¿QUIÉNES SON LOS QUE IMPIDEN LA INVERSIÓN EN EL PERÚ?

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¿Quiénes verdaderamente se oponen a la inversión en el Perú?.- Es muy fácil acusar, poniendo epítetos, sobrenombres en relación a los dirigentes, frentes de defensa, comunidades, pueblos originarios o ONGs, que asumen la defensa, protección del patrimonio territorial de un país mega-diverso como el nuestro, que exige a los gobiernos de turno que es urgente en el país un proceso de Ordenamiento Territorial. La defensa y protección no sólo es minería, petróleo, biodiversidad – agua, tierras de cultivo, medio ambiente, cultura local, riqueza territorial – o en general conocimientos ancestrales. Necesitamos un gobierno que asuma la defensa y protección de nuestro Patrimonio Territorial, que impulse (y cumpla con la Ley) desde ahora el proceso de Ordenamiento Territorial. Los adjetivos despectivos, acusatorios que se imponen desde el inicio – como anti-mineros, anti-sistema, curas rojos, comunistas reciclados, radicales ambientalistas, etc. son simplemente adjetivos que para ellos marcan una posición definida – ellos son los que se oponen a la gran inversión, y por responsabilidad de ellos, es que está detenido el crecimiento económico, y por su radicalismo no hay confianza de los grupos económicos multinacionales de inversión en el país y por lo tanto, es por ellos que existe  parálisis de nuestra economía. Bonito, canto de sirena, extraordinaria “pieza” de incultura, falta de inteligencia, cero sabiduría, y los de siempre, acusando a los defensores de la Vida, del agua, la agricultura,  la cultura de un pueblo, defensores de nuestro Patrimonio Territorial Nacional de ser anti-mineros, es todo lo contrario, que lleguen , que vengan las inversiones, (grandes inversiones) diversificadas, pero que respeten la vida de los pueblos, el medio ambiente, que la Licencia Social, sea parte de nuestro Patrimonio Nacional Territorial.. Increíble, pero hoy se maneja estos adjetivos, que les garantiza “cierta comodidad” a los grupos de poder interno, -básicamente al poder de los medios de comunicación, y la concentración de ellos, o “holding empresarial” como el “grupo Romero”, fieles servidores de los poderes facticos globales, ellos sí son los únicos responsables de la situación actual de la economía del país. Es el mejor testimonio del fracaso de la llamada “República Empresarial” que viene desde los tiempos del “fujimorato” de los 90’ del siglo XX.

Pueblo del Valle de Tambo, defensores de la Vida, el agua, su agricultura, su cultura local, es decir, defensores del Patrimonio Territorial Nacional de un país mega-diverso como el nuestro.

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La supervivencia dominante del antiguo y tradicional modo de producción extractivista exportador de materias primas – en poder de ciertas elites político-empresariales, hoy constituyen una “nueva” oligarquía financiera-comercial exportadora, que durante los últimos diez años de crecimiento económico ha gozado de todo el poder –todas, absolutamente toda la ganancia a servido para engrosar los bolsillos y carteras de una elite interna – que prefirió mantener el viejo y tradicional sistema exportador – y en ningún momento a pesar de las coyunturas internas y externas que favorecían, no sólo la Perú, sino a todos los países de América Latina – unos lo aprovecharon como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil – otros no, incrustaron sus economías en la ganancia fácil, rápida y sin mayores inversiones. Odian la diversificación productiva, sienten terror cuando se anuncia que el Estado va a reforzar una determinada área de la economía nacional, y todo el crecimiento económico más su inmensa ganancia – codicia neoliberal – se centró en los precios favorables – altamente cotizados en los mercados de economías emergentes, básicamente minería, los Commodities, – Economías BRICS – y hoy cuando estas economías ingresan en procesos de reordenamiento interno (China), los precios se disparan pero para abajo -. Comienzan aquí internamente a gritar, acusan a todos de ser los responsables, como anti-sistemas, anti-mineros, dominan y ponen de rodillas al gobierno de turno – pero nunca logran reconocer que los únicos responsables son ellos, por su codicia fundamentalista y su falta total de visión de país y su relación con  la defensa y protección de nuestros recursos naturales y en lo principal, fundamental la defensa de nuestra Soberanía Nacional.

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¿Se opone a la inversión o es partidaria absolutamente de la gran inversión centrada, incrustada la economía en una sola área altamente rentable, fácil para la codicia empresarial y el fundamentalismo neoliberal.

