UN TRATADO COMERCIAL -TLC - desde el inicio de los mismos -
1994 - el TLCAN, entre Estados Unidos, Canadá y México - o los mismos Tratados Comerciales,
firmados en los tiempos del Presidente García - y otros presidentes -, quienes lo exigen los TLC, quienes lo
imponen - NO el pueblo, No los trabajadores o los agricultores, o ganaderos
o artesanos del Perú
profundo - NO incluso los medianos
agricultores, o los propietarios de las economías locales y regionales NO
señores, quienes lo promueven y lo defienden son los grupos de poder, las distintas facciones de las clases dominantes,
los grupos de exportadores, porque al final ellos se convierten en sus
implementares, ejecutores - socios
menores - de las grandes Corporaciones
transnacionales, del poder del capital corporativo global, hoy camino,
fuente – inagotable – de las nuevas
formas de acumulación del capital transnacional, proceso local-global
que termina, por la propia naturaleza del Modelo
neoliberal, favoreciendo la acumulación de la riqueza mundial en beneficio
de ese 1%
de la población – las elites gigantes del poder mundial –
y sus consecuencias inhumanas, salvajes, violentas, producto de la imposición,
dirección de las Corporaciones globales del capital corporativo global
Al final millones se quedan sin trabajo, sin sus economías locales o
regionales, porque no son competitivas
en un mercado, “lleno” por los productos de importación que llegan libres de todos los impuestos. En esas
condiciones difíciles de competir frente a los gigantes y aún protegidos, precisamente por los TLC, representan
nuevas formas de dominación financiero-comercial. Al final sus economías son aplastadas, hundidas, totalmente
destruidas por la penetración libre de
la producción que viene protegida de aranceles de los países
globalizadores. El propio neoliberalismo -. Desde su eje central, el libre comercial mundial y la hegemonía de las
corporaciones transnacionales – uno de sus objetivos para tener libre los mercados
de los países del mundo – es precisamente aplastar, desaparecer las economías locales,
regionales. Resultado miles migran del campo a la ciudad, son expulsados
y el hambre y la miseria los lleva inexorablemente a la MIGRACIÓN, El Ciudadano, el
Poblador, - en nuestro caso del Perú Profundo – migra antes esta vil y violenta
realidad, salir de su pueblo – miseria, hambre - creyendo encontrar la solución
a sus esperanzas heridas en la “gran Ciudad”, por lo general se convierte – ante sus
ojos – en la sepultura de sus ilusiones. Poblaciones
maltratadas por los gobiernos que dijeron ser sus representantes, al final con el poderoso cuento de los TLC
y la modernidad y la globalización empresarial, el gran perdedor el poblador, el agricultor, el ganadero, el artesano,
el productor pequeño y mediano del Perú
Profundo. Pero la resistencia es fuerte
y la DIGNIDAD de los “de abajo” es grande y poderosa y se abren mil
caminos, florecen cien flores porque el PUEBLO está asumiendo su Defensa de lo que es suyo, de lo que
ple pertenece por Historia y de lo que nuestra Soberanía Nacional.
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TRATADOS COMERCIALES, JAQUE
MATE A LA DEMOCRACIA.
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Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate.
OMAL/La Marea.
Jueves 18 de octubre del 2018.
La democracia es, sin duda, una de las principales
víctimas de la profunda crisis actual. Asistimos al desmantelamiento progresivo
de principios políticos que no hace mucho tiempo parecían hegemónicos:
soberanía popular, derechos humanos, ciudadanía, representatividad, separación
de poderes, primacía de lo político sobre lo económico… que se convierten ahora
en papel mojado.
No nos engañemos, estos principios siempre fueron más
un relato que una realidad, ocultando en sus prácticas una matriz colonial,
patriarcal y clasista, sostenida sobre notables desigualdades y desde el uso de
una violencia estructural. Pese a ello, conformaban un modelo de democracia
de baja intensidad que permitía, fundamentalmente en el Norte global, ciertos
espacios de decisión popular. Precisamente hoy no solo estos, sino incluso el
mismo relato del Estado de derecho y de la arquitectura multilateral de defensa
de los derechos humanos están en el punto de mira del sistema.
