LA “NUEVA” NORMALIDAD NO PUEDE SER UNA “NUEVA” PRECARIEDAD.

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“Tengamos en cuenta un hecho fundamental que nos ha llevado a la situación actual. La flexibilidad del mercado laboral era la panacea para disminuir el riesgo de paro; las agencias internacionales que promovieron esta varita mágica en los años 90 eran conocedoras de que tras la flexibilidad amagaban la precariedad y la pobreza; pero las clases dominantes siempre han apreciado el estímulo que supone el hambre para los trabajadores. En el caso español, la intensa precarización no nos ha evitado llegar incluso hasta el momento en tres ocasiones a superar el 20 y el 25% de trabajadores desocupados. Tras años de desregulación, mercantilización y precarización, la falta de protección social y laboral produce un fuerte daño en actividades y ocupaciones vitales para la subsistencia. Ahí destaca el trabajo realizado por un sector de servicios invisible, estigmatizado, feminizado y precarizado: trabajadoras de la limpieza, camareras de piso, cajeras, trabajadoras sanitarias, sociales y de cuidados, que al no poder confinarse han tenido que elegir entre no perder el empleo o exponerse al contagio. Entre 2011 y 2019, en España se produjo un aumento de la precarización en casi todas las profesiones calificadas de “esenciales”, con fuertes aumentos en la enfermería, reponedores, trabajadoras de cuidados, la industria alimentaria, la sanidad, las residencias, el comercio, etc. Muchas de esas ocupaciones son estigmatizadas como “no cualificadas”, para justificar su bajo sueldo o sus leoninas condiciones de empleo y trabajo. En 2019, el porcentaje de nuevos contratos indefinidos entre profesiones esenciales del sector de la sanidad, los servicios sociales o el trabajo de cuidados varía entre el 2-6%. Una ocupación paradigmática que muestra el grado en que el sistema desprecia la vida y a las trabajadoras es el cuidado de ancianos. Se trata de una ocupación que debiera ser altamente cualificada pero donde la implantación de políticas neoliberales recortó el gasto en residencias públicas, incrementó el déficit de plazas, redujo el papel de entidades sin ánimo de lucro, y externalizó servicios a grandes empresas, aseguradoras y fondos especulativos que hallaron en la atención a las personas mayores un mercado rentable para hacer negocio”.

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LA “NUEVA” NORMALIDAD NO PUEDE SER UNA “NUEVA” PRECARIEDAD.

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Joan Benach, Ramón Alós, Pere Jódar. | 20/05/2020 | España.

Rebelión miércoles 20 de mayo del 2020.

Ante la progresiva destrucción de derechos laborales y la extensión global de la precarización, la pandemia puede ser una ocasión para reivindicar la importancia de luchar por la democracia y la justicia social.

Durante estos meses de pandemia, la palabra “normalidad” está en la boca de todo el mundo. El presidente del Gobierno español explica el proceso de transición hacia una “nueva normalidad” al tiempo que el reconocido tenista Rafael Nadal añora volver a la “antigua”, algo que muchas empresas esperan pueda ocurrir ya en junio. Un informe del ejército de Tierra español señala que tardaremos año y medio en volver a la normalidad, sin definirse por ninguna de las dos opciones, al tiempo que el filósofo esloveno Slavoj Žižek nos advierte que no volveremos a la antigua pero que la “nueva” normalidad tendrá que construirse sobre las ruinas de nuestras antiguas vidas; el dilema estará entre una nueva forma de comunismo o un capitalismo de barbarie. Cientos de artistas y científicos firman manifiestos en contra de regresar a la anterior “normalidad”, llamando a la acción mediante un cambio estructural y de valores para evitar el colapso global y salvar la vida del planeta. Y alcaldes del mundo (grupo C40) declaran que no se puede volver al mundo del mercado total y hacer negocios como siempre (el business as usual). Señalan que hay que construir una “nueva normalidad”, en la que sean fundamentales tanto la acción ante la crisis climática, cómo conseguir una mayor equidad social. Ahora bien, si la “normalidad” sólo hace referencia a lo que hasta ahora ha sido habitual en la sociedad, volver a ella significa abrir comercios y bares y abrazar a familiares o amigos, pero también mantener muchos de los peores rasgos que atraviesan el mundo actual. Cómo bien ha señalado la profesora, ensayista y activista ecofeminista Yayo Herrero: la actual excepcionalidad “ofrece un corto minuto de luz para dejar al descubierto los monstruos que habitan la normalidad”. Es decir: pobreza y desigualdad, recortes y mercantilización de la sanidad y residencias geriátricas, personas en infraviviendas que malviven o son desahuciadas, discriminación y violencia estructural, crisis climática y ecológica, explotación y precariedad…