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¿QUIÉNES SON LOS QUE IMPIDEN LA INVERSIÓN EN EL PERÚ?

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Por Carlos Herz Sáenz

 Otra Mirada martes 28 de abril del 2015.

Es reiterativa la acusación de la mayoría de medios de prensa (bajo control de pocos dueños), de gremios de empresarios y del propio gobierno contra ONGs y partidos políticos que representan a un sector de la sociedad peruana, respecto a su posición y práctica supuestamente “antiminera” y opuesta a la inversión en el país, desalentando capitales, impidiendo la generación de puestos de trabajo y retardando la lucha contra la pobreza. Es más, la simple aplicación de estándares internacionalmente aceptados es considerada como medida que ahuyenta la inversión privada y como traba al crecimiento del país.

Vale la pena hacer algunas aclaraciones respecto a términos tan trajinados como inversión, crecimiento, empleo y lucha contra la pobreza, para identificar quiénes son los que realmente se enfrentan y afectan el desarrollo nacional.

Lo primero a resaltar son los adjetivos despectivos de “antiminero”, junto al de “antiinversión” o “antisistema”. Oponerse a la manera cómo se intenta imponer una actividad como la gran minería (o los hidrocarburos), sin tomar en cuenta a las poblaciones locales ni respetar estándares ambientales mínimos, no tiene que ver con el rechazo a la presencia de inversiones privadas ni con acciones opuestas al sistema. Por el contrario, lo que la población -mayormente en pobreza y pobreza extrema- exige, es que se atiendan sus derechos fundamentales como la salud y educación de calidad, es decir, justamente ser incluidos en el sistema. Lo que las poblaciones mayormente rurales quieren es que el campo se capitalice, mejore la infraestructura vial e hídrica, se retome la asistencia técnica, se garanticen precios justos para los productos agropecuarios y que el campo deje de subsidiar a las ciudades. El 70% de los alimentos consumidos proviene de la pequeña producción, cuya población es la menos atendida y la más vulnerable. Sus reclamos no son otra cosa que un pedido de atención a sus derechos elementales como productores e implican una demanda de mayor inversión en bienes y servicios. Y así podemos referirnos a diversos sectores desatendidos por los gobiernos.

Por otro lado, la inversión minera no es la única que existe en el país ni debiera ser la que merezca mayor atención sobre otros sectores. Cuando los maricultores de Pisco exigen que se investigue la muerte de conchas de abanico por contaminación y el daño que le genera para poder exportar su producción, están mostrando que constituyen un sector privado afectado y que el Estado no los atiende. De igual manera, cuando los exportadores de conchas de abanico en Sechura, integrantes del Frente de Defensa, se movilizan contra los efectos de las actividades de una empresa de hidrocarburos, lo hacen para garantizar el éxito de sus inversiones y no porque sean antisistema.

Sin embargo, es evidente que las reglas de juego son asimétricas, beneficiando a las grandes inversiones extractivistas y perjudicando otras que juegan un papel fundamental en la economía nacional. Por ejemplo, si se trata de generación de puestos de trabajo, la agricultura y pesca junto a la manufactura, transportes y servicios públicos, son los sectores que muestran mayor expectativa de empleo pero no merecen los mejores tratos por las políticas públicas. ¿Cuánto interesa al Gobierno promover la actividad turística como una de las mayores generadoras de empleo e ingresos, en un país rico en diversidad natural y cultural desde un enfoque inclusivo? Ni qué decir de la postergada y agobiada pequeña producción manufacturera.

Lo que se aprecia en el sur y en otras regiones del país no son grupos opuestos a la inversión sino colectivos humanos que propugnan inversiones que atiendan demandas de servicios de calidad a las personas, que propician diversificación productiva, que exigen ordenamiento territorial para determinar las potencialidades naturales y capacidades humanas. No hay oposición a la minería siempre que ésta se ubique como parte de un plan de desarrollo territorial diversificado, respete y garantice derechos ambientales, sociales, laborales y económicos de la población, así como garantice mecanismos de participación y consulta ciudadana.

Mientras se persista en imponer grandes inversiones sin dialogar y sin facilitar planes de desarrollo con ordenamiento territorial, los conflictos continuarán y se verá afectada la inversión diversificada que el país requiere. Tía María es un claro ejemplo de esa situación autoritaria y sin planificación concertada.

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