PUNO: WALTER ADUVIRI SENTENCIADO CON LOS ARGUMENTOS DEL ANDAHUAYLAZO.
CONTROVERSIA. Magistradas que emitieron fallo
condenatorio a aún gobernador lo hicieron bajo las premisas con que se condenó
a Antauro Humala por la muerte de cuatro policías en el 2005. Protesta por esta clara y flagrante
Violación de los DERECHOS HUMANOS. Informe de varios Diarios Nacionales.
A TODOS LOS CIUDADANOS(AS) DEL PERÚ Y EL
MUNDO. SENTENCIAS DE JUECES PERUANAS SOLO OCURRE EN EL CENTRO DE LA MÁS
PROFUNDA CORRUPCIÓN, INCAPACIDAD PROFESIONAL Y CRIMINALIZACIÓN DE LAS PROTESTAS
SOCIALES. Como es posible que, a un Dirigente
Social, un Ciudadano participante activo en defensa del Medio Ambiente, en este
caso, hoy Gobernador Regional (PUNO)
LÍDER de un CONFLICTO SOCIAL – el AIMARAZO, el 2011 - se lo sentencie a 6 años – hoy preso - tomando como ejemplo, como argumento EL ANDAHUAYLAZO – una fracasada REBELIÓN
POLÍTICO-MILITAR con Policías muertos y dirigido por ANTAURO HUMALA – preso desde
enero del 2005. Un Tribunal de 3 MAGISTRADAS cuyos argumentos NO
tienen “ni pies ni cabeza” un VERDADERO FESTÍN de BARBARIDADES que pasara a la
historia de la Oscuridad del Poder Judicial en el Perú. Nos preguntamos: Señores (as) Donde están los DERECHOS HUMANOS.
CÓMO COMPARAR O
APLICAR los mismos argumentos para enviar a la Cárcel a un CIUDADANO (Defensa de los Derechos Humanos) un LÍDER INDÍGENA
AYMARA, de un Conflicto Social. (Cuidado con los Dirigentes de los
cientos de Conflictos Sociales hoy en el Perú). Están criminalizando las
Protestas Sociales. Con una subversión
Político-Militar – ocurrido hace 15 años –Aún si fuese ayer – son absolutamente diferentes- Su
estructura, organización, Dirigencia, movilización, Objetivos o Programa de
Lucha, son totalmente diferentes. HUMALA
su objetivo era la Toma del Gobierno. ADUVIRI la estrategia de sus Comunidades y Pueblos
Originarios era y es la DEFENSA de su PUEBLO, la VIDA, su CULTURA, su
IDENTIDAD, su MEDIO AMBIENTE, frente a la explotación minera, que se
realizaría “al interior de sus propias
comunidades”. Se exigió en esa oportunidad que toda explotación minera, petrolera, gas etc. Debía tener
obligatoriamente el Estudio del Impacto
Ambiental. E.I.A.
realizado por las Empresas, pero con la vigilancia Institucional del
Estado – se olvidaron, nunca estuvieron presentes, Resultado, la serie de atropellos
que se cometieron y siguen, porque los Imponen hasta con informes totalmente
negativos, fraudulentos (como fue la
Observación – de más de 100 puntos - a
la Empresa Minera Southern el año 2015). La experiencia de las Protestas
Sociales del AIMARAZO,
como Conflicto Social, al
final cuando la Empresa Minera canadiense, “se retiró”, desde la Sociedad Civil y el conjunto de Líderes Nacionales de los Conflictos
Sociales, se exigió al Gobierno de Turno, como requisito principal – para defender la Vida de los Pueblos - la LICENCIA SOCIAL. Decisión central, fundamental, que lo otorgan los
propios Pueblos, Señores Magistrados y el BAGUAZO con 33 muertos el
año del 2009 – 10 años y no hay un solo Denunciado. Que
tal CORONA que tiene la JUSTICIA en el PERÚ. Pablo Raúl domingo 1 de setiembre
del 2019.
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PERÚ. CIADI Y AYMARAZO: ANATOMÍA DE UN MODELO EN CRISIS.
