BRASIL: EL SOMBRÍO ESCENARIO DEL POST-IMPEACHMENT.- Después del triste
espectáculo protagonizado por la Cámara
de diputados que dio luz verde para la admisibilidad del proceso de impeachment,
ahora es el senado quien debe decidir si aprueba o rechaza la apertura del
proceso. La previsión es que ello sucederá el día 11 de mayo. La oposición ya
cuenta con más 41 votos favorables para la casación del mandato de la
presidenta, por lo que es altamente probable que Dilma Rousseff sea apartada del cargo por 180 días, lugar que
asumirá el actual vice-presidente Michel
Temer, un personaje que ha conspirado entre bambalinas la destitución de la
mandataria. De una mera figura decorativa se ha transformado en el principal
instigador del golpe institucional y parlamentario que se cierne sobre el país.
A pesar de todos los argumentos que pueda esgrimir la oposición, es
indiscutible que lo que se encuentra en curso es un golpe político disfrazado
de procedimiento jurídico, impulsado por quienes perdieron las elecciones y por
otros aspirantes al poder que nunca lo conseguirían por medio del escrutinio
popular. Ello quedó aún más evidencia a partir de una exposición secuencial de
los motivos más bizarros invocados por los diputados que votaron a favor del
impedimento: Dios, la familia
cuadrangular, el cumpleaños de la nieta, la paz de Jerusalén, el sector
agropecuario, etc.
De
consumarse el golpe, un primer escenario que se vislumbra a más corto plazo, es
que Michel Temer asumirá interinamente la
presidencia, mientras concluye el proceso contra Dilma Rousseff. La previsión es que una absolución o condenación
definitiva (en este caso se requieren 54 de 81 votos) recién sea realizada a
mediados de septiembre -antes de las elecciones municipales del 2 de octubre-
periodo en el cual pueden ocurrir muchas cosas. Aunque existen algunas
razonables incertezas, por la actual composición del senado y por el efecto
estampida que se observó en la Cámara,
todo parece indicar que la tendencia es que la presidenta sea condenada y
automáticamente destituida, asumiendo Michel Temer el cargo de presidente en
forma definitiva hasta concluir el mandato en diciembre de 2018. Además de la
casación, Dilma Rousseff quedaría
inhabilitada durante ocho años para ejercer cualquier tipo de función pública.
Asimismo, el propio Michel Temer tampoco está libre de ser objeto de otro
proceso de impedimento en su contra. En efecto, ya existe un proceso derivado
de una acción popular que se encuentra estacionada en la Cámara en espera de una resolución de admisibilidad por parte de su
presidente. Este recurso se sustenta en el hecho de que cuando ocupó
interinamente el cargo de presidente por ausencia de la mandataria, Michel Temer también firmó algunas resoluciones que constituyeron
“pedaladas fiscales”, es decir, existen fuertes indicios de que igualmente
incurrió en crimen de responsabilidad fiscal.
Por otra parte, existe la
posibilidad de que sea sancionado próximamente un parecer del Supremo Tribunal Electoral (TSE) que
debe impugnar la chapa Rousseff-Temer
por financiamiento ilícito de la campaña presidencial de 2014. Si este proceso
se sanciona antes de la primera mitad del actual mandato (diciembre de 2016),
se anula la chapa vencedora de la última elección y asume interinamente el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha,
que deberá convocar a nuevas elecciones en un plazo de 90 días. Si la casación
ocurre a partir de la segunda mitad de mandato, la elección del nuevo
mandatario o mandataria es realizada indirectamente por el Congreso Nacional.
En esta hipótesis y considerando el conservadurismo y la baja índole moral del
actual Congreso, no es para nada remota la posibilidad de que el escogido sea
aun peor que Michel Temer y su
cuadrilla del PMDB. El propio Eduardo
Cunha, un personaje siniestro y declarado reo por el Supremo Tribunal Federal (STF) por innumerables casos de
corrupción, puede llegar a ser, en función de sus articulaciones, el próximo
presidente de Brasil. Esta posibilidad representa un futuro más que tenebroso
para el país.
Además
existe la alternativa de la renuncia inmediata de la presidenta y la
convocación a nuevas elecciones. Pero a juzgar por las
declaraciones de sus asesores y de la propia mandataria, la defensa de su
inocencia va a ser llevada a cabo hasta la instancia final del juicio en su
contra. De igual manera, Michel Temer
también puede renunciar en caso de asumir la presidencia y llamar a nuevas
elecciones. Ello va a depender de la
vulnerabilidad que tenga, ya sea por los problemas de legitimidad que pesan
en su contra, por una escalada de movilizaciones populares y una consecuente
situación de ingobernabilidad en todo el país o por el avance del proceso de
inhabilitación en su contra que lo dejaría inmune a una alta inestabilidad
jurídica y administrativa. Lamentablemente
todos estos posibles escenarios permiten augurar que Brasil continuará
sumergido en una crisis política profunda, a la que se viene a sumar una
recesión económica grave y una casi completa falta de credibilidad moral y
ética en la clase política y empresarial. Lo más previsible es que Brasil sea palco de muchas
manifestaciones de protesta y descontento en un clima de creciente
conflictividad, que ni siquiera la
próxima Olimpiada podrá atenuar. Sin embargo, pensando dialécticamente,
ello también puede representar una oportunidad para que las fuerzas
progresistas se unan en torno a un amplio bloque histórico que impulse un proyecto de
transformación con el fin de preservar y superar las conquistas ya alcanzadas.
Fernando de la Cuadra.
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BRASIL: LA CLASE POLÍTICA ESTÁ SEPULTANDO LA POLÍTICA.
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Fernando de la Cuadra.-
ALAI. América Latina en
Movimiento.
Martes 3 de mayo del 2016.