Vivimos bajo la perversa lógica de una economía de crecimiento sin fin que, cuando frena y entra en “crisis”, nos impide vivir, y que cuando acelera y “funciona bien” también nos impide vivir: nos introduce en una perversa espiral de inflación de tiempos, tareas, culpas, precariedad y pobreza. Un ejemplo de ello es la mortalidad. Durante los periodos de crecimiento aumenta la mortalidad general debido a que hay más producción industrial (hay más accidentes laborales), un mayor número de automóviles (hay más contaminación y accidentes de tráfico), y más consumo de alimentos perjudiciales (alcohol, grasas saturadas, carne). En los periodos de recesión, en cambio, aumenta el sufrimiento y la mortalidad por suicidios (aumenta el desempleo, la pobreza y el estrés social) pero se reduce la mortalidad general.^. Parafraseando el clásico poema de Nicolás Guillén, vivimos bajo una economía que “destruye la salud y la vida cuando crece, y que cuando no crece destruye la vida y la salud.”

La pandemia muestra, aunque sea de manera forzada, la razón de la poesía en boca de Quevedo y de Machado, “sólo el necio confunde valor y precio”. Lo indispensable y lo fútil, lo necesario y lo evitable, el trabajo cualificado y el no cualificado; el valor real de las personas, de los trabajos, de las cosas útiles para lo indispensable, y la ignominia de los precios cuando un mecanismo, más digno de la magia denostada que del conocimiento científico, como el ‘mercado libre’, lo transforma todo, absolutamente todo, en valor de cambio. Descubrimos sobre las virtudes del capitalismo desbocado, que aquello indispensable no es el turismo, ni el consumo desenfrenado, ni el fútbol o el deporte mercantilizado, tampoco la privatización, ni la mercantilización de las cosas y, aún menos, la de las personas y la naturaleza. Aquello imprescindible y necesario es el cuidado, la atención, la dedicación, la relación, un medio ambiente sostenible que nos acoja; es decir, servicios públicos de sanidad, educación, asistencia social, de cuidados a mayores, niños y dependientes y una economía que haga florecer la Tierra. No es imprescindible especular en bolsa, ni que los milmillonarios engrosen más sus arcas, tampoco necesitamos un ‘progreso’ alarmantemente destructivo que, sin piedad, socava los cimientos naturales sobre los que se asientan nuestras sociedades. En cambio, sí que es imprescindible, vital y necesario, producir alimentos en la cercanía; también manufacturar, sin largos, costosos y contaminantes viajes de transporte, los productos necesarios para asegurar la vida y un mínimo de confort y seguridad; y, naturalmente, incluso en esta época de tecnologías complejas y sofisticadas, de algoritmos e inteligencias artificiales, no podríamos tirar para adelante sin que alguien nos muestre afecto y respeto en nuestra infancia, en nuestra vejez, en nuestra enfermedad; sin persona alguna que nos apoye en la desgracia o en las alegrías. 