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Humberto
Campodónico.
Otra
Mirada martes 3 de setiembre del 2019.
Se
ha vuelto cada vez más común – en casi todo el mundo- que las disputas entre
los inversionistas extranjeros y los
Estados receptores de la inversión se resuelvan en tribunales de arbitraje
internacionales. Uno de ellos es la
Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París y el otro es el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, en
Washington.
La
enorme proliferación de estos casos tiene su base legal en los diferentes
Tratados Bilaterales de Inversión firmados entre los países y, en un grado
superior, estos arbitrajes forman parte de los Tratados de Libre Comercio
firmados entre los países. En el caso peruano, en los últimos años hemos tenido
varios arbitrajes, sobre todo en el CIADI, cuyos resultados han sido mixtos: se
han perdido algunos y se han ganado otros, con ventaja de los segundos sobre
los primeros (1).
Uno de los casos recientes en los cuales el Perú perdió un arbitraje ha
sido en el caso “Bear Creek contra el gobierno peruano” que se llevó a cabo en
el CIADI desde el 2014, emitiendo en noviembre del 2017 el laudo arbitral. Bear Creek es una minera canadiense que
obtuvo en el 2007 una concesión minera dentro de los 50 kilómetros de la
frontera con Bolivia, en la Región Puno.
Desde el inicio, la población puneña de la zona, en su mayoría aimara, se opuso a la
inversión, por varios motivos. Afirmaban que ésta violaba los derechos de las
comunidades, además que algunas de las zonas eran consideradas santuarios
religiosos.
Las protestas llegaron a su punto más
alto en el 2011, año de elecciones generales y estuvo a punto de frustrar,
en Puno, las elecciones a la segunda vuelta presidencial del 5 de junio. Las protestas se suspendieron, pero se
reanudaron el 20 de junio del 2011, con redoblada fuerza, dando lugar al
“aymarazo”. Es por esa protesta que el Poder Judicial acaba de condenar a
seis años de prisión a Walter Aduviri,
en ese entonces Presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Región
Sur de Puno y hoy Gobernador de la Región Puno.
Hay otros conflictos que podrían –digo
bien, podrían- acabar en el CIADI, por ejemplo, el caso de la inversión de
Southern Peru en Tía María. Por eso, es importante, ver en detalle, como se
comportó el Tribunal de Arbitraje del
CIADI, los hechos que analizó y la motivación del laudo arbitral.
Los
inicios
En noviembre del 2007 el gobierno
de Alan García promulgó el DS-083-2007-EM, por el cual
se declara de necesidad pública la inversión de la minera canadiense Bear Creek en la Región Puno (mina Santa Ana) y
la autoriza a poseer concesiones mineras dentro de los 50 Km de la frontera con Bolivia. El DS es condición sine qua non para cumplir con el Artículo 71 de
la Constitución.
El 24 de junio del 2011 el
gobierno derogó el DS-083-2007 con el DS-032-2011. Dice el DS 032
que “habría
circunstancias que implicarían la desaparición de las condiciones exigidas
legalmente”. Además, el DS 032
prohíbe las actividades mineras en la zona “para resguardar las condiciones ambientales
y sociales”, eufemismo para referirse a las fuertes protestas sociales
que desembocaron en el ya mencionado “aymarazo”.
Este DS 032 es el eje de la
demanda de Bear Creek (BC) al CIADI del Banco Mundial en agosto del 2014,
amparándose en el TLC entre Canadá y
Perú. Cada una de las partes nombró un árbitro y el tercero fue escogido
por los dos primeros. El laudo arbitral
(el fallo definitivo e inapelable) fue promulgado en noviembre del 2017 (2).
Los
argumentos de la empresa y del Estado.
El Laudo acogió el pedido de
expropiación indirecta de BC, pero no aceptó el pedido de indemnización por US$
297 millones (expectativas de ganancia futura). El Tribunal discutió ampliamente la
posibilidad de usar el método de flujo de caja descontado, que podría haber
llevado la indemnización hasta esa cifra. Pero
el Tribunal la desechó y estableció que la indemnización debía limitarse a los
montos invertidos -US$ 18 millones, más intereses y gastos- porque si bien BC tenía la concesión, le faltaba aún
obtener varios permisos para poder viabilizar el proyecto.
