sociedad Civil, empoderando la PARTICIPACIÓN CIUDADANA, (El Voluntariado) como eje central de Defensa y protección de toda la población frente al desastre causado por la Naturaleza, NO, el desastre lo hemos causado nosotros los seres humanos imponiendo en todos los tiempos y lugares, la INFORMALIDAD, hemos invadido todo, cuanto está a nuestro alcance, le arrebatamos con violencia, (invasiones)parte del suelo natural y social de la Madre Naturaleza. Frente al “trabajo” ilegal, delincuencial, que han realizado los invasores y revendedores de terrenos, traficantes de terrenos por lo general siempre se presentó la “complacencia” de la Autoridad Edil (debilidad política-institucional, fiel reflejo del carácter del Estado, inoperante, centralista, asfixiante, elitizado, elefantiásico, subsidiario) que hoy la estamos pagando muy caro, y nuestra “Ciudadanía” hoy es fiel reflejo, resultado directo, fotografía real del “modelo” de Estado, que hoy tenemos. Ni Derechos Constitucionales y menos responsabilidades sociales de la población. Hoy nuestro lema debe ser UNIDAD de toda la población, apoyo a los pueblos más necesitados – donde prácticamente han sido barridos por la furia del Niño Costero, pero siempre unido a nuestra terrible informalidad, que invadimos – todo vale para pepe el vivo -. Señores la respuesta del pueblo debe ser la PLANIFICACIÓN de la Reconstrucción de las Ciudades y Pueblos, tomando como base central de este proceso social el ORDENAMIENTO TERRITORIAL, respetando a la Madre Naturaleza y exigiendo un Estado, - que fomente y reconozca derechos, para empoderar Ciudadanía - que regule y fortalezca la Institución y Autoridad de la Municipalidad Local.

LA INFORMALIDAD, como práctica hegemónica en el escenario de la vida nacional – sólo para su reconocimiento en los últimos tiempos -  modalidad que tiene vigencia absoluta desde los años 60’ del siglo XX tiempo que se inician las grandes migraciones del campo a la ciudad, pero la Ciudad no estaba preparada para recibir  a los millones que dejaban el campo por diversas razones – pobreza absoluta, explotación y formas arcaicas de dominación ancestral, reforma de la Educación, sequía continuada, terremotos, ampliación y violencia  de las luchas campesinas, generó un proceso masificado  migracional, campo ciudad desde finales de la década de los 50’ del siglo XX - y como siempre, años después la Ciudad invadida, la desocupación, la miseria, la violencia en la ciudad, conduce – como  resultado natural – a varias formas de sobrevivencia ilegítimas, ilegales, donde el traficante de terrenos tiene un complaciente trato con la Autoridad (en general), que invadieron todo, en una Ciudad NO preparada para recibir semejante y masiva migración, primero como consecuencia de los largos años de sequías de los años 50,  después por los terremotos en el Sur (Arequipa), la crisis del agro, la revolución en la Educación, presentes en la gran Ciudad y años después por el gigantesco éxodo del campo a la ciudad, como respuesta al terrorismo y la expulsión de miles de miles. Resultado invadimos el suelo natural social de la Madre Naturaleza y hoy bebemos como veneno estos terribles resultados. El Estado, la autoridad Regional, Local, Municipal – no desarrolló, ni la más elemental – Política de prevención y defensa de la VIDA de los pueblos

 

 Voluntariado Juvenil. Miles Particpan activamente a nivel nacional en solidaridad con los pueblos del Perú. AGUA es el gran apoyo en estos tiempos. Organización y Unidad para garantizar el éxito de este noble gesto, en especial de la juventud.

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EL PUEBLO SE UNE Y MOVILIZA, LA CONFIANZA  Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO GARANTÍA DE PLANIFICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN.- Primera solución AGUA.-  El fin de un “politiquero” que durante mucho tiempo gozó de la Confianza del Pueblo de Lima, hoy está demostrando, que no solo es “mudo” como comentan los medios y políticos de la Capital, si no que hoy también “desapareció, se escondió, frente a la Tragedia Nacional – la emergencia de Lima ante el desastre causado por el Niño Costero y la permanente irresponsabilidad de nuestras propias poblaciones, unos por ser víctimas de los traficantes de terrenos, los conocidos invasores, que han destruido en estos 50 años de la gran Migración campo-ciudad, grandes sectores naturales que pertenecen a la Naturaleza y los mismos que se garantizaron con Autoridades Ediles que más les importó, interesó el voto electoral, la consigna y el tráfico electoral, (Hoy martes “reapareció” justificando sus “brillantes ingenieros” e insultando al Presidente en un Twitter sobre la caída de los Puentes, pero como es normal en su forma de actuar,  nunca asume responsabilidades que su política de “eterna” INFORMALIDAD, al final traería consecuencias dramáticas para la propia población.  Resultado de este pandemónium generalizado nacional, es importante señalar la ausencia – o falta – de LIDERAZGO NACIONAL, gran trabajo de impulsar desde las propias bases sociales de los pueblos la PARTICIPACIÓN CIUDADANA, tomando como base de la reconstrucción el ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

