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Un país donde su gobierno durante 70 años de
política continuada, construye la “dictadura perfecta”, proceso político, al cual no
podemos llamarlo muy fácil y alegremente “gobernabilidad autoritaria”. El PRI
como partido político hegemónico durante 70 años fue el gran responsable político
de haber sido el actor principal en la construcción de una “democracia censitaria, delegativa, mediática, novelesca y al final una
democracia fallida”. La instituciones fundamentales, políticamente constitucionales
en la última década de los gobiernos del PRI, fueron copados por el poder
oculto, subterráneo y violento del narcotráfico. Un Presidente denunciado como parte
de una de las mafias más poderosas del cartel, un candidato presidencial
asesinado y posteriormente más de 100 mil
entre muertos, secuestrados y desaparecidos. Un gobierno en los dos últimos
periodos presidenciales del PAN, la derecha conservadora más irresponsable y
temerosa de acciones políticas de estado contra el poder oculto y asesino, a
todo ese proceso político no podemos llamarle “gobernabilidad autoritaria” aunque no se presente el “famoso”
equilibrio de poderes, entre el estado y los grupos de presión. Este proceso
político, es simple y llanamente una “dictadura
perfecta” un país donde la democracia se transformó en una maquinaria de
gobierno – democracia procedimental – un gobierno que durante los
tiempos de la “dictadura perfecta” construyó una democracia económica, el Corporativismo social – donde se
cercenaron los derechos sociales y políticos de las organizaciones sociales y
políticas, se trabajó políticamente por una democracia donde la conciliación y la
colaboración de clases (principio fundamental del corporativismo – fue el
base fundamental del proceso político. (No estoy hablando de fascismo, pero sí
estamos en los prolegómenos políticos). Lo
cierto, objetivo y definitivo – aunque en política por su concepto
polisémico – no hay definitivos absolutos, es que en México “jamás” hubo gobernabilidad y menos
gobernabilidad democrática.
Casa-.vivienda original en la selva peruana. En peligro por varios enemigos: El olvido y exclusión del Estado y los gobiernos de turno. Amenazada en su integridad por los narcotraficantes, los taladores de madera ilegal, las corporaciones mineras, gasíferas, petroleras que hoy destruyen el medio ambiente.
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En el Perú que es lo que está sucediendo
políticamente. Un gobierno sumamente débil – con su partido político y un
capital político de más de 5 millones de electores – ha perdido todo, absolutamente
todo en política. Traicionó los ideales
y esperanzas democráticas de un pueblo que confió en su Programa Político
de la “Gran Transformación”, al día
siguiente de su Juramentación Constitucional (legitimidad de entrada,
legitimidad constitucional) lo perdió, lo hipotecó, - traicionó, perdió la
legitimidad de trabajo político – todo su programa político. De una posición política nacionalista, progresista democrática,
se fue a “convivir” plácidamente con
la derecha económico-financiera- comercial exportadora. Su gobierno fue
entregado a la misma tecnocracia criolla neoliberal que desde 1990 impuso
el modelo neoliberal del libre mercado, modelo que a través de los años y de
los gobiernos sucesivos se transformó en una dictadura económica. La gran transformación se convirtió en la “gran
continuidad”, con el modelo neoliberal, ahora en su tercer piso y con un
crecimiento macro-económico continuado durante los últimos 8 años. Junto al crecimiento económico en el Perú –creció
astronómicamente la economía criminal en
todas y sus variadas formas –
narcotráfico, corrupción – como virus se incrustó en todas las instituciones
nacionales – la evasión de impuestos, el lavado de activos, prostitución de
menores, tráfico ilegal de personas, a dónde? Veremos. La minería ilegal,
criminal creció espantosamente en todo el país – miles de miles de trabajadores, campesinos, artesanos, pequeños agricultores
y ganaderos y miles de jóvenes fueron
ganados fácilmente por la minería ilegal, criminal, por altos precios en el mercado
internacional y además por el “buen” funcionamiento de los intermediarios ( verdaderas mafias se establecieron en costa,
sierra y selva, destruyeron el medio ambiente, liquidaron miles de miles de
hectáreas de la Amazonía – crearon ciudades satélites, donde la explotación de
niños en el trabajo de esclavitud, niñas y jovencitas en la prostitución ( tráfico ilegal)
fue lo común en estas ciudades a la vista y paciencia de las Autoridades ( en
su mayoría metidas en el negocio)
La agricultura original, andina, hoy seriamente atacada por la minería ilegal, criminal y las consecuencias del cambio climático. L crisis del agua está generando cambios de sobrevivencia en el agro nacional.
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Visto así la economía criminal – se transformó
en todo un poder oscuro, subterráneo, violento, salvaje, criminal – donde las
mafias era cosa común. El crecimiento económico del país benefició totalmente a
una pequeña y reducida élite empresarial. Las
políticas del Consenso de Washington siguen vigentes y más aún se profundizan y cada vez con más radicalismo
y y destrucción de los derechos sociales. El
Estado si bien mejoró en cifras y estadísticas la lucha contra la pobreza y
con ligereza – siguiendo la pauta del FMI.
