COLOMBIA HOY DEBE SER EL PAÍS CON MAYOR CANTIDAD DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES
NO RESUELTOS POR TODOS LOS GOBIENOS
ANTERIORES, POR LO MENOS HACE UNOS 40 AÑOS. Y
que hoy se han concentrado, están todos
dentro de un mismo proceso
económico-social y político, a punto
de estallar social y políticamente.
Quizás el más grave y de características inhumanas
es la presencia de los más de 7 millones
700 mil DESPLAZADOS internos, el país
con mayor cantidad de desplazados en el mundo, producto de la Guerra Interna, de las Mafias del Narcotráfico - muy poderosos y antiguas en
territorios colombianos - de la presencia hoy de los grupos Paramilitares - que atentan contra la seguridad de
millones de Campesinos; la propia existencia hoy de la Guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN. - que rompió en proceso
de conseguir la PAZ interna; la
propia existencia aún interna como se ha denunciado que en pleno siglo XXI, del poder que hoy tienen los Latifundistas
en el Agro - inmenso poder ancestral - ; la persecución y Asesinatos de cientos - creo que ya miles de Dirigentes Populares,
Sindicales, Gremiales, Maestros, Universitarios
Locales, Regionales -. Hasta hoy
imparable - y que persigue según ha denunciado los especialistas - barrer con
el TERRITORIO en
su concepto moderno - Ideas, Tradiciones, Costumbres, Culturas Locales,
Identidades Locales y Regionales, Organizaciones de trabajo, representación
fiestas populares, religiosas y en general todas las formas de Resistencia Cultural
mediante políticas racistas, anti…
afro-descendientes, explotación, persecución, hambre, desocupación y muerte; pero quizás la más grave por su contenido inhumano,
sea la profundidad y extensión de la DESIGUALDAD
SOCIAL que afecta a millones de
Ciudadanos, donde los más golpeados por el hambre, la desocupación, la
miseria, la pobreza extrema, son los NIÑOS.
Y hay otros problemas más - como el intento de la privatización dela Educación y el Presupuesto al Sistema Universitario,
pero el Presidente IVAN DUQUE -
al igual que muchos Presidentes de América Latina - como los del Terrorífico GRUPO DE LIMA - más les interesa las políticas - intervencionistas e injerencistas -
de como servir
bien al señor TRUMP e intervenir en Venezuela - en crisis estructural
fuertes problemas coyunturales, que no se resuelven
nombrando TITERES POLÍTICOS, y menos
con intervención Militar, lo mejor hoy, lo más aconsejable es el DIALOGO Democrático
Interno y que resuelva sus propios problemas - pero algunos presidentes, antes de resolver sus propios problemas
internos - que hoy son muy graves en relación con la seguridad interna,
el hambre, la miseria, la pobreza extrema - hijas directas hoy de la explotación
y saqueo de las transnacionales del
capital corporativo global y la propia incapacidad política y CORRUPCIÓN de
los Gobiernos, la continuidad de la
Democracia y principalmente abordar el inicio, que
justifique su Gobierno, generando Altrnativas de Solución sobre los graves problemas
estructurales e históricos de cada país.
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ELECCIONES REGIONALES Y ASESINATO DE LÍDERES
SOCIALES EN COLOMBIA.
*****
Pedro
Santana Rodríguez.
ALAI. América Latina en Movimiento.
Lunes 11 de
febrero del 2019.
En Colombia, el régimen hace
esfuerzos denodados por elevar a primer plano de preocupación la situación en
Venezuela y su desenlace, en el cuál el gobierno de Iván Duque de manera
irresponsable se ha alinderado con los gobiernos de la extrema derecha y con el
gobierno de Trump en sus esfuerzos por desestabilizar aún más al gobierno de
Nicolás Maduro que se debate en una crisis profunda no solo por el bloqueo
económico y la beligerancia política de sus contradictores sino por el fracaso
de un modelo rentista cuya base casi única de sustento es la explotación de sus
recursos naturales y en primer plano de la explotación petrolera, pero también,
preso de una enorme corrupción y por el cierre de espacios democráticos para
una oposición que tampoco atina pues de manera irreal plantea una salida sin el
chavismo que por lo visto tiene a por lo menos la mitad de población del país.