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PERÚ. ¿CUÁL  ES EL PROBLEMA CENTRAL DEL NIÑO COSTERO?.

¿Quiénes son responsables directos del problema?

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Robinson Olivera.

ALAI. Martes 21 de marzo del 2017.

Como un fenómeno de la naturaleza relacionado con la injerencia humana a partir de la alteración del espacio natural y social, se trata de un fenómeno impredecible que, preconcebido y esperado, se ha tornado en una especie de “crónica de una muerte anunciada”, cuyos antecedentes ya se manifestaban desde el año pasado.

El desastre actual se evidencia en lluvias con fuertes precipitaciones que han generado un sinnúmero de derrumbes, inundaciones y huaicos que afectan directamente en zonas rurales y urbanas del país, donde claramente, se percibe que este fenómeno natural ha impactado todo lo que se encuentra a lo largo de su recorrido, mejor dicho lo que se atraviesa en su curso incontenible: pobladores, cultivos, caminos, viviendas, edificios e infraestructura en general. De allí que las pérdidas humanas y materiales están a la orden del día, pues no se puede contabilizar la magnitud final de esos daños, ya que aún no ha terminado. Contrariamente, está empezando.

El problema central parece apuntar hacia la planificación, como un eje fundamental en la relación ser humano - naturaleza y ser humano – sociedad, puesto que se refiere a la construcción del espacio y su respectiva configuración social en el marco de un proceso en el tiempo con una dimensión sociocultural, sociopolítica y socioeconómica.

La planificación no es algo que se comprenda como un fin en sí mismo, como si fuese un instrumento mágico cosificado; es un recurso con una mediación política que puede encaminar el resultado de un proceso de gestión colectiva, el cual se supone debe ser consultada, concebida, negociada y consensuada en el mejor de los casos entre sujetos participantes en un espacio y tiempo determinado. Consecuentemente, dicho proceso contempla la realización del diagnóstico, la formulación, la ejecución y la evaluación del plan, programa o proyecto de interés en cuestión según los procedimientos establecidos en cada uno de esos pasos a seguir.

Esa responsabilidad debe ser asumida, construida y compartida por la sociedad civil (sociedad) y la sociedad política (estado) desde un enfoque de derechos, equidad, género, diversidad, inclusión, interculturalidad y medio ambiente, y de cara a un escenario de transparencia y rendición de cuentas a toda la ciudadanía, de manera especial a su población meta.

Un componente del proceso se refiere entonces a la planificación territorial que vislumbra la organización y el ordenamiento del espacio o del territorio de su población, razón por la que se denomina ordenamiento territorial. Una gestión de esta naturaleza sería impensable al margen de la definición de un plan nacional de desarrollo con sus respectivas políticas públicas, institucionales e interinstitucionales, sectoriales e intersectoriales, las cuales deben establecer procedimientos, mecanismos y viabilidades en concordancia con el orden jurídico y los recursos humanos y materiales disponibles a nivel nacional.

De modo que las posibilidades de un ordenamiento territorial en el marco de la planificación conlleva necesariamente una interpelación de sus diversos actores, entre los cuales están las poblaciones vulnerables, más aún las que se encuentran en situaciones de riesgo, a fin de visualizar conjuntamente la gestión de un espacio adecuado y, simultáneamente, garantizar la dotación de equipamiento social deseable en la construcción de la ciudad en el ámbito rural o urbano según sean sus características particulares en cualquiera de las regiones del país.

El problema no se debería consignar ni reclamar a “la” institución ni a “una sola” institución, como entes abstractos del estado, sino a quienes tienen la responsabilidad inmediata por parte del gobierno central en su calidad de interlocutores técnicos y políticos del Estado, en otras palabras, autoridades y funcionarios públicos del poder ejecutivo que han asumido esas responsabilidades en materia de gestión inter institucional y sectorial según sus prioridades estratégicas, las cuales se convierten en la plataforma de implementación material de las políticas públicas competentes.

