CHILE: CUANDO LAS INSTITUCIONES NO FUNCIONAN.

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A 23 años del término de la Dictadura, son los propios jueces de la República los que siguen demandando la independencia de la Justicia respecto de los otros poderes del Estado que continúan teniendo demasiada injerencia en la determinación anual de sus recursos, como en el nombramiento de los máximos integrantes de la Judicatura. Hecho muy preocupante, sin duda, puesto que implica otra constatación fundamental: en Chile no existe el sufragio libre e informado. Todo lo cual es agravado por el hecho de que para prosperar en la política en nuestro país hay que tener solvencia económica o la disposición plena de servir a los poderes reales de nuestra sociedad. Es decir, los dueños del dinero, los uniformados y las instituciones internacionales encantados con la vigencia de la Constitución de Pinochet, la explotación foránea de nuestros recursos básicos y una clase política abyecta, vociferante e irreflexiva, como se deduce del tono de las campañas electorales que presenciamos y que están a años luz de la dignidad de nuestros antiguos dirigentes que se atrevieron a reformas republicanas tan sustantivas como la liberación de los esclavos, la nacionalización de nuestro Cobre, la Reforma Agraria y aquellos hitos que marcaron historia en cuanto a procesos educacionales, sindicalización y organización popular. Así como nuestra independencia respecto de las hegemonías imperiales.

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CHILE: CUANDO LAS INSTITUCIONES NO FUNCIONAN.

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Juan Pablo Cárdenas (*).

rcci.net/globalización. Agosto del 2013.

A pesar de que algunos dirigentes políticos aseguran el buen funcionamiento de nuestras instituciones fundamentales, lo cierto es que la población chilena cada vez se siente más decepcionada de ellas. Comprobando, además, que desde el Estado las mayorías no reciben un trato digno y equitativo.

Según las encuestas, el más alto grado de desprestigio lo tiene hoy un Parlamento que, por el sistema binominal, claramente, no representa a la diversidad política de los ciudadanos y viene perpetuando a sus integrantes en dos cámaras que no tienen mucho sentido cuando es el Gobierno el que todavía tiene la principal iniciativa en materia legislativa. Los diputados y senadores que sean nominados en noviembre próximo en más de un 70 por ciento “se repetirán el plato”, habiendo entre ellos quienes incluso persiguen su sexta o séptima reelección. Una amplia repulsa ciudadana se expresa, además, respecto de los cuantiosos honorarios que se han fijado los “honorables”, así como que éstos hayan radicado en sus hemiciclos la controversia electoralista y la vulgaridad de la palabra, al tiempo como se constata que en sus votaciones se rindan al tráfico de influencia ejercido por los grandes empresarios, la orden de partido o las ilegítimas presiones desde La Moneda.

En su propio descrédito ha operado que senadores y diputados de elección popular hayan abandonado sus funciones para integrarse a los gabinetes presidenciales de los dos últimos gobiernos. De hecho, tres de éstos usaron el trampolín de la visibilidad pública ministerial para postularse como candidatos presidenciales, así como varios otros van desmantelando los equipos de gobierno a más de un año del término de éste, ya sea para postularse al Congreso Nacional o para volver a la añorada actividad privada después de un estresante tiempo en el “servicio público”.

A 23 años del término de la Dictadura, son los propios jueces de la República los que siguen demandando la independencia de la Justicia respecto de los otros poderes del Estado que continúan teniendo demasiada injerencia en la determinación anual de sus recursos, como en el nombramiento de los máximos integrantes de la Judicatura. La elección de la última integrante de la Corte Suprema estuvo a punto de fracasar por aquellos parlamentarios que se oponían a ratificarla, pese a los méritos de su trayectoria y el apoyo unánime de sus pares. En tales objeciones, no se expresaron razones técnicas sino solo el encono de quienes se vieron perjudicados por una investigación conducida por esta jueza referida a actos de corrupción gubernamental. Los cuestionamientos constantes y demagógicos de la clase política a las resoluciones de los magistrados es lo que más orada actualmente la dignidad de nuestros Tribunales cuando se les atribuye “mano blanda” con los delincuentes habituales o, por otros, en relación a los crímenes de “cuello y corbata”.