La salida en Venezuela debe respetar la soberanía nacional para que los
venezolanos encuentren alternativas que les permita resolver la enorme
polarización política en la que se encuentra el país.
El
Gobierno de Duque sin medir consecuencias se ha alinderado de manera
beligerante y activa en contra del Gobierno de Maduro reconociendo al auto
proclamado presidente, Juan Guaidó sin ninguna base legal o constitucional. La
crisis de abastecimiento de alimentos y medicinas no es un invento, es real.
Como también es real la emigración de la población venezolana. A Colombia han
llegado cerca de un millón de venezolanos cifra que podría aumentar si hay una
intervención militar en el vecino país que hay que condenar y a la cual debemos
oponernos los demócratas de Colombia y de Latinoamérica. Hay que apoyar de
manera decidida la propuesta de México y Uruguay de construir un diálogo con la
mediación de estos y otros países para encontrar salidas negociadas en
Venezuela.
Al
tema de Venezuela y su crisis y al intervencionismo guerrerista del Gobierno de
Iván Duque se ha sumado el tema del terrorismo a raíz del atentado perpetrado
el pasado 17 de enero a la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá con
el saldo ya conocido de 22 muertos y cerca de 80 heridos. El atentado
perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, hizo trisas las
posibilidades de avanzar hacia una paz completa y arrasó a su paso con la mesa
de negociaciones con este grupo insurgente. Como hemos señalado en otros textos
estos dos temas quieren ser puestos por Duque en el centro de la agenda
política pues constituirían una estrategia adecuada para detener o debilitar,
por lo menos, el ascenso de las movilizaciones populares y de los estudiantes
universitarios y de ésta manera lograr influir en la coyuntura electoral de
Octubre de este año en que se elegirán 32 gobernadores departamentales, el
Alcalde de Bogotá y otros 1.212 alcaldes municipales en todo el país. Se quiere
además detener el avance de las fuerzas independientes y de oposición que han
mostrado un ascenso sostenido tanto en las elecciones parlamentarias de marzo
de 2018 como en las elecciones presidenciales en primera y en segunda vuelta
presidencial.
Violencia, crisis de la descentralización
y corrupción el contexto de las elecciones regionales.
Como
indicamos en un reciente artículo son múltiples los factores de contexto en el
cual se realiza la campaña electoral que formalmente arrancó a finales de
octubre del año 2018. i Allí
destacamos tres elementos que ahora queremos ampliar y complementar con otros
problemas de crucial importancia. En primer término la ventaja de los partidos
tradicionales que cuentan con grandes volúmenes de recursos de parte de
empresas contratistas quienes donan ingentes sumas de dinero para esas campañas
y a cambio esperan ser bien retribuidos con jugosos contratos por parte de los
candidatos ganadores en las gobernaciones y las alcaldías municipales una vez
posesionados.
Como
se señaló en las elecciones de 2015 y de acuerdo con una reciente investigación
de la Misión de Observación Electoral, MOE, 485 donantes a campañas políticas
recibieron contratos públicos de departamentos y municipios por valor de 169
mil millones de pesos. El 65% de los 2.410 contratos otorgados a los
financiadores de las campañas fueron adjudicados a dedo lo que fácilmente se
podría interpretar como retribución a la donación hecha en campaña. Solo el 34%
restante fueron licitación pública, subastas y concurso de méritos. Así pues
los partidos tradicionales mayoritariamente cuentan con mucho dinero para
financiar sus campañas en detrimento de opciones independientes y de oposición
en dichos territorios.
