OPINIÓN
DE LOS LÍDERS POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN. PABLO IGLESIAS. “PODEMOS” Y PEDRO
SÁNCHEZ, “SOCIALISTA”.-. “Es un día terrible. Se ha suspendido la democracia
en Cataluña. Se han
roto los pactos del 78”, destacó el
secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en una rueda de
prensa tras conocerse las medidas propuestas por Rajoy. “El bloque monárquico
cree mostrar autoridad, pero sólo revela su incapacidad para ofrecer soluciones
y aleja aún más a Cataluña de España” fue, por su parte, la reacción en Twitter del líder de la formación
izquierdista, Pablo Iglesias. A la lluvia de
críticas que desde el minuto siguiente al anuncio de la intervención le cayó al
Partido Popular se sumaron todos los
grupos independentistas y la alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau, quien lamentó que
Rajoy haya suspendido “el autogobierno de Cataluña por el cual tanta gente
luchó”.
El partido socialista, en
cambio, no duda que la aplicación del 155 es lo correcto si se quiere “hacer frente a la situación de inestabilidad
política institucional, ante la amenaza de una declaración unilateral de
independencia, situándose en la legalidad y la convivencia”, tal como lo
expresó su secretario general, Pedro Sánchez,
minutos antes de la comparecencia de Rajoy.
“El PSOE ha decidido apostar por la Constitución, como ha hecho siempre en toda
la etapa democrática”, se justificó a la vez que intentó marcar cierta
distancia con el PP, con quien, afirmó
Sánchez, tiene “profundas discrepancias sobre el modelo territorial, pero sobre
la integridad territorial de España, ninguna”.
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El presidente Mariano Rajoy anuncia la intervención
de Cataluña, que votará el viernes en el Congreso español.
***
RAJOY
INTERVINO EL AUTOGOBIERNO DE CATALUÑA.
Suspendió
la autonomía regional al destituir al gobierno regional e intervenir el
Parlamento.
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El Ejecutivo central aplica el artículo 155 en su
vertiente más dura: destitución y control desde Madrid del Parlamento y las
Consejerías. Rajoy quiere elecciones anticipadas y Puigdemont lo considera “el
peor ataque desde Franco”.
Por Flor Ragucci.
Página/12
domingo 22 de octubre del 2017.
Mariano
Rajoy anunció la destitución del actual
Govern de Cataluña y la restricción prácticamente total de las funciones de
su Parlament, mientras aseguró que “no se suspende la autonomía ni el
autogobierno” de la región.
“Se cesa a las personas que han puesto a esa
comunidad al margen de la ley”, afirmó el jefe del Ejecutivo español en su
comparecencia después de que en el Congreso extraordinario de ministros que
tuvo lugar ayer se decidiera cómo se aplicará el artículo 155 de la
Constitución. “El gobierno ha tenido que aplicarlo. No era nuestro deseo. Es un
artículo constitucional que sólo se aplica en circunstancias excepcionales.
Pero ningún gobierno puede aceptar que se ignore la ley, se viole la ley
imponiendo sus criterios a los demás”, insistió Rajoy para justificar la
decisión inédita en la historia de España de intervenir la autonomía de una de
sus regiones.
“La
facultad de disolver el Parlament pasa al presidente del gobierno. El presidente tendrá que convocar elecciones en un
máximo de seis meses, pero mi voluntad es que sea tan pronto como recuperemos
la normalidad”, anunció el líder del Partido Popular (PP) como
primera medida. La capacidad de convocar urnas es exclusiva del presidente de
la Generalitat pero como Carles
Puigdemont será destituido, junto con su vicepresidente Oriol Junqueras y sus consejeros de
gobierno, Mariano Rajoy asumirá ese rol si el viernes próximo el Senado
ratifica lo propuesto ayer por el Ejecutivo central (lo cual previsiblemente
así será porque en la Cámara alta el PP cuenta con mayoría absoluta). Además de
vetar que la presidenta del Parlamento catalán pueda proponer candidato a la
presidencia de la Generalitat y que la Cámara regional celebre el debate y
votación de investidura, Rajoy determinó que el Parlament tampoco podrá ejercer
el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña ni adoptar
iniciativas contrarias a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.
“Celebrar elecciones es el objetivo que quiere la
mayoría, es lo que dice el sentido común: abrir una nueva etapa en la que los
derechos de la gente se recuperen, así como la normalidad y la convivencia, que
se ha deteriorado mucho en Cataluña”, siguió argumentando el presidente de la
Nación. “En pocas horas se liquidó la Constitución española, el Estatut, se
aprobó la ley de referéndum y la ley de transitoriedad. Todo esto fue
suspendido por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, se celebró el
referéndum suspendido y todo este proceso tuvo su último punto el pasado día 10
de octubre”, relató Rajoy. “El gobierno requirió si habían o no declarado la
independencia, esperando una
rectificación que no se produjo. No respondieron en plazo ni en tiempo. No se
pueden hacer peor las cosas, incluso para los propios intereses de los que las
hicieron; tengo la convicción de que querían que se aplicase el 155”, afirmó el
presidente español, culminando así su férrea defensa de una medida que resolvió
activar en su vertiente más dura.