La historia del trabajo asalariado es la historia de una inseguridad y precariedad masivas. Tras la segunda Guerra Mundial, el pacto histórico entre fuerzas sociales de diversos países occidentales reguló durante tres décadas, y mediante la legislación laboral y la negociación colectiva, el mundo del trabajo, aumentando el acceso a los derechos sociales y laborales de gran parte de la población, aunque a costa de las otras dos terceras partes de la humanidad. A finales de los años 70 del siglo pasado, sin embargo, las elites, las clases opulentas y sus organismos internacionales (OMC, FMI, BM, OCDE) optaron por globalizar, financiarizar y flexibilizar economías y trabajos. Ello implicó, por una parte, pérdida de soberanía de los países frente a las grandes multinacionales y financieras y, por otra, desocupación y precariedad. Presentando la precariedad como “solución” a la desocupación, han ido extendiendo ambas. Una estrategia de hegemonía política perfecta para defender sus privilegios e intereses. El hambre, penuria y deudas, junto a la presión ejercida sobre los sindicatos, y la “destrucción” del derecho y la protección al trabajo, han sido factores esenciales para que la población tuviera que aceptar trabajar por un menor salario, con mayor dependencia y mayor vulnerabilidad. Desde entonces, la desregulación y la flexibilidad promovida por las agencias internacionales y las políticas neoliberales abrazan nuestras vidas, hogares y familias. Durante un cuarto de siglo, gota a gota, la aprobación de decenas de reformas laborales fue degradando y precarizando las condiciones de empleo y trabajo en España, un proceso que se acrecentó con las políticas austericidas y reformas implantadas tras el shock de la crisis de 2008.

 

La precariedad es también la imposición de un sentido común neoliberal; significa romper la visión idealizada de un empleo con la ocupación estable, que aporte cierta seguridad a un proyecto de vida al acompañarse de políticas sociales, para dar paso a un puesto de trabajo que socava derechos y resta capacidad de negociación colectiva. Nos dicen “seamos libres”, liberémonos de las cadenas del trabajo asalariado, seamos empresarios de nosotros mismos, fuera de la burocracia estatal, de las acotaciones del derecho y de las protecciones sociales que nos infantilizan. Y, mientras tanto, nos imponen la burocracia kafkiana de los servicios privatizados, un estado que deja de lado a los trabajadores y ciudadanos, para dedicarse en cuerpo y alma, al orden, la represión y a ampliar el supuesto mercado libre. Insisten: abajo el contrato estable, fijo, a tiempo completo, la plena ocupación. Un contrato único… Eso sí, precario. Y bajo la precariedad, el mismo puesto de trabajo es ocupado por varias personas, de manera que se borran las fronteras entre situaciones ocupacionales y se promueve una ideología individualista y alienante, basada en la falsa “libertad de elección” de unos “emprendedores” subordinados, autodisciplinados y endeudados que deben autoexplotarse para sobrevivir. La lógica del tiempo y el espacio fordista se disuelve: se debe estar disponible para trabajar en cualquier lugar y momento y surgen nuevas formas de precariedad, disciplina y dependencia. Aparecen nuevas formas de gestión basadas en la disciplina del pago por tareas, proyectos, objetivos y resultados. La precarización se hace ubicua, afecta la situación laboral-contractual y la trayectoria laboral, mientras genera vulnerabilidad y desprotección. El empleo precario, inestable, inseguro, con derechos y protecciones limitados, borra la frontera entre situaciones de empleo (fijo, temporal, a tiempo completo y parcial), y entre situaciones ocupacionales (asalariados y autónomos, formales e informales, contratados y subcontratados, ocupados y subocupados). Al tiempo, el trabajo de reproducción de cuidados, social, política y económicamente indispensable, permanece oculto y sin reconocimiento, a la espera de que las mujeres practiquen el doble trabajo y la doble presencia. En general, los trabajadores asalariados o autónomos se convierten en ‘sospechosos habituales’ y se mira de reojo a los migrantes que nos sacan las castañas del fuego mientras se les tacha, como señaló el escritor John Berger, de “delincuentes latentes”^. En la Gran Recesión del 2008, unos cuantos dirigentes políticos y empresariales tuvieron el descaro de decir que ‘habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades’ y que ‘se había acabado la fiesta’; tocaba trabajar más y cobrar menos (cosa que ya estábamos haciendo desde 1980). 

