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En tanto proyecto global, se pone
a la orden del día la imposición de políticas de liberalización y
desregulación, sobre todo en materia de telecomunicaciones,
para eliminar cualquier regulación o
espacio estatal que pudiera interponerse a la expansión transnacional, y de
normativas orientadas a lograr que de una vez por todas la información y la
producción cultural sean consideradas meras mercancías. Y es así como se potencia una industria mediática y de la cultura
altamente concentrada y regida por criterios exclusivamente comerciales,
bajo los cuales lo que cuenta son los criterios de rentabilidad por sobre
aquellos de interés público. Al calor de
la mundialización económica, es en el campo de la comunicación donde con mayor virulencia se ha
desatado la dinámica de concentración empresarial y transnacional,
que se ha traducido en el aparecimiento de mega-corporaciones - vía fusión de medios impresos, cadenas de
televisión, TV cable, cine, software, telecomunicaciones, entretenimiento,
turismo, entre otros -, con
ramificaciones en todos los rincones del mundo. Bajo estos parámetros, los medios de difusión multiplican su
capacidad para gravitar en la configuración del espacio público y de la
ciudadanía, por su mayor incidencia sobre los entornos sociales y la propia
cotidianidad. La predominancia que ahora ostentan respecto a otras instancias de
mediación social -partidos, gremios, iglesias, establecimientos educativos,
etc.- es tal que éstas para prevalecer precisan recurrir a ellos
sistemáticamente.
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Varios gobiernos de América latina con el apoyo de los movimientos sociales, forjan un nuevo liderazgo, construyen Nueva Democracia, más participativa, directa y ciudadana, sobre todo reconociendo nuevas formas de comunicación intercultural, comunitaria.
***
COMUNICACIÓN, DEMOCRACIA Y
MOVIMIENTOS SOCIALES.
*****
ALAI,
América Latina en Movimiento.
Osvaldo
León.
Sábado
26 de febrero del 2013.
Prácticamente
desahuciada por las políticas neoliberales, la lucha por la democratización de
la comunicación se presenta hoy con singular vitalidad en sintonía con los
cambios políticos que vive América Latina desde la década pasada. Ya no se
trata de un asunto circunscrito a quienes se encuentran vinculados directa o
indirectamente a la comunicación, sino de una causa asumida por cada vez más
actores sociales, puesto que ventila el futuro mismo de la democracia.
La
democratización de la comunicación es, ante todo, una cuestión de ciudadanía y
justicia social, enmarcada en el derecho humano a la información y a la
comunicación. Por lo mismo, es consustancial a la vida democrática de la
sociedad, cuya vitalidad depende de una ciudadanía debidamente informada y
deliberante para participar y corresponsabilizarse en la toma de decisiones de
los asuntos públicos.
Bajo la
hegemonía neoliberal, esta aspiración democrática se ve seriamente constreñida
pues colocar al mercado como eje del ordenamiento social implica diluir todo
sentido de ciudadanía, para dar paso a la figura omnipresente de consumidor/a,
con la particularidad que la comunicación pasa a constituirse en soporte clave
de tal proceso. Esto es, la comunicación, por el acelerado desarrollo de
tecnologías y técnicas que registra, no sólo que es objeto de sustantivos
cambios internos, sino que se convierte en uno de los sectores más dinámicos,
con profundas repercusiones en todos los órdenes de la vida social.
En
tanto proyecto global, se pone a la orden del día la imposición de políticas de
liberalización y desregulación, sobre todo en materia de telecomunicaciones,
para eliminar cualquier regulación o espacio estatal que pudiera interponerse a
la expansión transnacional, y de normativas orientadas a lograr que de una vez
por todas la información y la producción cultural sean consideradas meras
mercancías. Y es así como se potencia una industria mediática y de la cultura
altamente concentrada y regida por criterios exclusivamente comerciales, bajo
los cuales lo que cuenta son los criterios de rentabilidad por sobre aquellos
de interés público.
Al
calor de la mundialización económica, es en el campo de la comunicación donde
con mayor virulencia se ha desatado la dinámica de concentración empresarial y
transnacionalización, que se ha traducido en el aparecimiento de
megacorporaciones -vía fusión de medios impresos, cadenas de televisión, TV
cable, cine, software, telecomunicaciones, entretenimiento, turismo, entre
otros-, con ramificaciones en todos los rincones del mundo.