Ya no le son funcionales: el capitalismo es
incompatible con la democracia y, para que pueda sobrevivir en un momento
especialmente crítico, lanza un jaque mate al imaginario y al modelo vigente
desde mediados del siglo pasado. En este sentido, el triángulo conformado por
el enorme excedente económico generado por la financiarización de la economía global
–que necesita febrilmente encontrar espacios de reproducción–, las escasas
expectativas de crecimiento y acumulación para las próximas décadas, así como
el colapso ecológico en ciernes fruto del cambio climático y del agotamiento de
las fuentes de energía fósil, provoca una tormenta perfecta en la que el poder
corporativo –comandado por las empresas transnacionales– impulsa una ofensiva
salvaje.
Se pretende así redefinir el proyecto
político-cultural del capitalismo para las próximas décadas, en función de un
principio básico: para superar este momento crítico, ya nada puede quedar fuera
de la órbita capitalista, todo debe convertirse en un espacio de acumulación,
sin traba alguna. Toda barrera a los mercados globales y a los negocios
internacionales debe ser derribada: barreras geográficas, que impidan
avanzar en el viejo sueño húmedo de un único mercado mundial
auto-ultrarregulado; barreras sectoriales, que permitan arrasar con todo
ámbito público y/o común en favor de lo privado y corporativo; y, por supuesto,
barreras políticas, que pongan coto a la soberanía popular frente a la
primacía del capital.
En esta lógica se inscribe el creciente autoritarismo,
así como el ascenso del fascismo social y político. Por poner algunos ejemplos,
hemos visto una Troika capaz de imponer una deuda ilegal e ilegítima al pueblo
griego, a pesar del masivo rechazo en referéndum; una policía que reprime con
saña en Cataluña frente a una ciudadanía decidida a votar, sin ningún tipo de
consecuencia política; una Unión Europea que practica sistemáticamente la
necropolítica, y que se pasa por el arco del triunfo el marco internacional de
los derechos humanos; un sistema judicial convertido en sujeto político, que
permite a los poderes fácticos avanzar allí donde estos no alcanzan, como se ha
constatado en Brasil, Ecuador y el Estado español; un sector financiero que
impone su poder sobre los pueblos, haciendo que estos acudan al rescate de sus
desmanes; unos crecientes espacios de no-derecho, como Guantánamo, que
normalizamos; y una extrema derecha que amplía sus espacios –incluso
gubernamentales– fomentando la guerra entre pobres y las lógicas excluyentes.
Pero la puntilla a este proceso de desmantelamiento de
los mínimos democráticos a escala global tiene nombre propio: los tratados
comerciales. Asistimos a una nueva oleada de acuerdos de este tipo (CETA,
JEFTA, USMCA, TISA, TTIP, etc.), que pretende completar el proyecto de la
globalización neoliberal imponiendo una constitución económica de
carácter poliédrico.
Hablamos de constitución precisamente porque aspira
situarse en la cúspide de la pirámide político-jurídica delimitando, como
suelen hacer las constituciones, el marco de lo posible: qué se prioriza y qué
no, a qué se le concede valor y a qué no. Hablamos de constitución económica a
escala global porque lo que trata de imponer precisamente es la hegemonía
indiscutible de la lex mercatoria , la primacía y blindaje de los negocios
de las empresas transnacionales a escala internacional. Y hablamos de
constitución de carácter poliédrico porque sus contenidos no se plasman en un
único documento con su articulado específico, sino que este se vierte en
múltiples y muy diversos tratados que, dentro de una estrategia dinámica,
flexible y progresiva, incorporan parámetros similares.
Los parámetros compartidos por esta poliédrica constitución económica global se podrían resumir en cuatro apuestas complementarias.
