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Lo que se denomina como
desglobalización no es más que el fracaso del neoliberalismo evidenciado
inicialmente en la crisis del 2008. En febrero, el gasto del Gobierno federal de los Estados Unidos alcanzó
los 603 mil millones de dólares. Ese monto supera en 36
mil millones la cifra gastada durante febrero
de 2024, pese a las promesas de Elon
Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). El incremento se vincula con el aumento
de los intereses de la colosal deuda del Estado, el aumento de la compra de armamento al
Complejo Militar Industrial y la desviación de recursos hacia empresas ligadas directa o
indirectamente al entramado empresarial del propio Musk. Durante más
de dos siglos, el patovica del barrio
se encargó de castigar a todos sus vecinos, invadirlos, extorsionarlos,
bloquearlos y amenazarlos. Pareciera
estar llegando la hora del empoderamiento de los que fueron golpeados. Que
dispongan de una oportunidad para esperar al matón en la esquina, para terminar
su reinado
de terror injerencista y supremacista, o al menos limitarlo. El triunfo
militar de Moscú, el éxito económico
de Beijing, y el fastidio de América Latina y el Caribe permiten
vaticinar dicha encrucijada. Hace tres
décadas y media, los CEOs de la vida brindaban en las terrazas del boato el fin de los conflictos sociales y políticos frente a la paz perpetua (de los cementerios).
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SON TIEMPOS DE GUERRA. TRUMP.
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Por. Jorge Elbaum.
Fuente. Página /12. Domingo 23 de marzo
del 2025.
Una semana atrás el presidente de los Estados Unidos Donald Trump decidió apelar a una ley del siglo XVIII para encarcelar en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de el Salvador, ubicado en Tecoluca, a tres centenas de migrantes venezolanos. La reclusión –que incluye trabajos forzados– le permitirá a Nayib Bukele embolsar varios millones, como producto de los servicios carcelarios ofrecidos. Luego de conocida la medida de Trump, el juez James Boasberg, del distrito de Washington, consideró que la expulsión era ilegal porque la norma en la que se basó, la Alien Enemies Act de 1798, solo puede ser utilizada ante un conflicto bélico. Trump, sin embargo, decidió desconocer la resolución del magistrado y ante una pregunta de un periodista afirmó que su orden ejecutiva era incontrovertible porque “estos son tiempos de guerra”.
La Ley fue utilizada por los mandatarios
estadounidenses en tres ocasiones: en 1812,
ante la invasión británica que incendió
la Casa Blanca; durante la Primera
Guerra Mundial; y con el ingreso
de Estados Unidos al conflicto iniciado por la Alemania nazi. Esta es la cuarta ocasión. Pero los enemigos –o Alien– son solo inmigrantes.
En este marco, la política
estadounidense hacia América Latina y el Caribe se sintetiza en cuatro
lineamientos básicos:
(a) el bloqueo criminal a
Cuba, Venezuela y Nicaragua;
(b) la racialización de las
y los migrantes latinoamericanos,
(c) la utilización del
narcotráfico como justificación para políticas comerciales y arancelarias y
(d) el intento de desacople
a las economías latinoamericanas de las iniciativas de cooperación y articulación
promovidas por China y los
BRICS+. Para lograr esos cuatro
objetivos, el trumpismo profundiza la agenda estigmatizadora y negativa sobre
sus vecinos del sur.
Se estima que once millones de personas trabajan en
Estados Unidos sin que las autoridades
les concedan los documentos. Dicha exclusión
tiene un doble objetivo: por un lado, evitar que dichos
asalariados o sus hijos puedan sumarse –en un futuro– a los padrones electorales. En segundo término, lograr que la precariedad laboral
contribuya a limitar el ingreso promedio de los trabajadores. A mayor precariedad, menor capacidad de
negociar condiciones de trabajo y aumentos salariales.
La globalización promovida por Occidente maximizó beneficios al trasladar empresas productivas fuera de sus fronteras y difundir el mito de la sociedad postindustrial, del conocimiento y de los servicios. Hoy advierten, al interior de los Estados Unidos, que tropezaron con su propio artificio, al tiempo que la República Popular China, liderada por su Partido Comunista, lograba un desarrollo formidable por no sumarse a los cantos de sirena de la financiarización y el pensamiento rentista.