Un
segundo factor que deben enfrentar las opciones independientes y en general
todas las autoridades departamentales y municipales tiene que ver con la
escasez de recursos puesto que desde el año 2001 se ha operado una
recentralización de los recursos públicos mediante reformas constitucionales
que disminuyeron la participación de departamentos y municipios en los ingresos
corrientes de la nación. Ahora solo van a las arcas municipales y
departamentales 20% del total. Pero también habría que agregar que en la mayor
parte de los municipios no se hacen las reformas ni se aprueban los
instrumentos para aumentar los ingresos propios dado el retraso y el peso de
los propietarios de tierras que pagan muy pocos impuestos.
Y
para las fuerzas de la izquierda y el centro político existe un tercer reto y
es el de lograr candidaturas de Unidad alrededor de programas mínimos que
pongan en el centro la inversión social, la protección del agua y el medio
ambiente, los presupuestos participativos, la participación ciudadana y la
protección de sus recursos naturales. Y ello pasa por mecanismos de consulta
popular para que los ciudadanos decidan entre los precandidatos inscritos y de
esta manera se pueda enfrentar adecuadamente y con candidatos únicos a los
candidatos tradicionales de la derecha. Hay avances en esta materia como por
ejemplo el Acuerdo que lograron independientes, Alianza Verde, Polo
Democrático, Colombia Humana y hasta el partido FARC, que suscribieron el
pasado domingo 3 de febrero un acuerdo para realizar una consulta entre cinco
precandidatos para tener un solo candidato a la Gobernación en el Departamento
del Putumayo. Ese es el camino. También fue la conclusión de un Taller
celebrado en Dosquebradas Risaralda entre todas las fuerzas de centro e
izquierda para tener un solo candidato a la Gobernación de este departamento y
a las 14 alcaldías municipales.
Ahora
bien a los problemas precedentes hay que agregar dos sumamente graves que afectarán
y ya vienen afectando a la campaña electoral en curso. El primero es el
asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos y el segundo la
violencia que se manifiesta en contra de candidatos y precandidatos en el
proceso electoral en curso.
Según
la Defensoría del Pueblo entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de
2018 fueron asesinados 431 líderes sociales en Colombia. Para Indepaz, una ONG
independiente que hace seguimiento a esta problemática 566 líderes sociales y
Defensores de Derechos Humanos han sido asesinados desde el 1 enero de 2016 y
hasta el 10 de enero de 2019. Pese a las discrepancias en las cifras el hecho
es de una magnitud muy grande. Todas las investigaciones muestran que un 56% de
los asesinatos de líderes y lideresas sociales se han producido en territorios
que antes eran controlados territorialmente por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, FARC, en 172 municipios, que a su vez son los
territorios priorizados para la implementación de los Planes de Desarrollo con
Enfoque Territorial, PDT, y a quienes el uribismo negó la posibilidad de contar
con 16 representantes a la Cámara mediante la conformación de unas
circunscripciones especiales de Paz.