Bajo estos
parámetros, los medios de difusión multiplican su capacidad para gravitar en la
configuración del espacio público y de la ciudadanía, por su mayor incidencia
sobre los entornos sociales y la propia cotidianidad. La predominancia que
ahora ostentan respecto a otras instancias de mediación social -partidos,
gremios, iglesias, establecimientos educativos, etc.- es tal que éstas para
prevalecer precisan recurrir a ellos sistemáticamente.
De
hecho, lo que sabemos resulta cada vez menos de las experiencias de primera
mano, y cada vez más por lo que nos llega de la realidad construida por los
medios; o sea, la materia prima que sirve para configurar las realidades en las
que nos desenvolvemos, las pautas de la agenda pública que determinan en torno
a cuáles temas opinar, con quiénes identificarnos o no, etc. De modo que es
esta construcción mediática la que les da ese peso específico en la sociedad y
por lo mismo es que tiene tanta o mayor importancia los silencios que guardan,
los mecanismos de invisibilización. De ahí que para la salud democrática
resulta clave garantizar la pluralidad y la diversidad de medios.
En
clave de Derecho a la Comunicación.
Como
las políticas neoliberales agravaron seriamente los problemas sociales que
supuestamente iban a resolver, las propuestas de cambio levantadas desde las
resistencias sociales y políticas encuentran un sustantivo respaldo por parte
de la ciudadanía, pese a que ellas habían sido objeto de una descalificación
sistemática por parte de los medios hegemónicos. Y es así que a inicios del
nuevo milenio, particularmente en Suramérica, se produce un giro en el mapa
político que se presenta marcado por compromisos para profundizar la
democracia, cuando no para avanzar hacia democracias participativas.
En este
nuevo contexto “renace” la demanda por la democratización de la comunicación,
que hasta hace no mucho por razones de “política correcta” (cuando menos para
mantener la ilusión de algún momento ser considerado en un espacio mediático)
incluso sectores progresistas la habían puesto de lado. Cabe recordar que en
los ’80, cuando se procesaban los retornos constitucionales en una buena parte
de países de la región, la proclama: “sin democratización de la comunicación,
no hay democracia” hacía parte de las plataformas reivindicativas, siendo que
las corporaciones mediáticas se afianzaron con el favor y amparo de las
dictaduras.
Vale
precisar que en un primer momento varios gobiernos de esta corriente de cambio
prácticamente dejan fuera de agenda este tema, debido a que con un sentido
“pragmático” se inclinan por buscar “entendimientos” con los pesos pesados del
poder mediático hegemónico. Pero como los cambios exigen afectar intereses que
tocan a los poderes fácticos, estos “entendimientos” se diluyen, al tiempo que
se hace evidente que los medios hegemónicos asumen un rol articulador de las
fuerzas de oposición, ocupando el espacio resultante del generalizado
descalabro de los partidos políticos tradicionales (1).
En las
circunstancias particulares de los diversos países, varios gobiernos asumen la
necesidad de establecer normativas legales para democratizar la comunicación en
sintonía con planteamientos procesados por una multiplicidad de actores
sociales comprometidos con esta causa, uno de cuyos ejes es la demanda por la
implementación de mecanismos para la regulación de los medios de comunicación
desde un paradigma de derechos humanos, a través de políticas públicas
orientadas a fomentar el pluralismo y la diversidad de voces y a garantizar
condiciones de igualdad en el acceso al debate público, y por lo mismo, también
para revertir las asimetrías existentes. Esto es, la diversidad y el pluralismo
considerados como presupuestos básicos del Derecho a la Comunicación.
El
Derecho a la Comunicación recoge todos los demás derechos adquiridos en el
devenir histórico (2), a la vez se torna extensivo para
responder a los tiempos presentes. Dos son los principales ingredientes que
gravitan en esta esfera: uno, el consenso que se ha ido estableciendo en la
comunidad de naciones respecto al imperativo de profundizar la democracia con
la participación ciudadana en la toma de decisiones, cuestión que remite a la
necesidad de potenciar la diversidad y pluralismo en el mundo mediático; y,
dos, el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de información y
comunicación, bajo la matriz de la convergencia digital, que entre otras cosas
establece condiciones operativas de interactividad.
Medidas
democratizadoras.
El
primer país en tomar cartas en el asunto es Venezuela, donde tras el fallido
golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez (abril de 2002) se da paso al
tratamiento de la “Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión”
(conocida como ley Resorte), que es sancionada en diciembre de 2005, y a
políticas para fomentar medios públicos y comunitarios. En la Asamblea Nacional
se encuentra el anteproyecto de Ley de Medios Comunitarios y Alternativos, aprobado en primera discusión en noviembre
2012, que fue presentado con el respaldo de más de 26 mil firmas bajo la figura
Pueblo Legislador, que permite a la ciudadanía proponer proyectos
jurídicos.