Para el Departamento de
Estado, los pueblos
latinoamericanos están asociados a lo que catalogan como inmigración ilegal, criminalidad,
narcotráfico y –sobre todo– el peligro
de contaminación de una población que pretenden perpetuar como “blanca, protestante y anglosajona”, WASP.
Hasta hace apenas unos meses, el Departamento
de Estado estimuló la emigración
de Cuba y Venezuela con intereses propagandísticos, con la
intención de exhibir como catastrófica la situación de esos países. Las
penurias sufridas por los países
sometidos a bloqueo son utilizadas, de esa manera, para culpabilizar a las víctimas: te ahogan y responsabilizan porque
se te llenan los pulmones de agua.
El estilo trumpista, que varios analistas
califican de transaccional, propone una original forma de intercambio: los países latinoamericanos tienen que garantizar que no emigren sus
ciudadanos y a cambio el trumpismo se compromete
a limitar sus aranceles comerciales.
El esquema se asemeja al accionar de
la mafia: se ofrece protección a cambio de amenazas criminales, castigos
económicos o militares. La política
de la intimidación y de extorsión
directa ya no se combina con el poder blando propuesto por Joseph Nye para las relaciones
internacionales.
Según Juan Gabriel
Tokatlián, Trump considera que
“Estados Unidos
atraviesa un estado calamitoso, una suerte de impotencia, que él resuelve con
una prepotencia total.”
La frustración del magnate devenido en mandatario
responde al acelerado naufragio de una ilusión difundida tres décadas
atrás, cuando Francis Fukuyama auguraba que el fin de la historia supondría
una autopista sin freno al neoliberalismo perpetuo y a la victoria final de un globalismo
hegemonizado por Occidente.
Este fracaso del otantismo brinda una gran oportunidad
para América
Latina, el Caribe y el Sur Global en su conjunto. Los analistas rusos nominan a este colectivo
como Mayoría Global por su compromiso
común para defender la soberanía, la no
intervención en los asuntos internos
de cada país, el respeto a la
seguridad de cada nación y el repudio a toda forma de expansionismo,
injerencismo y colonialismo. La agresividad exhibida por Trump para “recuperar el tiempo perdido” y “hacer grande a Estados Unidos” –a costa del resto del planeta–, permite conjeturar una reconfiguración
defensiva frente a su prepotencia.
Lo que se denomina como desglobalización no es más que el fracaso del
neoliberalismo evidenciado inicialmente en la crisis del 2008. En febrero, el gasto del Gobierno federal de los Estados Unidos alcanzó
los 603 mil millones de dólares. Ese monto supera en 36
mil millones la cifra gastada durante febrero
de 2024, pese a las promesas de Elon
Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). El incremento se vincula con el aumento
de los intereses de la colosal deuda del Estado, el aumento de la compra de armamento al
Complejo Militar Industrial y la desviación de recursos hacia empresas ligadas directa o
indirectamente al entramado empresarial del propio Musk.
Durante más de dos siglos, el patovica del barrio
se encargó de castigar a todos sus vecinos, invadirlos, extorsionarlos,
bloquearlos y amenazarlos. Pareciera
estar llegando la hora del empoderamiento de los que fueron golpeados. Que
dispongan de una oportunidad para esperar al matón en la esquina, para terminar
su reinado
de terror injerencista y supremacista, o al menos limitarlo. El triunfo
militar de Moscú, el éxito económico
de Beijing, y el fastidio de América Latina y el Caribe permiten
vaticinar dicha encrucijada. Hace tres
décadas y media, los CEOs de la vida brindaban en las terrazas del boato el fin de los conflictos sociales y
políticos frente a la paz perpetua
(de los cementerios).
Un siglo y medio antes, Charles Baudelaire
advertía que
“la
irregularidad, es decir, lo inesperado, la sorpresa, o el estupor, son
elementos esenciales y característicos de la belleza.” Quizás Ludwig Wittgenstein lo definió con más
precisión: “Nunca puede haber sorpresas en la lógica". Los que siguen
apostando al trofeo de la codicia y el supremacismo no debieran apresurarse a
salir en la foto.
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BUKELE, EL CARCELERO
SALVADOREÑO DE TRUMP.