Ahora, pasado el primer susto, junto a los arrepentimientos y actos de contrición (recordemos que en 2008 algunos en un primer momento, hablaban de ‘refundar el capitalismo’), ya se alzan voces (por ejemplo, la patronal francesa) pidiendo no sólo trabajar más, sino trabajar gratis. Y para eso nos han ido preparando paulatinamente, ya desde la educación secundaria con determinadas prácticas y becas; por supuesto, a las mujeres con su dedicación al trabajo doméstico gratis et amore (sobre todo con mucha emoción y amor). El trabajo gratis, tanto mediante la extracción de datos de nuestros dispositivos móviles, como a través del sistema generalizado de prácticas, nos dejan aún más inermes. Con ello, la precariedad laboral, unida a la consiguiente “precarización vital”, se convierte en un modo de dominación nuevo, donde quienes trabajan se ven obligados a aceptar la explotación, donde el sentido común hegemónico es un “destino”, el de quienes deben vender su tiempo y energía para malvivir. Se trabaja por una promesa, o por una emoción, como la del rider conocedor de la peligrosa combinación de afición y necesidad contenidas en su trabajo, y que nos habla de “la libertad de sentir el aire en la cara pedaleando sobre la bicicleta en la noche”, mientras reconoce la falta de control, la baja remuneración, la monotonía y aburrimiento de la espera, la posibilidad del accidente. A su vez, el becario, el ayudante, el pasante, realiza jornadas interminables y soporta la escasa destreza emocional de sus jefes (el viejo ordeno y mando; o el palo y la zanahoria), por la promesa de obtener un puesto o plaza estable.

La precarización es un fenómeno multidimensional. Afecta la trayectoria laboral, a las condiciones de empleo (tipo de contrato o despido) y de trabajo (salario, jornada, intensidad del trabajo), de manera que una menor protección y derechos (indemnización, representación o negociación) da lugar a más inseguridad, incertidumbre y vulnerabilidad (con miedo, indefensión, despido), y discriminación (amenazas y violencia). Y se implanta en todas las ocupaciones y actividades, ya sea en el ámbito privado y público, en la industria, agricultura y servicios, en el hogar y la vida cotidiana. Antes de la pandemia, casi dos tercios de los trabajadores precarios de Barcelona tenían una contratación inestable y un sueldo menor a los mil euros, tres de cada cuatro ganaban un salario que no permitía cubrir imprevistos, y su elevada vulnerabilidad ante la amenaza de despido, les hacía sentir miedo a ser represaliados y a no ser indemnizados si reclamaban mejores condiciones laborales. La precarización afecta la vida de modos muy diversos. Introduce condicionalidad, vulnerabilidad y pobreza en la vida cotidiana y el hogar (no llegar a final de mes, no poder hacer frente a los pagos de la vivienda o de los servicios indispensables, no poder planificar la vida cotidiana, no poder formar una familia). La precarización se relaciona también con la pobreza energética, con no disponer de conexión a internet, con tener más dificultades para pagar el alquiler, padecer un desahucio o tener cortes de suministros básicos. No es sólo que exista un 14% de trabajadores pobres, aun y estando ocupados, o que justo antes de la pandemia superáramos los tres millones de desempleados, es también la pobreza que afecta a una cuarta parte de la población y que cuestiona la subsistencia, una de las funciones claves de la reproducción. Por si ello fuera poco, la precarización es desigual, ya que ésta es mucho más común entre mujeres, jóvenes, inmigrantes, trabajadores que realizan un trabajo manual y que tienen un menor nivel educativo, es decir, en una parte muy importante de la sociedad que constituye la clase trabajadora.

El desempleo y la precarización vital constituyen una epidemia social tóxica que impide llegar a fin de mes, que genera personas pobres que no pueden calentarse en invierno o llenar la nevera, lo cual genera miedo y desesperación que empeora la salud y la salud mental. De hecho, al entrar en nuestros cuerpos y mentes la precariedad puede precarizar nuestra conciencia, devolvernos a la condición más frágil de la humanidad. Como señala el economista y ensayista Guy Standing, los precarios no sólo no tienen control sobre su tiempo ni seguridad económica, sino que son “incapaces de forjarse una identidad, mariposeando electrónicamente o entre actividades que hacen perder el tiempo”, lo cual puede hacer que se sientan atraídos por el neo-fascismo. Su expresión en términos de salud es muy diversa: malestar, enfermedad, muerte prematura, etc. Conforme aumenta la precariedad laboral el impacto negativo sobre la salud es mayor, tanto en el nivel de salud mental como en la autopercibida, produciéndose un gradiente social de la salud.  Por ejemplo, el impacto sobre la salud mental es mucho mayor (más de 3 veces mayor riesgo) en los trabajadores más precarios. La precariedad aumenta el riesgo de enfermar, de empeorar la salud y de morir prematuramente, no sólo para quienes trabajan en esas condiciones, sino también para sus familias, todo lo cual conlleva desigualdades de salud. La peor situación se observa en las mujeres, inmigrantes, obreras, y jóvenes, cuya precariedad es elevadísima (alrededor del 90%). La precarización no es un fenómeno natural sino una política impuesta, que hoy es endémica; es la otra cara de la demanda de flexibilidad. Además del empleo asalariado, la precarización se hace omnipresente en un sinnúmero de trabajos sin relaciones contractuales; ocupaciones informales y ocultas, como las de aquellos que trabajan por un alojamiento y manutención sin ningún sueldo, en situaciones de servidumbre y esclavitud; también en el enorme número de mujeres que realizan el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados y de atención a las personas dependientes, especialmente entre las internas. La crucial importancia del trabajo reproductivo femenino, invisible y no remunerado, precarizado, radica en que constituye un factor clave en la organización de la producción y en el proceso de acumulación capitalista. La pandemia de la covid-19 amplificará aún más las desigualdades existentes.

