En la actualidad, ¿existe algún tipo de mecanismo, con
las leyes vigentes, que permita que los trabajadores que sufren violencia en
sus ámbitos laborales establezcan denuncias o expresen su situación con la
posibilidad de ser escuchados por el Estado?
Existen mecanismos que son poco conocidos o que
directamente no tienen otro resultado que el incremento de la persecución al
denunciante. También hemos detectado que las empresas con un nivel de
organización mayor (por la cantidad de empleados y el volumen de negocios)
plantean mecanismos internos (canales de ética, códigos de conducta, tribunales
de arbitramento) que intentan sustituir y desplazar el rol del Estado en la
denuncia y la resolución de una controversia laboral. Estos mecanismos
perversos disfrazan a juez y parte en una misma figura dejando en la más absoluta
indefensión a los trabajadores que optan por no denunciar para no quedar
«marcados». A su vez, los mecanismos que ofrecen las leyes de
nuestros países están atravesados por una serie de protocolos burocráticos que
son ajenos a la realidad de los trabajadores y terminan en instancias
judiciales que conllevan periodos largos de desgaste y conclusiones
generalmente poco satisfactorias para quien ha iniciado la denuncia.
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EL SINDICALISMO LATINOAMERICANO CONTRA LA VIOLENCIA LABORAL.
Entrevista a DINA FELLER, coordinadora
internacional de la red sindical LATAM ITF.
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Mariano Schuster.
Nueva Sociedad.
Jueves 31 de mayo del 2018.
Los trabajadores y las trabajadoras de América Latina
sufren situaciones de acoso y violencia laboral. Diferentes sectores del
sindicalismo han decidido plantar cara a este fenómeno, proponiendo una batería
de acciones de lucha y de políticas públicas. Sin embargo, el «giro a la
derecha» en la región, ha complicado las posibilidades de alcanzar los
resultados esperados. La sindicalista Dina Feller, comprometida en la lucha
contra la violencia laboral en América Latina, explica el fenómeno y detalla
las posibles soluciones en esta entrevista exclusiva con Nueva Sociedad.
Usted está trabajando arduamente para que en América
Latina se legisle sobre las situaciones de violencia en el trabajo. ¿A qué se considera
exactamente violencia laboral? ¿Qué tipo de presiones y coacciones sufren los
trabajadores y las trabajadoras en nuestra región?
La violencia tiene muchas caras. Estamos más
habituados a naturalizarla que a desenmascararla. Este es el caso de la
violencia laboral, especialmente en un contexto latinoamericano en el que los
gobiernos neoliberales avanzan hacia modelos de negocios cada vez más agresivos
que traen el impulso disciplinador del desempleo. A nivel regional, las
legislaciones sobre violencia laboral, mobbing, y acoso,
todavía son débiles puesto que donde existen (Argentina es un caso), su
implementación depende de los Ministerios
de Trabajo y de la capacidad de disminuir las prácticas laborales
persecutorias. Asimismo, los sindicatos pocas veces cuentan con la suficiente
capacitación o la capacidad para implementar los ya de por sí pobres mecanismos
que los países de la región ofrecen para poder denunciar, disminuir y
finalmente acabar con la violencia en el mundo del trabajo.
Si tuviéramos que hacer una tipificación del tipo de presiones y coacciones que sufrimos los
trabajadores y las trabajadoras de la región, empezaría la lista con
aquellas que se producen para evitar o eludir su organización sindical y la negociación colectiva. Sin embargo,
también pueden destacarse una serie de situaciones que han dejado de constituir
casos aislados para convertirse en problemas comunes: el acoso, la exclusión, la invisibilizacion y, como contracara, la
violencia física. En términos regionales existe un enorme desafío, ya que a
estas situaciones se suman las presiones que los trabajadores sufren (muchas
veces sin notarlo) para mantenerse en la informalidad y aceptarla como un hecho
normal y natural. Entre las naturalizaciones se destacan las brechas salariales
normalizadas en términos de género, edad, condiciones físicas y capacitación.
En la actualidad, ¿existe algún tipo de mecanismo, con
las leyes vigentes, que permita que los trabajadores que sufren violencia en
sus ámbitos laborales establezcan denuncias o expresen su situación con la
posibilidad de ser escuchados por el Estado?
Existen mecanismos que son poco conocidos o que
directamente no tienen otro resultado que el incremento de la persecución al
denunciante. También hemos detectado que las empresas con un nivel de
organización mayor (por la cantidad de empleados y el volumen de negocios)
plantean mecanismos internos (canales de ética, códigos de conducta, tribunales
de arbitramento) que intentan sustituir y desplazar el rol del Estado en la
denuncia y la resolución de una controversia laboral. Estos mecanismos
perversos disfrazan a juez y parte en una misma figura dejando en la más absoluta
indefensión a los trabajadores que optan por no denunciar para no quedar
«marcados».
A su vez, los mecanismos que ofrecen las leyes de
nuestros países están atravesados por una serie de protocolos burocráticos que
son ajenos a la realidad de los trabajadores y terminan en instancias
judiciales que conllevan periodos largos de desgaste y conclusiones
generalmente poco satisfactorias para quien ha iniciado la denuncia.
¿Cuáles son los países de la región que más han
avanzado en una legislación para frenar el acoso y la violencia laboral? ¿Qué
tipo de legislaciones han desarrollado y cuánto han influido los sindicatos en
la posibilidad de que se cuente con esas leyes?
Los primeros han sido Colombia y México, donde los gobiernos han tenido que tomar seriamente
cartas en el asunto del acoso laboral y la violencia tras años de denuncias.