En primer lugar, todos los nuevos tratados sin excepción
incorporan una definición ampliada de comercio internacional, que ahora
también incluye inversión, servicios, finanzas, bienes naturales, compra
pública, comercio digital, innovación, competitividad, etc. Todos estos
ámbitos, por tanto, entran indefectiblemente en el marco de los negocios de las
grandes empresas, arrebatándolos así del debate político y de la órbita de la
soberanía popular.
Además, los acuerdos comerciales posicionan, cual tabla
de mandamientos corporativos, una serie de valores de gran
exigibilidad, justiciabilidad y capacidad de coerción a escala global,
delimitando el nuevo marco de lo posible: el acceso al mercado sin trabas para
las grandes empresas se convierte en máxima; la primacía de la seguridad de la
inversiones y de los beneficios empresariales se impone al mandato democrático
y popular; la armonización normativa a la baja en derechos colectivos se asume
como ofrenda en el altar de la competitividad, creando toda una estructura
multilateral en su defensa; y se fomenta la mercantilización de todo sector
público y/o comunitario, impidiendo en sentido contrario todo proceso de
nacionalización, republificación o de propiedad y gestión colectiva sin ánimo
de lucro, una vez firmados los acuerdos.
En tercer lugar, los tratados añaden nuevas
estructuras regionales y multilaterales favorables al proyecto del poder
corporativo, en este caso con la tarea específica de incidir en pos de la convergencia
reguladora, esto es, de la desregulación de normativas ambientales,
económicas, sociales y laborales. Si los organismos económicos
multilaterales y los espacios regionales como la Unión Europea ya incidían en
este sentido, ahora contarán con el apoyo incuestionable de estos espacios, con
capacidad política de imponer y/o presionar en favor de un comercio y una
inversión internacional sin trabas.
En cuarto y último término, la nueva oleada de
acuerdos expande el radio de acción de una justicia privatizada en
defensa de la inversión extranjera y bajo la égida de los mandamientos
corporativos. Se impone de esta manera a escala mundial el modelo de los
tribunales de arbitraje, guardianes de los mandamientos corporativos y ajenos a
todo principio de igualdad jurídica, en los que una serie de árbitros privados
tienen la capacidad de imponer sus laudos a los Estados. Estos pueden ser
denunciados por las grandes empresas si vieran sus beneficios pasados,
presentes e incluso futuros alterados, mientras que los Estados no cuentan con
la capacidad de denunciar a las empresas, inclinando definitivamente la balanza
político-jurídica en favor de lo privado frente a lo público.
El círculo se cierra: la nueva oleada de tratados
comerciales amputa definitivamente el poder de lo público, de las
instituciones. Sus capacidades legislativas, ejecutivas y judiciales están
ahora mediatizadas por los mandamientos corporativos convertidos en
constitución, subordinadas a todo un entramado multilateral y regional en favor
del poder corporativo, y bajo una justicia ad hoc que amedrenta y
penaliza a quienes osen salirse del marco de lo posible. Se limita entonces el
papel de los Estados a la seguridad y a la desregulación de derechos, mientras
que las empresas multinacionales emergen como verdadero gobierno de facto.
La democracia, esto es, el poder del pueblo, se relega a la formalidad de
gestionar las migajas desechables para el mercado. Una democracia de intensidad
mínima, que ahora sí ya empezaría donde terminan los negocios.
Este proyecto sigue vivo, pese al fracaso temporal del
TTIP y a la guerra comercial, ya que con matices e intensidades diferentes
sigue siendo defendido por las élites globales. Por eso sigue siendo necesario
hacerlo descabalgar, impedir su aprobación e implementación. Igual que lo es
luchar contra el sistema que lo impulsa, ampliando en sentido contrario la
democracia que nos quieren arrebatar: revirtiendo la escala local-global,
redefiniendo las soberanías desde miradas inclusivas, implementando procesos de
democracia a todos los niveles. Si democracia y capitalismo son incompatibles, sabemos de qué
lado estamos.
Gonzalo Fernández Ortiz de
Zárate es autor del libro. Mercado o Democracia. Los Tratados comerciales en el
capitalismo en el siglo VIII
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