Tengamos en cuenta un hecho fundamental que nos ha llevado a la situación actual. La flexibilidad del mercado laboral era la panacea para disminuir el riesgo de paro; las agencias internacionales que promovieron esta varita mágica en los años 90 eran conocedoras de que tras la flexibilidad amagaban la precariedad y la pobreza; pero las clases dominantes siempre han apreciado el estímulo que supone el hambre para los trabajadores. En el caso español, la intensa precarización no nos ha evitado llegar incluso hasta el momento en tres ocasiones a superar el 20 y el 25% de trabajadores desocupados. Tras años de desregulación, mercantilización y precarización, la falta de protección social y laboral produce un fuerte daño en actividades y ocupaciones vitales para la subsistencia. Ahí destaca el trabajo realizado por un sector de servicios invisible, estigmatizado, feminizado y precarizado: trabajadoras de la limpieza, camareras de piso, cajeras, trabajadoras sanitarias, sociales y de cuidados, que al no poder confinarse han tenido que elegir entre no perder el empleo o exponerse al contagio. Entre 2011 y 2019, en España se produjo un aumento de la precarización en casi todas las profesiones calificadas de “esenciales”, con fuertes aumentos en la enfermería, reponedores, trabajadoras de cuidados, la industria alimentaria, la sanidad, las residencias, el comercio, etc. Muchas de esas ocupaciones son estigmatizadas como “no cualificadas”, para justificar su bajo sueldo o sus leoninas condiciones de empleo y trabajo. En 2019, el porcentaje de nuevos contratos indefinidos entre profesiones esenciales del sector de la sanidad, los servicios sociales o el trabajo de cuidados varía entre el 2-6%. Una ocupación paradigmática que muestra el grado en que el sistema desprecia la vida y a las trabajadoras es el cuidado de ancianos. Se trata de una ocupación que debiera ser altamente cualificada pero donde la implantación de políticas neoliberales recortó el gasto en residencias públicas, incrementó el déficit de plazas, redujo el papel de entidades sin ánimo de lucro, y externalizó servicios a grandes empresas, aseguradoras y fondos especulativos que hallaron en la atención a las personas mayores un mercado rentable para hacer negocio.

 