En
donde sí se ha establecido una reglamentación del “Servicio de Radiodifusión
Comunitaria” es en Uruguay, con la sanción de la Ley 18232 en diciembre de
2007, que establece para las emisoras comunitarias al menos un tercio de las
frecuencias disponibles en todas las bandas de radio y televisión, analógicas o
digitales. También se han sancionado varios decretos ejecutivos en esta
materia, como el expedido el 31 de diciembre de 2012 que dispone: “El total de
abonados de las empresas de televisión para abonados autorizadas para operar en
todo el territorio nacional no podrá superar el 25% del total de hogares en
todo el país...”. Y se prevé que el gobierno del presidente José Mujica ponga a
consideración del Parlamento el proyecto de ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual que es resultado de un proceso implementado con el mecanismo de los
Comités Técnicos Consultivos conformados con representantes de organizaciones
sociales y del empresariado.
En
Ecuador, la nueva Constitución aprobada el 28 de septiembre de 2008 contempla
el reconocimiento de la comunicación como un derecho humano fundamental. Los
Derechos de la Comunicación e Información consagrados establecen un marco
inédito para avanzar hacia una profunda democratización del sector. Pero la Ley
de Comunicación encargada de desarrollar lo estipulado en la Carta Magna,
calificada por los grandes medios empresariales como “ley mordaza” antes de que
se inicie su redacción y objeto una campaña millonaria antes nunca vista, se
encuentra trabada en la Asamblea Nacional.
La
nueva Constitución boliviana reconoce igualmente a la comunicación como un
derecho humano. En materia legislativa, el 8 de agosto de 2011 se promulga la "Ley general de Telecomunicaciones,
Tecnologías de Información y Comunicación", Nro 164, que, entre otras
disposiciones, establece la distribución del espectro radioeléctrico en los
siguientes términos: “1. Estado, hasta el treinta y tres por
ciento. 2. Comercial, hasta el
treinta y tres por ciento. 3. Social
comunitario, hasta el diecisiete por ciento. 4. Pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas hasta el diecisiete
por ciento”.
La juventud en todo el mundo, hoy asume el liderazgo en este "cambio de época, histórica" no sólo contra la crisis económica, sino que su lucha se encamina por un mundo nuevo, que sí es posible y una nueva civilización.
***
Tras un amplio debate a nivel
nacional que repercutió en una amplia movilización social, el 10 de octubre de
2009 el Senado argentino aprueba la “Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual”, que divide el espectro radioeléctrico en tres
tercios: comercial, estatal y organismos sin fines de lucro. Debido a que uno
de los componentes de la Ley apunta a la desmonopolización del sector, el
poderoso grupo Clarín, secundado por otros conglomerados, no solo que desata
una campaña demoledora sino que de manera sistemática recurre a medidas
cautelares para no acatar la norma.
En
Brasil también se encuentra en disputa la democratización de la comunicación.
Tras varios meses de debates animados por diversos sectores de la sociedad, del
14 al 17 de diciembre de 2009, en Brasilia, tiene lugar la Conferencia Nacional
de Comunicación (Confecom) que concluye con la aprobación de 665 propuestas.
Aunque la propia realización de la Confecom es considerada como una victoria de
los sectores sociales, por el carácter pedagógico de la fase preparatoria, sus
directrices se han diluido paulatinamente bajo el gobierno de la presidenta
Dilma Rousseff, ante la presión de los grandes medios para que ellas mueran en
el papel. En este contexto destaca la campaña “Para expresar la libertad – Una
nueva ley para un nuevo tiempo” impulsada por el Foro Nacional por la
Democratización de la Comunicación (FNDC) a fin de sostener la movilización y
presión social.
Ejes
comunes.
Tanto
en estos países como en otros que están inmersos en procesos afines, el punto
común denominador es la premisa de que lo que está en juego es el sentido mismo
de la democracia: una de carácter formal, limitada a votaciones de tiempo en
tiempo, donde los actores ya no son los ciudadanos sino los consumidores; y la
otra que reivindica una ciudadanía participativa y proactiva para tener voz y
voto en las decisiones que vertebran su destino.