Desde las calles de Barcelona y desde el Palacio de
la Generalitat la respuesta fue contundente. La manifestación convocada
para expresar el rechazo al encarcelamiento, la semana pasada, de los líderes
independentistas Jordi Sánchez y Jordi
Cuixart se convirtió, además, en pancarta gigante contra la suspensión de
la autonomía dispuesta por Rajoy. Más de 450 mil personas marcharon al grito de
“ni un paso atrás”, siguiendo a los
miembros del Gobierno catalán que, ante el anuncio de Moncloa, decidieron
encabezar la protesta. El president
Carles Puigdemont se pronunció al finalizar la intensa jornada con un duro
mensaje en catalán, en español –para el resto del país– y en inglés –para toda
Europa–.
“El 155 es el
peor ataque a las instituciones catalanas desde la disolución de la Generalitat
por parte del dictador Francisco Franco”, afirmó el líder catalán en su
declaración institucional y solicitó al Parlament la convocatoria de un pleno
esta semana para valorar las medidas de Rajoy y “actuar en consecuencia”.
Larga fue
la lista de motivos que enumeró Rajoy,
arropado por sus ministros, para ejecutar esta norma excepcional; “volver a la legalidad y recuperar la
normalidad y la convivencia”, sus principales bazas. Pero la que él llama
“recuperación económica” también ocupó buena parte de su discurso, insistiendo
en que ahora, con la fuga de 1200 empresas de Cataluña durante las últimas dos
semanas, “esa recuperación está en
evidente peligro por las decisiones caprichosas y unilaterales de algunos”.
Así es que el gobierno español enfocó también su intervención en el terreno
económico, pasando a controlar –si se aprueba la aplicación del 155– todo tipo
de recaudación de Cataluña.
Otras dos áreas que irán a manos del Ejecutivo
central serán la de seguridad y la de telecomunicaciones. Desde el Ministerio
de Interior se podrán dictar instrucciones directas “y de obligado cumplimiento a los Mossos d’Esquadra (la policía
catalana)”, así como “acordar el despliegue de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado en Cataluña” e, incluso, en caso de ser necesario, “los miembros de los Mossos d’Esquadra serán sustituidos por efectivos de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado”, según expresa el documento presentado por el
equipo de Rajoy.
En el
ámbito de los medios de información, la aplicación del 155 tampoco deja títere
con cabeza, manifestando que “corresponderá
a los órganos o autoridades que cree a tal efecto el Gobierno de la Nación
[...] garantizar la transmisión de una
información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo
político, social y cultural y también con el equilibrio territorial, así como
el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la
Constitución”. Los medios de comunicación públicos catalanes, el Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el Centro de Seguridad de
la Información de Cataluña quedarán, de ratificarse el viernes próximo la
propuesta, también bajo el control del Poder central.
“Es un día terrible. Se ha suspendido la democracia en Cataluña. Se han roto los pactos del 78”, destacó el secretario de Organización de
Podemos, Pablo Echenique, en una rueda de prensa tras conocerse las medidas
propuestas por Rajoy.
“El bloque monárquico cree mostrar autoridad, pero sólo revela su
incapacidad para ofrecer soluciones y aleja aún más a Cataluña de España” fue, por su parte, la reacción en Twitter del líder de la formación
izquierdista, Pablo Iglesias. A la lluvia de críticas que desde el minuto
siguiente al anuncio de la intervención le cayó al Partido Popular se sumaron todos los grupos independentistas y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau,
quien lamentó que Rajoy haya suspendido “el autogobierno de Cataluña por el
cual tanta gente luchó”.
El partido socialista, en
cambio, no duda que la aplicación del 155 es lo correcto si se quiere
“hacer frente a la situación de inestabilidad
política institucional, ante la amenaza de una declaración unilateral de
independencia, situándose en la legalidad y la convivencia”, tal como lo
expresó su secretario general, Pedro Sánchez, minutos antes de la
comparecencia de Rajoy. “El PSOE ha
decidido apostar por la Constitución, como ha hecho siempre en toda la etapa
democrática”, se justificó a la vez que intentó marcar cierta distancia con el
PP, con quien, afirmó Sánchez, tiene
“profundas
discrepancias sobre el modelo territorial, pero sobre la integridad territorial
de España, ninguna”.
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Banderas
y pancartas independentistas cubrieron ayer el centro de Barcelona.