Una
reciente investigación que buscó ahondar en los patrones de los asesinatos de
los líderes sociales que fue coordinada por la Comisión Colombiana de Juristas
y contó con la participación de la Universidad Nacional y otras organizaciones
sociales examinó los 343 asesinatos de líderes registrados entre el 1 de enero
de 2016 y el 31 de julio de 2018. Concluye el estudio que el asesinato de los
líderes sociales en Colombia es el resultado de “una violencia metódica y no
aleatoria. Desde la firma del acuerdo de Paz en noviembre de 2106 el asesinato
de los líderes sociales y defensores de derechos humanos va en aumento. En este
universo el estudio encontró que 118 de los casos no fueron identificados los
autores, 44 fueron cometidos por paramilitares, 35 por grupos armados sin
identificar, 19 por disidencias de las FARC, 15 por un civil que ha sido
capturado, pero no ha sido identificado si pertenece a alguna organización, 11
por el ejército, 8 por el ELN, 4 por seguridad privada, 3 por la Policía
Nacional y 2 por el EPL”. ii
Los
motivos principales de los asesinatos de líderes tienen que ver con el control
territorial, social y político de territorios en disputa que buscan controlar las
rentas ilegales provenientes del narcotráfico y el control de los cultivos de
uso ilícito, control de la minería ilegal, oposición a los procesos de
restitución de tierras, desarrollo de megaproyectos de explotación de los
recursos naturales. En Colombia hay más territorio que Estado. En cerca de 300
municipios del país no existe autoridad civil o es muy débil. Esta problemática
se profundizó en estos territorios cuando las FARC que ejercían dominio
territorial en ellos salió y el Estado no acudió allí para dominar
territorialmente esas regiones apartadas del país. Ante este vacío llegaron
actores armados ilegales para hacerse al control del narcotráfico y la minería
ilegal chocando con los líderes comunales que intentan llenar el vacío y se
oponen a la presencia de estos actores ilegales. Es obvio que en estos
municipios del país la campaña electoral esta enrarecida y los candidatos y
líderes sobre todo de las fuerzas de oposición e independientes son amenazados
y los líderes sociales asesinados. Duque ocupado en los temas de Venezuela y en
los grandes líos de corrupción de sus principales socios de Gobierno no atina a
dar una respuesta contundente. Así que tendremos unas elecciones con no pocos
riesgos de violencia en esos territorios.
Y
un segundo factor es la violencia que se ejerce contra actores políticos. La
primera de ella es el asesinato de 87 excombatientes de las FARC. Esta
problemática es muy grave toda vez que limita el accionar político de esta
fuerza que a pesar de todos los inconvenientes e incumplimientos en el proceso
de Paz siguen en su empeño de reincorporación a la vida civil y a la
organización de una fuerza política ahora en la legalidad.
Pero
también se presenta ahora el fenómeno de las agresiones, amenazas y asesinatos
de líderes políticos, servidores públicos y precandidatos a las elecciones de
este próximo mes de octubre. La Misión de Observación Electoral, MOE, que hace
seguimiento a riesgos por violencia política en los procesos electorales ha
señalado en informe reciente que desde el mes de octubre y hasta finales del
mes de enero, se han presentado 30 agresiones. Dos precandidatos a las
alcaldías municipales fueron asesinados en menos de una semana. En Cerrito,
Valle del Cauca, fue asesinado el 24 de enero Silvio Montaño Arango quien
aspiraba a la alcaldía de dicho municipio y en San José de Uré-Córdoba, fue
asesinado Jorge Herney Castrillón el pasado 30 de enero.
Así
mismo fueron amenazados los precandidatos a la Alcaldía de Bogotá Claudia López
y Antonio Navarro así como la excandidata a la vicepresidencia de Colombia
Humana, Ángela María Robledo y el excandidato presidencial Gustavo Petro, entre
otros. Los autores de estas amenazas se escudan bajo la denominación de un
grupo paramilitar autodenominado Las Águilas Negras del cual no se conoce más
que la sigla pues no hay registro de comandos, mandos, estructura. Parece más
una razón social que una organización paramilitar.
Estos
son pues los riesgos mayores que afronta el proceso electoral en curso. Se
requiere avanzar en un pacto nacional para sacar las armas de la política. Pero
en vez de ello el uribismo promueve que los civiles se armen como si ya no
tuviéramos la experiencia de muerte tras la legalización de los grupos de
autodefensa en las llamadas Cooperativas de Seguridad, CONVIVIR, que fueron la
fachada de los grupos paramilitares. Duque insiste en este camino y ha hablado
de poner en marcha esta política totalmente errónea de las redes de cooperantes
civiles con las Fuerzas Armadas en cuyo seno hay grupos ligados a estas
estructuras criminales sin que hayan sido desmantelados. Estos son entonces otros de los retos a los
que se enfrentan las fuerzas de centro e izquierda en esta coyuntura.
Bogotá 7 de febrero 2019.
- Pedro
Santana Rodríguez,
director Revista Sur, Colombia.
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