Es así
que en la agenda en disputa los ejes comunes tienen que ver con la necesidad de
contar con políticas públicas de comunicación orientadas a fomentar los
espacios de debate y encuentro a todo nivel, estimular las iniciativas sociales
e individuales, catalizar propuestas y consensos, delegar decisiones y fijar
normativas regulatorias, entre otros.
En este
sentido también se contempla la confrontación a la concentración mediática y la
lógica que privilegia los intereses de los grandes grupos económicos, para dar
paso a una reestructuración que ponga término a los monopolios y oligopolios.
Concomitantemente, se establece el rescate del carácter público de la
comunicación social y por lo mismo la centralidad de la sociedad en este plano:
un giro copernicano ya que únicamente se venía contemplando a dos actores:
Estado y empresarios (3). Esto es, garantizar la participación
activa, crítica y organizada de la sociedad en todos los procesos
comunicativos. Y como ejes vertebradores, la defensa irrestricta de la libertad
de expresión y del derecho a recibir información verificada y plural; derecho a
la rectificación; etc.
En esta
perspectiva de cambios, uno de los puntos críticos tiene que ver con el reparto
del espectro radioeléctrico -un bien público inalienable, imprescriptible,
inembargable y limitado- que pertenece a la humanidad pero que es administrado
por los estados. En esta materia, se viene imponiendo el criterio de los tres
tercios: sector empresarial, público (estatal) y comunitario. Cuestión que
cobra particular importancia ante la próxima entrada del sistema de frecuencias
digitales.
Otro
tema se refiere al ordenamiento institucional y la consiguiente definición y
demarcación del órgano u órganos rectores que habrán de ocuparse de las
regulaciones y controles. A propósito, la figura esgrimida es la de un Consejo
Nacional o Social de Comunicación, aunque no necesariamente hay concordancia
respecto a su composición, rol y espacio de autonomía.
También
hay una serie de demandas que, con variantes, resultan comunes a los diversos
países, tales como: la producción y distribución local y regional; la
sustentabilidad de los medios públicos y comunitarios; la precisión del
carácter y composición de los medios públicos; las derivaciones prácticas del
control y participación social; acceso a la información de las entidades
públicas (transparencia), insinuándose que lo mismo debería aplicarse hacia
todos los sectores; acceso universal a las tecnologías de Información y
Comunicación (TICs); regulaciones en materia de promoción y publicidad, entre
otros puntos.
Pero
más allá de las demandas específicas importa considerar que también se está
proponiendo un nuevo enfoque que ya no solo considera fundamental establecer
normativas respecto a las obligaciones del Estado para Garantizar y Respetar
el conjunto de derechos sancionados legalmente, sino también sus obligaciones
de Proteger y de Cumplir para la realización plena de los Derechos de la
Comunicación.
Contraofensiva
mediática.
Ante
este nuevo escenario, muy a su pesar los medios hegemónicos se ven constreñidos
a abrir espacios para que se pueda hablar sobre un tema vedado: la
responsabilidad social de los medios de comunicación. Aunque en lugar de
propiciar un debate amplio y diverso optan por atrincherarse en la propaganda y
responder con multimillonarias campañas publicitarias, por cierto muy
interrelacionadas, no sólo por tener una matriz común, sino por la
sincronización de movimientos y soportes: institutos de investigación, centros
de observación y entidades afines, y obviamente el gremio de las corporaciones
mediáticas, la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa).
Para
sostener tales campañas, ese mismo poder mediático se autoproclama paladín de
la libertad de expresión, de modo tal que se convierte en un atentado a dicha
libertad toda iniciativa que pretenda abrir nuevos parámetros para que en ella
se contemple también la libertad de expresión de la ciudadanía toda. Vale
decir, que ésta sea una prerrogativa de todos y todas y no solo de quienes
tienen medios de comunicación.
Bajo la
premisa de que en materia de comunicación la mejor ley es la que no existe, los
medios hegemónicos sostienen que la autorregulación es el mecanismo idóneo para
preservar la libertad de expresión y que el verdadero control está en manos del
lector, del oyente, del televidente, quienes en cualquier momento pueden
decidir no seguir con tal o cual medio o programa. Es decir, todo se resuelve
en el mercado. Sin embargo, ni la comunicación ni la información se las puede
considerar como meras mercancías pues son bienes esenciales y relevantes para
el convivir de una sociedad democrática. Y precisamente por eso merecen
protección del ordenamiento jurídico.