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BARCELONA:
“RAZÓN, DIGNIDAD Y PACIENCIA”.
Cerca
de medio millón de independentistas marcharon en Barcelona
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Página/12,
domingo 22 de octubre del 2017.
“Libertad”, “independencia” y “fuera las fuerzas de
ocupación” fueron algunas de las consignas que más se
escucharon en el centro de la ciudad, que se llenó de banderas secesionistas y
pancartas en contra del artículo 155.
“Tenemos
razón, dignidad y paciencia. Vamos a seguir resistiendo”. Así se
expresaban Pere Solà y su esposa, Carme Martí, durante la marcha
independentista celebrada ayer en Barcelona que atrajo a 450,000 personas,
horas después de que Madrid anunciara su intención de destituir al Ejecutivo de
Cataluña y de convocar elecciones en la región.
“Algunos
dicen que volvemos a 1936”, dijo él, profesor emérito de la Universidad
Autónoma de Barcelona, citando el año de inicio de la guerra civil española
(1936-1939). “Y Rajoy es un heredero de Francisco Franco, como lo es el rey”,
añadía a su lado su mujer.
El
matrimonio se mostraba enfadado con las medidas anunciadas por el gobierno
español de Mariano Rajoy para tratar de frenar el desafío independentista en
Cataluña, que abrió en las últimas semanas la crisis institucional más grave
que se recuerda en España, pero también con “el silencio cobarde” de Europa
ante el conflicto. “Eramos europeístas pero
europeístas de la democracia, no de
esta Europa”, aseguraron con indignación.
Como ellos, miles
de personas (450.000, según la Guardia Urbana de Barcelona) salieron ayer a la
calle de forma pacífica en la capital catalana en protesta por las actuaciones
del Estado español. “Libertad”, “independencia” y “fuera las
fuerzas de ocupación” fueron algunas de las consignas que más se escucharon en
el centro de la ciudad, que se llenó de banderas secesionistas (esteladas). Los
participantes también exhibieron pancartas en contra del artículo 155 de la
Constitución española, activado por el gobierno de Rajoy para aplicar una serie
de medidas sobre Cataluña que serán aprobadas previsiblemente el viernes por el
Senado español.
La marcha había
sido convocada para protestar por el ingreso en prisión de dos líderes
secesionistas catalanes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quienes están
investigados por un presunto delito de sedición por las manifestaciones que
hubo el 20 de septiembre en Barcelona contra el operativo policial que
intentaba impedir la celebración del referéndum soberanista del 1 de octubre,
que fue declarado inconstitucional por la Justicia.
Pero la aplicación del artículo 155
de la Constitución por parte de Madrid marcó finalmente la protesta. “No es una
sorpresa. Miedo no tengo, como mucho, respeto”, aseguró Pau, un profesor de
catalán de 26 años que cree que su profesión “peligra”. A su lado, su compañera
Laura sentía lo mismo. “No sé si podré seguir enseñando mi lengua, porque si
hay que españolizar a los alumnos, quizá volvamos a la época de mis abuelos”,
dijo en referencia a la dictadura franquista (1939-1975), en la que según los
independentistas, la lengua catalana estuvo censurada.
Entre los
manifestantes había indignación e incertidumbre. Algunos, como Pau, confiaban
en que el jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont, formalice en los
próximos días la independencia de la región. “Mientras haya unidad entre los
partidos secesionistas y la gente siga saliendo a la calle, esto tiene vida”,
dijo.
Para los
independentistas, la convocatoria de elecciones en Cataluña no es una solución.
“Ya votamos el 1º de octubre”, dijo Ramón, de 52 años, en alusión a la consulta
que se celebró sin garantías y con una participación de unos dos millones de
personas, de las que el 90 por ciento dijo sí a la secesión, según el “Govern”
catalán. Algunos temen que la Justicia ilegalice los partidos independentistas
de cara a la posible cita electoral, como ocurrió en 2003 como el partido vasco
Batasuna, considerado brazo político del grupo armado ETA. “Si no se ilegaliza
a los partidos independentistas, a priori iré a votar. En caso contrario, no”,
aseguraba hoy Roger, un ingeniero de 45 años.
A la manifestación
de Barcelona asistieron todos los miembros del gobierno catalán, incluido su
presidente, así como importantes figuras políticas del secesionismo, como el ex
jefe del Ejecutivo regional Artur Mas o la presidenta del Parlamento catalán,
Carme Forcadell, quién habló de golpe de Estado. “Cuando hemos querido dialogar
nos han contestado con la suspensión de la autonomía y cuando hemos querido
votar nos han contestado con la porra”, dijo Mas, quien acusó a Madrid de
“miopía política”.
Marta
Pascal,
coordinadora general del PDeCAT, el partido de Puigdemont, agregó: “Lo que han hecho
es una verdadera barbaridad, una vergüenza democrática”.