Y el B.M y sus burócratas – ahora hablan desde lo local-global de una poderosa y emergente “clase media”,
pero jamás explican cómo surgió legal o
ilegalmente, fue producto del trabajo profesional de miles de profesionales – ingenieros, administradores, sociólogos,
abogados, médicos, enfermeras- y técnicos en general – este proceso hubiere
sido extraordinario, pero fue muy reducido y temporal; en cambio el procedimiento ilegal del narcotráfico, la corrupción,
el lavado de activos, la minería ilegal, el contrabando, si fue una alternativa en todo el país, que
generó una “podrida y nauseabunda” “clase media.
Miles de miles de hectáreas de la Región Madre de Dios - parte de la Amazonía peruana - destruida el medio ambiente, su cultura local, la vida de las comunidades y de los pueblos originarios. concentración de la minería ilegal, criminal, la esclavitud de niños en el trabajo ilegal, mujeres jóvenes sometidas a la prostitución y miles de hectáreas de bosques devastados por la tala ilegal y tráfico de madera. Ese es nuestro país de las mil maravillas, pero también gobernado por una "clase política" anti-nacional.
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Finalmente el Estado y sus políticas de inclusión social aún son muy
reducidas y no logran comprender a sectores sociales que
sí realmente necesitan el apoyo y salvataje del Estado. El crecimiento económico no se transformó en desarrollo económico
social, producto tenemos la educación y la salud en condiciones alarmantes de
subsistencia; los servicios públicos aún no alcanzan a todo el país. Las Instituciones fundamentales del Estado
(Poderes Ejecutivo, Legislativo,
Judicial, Electoral; Policía, Ministerio Público, Universidades, Medios de
Comunicación, Periodistas, Parlamentarios, algunos o muchos de ellos han sido y
son “muy amigos” de este poder oscuro y asesino. Esta realidad cruel e hiriente a la conciencia – incluso la más
atrasada-reaccionaria y dogmática del país – comenzó a presentar los elementos
más importantes de lo que en realidad significa la DESIGUALDAD ECONÓMICO-SOCIAL. Una
élite gobernante (1%) feliz con su modelo económico y el 90% de la población en condiciones de reducción de derechos
sociales. El Estado por años abandonó a
poblaciones de los sectores urbano-marginales – educación, salud, servicios
públicos, trabajo, salarios, vivienda, transporte, realidad donde dejó avanzar
muy fuerte la informalidad -. De la
violencia urbana de los 80’ y parte de los 90’ del terrorismo senderista,
en los últimos años el Perú, con sus
ciudades más importantes, se han convertido en las más inseguras y
violentas. La inseguridad ciudadana en
el último quinquenio a ido de menos a más, hoy es el principal peligro
nacional. Bandas de criminales armados,
extorsionadores chantajistas, mafias – de sicarios (asesinos de sueldo)
secuestradores y además el crecimiento vertiginoso del poder de los medios
de comunicación (verdaderas dictaduras en tiempos de democracia liberal), concentración de los medios en un Monopolio
oligárquico, paralelo a la crisis “final” de los
partidos políticos ( la propia crisis estructural de la Política). Es el Perú con una democracia muy débil,
sin confianza del pueblo y menos legitimación institucional y caminando a su
costado el poder oscuro, violento y asesino de la economía criminal. (No sólo es
narcotráfico, es corrupción, lavado de activos, tráfico ilegal de niños y
mujeres, contrabando y minería ilegal-criminal.).
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El Perú Político legal, oficial. Ciudadanos (as) de todos los partidos políticos responsables del crecimiento económico - su bandera de presentación universal - y también responsables desde del Foro del "Acuerdo Nacional" de no haber aplicado las 30 políticas de Estado y sí hoy los responsables políticos directos de la hiriente y cruel realidad local-nacional de la Desigualdad económico-social.
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PERU:
PODER Y GOBERNABILIDAD EN TIEMPOS DE
NARCOTRÁFICO.
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Yorka Gamarra Boluarte.-
ALAI, América Latina en Movimiento
Martes 2 de diciembre del 2014.
Si la gobernabilidad es un momento de equilibrio
entre el poder del Estado y los grupos de presión: económicos, sociales y
políticos de un país, ¿Podría existir una gobernabilidad sin contrapesos? Si
hubiera un democraciómetro, ¿En qué rango estaría la democracia peruana? Y por
último, ¿Qué actores construyen la gobernabilidad en el Perú?
Vamos a tratar de responder estas interrogantes. Si
existe una gobernabilidad democrática, entonces existe una gobernabilidad
autoritaria. Otros factores que no tienen que ver con los poderes formales se
constituyen en los sostenedores de lo establecido. Este estado de
cosas, puede llevarnos a caracterizar a una sociedad como democrática y
gobernable, aunque en realidad lo que haya sea una situación política que no
cae, un Estado sin contrapesos, que no se desborda. México ha vivido 70 años en
una gobernabilidad autoritaria durante la “dictadura perfecta” del PRI y es
justamente México el espejo en el que deberíamos comenzar a mirarnos.