La crisis del coronavirus está exacerbando la precarización global con consecuencias laborales, sociales y sanitarias devastadoras. Millones de personas en todo el mundo se hallan al borde de la supervivencia y, fruto de los problemas financieros, el aumento creciente de deuda externa, y la reducción de ayuda al desarrollo, unas 500 millones de personas pueden caer en la pobreza.Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a finales de abril cuatro de cada cinco trabajadoras y trabajadores (más de 2.700 millones) estaban total o parcialmente desempleadas, y se prevé que más de 300 millones lo estén completamente a lo largo del año. Las peores consecuencias de las medidas de confinamiento y contención tendrán lugar entre la mayoría de los 2.000 millones de trabajadoras/es de la economía informal de países pobres (hostelería y restauración, industria manufacturera, venta al por mayor y por menor, y cientos de millones de agricultores), que están desprotegidos social y sanitariamente, bajo el “peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento.” En Europa se estima que unos 60 millones de puestos de trabajo están en riesgo, y en España el desempleo podría aumentar desde un 13,7% en enero (3,2 millones de personas, un tercio de las cuales no recibían prestaciones), hasta más del 20% durante los próximos meses. En apenas unas semanas, un elevado número de personas en situaciones precarias (sobre todo obreros/as, mujeres y migrantes con contratos temporales) han quedado en el paro. Alrededor de 4 millones de personas pueden quedar afectadas por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), una autorización temporal para suspender los contratos de trabajo durante un tiempo determinado, que puede ayudar a sostener empresas, pero empobrecen a gran parte de la clase trabajadora, parte de la cual tiene un elevado riesgo de pasar de ERTE a ERE (expediente de regulación de empleo) y perder definitivamente su empleo. Además, muchas situaciones laborales no forman parte de los ERTE al tratarse de empleos externalizados, eventuales o fijos discontinuos, autónomos, dependientes, trabajadores informales. Hasta el momento la mitad de la destrucción de empleo ha tenido lugar entre los menores de 35 años y parece probable que se reduzcan salarios, aumente la precarización y se consoliden muchos despidos en forma de desempleo crónico. Además del aumento de la pobreza, esta crisis puede ser el caldo de cultivo ideal para el incremento de la tensión y conflictos sociales y que aumente la influencia de grupos ultraderechistas y neofascistas, hoy emergentes en muchos países.

Vivimos tiempos postfactuales, tiempos donde los bulos y las fake news son difundidos por una internacional neofascista que, con planificación y recursos, trata de imponer su relato hegemónico (con ideas sobre lo “qué ocurre”, “por qué ocurre”, “qué se debe hacer” y “adónde vamos a llegar”), en una batalla cultural que es políticamente decisiva. Tiempos de normalización de la mentira, donde la información se falsea y las mentes tienden a ser colonizadas. Tiempos donde las escuelas y universidades son crecientemente mercantilizadas, cuando no infantilizadas. Y tiempos también de “hipernormalización” donde todo el mundo sabe que algo es falso pero, cómo nadie puede imaginar una alternativa, la mayoría sostiene la mentira. La precarización del trabajo no es un destino o una fatalidad, sino el resultado de un régimen político y un modelo económico impuesto a conciencia para disciplinar en la sumisión. La excepcionalidad de esta pandemia ha generado el relato de una “nueva” normalidad que, caso de no poner en práctica propuestas radicalmente alternativas, recreará la “antigua” precariedad. En relación con la crisis actual, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha manifestado recientemente algunas necesidades esenciales: hay que evitar los recortes realizados tras la crisis financiera de 2008 y desplegar un “escudo social”para proteger a las trabajadoras/es y al sistema productivo; y hay que democratizar las relaciones laborales para que sea la ciudadanía quien decida cómo salir de la crisis. 

La ministra tiene razón. Precisamos un modelo de sociedad y economía radicalmente alternativo y democrático que proteja la vida en todos los órdenes.  Un modelo que asegure el pleno empleo, como mecanismo básico de redistribución social, donde la producción sea socialmente útil, realmente sostenible y se trabaje menos tiempo y con menos estrés, donde la industria se centre en fabricar bienes necesarios para la población y las capacidades de las personas se utilicen para vivir mejor con bastante menos consumo. Un modelo que aumente la protección social y la seguridad material y habitacional, al margen de tener o no empleo, y establezca políticas públicas que defiendan y completen el Estado del Bienestar y los servicios públicos. Junto a la sanidad y la salud pública (prevención y vigilancia de la enfermedad y protección y promoción de la salud), la educación, pensiones y vivienda social, junto a los servicios sociales y de ayuda a las familias (escuelas de infancia y servicios domiciliarios a mayores y personas dependientes) deben poner la vida, la ecología, la cultura y los cuidados en el centro político. Habrá que poner en marcha mecanismos que alejen la miseria económica de un sinnúmero de “trabajadores pobres”, que vayan más allá del ingreso mínimo vital (un subsidio mínimo transitorio para los más pobres, aún pendiente de ser aprobado) e implanten  algún tipo de medida que garantice los ingresos o el trabajo, ya sea una renta básica universal no condicional y/o una renta o trabajo garantizado, que evite la incertidumbre, el miedo y la arbitrariedad en la que hoy tantas personas viven, al tiempo que se realizan trabajos social y ecológicamente necesarios. Además, habrá también que nacionalizar o tratar como servicios públicos una gran parte de sectores y servicios indispensables: energía, transporte, telecomunicaciones, farmacéutica y financiero entre otros. Y habrá también que poner en marcha una transición socioecológica profunda y masiva que nos pueda preparar lo mejor posible para un cambio sistémico y radical del sistema económico, ambiental y cultural que nos lleve hacia un decrecimiento de determinadas producciones, que la crisis ecosocial y energética, y los límites biofísicos del planeta hacen inevitable y, a la vez, nos conduzca a un crecimiento exponencial social y cultural: un buen trabajo, una buena vida, con tiempo para vivirla y disfrutarla. Para que todo ello sea posible, es esencial realizar una reforma fiscal, justa y progresiva, radical, con fuertes impuestos al capital, las grandes fortunas y los procesos antiecológicos. El desafío es enorme, pero, como repite a menudo el profesor, ensayista y activista Jorge Riechmann, no es posible seguir siendo “negacionistas” de todo lo que hoy conocemos sobre la realidad social, laboral y ambiental. 