Asimismo algunos inversionistas del sector privado nacional e internacional tendrán principalmente cuotas de corresponsabilidad social, política y económica en la medida que hayan logrado invertir y capitalizar, incidir en la configuración del espacio físico e impactar -como suele suceder- en el entorno natural por encima de los procesos de planificación y ordenamiento territorial inclusive. En esos casos, las consecuencias podrán ser negativas si fomentan el detrimento de los recursos naturales, el estancamiento del desarrollo social y la pérdida de calidad de vida de la población. De allí que el estudio oportuno de cada sector en sus diversas regiones podría ilustrar mejor aquellos atenuantes y agravantes del desarrollo humano, sociopolítico y socioeconómico de sus respectivas ciudades.

Inevitablemente, ahora surge la siguiente pregunta: ¿Quiénes son responsables directos de los problemas de planificación y de ordenamiento territorial de los sectores urbanos y rurales afectados por el fenómeno natural del Niño costero? ¿Será entonces la furia de la naturaleza? Por supuesto que no. Sobra decir que el problema va más allá de dicho eufemismo. Esa idea seguirá siendo un criterio impreciso, fragmentado y evasivo en la comprensión de todo este desastre natural y social. Una vez más podría ser fácil culpar a la naturaleza que responsabilizar, por un lado, a quienes realmente representan los desaciertos de la gestión pública del poder local y, por otro lado, a quienes arbitrariamente han pretendido imponer una gestión privada desde una lógica de acumulación, privatización y libre mercado del modelo económico de desarrollo.

No cabe la menor duda que el problema central recae en autoridades y funcionarios del poder local que, por indiferencia, negligencia o intereses creados, implementan una gestión pública débil y dispersa, sin capacidad eficiente que permita contener y minimizar situaciones de riesgo en el corto y mediano plazo; e incumplen además la atención de las necesidades básicas de su entorno en materia de empleo, salud, educación, alimentación, vivienda y equipamiento social, especialmente de las poblaciones vulnerables que viven en esas ciudades en estancamiento o crecimiento y, en el mejor de los casos, esperan ansiosamente su desarrollo humano y social.

Frente a la expansión de las ciudades, la estructura deficiente del empleo, el desplazamiento migratorio interno, la creciente demanda de nuevos servicios y la alteración violenta del espacio natural y social, se podría constatar irresponsabilidad de algunas autoridades y funcionarios locales en la atención de las demandas básicas ciudadanas, cuánto más de sus poblaciones vulnerables; al mismo tiempo, se podría descubrir también otros intereses creados, inclusive sobornos y complicidades provenientes de la representación ejecutiva o gerencial de importantes inversiones privadas, inclusive públicas, que forman parte de las múltiples gestiones del desarrollo rural y urbano. De cualquier modo, la fuerza de las inversiones privadas y públicas apostarán mayoritariamente por los intereses del capital y el control neoliberal del sistema actual.

Finalmente, la mano invisible del mercado podrá materializarse con su lógica perversa y ciega sin hacer distinción del espacio natural y social, impactando vorazmente sobre toda su población vulnerable y empobrecida, sin discriminar más su condición etaria, étnica y de género.

 MSc. Robinson Olivera.

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¿Y EL ESTADO? PERÚ Y ECUADOR FRENTE A EL NIÑO.

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María Florencia Pagliarone.

CELAG. ALAI.- Lunes 21 de marzo del 2017.

En los últimos días, el fenómeno de El Niño ha desatado su furia contra las costas de Ecuador y Perú. La inclemencia climática definida como un calentamiento de la superficie de las aguas del Pacífico que afecta principalmente el Sureste Asiático, Australia y Sudamérica se caracteriza por el ingreso de una masa superficial de aguas cálidas en el mar, lo que genera el aumento de la temperatura de la masa de agua e intensas lluvias.