El gobierno estadounidense
habría pagado U$S 20 mil por cada deportado.
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Traslado de un supuesto miembro del Tren de Aragua en el aeropuerto internacional de El Salvador. . Imagen: EFE.
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El Gobierno de El Salvador comenzó a recibir a
supuestos miembros de una organización criminal venezolana y a pandilleros de
la Mara
Salvatrucha expulsados de EE.UU.
Por Stanley Luna.
Fuentes. Página /12 domingo 23 de marzo
del 2025.
El
presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comenzó a cumplir la promesa que le
hizo en febrero pasado al secretario de
Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante
su gira por Centroamérica: recibir a migrantes deportados y de diferentes
nacionalidades desde el país norteamericano como parte de la
política anti-inmigrante implementada con celeridad por Donald Trump. Así, el pasado domingo, el Gobierno salvadoreño recibió a los primeros deportados. De acuerdo con la información oficial, se trató
de 238 miembros de la organización criminal venezolana El Tren de
Aragua y
otros 23 miembros de la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13),
pero especialistas en seguridad pública ponen en duda el perfil de estas
personas por la crisis democrática y falta de transparencia que vive El Salvador desde que Bukele asumió el poder, en 2019, y por el discurso xenófobo de Trump.
En su visita a El Salvador,
Rubio se reunió en privado con Bukele. Tras la reunión, el funcionario estadounidense confirmó que Bukele se había ofrecido en no solo
recibir a miembros de estas bandas criminales, sino que también a convictos
estadounidenses o con residencia legal en Estados Unidos que hubiesen cometido
delitos graves. Días después de esta reunión, la embajadora de El Salvador en Estados
Unidos, Milena Mayorga, dijo en una entrevista
televisiva que Bukele le había
pedido a Rubio la devolución de
los líderes pandilleros detenidos en territorio norteamericano.
Aunque este acuerdo de expulsión de
migrantes de otras nacionalidades que no fueran la salvadoreña para ser
recibidos en El Salvador
parecía incierto y horas antes de que se
concretara un
juez estadounidense había prohibido a Trump invocar la Ley de Enemigos
Extranjeros -que es del año 1798- para realizarlas, la noche del domingo, Bukele hizo una
publicación en X junto a un video en el que se observa la llegada de un grupo de hombres de Estados Unidos. Los hombres
son custodiados por fuerzas de seguridad desde su arribo al aeropuerto
salvadoreños y luego aparecen siendo
rapados de la cabeza dentro del Centro
de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la cárcel destinada para pandilleros
que se ha vuelto un símbolo mundial de la
estrategia represiva de Bukele y
que ha sido visitada por funcionarios y
funcionarias internacionales, como la Ministra
de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Ningún periodista salvadoreño ha podido
acceder a ella.
Uno de los detenidos que aparece en el video es el líder histórico de la pandilla MS-13, César Humberto López Lario, alias El Greñas de Stoner, acusado de terrorismo en Nueva York. La pandilla a la que pertenece es una de las tres principales en El Salvador y ha sido señalada en investigaciones periodísticas y fiscales de haber negociado con Bukele la reducción de homicidios.
"Seguimos avanzando"
“Como siempre, seguimos avanzando en la lucha contra el
crimen organizado. Pero esta vez, también ayudamos a nuestros aliados, logrando
la autosuficiencia de nuestro sistema penitenciario y obteniendo información
vital para hacer de nuestro país un lugar aún más seguro. Todo en una sola
acción”, publicó Bukele. En el mismo
posteo, el mandatario dijo que por estas detenciones Estados Unidos pagaría “una tarifa muy baja, pero alta” para El Salvador. La agencia AP, que obtuvo
detalles del acuerdo firmado entre ambos países, detalló que por cada
preso El Salvador recibirá 20 mil dólares anuales.
Trump publicó el video compartido por Bukele en la red social Truth
Social y agradeció a su par por su “comprensión
ante la horrible situación que se permitió Estados
Unidos por la incompetencia demócrata”.
En los próximos días la lista de
deportados que recibe El Salvador podría multiplicarse, ya que la Casa Blanca
anunció que este martes revocará
el permiso de residencia de más de 500.000 migrantes procedentes de Cuba,
Nicaragua, Haití y Venezuela que ingresaron a Estados
Unidos bajo la figura legal de
"parole humanitario" durante la gestión de Joe Biden. A las personas que gozan de este beneficio migratorio se les cancelará el
permiso de trabajo y cualquier protección contra la deportación.