A esta altura de los
acontecimientos no existen muchas dudas de que el proceso de inhabilitación de
la presidenta Dilma Rousseff será aprobado por el Senado. Lo que también
resulta evidente es que los argumentos esgrimidos para justificar la suspensión
de la mandataria no poseen base jurídica consistente y apelan indudablemente a
un sentimiento de revancha política de quienes no consiguieron obtener el apoyo
de la ciudadanía por medio de las urnas.
De hecho, la tesis de que
el gobierno incurrió en crimen de responsabilidad utilizando el mecanismo de
las llamadas “pedaladas fiscales” es una cuestión que no ha sido dirimida por
los especialistas en Derecho Constitucional y lo más probable es que tal
controversia jurídica continúe por mucho tiempo y se prolongue a lo largo de
los años, cuando se proceda a realizar un juicio histórico de lo que sucede
actualmente en Brasil. Si se descarta la dimensión jurídica de la acusación
instaurada contra el ejecutivo, salta a la vista su carácter estrictamente
político.
La solución para un
gobierno malo no es su destitución. Problemas e ineficiencia gubernamental no
pueden ser motivo para derrocar a un presidente, ya que las reglas del juego
democrático son muy claras e implican que quien perdió en una contienda electoral
tendrá que esperar una nueva oportunidad para convencer a los electores de que
su proyecto es el mejor. Lo anterior es la base de la alternancia. No se puede
desconocer esta cláusula pétrea de la democracia arguyendo que se incurrió en
crímenes de responsabilidad por un mal uso de normas y procedimientos
administrativos, los cuales además son objetos de las más variadas
interpretaciones.
Si tanto el gobierno como
la mandataria cometieron errores en la conducción del país, ello no puede en
hipótesis alguna justificar una deposición, con toda la carga de dramatismo que
esto representa para un sector mayoritario de la población, que observa con
creciente preocupación la inestabilidad institucional y social que se apodera
del país. En ese contexto, lo que se percibe en estos días sombríos es la
voluntad obstinada de la clase política -preferencialmente de la oposición- en
bloquear y obstruir toda y cualquier vía de diálogo que permita construir las
posibles alternativas de solución a la crisis sistémica que se viene
instalando, negándose vehementemente a debatir salidas de consenso en un clima
de respeto por el pluralismo y la aceptación de la diferencia.
Hace algunos años atrás
Hannah Arendt señalaba que la política se basa en el respeto por la pluralidad,
porque ella trata fundamentalmente de la convivencia entre personas diferentes
que habitan un espacio común. La familia en ese sentido es la negación de la
plaza pública en la que se discuten los destinos de la comunidad o el país. La
familia representa -según la pensadora alemana- un refugio, un abrigo para el
individuo que se encuentra en una soledad existencial frente a un mundo
inhóspito y extraño. Es una especie de fortaleza que nos aísla del mundo
exterior. Por lo mismo, el parentesco se configura como una perversión de la
cosa pública que anula la consideración por la alteridad, por la diferencia y
por lo plural.
Este fenómeno se puso
claramente de manifiesto cuando un porcentaje significativo de los diputados
que votaron a favor del impeachment dedicaron su decisión a la esposa,
los hijos, los padres, los nietos o los sobrinos. Desaparecieron los motivos
que invocaban a la nación, los ciudadanos, el pueblo soberano, la polis…
La política se ha transformado en un frio cálculo personal de costo-beneficio,
en una estructura de preferencias individuales en donde cada agente evalúa
cuales son los mejores escenarios y decisiones para adquirir más poder, dinero
y prestigio. Por eso es que la política ha terminado siendo dominada por las
empresas, que imponen su lógica competitiva y su gen darwinista cuando se
dedican a financiar las campañas de aquellos candidatos que tienen mayores
posibilidades de sobrevivir y que además se comprometen a efectuar un retorno
incrementado de la inversión. La política perdió su vocación de servicio
público y se convirtió en un oficio de especuladores y oportunistas. La
operación Lava-Jato ha mostrado en este último año como existe un vasto
entramado entre las principales empresas de la construcción civil, la clase
política y los altos ejecutivos del aparato gubernamental. Un fenómeno
transversal, del cual muy pocos partidos políticos se han mantenido al margen.
En la actual configuración
del Congreso, lo único que parece consolidado es la influencia del poder
económico sobre la mayoría de los parlamentarios. La reforma política que
todavía es una agenda incompleta y urgente, considera una alteración drástica
para el financiamiento de campañas, de manera que la subordinación de la clase
política a los intereses de las empresas pueda ser revertida o moderada a
través de mecanismos de financiamiento democrático que combina un
financiamiento público con los aportes de los militantes o personas físicas que
deseen contribuir con un monto limitado para determinado candidato o conglomerado
partidario. De esta manera, cualquier intento por reivindicar la política como
una actividad que recoja los anhelos y aspiraciones de la población pasa
necesariamente por el fin de la manipulación de las empresas en la vida de los
partidos y de la clase política.
A lo anterior se debería
sumar un fortalecimiento de las prácticas de democracia directa en la cual los
ciudadanos puedan discutir y deliberar sobre aquellos aspectos que afectan su
vida colectiva en temas tan relevantes como las concesiones de los servicios
públicos, las privatizaciones, la construcción de obras que tienen un enorme
impacto ambiental o la definición de modalidades en las que se puede realizar
una impugnación presidencial luego que el sufragio universal ha expresado su
decisión soberana. Mientras estos aspectos tan básicos como fundamentales no
sean resueltos y superados por el conjunto de los actores políticos, la democracia
brasileña continuará siendo una promesa traicionada.
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Fernando de la Cuadra.
Doctor
en Ciencias Sociales. Editor del Blog Socialismo y Democracia.
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