Este tipo de fenómenos climáticos pone a prueba no solo los sistemas de emergencia de los gobiernos sino también la eficiencia de la planificación y el tan denostado “gasto público”. En uno de sus últimos reportes el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informaba que en Perú ya se contabilizaban 2.739 personas damnificadas, 9.550 afectadas y 70 muertos; además de 353 viviendas colapsadas, 392 inhabitables y 1.813 fuertemente afectadas. A lo que se le suma la afectación de los edificios públicos: 24 escuelas con daños y 2 colegios inhabitables y poblaciones que han quedado incomunicadas: los caminos rurales destruidos suman 40.83 kilómetros y hay otros 115.74 kilómetros afectados, 526.57 kilómetros de carreteras arrasadas y 507.62 kilómetros con daños considerables

Hace tiempo se advertía de las posibles consecuencias que traería este tipo de fenómeno climático. Incluso en 2015 hubo un evento similar donde 6 regiones habían resultado afectadas por huaycos con un saldo de 13 personas fallecidas. Pese a ello, la prevención de riesgos no tuvo avances significativos: la Municipalidad de Lima, hoy asediada por la falta de agua, tenía un presupuesto de 34 millones 217 mil 868 soles que debían ser destinados al rubro “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”. Pero debido a la falta de planificación y al mal uso de los fondos públicos, solo 4 millones fueron utilizados en labores de prevención, destinando el resto al mejoramiento del malecón de la Costa Verde.  Así, debido a la cantidad de basura y lodo, los canales de captación de agua han colapsado, dejando sin este líquido vital a la población de la capital. La foto que sigue a continuación muestra a los habitantes de Lima abasteciéndose de agua en las fuentes que se encuentran en los exteriores del Palacio de Gobierno.

Foto: El Comercio – Perú

Las consecuencias de un Estado ausente durante años y las fallas en la planificación y ejecución de obras hacen que algunas obras como el Puente Solidaridad en el Malecón Checa en San Juan de Lurigancho hayan sido arrastrados por la fuerza del agua. Éste se suma a los otros 28 puentes que han sido destruidos. Además, la falta de planificación urbana ha hecho proliferar asentamientos humanos en sitios de riesgo por los deslaves o la crecida de ríos.

Verónika Mendoza, quien fuera candidata a la presidencia por el Frente Amplio, afirmó en un mensaje en redes sociales que se requiere “una política seria de ordenamiento territorial, de gestión de riesgo de desastres y de adaptación al cambio climático”. Además de “prevenir, planificar y priorizar las inversiones”. Algo que en el Perú de las últimas décadas ha estado ausente del plano de la discusión política: “hemos insistido tantas veces con una palabra que la clase política tradicional detesta: PLANIFICACIÓN”. Mientras, el gobierno de Kuczynski promete destinar 800 millones de soles (242,4 millones de dólares) para la atención y reconstrucción de las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque, la población requiere la presencia del presidente en las zonas afectadas para constatar el abandono gubernamental. Hasta el día jueves, el presidente insistía en no declarar la Emergencia Nacional porque no era “necesario”. 

Con más de 70 muertos, recién en la jornada del sábado, se declaró el estado de emergencia en 15 distritos de Lima y 24 distritos de 7 provincias del departamento de Lima.

En el caso de Ecuador, 6.000 familias han resultado afectadas por las lluvias. Se registran 15 personas fallecidas, 6.000 viviendas afectadas y 123 destruidas. Sin embargo, las consecuencias del efecto climático han sido aminoradas por las obras públicas de la Revolución Ciudadana. Entre 1982 y 1983, el fenómeno de El Niño produjo pérdidas que superaron los 630 millones de dólares. Más recientemente en 1998, las pérdidas ascendieron a 2.900 millones de dólares.

El gobierno de la Revolución Ciudadana apostó a una inversión de 1.200 millones de dólares destinados a construir seis megaproyectos hídricos localizados en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y Cañar. De estos 6, 4 están destinados al control de las inundaciones como es el caso de los multipropósitos de Bulubulu, Cañar, Naranjal y Chone. Estas obras evitaron pérdidas de casi cerca 131.000 hectáreas por la crecida de los ríos y más de 330.000 habitantes han resultado beneficiados.

Sin embargo, frente a estas mega obras, la oposición insiste en la crítica hacia el desmedido “gasto público”, sin tener en cuenta que dichas construcciones al final de cuentas permiten ahorrar dinero que luego por la inercia estatal tiene que ser utilizado en procesos de reconstrucción. Además de que permite salvar vidas humanas.

En Ecuador, la inversión pública en relación al PIB alcanza el 32%, porcentaje inferior a otros países como Suecia (49,1%), Argentina (38%) y Estados Unidos (36%). El trasfondo de la crítica al “gasto público” se vincula al argumento de reducir el Estado para reemplazar la inversión pública por privada y que sea el sector externo y el privado el responsable de la obra pública. El ejemplo de Perú pone sobre la mesa los riesgos.

 María Florencia Pagliarone .- Investigadora CELAG.

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