Bukele y la mano dura
Durante la primera administración de Trump
(2017-2021) desde Honduras,
Guatemala y El Salvador partieron
caravanas de migrantes hacia Estados Unidos y estos países del Triángulo Norte
de Centroamérica firmaron con el Gobierno estadounidense un acuerdo de “tercer país seguro” que les obligaba a frenar la migración, recibir a
sus ciudadanos retornados y ofrecer condiciones dignas de vida para sus
habitantes, similar a lo que firmó en julio pasado Panamá con Joe Biden ante
la crisis migratoria en la selva del Darién,
frontera entre Panamá y Colombia.
Pero hasta el día de hoy, solo Guantánamo, la base militar
estadounidense en territorio cubano en la que están recluidas las personas
acusadas de terrorismo, tiene similitudes con lo que está ocurriendo en El
Salvador, señala
a Página/12 la investigadora
salvadoreña especializada en seguridad pública, Jeannette Aguilar.
“La mayor ganancia de Bukele es geopolítica al aparecer en el escenario internacional como aliado incondicional de Trump y ser legitimado por Estados Unidos como referente del modelo securitista a nivel internacional. Con este acuerdo, Trump potencia y amplía el mensaje central del modelo Bukele que, para conseguir seguridad, hay que violar derechos humanos”, opina Aguilar. La especialista también menciona que con este acuerdo Bukele busca “conseguir impunidad” en los casos ventilados en cortes de Estados Unidos que investigan las negociaciones de su gobierno con líderes de la MS-13 para reducir los homicidios.
Bukele se convirtió en presidente
en 2019, rompiendo con la tradición bipartidista salvadoreña y en medio de una escalada violencia causada por
las pandillas. Construyó su carrera
política como alcalde de una localidad cercana a la capital, San Salvador, y luego fue
alcalde de la capital bajo la bandera del FMLN, el partido nacido de la guerrilla. Dos años después de ganar la Presidencia, su partido obtuvo la mayoría de diputaciones en el Congreso y esto
le permitió maniobrar la cooptación del
Estado: sus diputados y diputadas y otros afines destituyeron a los magistrados del Tribunal Constitucional y al Fiscal
General para imponer a personas
cercanas al Gobierno. Y, luego, esta concentración de poder también fue clave
para que, partir de 2022, el
Gobierno implementara un
régimen de excepción que a la fecha suma 85 mil personas detenidas; y, en 2023, le permitió a Bukele la reelección inmediata a
pesar de una prohibición constitucional.
Para Enrique Anaya, constitucionalista
salvadoreño, el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para recibir a personas provenientes de
Norteamérica carece de sustento legal, incluso deja en el vacío sobre cuál de
los dos países recaerá la responsabilidad ante las denuncias internacionales que estas deportaciones generen. En Caracas, Venezuela, ya hubo una
manifestación en donde familiares de deportados desvincularon a sus parientes
enviados a El Salvador de El
Tren de Aragua, la organización
criminal que nació en una cárcel de este país sudamericano.
El mensaje
Sin embargo, en medio de un contexto
en donde hay censura a las voces críticas del discurso oficialista, Anaya señala que las detenciones de los deportados en el
CECOT también funcionan como un mensaje para la ciudadanía:
“Que la
represión en El Salvador va a
continuar, que, si inclusive se está recibiendo a personas del extranjero, a
cualquier salvadoreño lo van a poder meter preso”.
Gabriela Santos, directora del Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, estima que aún no es posible conocer los efectos que pueda causar el hecho de juntar
en una misma cárcel a personas que presuntamente pertenecen a dos organizaciones criminales diferentes.
“Supone
distintas interrogantes en materia de seguridad”, dice. Mientras que Verónica
Reyna, directora de la organización Servicio Social Pasionista, señala que,
ante la cooptación estatal en El
Salvador, la única vía para frenar estas deportaciones son las cortes
federales estadounidense.
Página/12 intentó contactar al Gobierno de El Salvador a través de su
secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, pero al cierre de esta nota no hubo
respuesta.
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