Lo que hubo y hay en México (y en diferentes
magnitudes en otros países latinoamericanos) es una gobernabilidad construida
por grandes intereses económicos y políticos y no corresponde a un equilibrio
de poderes entre el Estado y los demandantes sectores de la sociedad. Lo
particular del caso mexicano, es que el narcotráfico y la corrupción actúan con
mucha fuerza en esta construcción. La ejecución de los normalistas de
Ayotzinapa, por órdenes de una autoridad local, fuertemente ligada al tráfico
ilícito de drogas, demuestra que el narcotráfico ya no actúa desde la
clandestinidad.
Citemos a los poderes fácticos legales: la iglesia,
los medios de comunicación, el gran empresariado transnacional y nacional. Para
efectos del presente artículo, obviaremos mencionar a los gremios laborales de
los que nos ocuparemos en otro momento. Citemos también a los poderes fácticos
ilegales: la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción, como las fuerzas
con más capacidad de presión. Este artículo va a analizar la presencia del
narcotráfico y la corrupción como poderes de hecho que actúan desde la
ilegalidad, con gran presión sobre la administración de la cosa pública, es
decir, que se abren caminos y mimetizan con los poderes formales y podrían
jugar a favor o en contra de la gobernabilidad.
El Congreso de la República del Perú, ha conformado
una comisión que se encargará de investigar los nexos del narcotráfico con los
partidos políticos. Esta Comisión tendrá 180 días para desarrollar su trabajo.
Las denuncias contra José León (Perú Posible) y Kenyi Fujimori (Fuerza Popular)
han obligado a este Poder del Estado a hacerse un autoexamen. Ya algún
especialista ha dicho que los congresistas relacionados con el narcotráfico
serían 14.
El último proceso electoral municipal nacional da
cuenta que 124 candidatos a alcaldes y presidentes regionales que “han sido o
se encuentran sometidos a investigación, tienen procesos judiciales,
impedimento de salida del país, conmutación de pena, se
encuentran requisitoriados o sentenciados por tráfico ilícito de drogas y
2,131 candidatos en algún momento han cumplido condena por la comisión de actos
ilícitos”. Esto es un escándalo. Nos falta saber cuántos de estos han logrado
ser elegidos.
Las condiciones están dadas para que esto siga
ocurriendo. La Ley General de Elecciones y la propia Ley de Partidos Políticos,
ejercen control cero de los dineros que ingresan a las campañas políticas.
¿Cuánto dinero del narcotráfico se ha “lavado” durante la campaña en el último
proceso electoral municipal y regional?
La violencia del último proceso electoral municipal
en el Perú, nos ha dejado claro que el país está cambiando y que los tiempos
violentos han vuelto, pero esta vez tiene como actores a la minería ilegal, el
narcotráfico y la corrupción con fuertes interdependencias entre sí y un cada
vez más notorio engranaje internacional.
Lo más grave, es que hemos permitido que las
campañas políticas se hayan convertido en inaccesibles para el ciudadano
independiente del poder económico. En el congreso peruano se hablaba de una
bancada Yanacocha, transversal a varias agrupaciones políticas cuyas campañas,
habrían corrido por cuenta de esta empresa minera. Valga el ejemplo para
graficar lo señalado líneas arriba.
Entonces, la clase política se convierte en una
suerte de casta de millonarios (con escasas excepciones) y esto abona en la
deslegitimación de su representatividad y de la democracia.
Habría que poner un límite al dinero que se utiliza
para las campañas políticas. La legislación nacional fija topes para las donaciones
de personas jurídicas y privadas hacia los partidos políticos, pero siempre hay
maneras de evadir estas exigencias. Si se pusiera un tope al gasto que hacen
los partidos políticos en sus campañas, algo podríamos haber avanzado en el
control del dinero que ingresa a los procesos electorales.
El JNE recibe de los partidos políticos las
proyecciones de sus gastos de campaña y, luego de ellas, rendiciones de
cuentas, pero no existen mecanismos legales que obliguen a los partidos
políticos a cumplir esta norma.(4) ¿Qué papel juegan los medios de comunicación
en todo esto? Los topes a los gastos a las campañas, pasan también por hacer
públicos los costos de los espacios publicitarios por parte de los medios de
comunicación, así como los contratos de publicidad, que deben coincidir con la
pauta publicitaria de cada medio. Hay formas de ejercer control, lo importante
es atreverse a hacerlo.
Las campañas políticas no tienen por qué ser
millonarias. Debe privilegiarse el debate en los medios de comunicación y
desarrollar procesos electorales, más equitativos y transparentes.
Si los poderes formales y no formales legales del
país, se siguen beneficiando impunemente de este estado de cosas, estaremos
como, otras naciones latinoamericanas, camino a convertirnos en un Estado
fallido, con una gobernabilidad producto de la conjunción de intereses privados
legales e ilegales, más que del equilibrio político, social y económico entre el
Estado y los ciudadanos.
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Yorka Gamarra Boluarte
Abogada, periodista.
Directora del Observatorio de la Corrupción.
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