Sin embargo, hoy en día también son países con altísimos niveles de
conflictividad y poca capacidad de organización sindical. Esto se verifica
especialmente en el caso de México
con la proliferación de sindicatos de papel y en Colombia con la violencia física y persecución a los
dirigentes sindicales. La ley 1010 de Colombia fue una guía para los
demás países. Sin embargo, su implementación está en discusión y los sindicatos
del sector privado son reacios a utilizar los mecanismos que habilitan la
denuncia y la solución de controversias.
En el año 2005 se sancionó en
Argentina una ley de protección
contra la violencia laboral en el sector público. La misma se replicó en sectores
públicos provinciales y municipales. Sin embargo, el sector privado -que es
donde los casos crecen cada día y hay poco registro- sigue siendo un espacio
desregulado. Algo similar sucede en Brasil
-con diferentes leyes estaduales- y en Chile.
¿En qué situación considera que se encuentran hoy los
trabajadores en América Latina? ¿Considera que con el llamado «giro a la
derecha» en la región se verifica una situación de mayor vulnerabilidad para
los derechos laborales?
Sin lugar a duda, el «giro a la derecha» es un
retroceso en materia de derechos laborales. En muchos países, esos derechos han
sido conquistados en el orden jurídico
pero hoy se producen nuevos fallos
judiciales anti-obreros que retrotraen las condiciones de trabajo y la
capacidad de sostener las conquistas.
Por otro lado, la derecha llega al gobierno con
promesas de abundancia y empleo pero lo concreto es que en países como Brasil donde ha llegado con la
violencia de un golpe institucional, el índice de desempleo subió abruptamente a un 13% duplicándose en menos de cinco años. El incremento del desempleo junto
con las reformas previsionales y laborales forman parte de una agenda que se
repite en los diferentes países que vivieron un «giro a la derecha». Los derechos laborales que fueron adquiridos
con la lucha política en los parlamentos son amenazados por las reformas
neoliberales, entre ellos la aplicación de una serie de reformas laborales. Es,
por ejemplo, el caso de Chile, en
donde la última ley laboral desarrollada por los socialistas está siendo invalidada por la nueva administración de Sebastián Piñera. La derecha chilena
está negando la aplicación de los beneficios de esa normativa, especialmente en
temas que conciernen a la negociación colectiva y al derecho a huelga.
¿De qué forma se está desarrollando un trabajo
práctico desde los sindicatos para capacitar a los trabajadores en asistencia y
apoyo a las víctimas de violencia laboral?
Con la Federación
Internacional de los Trabajadores del Transporte, el departamento de las
mujeres está impulsando una metodología que empieza a aplicarse en Brasil y Perú para capacitar a
defensoras de mujeres en los puestos de trabajo. En el mes de mayo tendrán
lugar los primeros cursos de formación y
los sindicatos del transporte aéreo ya están concientizados y comprometidos
con un rol activo en la visibilizacion, denuncia y acompañamiento de las
compañeras que sufren acoso y violencia en el lugar de trabajo y en la casa. Los sindicatos
siempre han tenido un rol insustituible
en la lucha contra la violencia. Sin embargo, ahora que los gobiernos toman
distancia o enfrían sus políticas defensoras de los trabajadores, las organizaciones obreras son las
únicas que van a poder continuar denunciando y defendiendo a quienes sufren. En
el caso de las mujeres, la violencia y la persecución tiene consecuencias
profundamente devastadoras pues en nuestra región la discriminación y el acoso
tienen género, raza y clase.
Desde su lugar de sindicalista, ¿Qué tipo de políticas
cree que deberían adoptarse para desarrollar legislaciones que garanticen los
derechos de los trabajadores en un contexto internacional cambiante, en el que
avanzan los fenómenos de digitalización y en el que la flexibilidad del trabajo
es cada vez mayor? ¿Cuál sería una política realista para garantizar los
derechos de los trabajadores en este contexto?
Si bien en este tiempo la tecnología constituye una
herramienta que aparentemente facilitaría la labor sindical en términos de la comunicación de las bases y la performance de los dirigentes, está
claro que necesitan desarrollarse
contenidos que impulsen políticas positivas de protección, campaña, denuncia y
seguimiento de los casos de lucha y defensa frente a las violencias. Impulsar,
difundir y aplicar las legislaciones existentes es un primer paso. Sin
embargo, es evidente que la correlación de fuerzas entre trabajo y capital, es central en este asunto. Que los gobiernos
puedan mantener dobles y triples estándares a la hora de resolver conflictos
depende de ese balance de poder. Los sindicatos deben estar presentes en las
discusiones parlamentarias con una política definida, llevando la voz de los trabajadores organizados y
su reclamo de eliminación de la violencia laboral. Sin embargo, ese no puede
constituir el único espacio de lucha, ya que desde los propios instrumentos que
manejan los sindicatos como las negociaciones colectivas aún hay mucho por
hacer en materia de erradicación de la violencia laboral. Cuando los sindicatos son capaces de desplegar
creatividad y autonomía, pueden lograr en una negociación lo que las leyes o los
dictámenes judiciales tardan siglos.
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DINA FELLER es la coordinadora internacional de la red
sindical LATAM ITF. En 2009 fue despedida por la compañía como tripulante de
cabina y contratada nuevamente durante la huelga de 2010. De 2010 a 2013
trabajó en la Comisión Directiva de su sindicato. Además de coordinar la red
sindical LATAM ITF (LATAM ITF Union Network), dirige los esfuerzos de la ITF
para organizarse en Qatar Airways y el trabajo en la red sindical Avianca ITF
(Avianca ITF Union Network).
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