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Manifestantes
marcharon ayer por la libertad de dos prisioneros políticos.
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EL
GOBIERNO CATALÁN SERÁ REEMPLAZADO Y EL PARLAMENT, CON PODERES LIMITADOS.
Una
por una, las medidas que tomó Rajoy.
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Página/12, 22 de octubre del 2017.
Mientras
el Poder Ejecutivo del autogobierno catalán será el más golpeado por las
medidas de control anunciadas por el presidente español, otras áreas del
gobierno, así como infraestructura clave, quedarán bajo el control directo de
Madrid.
Tras más de un mes de alta tensión entre Madrid y
Cataluña, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció
ayer las medidas tomadas para frenar el desafío independentista en la región,
que serán aprobadas previsiblemente por el Senado el viernes. A continuación,
las más importantes:
Destitución del “Govern”. La
Cámara autorizará a Rajoy a destituir al Gobierno catalán al completo: a su
presidente, Carles Puigdemont;
vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos los consejeros. El cese implica
“la sustitución en el ejercicio” de todas sus funciones, que serán asumidas por
los distintos ministerios del gobierno.
Elecciones en menos de seis meses. Rajoy
decretará “la disolución anticipada del Parlamento de Cataluña o el fin de la
legislatura”, que arrancó en enero de 2016, para convocar elecciones regionales
“en el plazo máximo de seis meses” desde la aprobación del Senado de estas
medidas. Su voluntad es hacerlo “tan pronto” como se recupere “la normalidad
institucional”, según dijo hoy.
Límites al Parlamento catalán. El
Parlament seguirá ejerciendo la “función representativa” que tiene encomendada,
pero se establecen algunos límites a sus competencias: la presidenta de la
Cámara no podrá proponer un candidato a la presidencia del Gobierno catalán, ni
celebrar un debate o votación de investidura. El Parlamento regional tampoco
podrá ejercer las funciones de control sobre los órganos y autoridades que
sustituyan al “Govern” ni tramitar iniciativas contrarias a las medidas
adoptadas.
Funcionamiento del gobierno regional. La
Administración catalana continuará “funcionando como la organización
administrativa ordinaria que ejerce las funciones ejecutivas” y lo hará “bajo
las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el
Gobierno” español “en sustitución” de los responsables destituidos. Estos
órganos podrán dictar y adoptar las disposiciones, resoluciones e instrucciones
necesarias para el ejercicio de sus competencias y serán “de obligado
cumplimiento” para los funcionarios y personal laboral de la Administración.
También podrán acordar el cese, sustitución o nombramiento de cargos públicos y
personal.
Policía y seguridad. El
ejercicio de las funciones de Seguridad Pública, incluidas en el artículo 164
del Estatuto catalán, corresponderá al Gobierno español, que podrá dar
“instrucciones directas y de obligado cumplimiento” a la Policía regional de
Cataluña, los Mossos d’Esquadra. El acuerdo aprobado ayer por el Consejo de
Ministros prevé
También que Madrid pueda acordar “el
despliegue” de la Policía Nacional y de la Guardia Civil española en Cataluña,
“coordinando la actuación de la Policía” catalana. Además, en caso necesario,
los Mossos “serán sustituidos por efectivos” de las fuerzas de seguridad
españolas.
Competencias económicas. El
Senado también habilitará al gobierno central para ejercer en Cataluña
competencias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria. El
objetivo es “garantizar que la totalidad de los fondos” transferidos por Madrid
y los ingresos recaudados por la región “no se destinen a actividades o fines
vinculados con el proceso secesionista”.
Telecomunicaciones y televisión. Madrid
asumirá el control de las telecomunicaciones y los servicios digitales en
Cataluña para garantizar “la transmisión de una información veraz, objetiva y
equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y
también con el equilibrio territorial”, así como “el conocimiento y respeto” de
la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Cataluña, una suerte de
Carta Magna regional.
Incumplimiento y sanciones. El
incumplimiento de las medidas acordadas por el Gobierno español se entenderá
“como incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto. El
Ministerio Fiscal podrá exigir responsabilidades penales.
Plazos. Las medidas se
mantendrán hasta la toma de posesión del Gobierno que salga de las elecciones
catalanas. Durante su vigencia, el Ejecutivo español podrá plantear modificaciones
o actualizaciones ante el Senado. También podrá anticipar su cese “si cesasen
las causas que lo motivan”.
* Las medidas aprobadas ayer por el Consejo de
Ministros español fueron remitidas al Senado a tenor del artículo 155 de la
Constitución española, un mecanismo inédito hasta ahora que permite al Gobierno
central tomar las “medidas necesarias” para que una
región cumpla sus obligaciones, en este caso Cataluña.
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