La ministra Díaz ha señalado también una situación política muy real y preocupante al indicar que el mayor problema del mercado laboral español es la gran precariedad existente bajo unas relaciones laborales “debilitadas” y “patológicas”, pero que, “con los mecanismos que tenemos”, el gobierno puede amortiguar, pero no suspender esas relaciones.  Y es que mientras los poderes fácticos nacionales, europeos y globales (económicos, institucionales, políticos y mediáticos) sigan intactos, ganar las elecciones o formar parte del gobierno no es tener el poder, sino tan sólo un pedazo de él. Hoy día, la pérdida de soberanía económica hace que los países dependan de las decisiones de organismos supranacionales como la Unión Europea, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, y la OMC y de grandes corporaciones tecnológicas como las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), etc. Los movimientos sociales y sindicales, con sensibilidades diferentes pero coordinados transversalmente, junto a una sinergia efectiva entre la sociedad civil y el poder político, deben movilizarse para presionar y exigir que se respeten y desarrollen los derechos de las trabajadoras/es y democratizar radicalmente la organización y condiciones de trabajo. También deben organizarse para generar una red de cooperativas económicas que incentiven la solidaridad y el intercambio mediante proyectos creativos alternativos, que generen esperanza y sean igualitarios, ecológicamente sostenibles y socialmente útiles; en el interior de una economía social, ecológica y feminista que se centre en el bien común y la habitabilidad del planeta.

 

Tras la fase aguda de la pandemia, las decisiones políticas de estos meses son el “laboratorio social” donde la humanidad se juega su futuro. Tras el relato oficial de la pandemia del coronavirus existe una crisis civilizatoria que obliga a pensar en políticas sistémicas que transformen radicalmente la lógica de crecimiento exponencial, la destrucción de la naturaleza, la desigualdad social y la precarización hoy existentes. Como advierte Chomsky: La catástrofe que se avecina es mucho más importante que todo lo que ha ocurrido hasta ahora… Nos acercamos a un punto de no retorno…”. Para ello, es imprescindible construir un poder político alternativo que debe ser radical en su objetivo, aunque contenga numerosos elementos reformistas parciales. Y es imprescindible tejer redes internacionales cómo la Internacional Progresista de nuevo cuño,recientemente impulsada por DiEM25 y el Instituto Sanders para fomentar la unión, coordinación y movilización de activistas, asociaciones, sindicatos, movimientos sociales y partidos en defensa de la democracia, la solidaridad, la igualdad y la sostenibilidad. La “nueva” normalidad está aún por construir. Ante la progresiva destrucción de derechos laborales y la extensión global de la precarización, ante la desigualdad global y el reto crucial de hacer frente con urgencia a la crisis climática y ecológica, la pandemia puede ser una ocasión –quizás la última– para reivindicar la importancia decisiva de luchar por la democracia y la justicia social, dentro y fuera del medio laboral, y con ello proteger la salud y la vida. Sólo creando una gran mayoría social, unida, persistente e insobornable, capaz de construir una nueva hegemonía, parece posible que eso pueda llegar a suceder.

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