De su lado, los abogados del
Estado dijeron que la obtención de las concesiones había sido fraudulenta: una empleada de BC habría actuado como
“testa” y después se los habría vendido a BC, lo cual no se habría sabido
en el 2007.
Sorprende que el Estado
(en ese momento liderado por Alan
García, artífice del enfoque del “perro del hortelano”) que apoyó a BC en toda la línea desde el 2007 hasta el 2011, reniegue de su
actuación ya durante el arbitraje (en Majaz,
situada en la Región Piura en la frontera con Ecuador, la concesión se
obtuvo de la misma forma).
El otro argumento del Estado
peruano fue que el DS 032 se emitió para enfrentar la crisis social. En el laudo, el Tribunal afirma que el gobierno está
en su derecho de buscar la paz social,
pero que eso no legaliza la derogatoria del 083.
Además, nos revela los entretelones de la decisión presidencial que llevó a la aprobación del DS 083 del 2011. Esta es una cita
textual del laudo:
“todo lo que se sabe es que, entre las 9pm del 23 y la 1:30 am del 24 de junio, entre 15 y 19
Ministros fueron contactados y aceptaron revocar el DS 083, a tiempo para que
el Presidente firmara la decisión a
la 1:30 am. No se ha proporcionado documentación relativa a ningún debate
vinculado a la expropiación, y el Estado asevera que todos los documentos se
han perdido” (página. 124).
El laudo analiza ampliamente el tema de la licencia social
y formula preguntas a las partes. Recordemos que recién en agosto del 2011 se aprueba la Ley de
Consulta Previa a los pueblos indígenas (Ley 29785).
Además, el laudo establece que la oposición
social comenzó desde el 2008, mencionando que en octubre de ese año los
opositores al proyecto obligaron a ponerse “de
rodillas” a funcionarios de la empresa (página 147).
En el 2011, uno de los pedidos aimaras
fue la protección del Cerro Khapia, lugar
sagrado, lo que el gobierno concedió con una Resolución Ministerial en
junio del 2011:
“El Viceministro Gala
también anunció que el Gobierno Central estaba cumpliendo con el Acta, lo cual
quedaba demostrado con la Resolución Viceministerial por la cual declaraba el
Cerro Khapia parte del patrimonio cultural de la nación” (página 45).
Dicho esto, debemos resaltar que el pedido
aimara más importante siempre fue la derogatoria del DS 083.
A modo de conclusión.
Los arbitrajes internacionales se
han incorporado a los tratados bilaterales de comercio y a los TLC,
debido a que los inversionistas desconfían del sistema de justicia de los
países huéspedes de la inversión, sobre todo debido a la corrupción existente. Por
ello, una tarea central es el combate contra la corrupción y la elevación a
estándares internacionales del sistema judicial de los países en
desarrollo, incluido el Perú por supuesto.
Para
nosotros, más allá de lo que se puede opinar sobre los TLC y el CIADI, el laudo
refleja claramente la crisis de un modelo de contratación minera, pues favorece
abiertamente al inversionista y desestima los reclamos de la población. El
andamiaje jurídico existente justifica la legalidad de la inversión minera,
contra viento y marea, paso a paso. No hay forma de presentar las
reivindicaciones, porque eso los pone “contra
la ley”. Eso también se ve en Tía María.
Último punto,
pero no menos importante: si el gobierno
de García derogó el DS 083, que es lo que pedían los aimaras, ¿por qué se condena
a Walter Aduviri? ¿Por defender lo que el propio gobierno en el 2011 aceptó
como correcto y el Estado defendió durante el laudo en el 2016? ¿O porque se
criminaliza la protesta?
1)
Este no ha sido el caso en otros países, como Ecuador
y Bolivia, que se retiraron del CIADI hace algunos años denunciando la
parcialidad del CIADI con los inversionistas extranjeros. Para un análisis detallado
del caso ecuatorianover https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/02/RP71_Recovering-S...
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