Las Fuerzas Armadas siguen constituyendo una casta social que tiene sistema previsional propio, presupuestos continuos, justicia militar ad hoc y, ahora, hasta candidatas presidenciales que se ufanan de ser parte de la “familia militar”. En el mandato institucional de defender nuestra soberanía, lo cierto es que nuestros “hombres y mujeres de armas” se han convertido en los más fieles garantes de la reconquista española y europea de nuestros yacimientos, fuentes acuíferas, bancos, medios de comunicación y fuentes de energía. Favorecidos por la impunidad judicial y la condescendencia de los políticos, es habitual que los comandantes en jefe opinen con descaro para protegerse y demandar más privilegios corporativos. Entretenidos en sus juegos de guerra, los uniformados nada hacen para proteger nuestro territorio y costas de la depredación ecocida de las termoeléctricas a lo largo de todo el país, así como del enseñoramiento que un puñado de familias y transnacionales han consolidado en nuestro mar patrimonial. En vez de superar nuestros diferendos limítrofes con Perú y Bolivia, los gobiernos le otorgan justificación a las millonarias adquisiciones bélicas demandadas por el Poder Castrense, en las que algunas operaciones de compra y venta han develado altos grados de corrupción en nuestros altos oficiales.

El desprestigio de Carabineros es ahora un extendido fenómeno a causa de la insensata represión en las protestas y movilizaciones sociales, cuanto por la nueva militarización (“pacificación”) de la Araucanía, donde los mapuches son emboscados constantemente y asesinados por estos “guardianes del orden”, verdaderamente cebados, ya, con la sangre de nuestra principal nación fundacional. La vigencia y aplicación de la Ley Antiterrorista (que en cada contienda electoral se promete derogar) llevará indefectible a una confrontación más aguda entre policías y comuneros, en el cual la violencia policial justificará el ejercicio de todas las formas de lucha de parte de las poblaciones humilladas. A lo anterior, día a día se suman los levantamientos de pueblos y ciudades exasperados por la inoperancia de los gobernantes, la displicencia de los parlamentarios y la nula capacidad de operación de los municipios, en que alcaldes y concejales no han tenido más remedio que integrarse a la protesta pública. Abrumados, como se sabe, por el centralismo, la falta de recursos y los problemas acuciantes en salud, educación y oportunidades laborales. 

La Oficina Nacional de Estadísticas y Censos acaba de demostrar un bochornoso desempeño y la imposibilidad de constatar cuántos somos, como vivimos y en qué creemos los chilenos. Sesenta millones de dólares botados en un ejercicio censal fracasado por el dolo, la ineptitud o ambas cosas. Asimismo, otra de las que eran nuestras joyas institucionales, el Servicio Electoral, aún no tiene del todo claro quienes integran nuestro padrón electoral, cuanto carece de los recursos necesarios para controlar el gasto electoral que, a todas luces, supera con creces lo permitido por las mismas leyes aprobadas por quienes compiten periódicamente por aferrarse a los cargos públicos.

Para colmo, se descubre también que nuestro Servicio de Impuestos Internos aplica millonarias condonaciones de multas e intereses a los empresarios más poderosos del mercado que evaden o eluden sus tributos, mientras que se muestra inmisericorde con los pequeños y medianos empresarios y el grueso de los contribuyentes.

Quizás la única excepción a tanta incompetencia sea el Servicio Nacional del Consumidor, institución que para suerte de millones de chilenos ha logrado determinar las escandalosas prácticas de colusión practicadas por las farmacias, las hipertiendas y, ahora, las gasolineras. En una palmaria demostración de que, también, la actividad privada carece de los mínimos estándares de decencia y supervisión fiscal. A lo anterior, recordemos el descubrimiento, también tardío, de que las universidades estaban lucrando; de que los bancos siguen practicando la usura y que, hasta en las entidades religiosas y morales se instalaron graves delitos en contra de los niños y feligreses.

Para qué abundar en algo tan asumido como los abusos de las AFPs y las isapres, como de otra larga serie de instituciones que no funcionan en beneficio de los chilenos y que son tan responsables de nuestra inequidad que provoca asombro a escala internacional. Escándalos a los que se suma la pavorosa concentración y desnaturalización de los medios de comunicación, fenómeno que contradice lo que es considerado actualmente como un pilar de cualquier democracia: la diversidad informativa.

Hecho muy preocupante, sin duda, puesto que implica otra constatación fundamental: en Chile no existe el sufragio libre e informado. Todo lo cual es agravado por el hecho de que para prosperar en la política en nuestro país hay que tener solvencia económica o la disposición plena de servir a los poderes reales de nuestra sociedad. Es decir, los dueños del dinero, los uniformados y las instituciones internacionales encantados con la vigencia de la Constitución de Pinochet, la explotación foránea de nuestros recursos básicos y una clase política abyecta, vociferante e irreflexiva, como se deduce del tono de las campañas electorales que presenciamos y que están a años luz de la dignidad de nuestros antiguos dirigentes que se atrevieron a reformas republicanas tan sustantivas como la liberación de los esclavos, la nacionalización de nuestro Cobre, la Reforma Agraria y aquellos hitos que marcaron historia en cuanto a procesos educacionales, sindicalización y organización popular. Así como nuestra independencia respecto de las hegemonías imperiales.

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(*) Juan Pablo Cárdenas, Director de la Radio Universidad de Chile.

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