Cuando
los teóricos del liberalismo clásico establecen las ideas del “cuarto poder” lo
hacen con el presupuesto de que la libre expresión de opinión a través de los
órganos de prensa independiente constituye el principal medio para garantizar
la expresión de la diversidad de puntos de vista, la formación de una opinión
pública lúcida y la vigilancia de los abusos del poder estatal. Pero hoy los
abusos también provienen del poder mediático altamente concentrado. Por eso,
como anota Thompson (4): “El enfoque del laissez-faire
para la actividad económica no es necesariamente la mejor garantía de la
libertad de expresión, desde el momento que un mercado desregulado puede abrir
un camino que efectivamente reduce la diversidad y limita la capacidad de la
mayoría de individuos para poder hacer escuchar sus puntos de vista”.
Vale
tener presente que a diferencia de Europa y Norteamérica, donde los medios de
difusión masiva se desarrollan codo a codo con la industrialización, en
Latinoamérica son implantados desde esos países del Norte -respondiendo más
bien a las condiciones de su integración al capitalismo internacional-,
circunscritos a los grupos de poder. Y esa característica se expresa en el
sistema mediático predominante: grandes grupos familiares que concentran y
monopolizan el sector (con mínimas variaciones en los diferentes países),
orgánicamente articulados al conjunto de poderes fácticos, imbuidos de un alto
criterio patrimonialista (que reduce el interés público a los suyos
particulares; tan es así que los concesionarios de frecuencias radioeléctricas
tienden a considerarlas como suyas a perpetuidad) y con una lógica que
establece una interdependencia de los
medios de comunicación con el libre mercado como pilares de la democracia, por
señalar algunos rasgos.
Esta es la seudo democracia que impone el imperio en todo el mundo. Es su propio interés por la libertad. Es la democracia sin comunicación pero con absoluta condena a los movimientos sociales.
***
Como anota al respecto Frank La
Rue (5) Relator Especial para la Libertad de
Expresión de Naciones Unidas, la libertad de expresión “es un derecho universal, un derecho de
todos, y no solo de las grandes corporaciones de los media… Es un derecho de la
sociedad a estar bien informada, es una cuestión de justicia y ciudadanía
vinculada directamente al principio de diversidad de los medios. Por eso, el
monopolio de comunicación está contra, justamente, la libertad de expresión y
el ejercicio pleno de la ciudadanía”. Y más adelante precisa: “En América
Latina hay un fenómeno histórico común porque toda la estructura de
comunicación social fue pensada solamente desde la óptica comercial. Y la
comunicación es mucho más que eso, es un servicio público. No hay problema en
que también sea un negocio, nadie está contra eso, pero debe prevalecer el
espíritu de servicio a la colectividad, hecho con calidad e independencia, de
forma honesta y objetiva. Eso solo puede funcionar fuera de la estructura de
monopolio, dentro del principio de la diversidad y del pluralismo de los
medios”.
De modo
que lo que tenemos es un poder mediático cada vez más concentrado, que conjuga
tanto el ser parte de los grandes negocios como el hecho de ser un factor
preponderante para la disputa de ideas. Y por otro lado, una lucha histórica
por la ampliación de derechos o cuando menos para que se hagan realidad los ya
consagrados. Vale decir, se trata de una disputa entre el poder mediático que
habla de libertad de expresión, aunque en realidad reducida a la libertad de
prensa (que consagra derechos a los empresarios); y actores sociales con un
sentido englobante y amplio que reivindican el Derecho a la Comunicación.
En el
fondo, esta es una expresión de la disputa central de los proyectos de cambio
que sin desconocer los derechos individuales abogan por los derechos
ciudadanos, colectivos.
Articulando
fuerzas
En
América Latina se registra un fenómeno muy particular: la configuración de un
espectro de medios de comunicación alternativa y popular, que germina en los
’70 y que contra viento y marea resiste a las dictaduras y leyes que las
criminalizan, para acompañar las dinámicas organizativas de los diversos
sectores sociales en las luchas por sus reivindicaciones específicas y las
relacionadas a la defensa y ampliación de la democracia. Y en este caminar
también se van procesando tanto planteamientos que toman cuerpo en torno a la
demanda por la democratización de la comunicación, con expresiones diversas en
los diferentes países; como también confluencias específicas (en una realidad
marcada por la dispersión) para intercambiar experiencias, coordinar acciones y
propuestas. De modo que son interacciones que permiten no solo la configuración
de plataformas mínimas -por tanto, en cierta medida, la elaboración de relatos
alternativos-, sino también la articulación de fuerzas dispuestas a gravitar en
las definiciones políticas relativas a este campo.
En la
lucha por los derechos humanos hay una constante: las conquistas se consagran
en las instancias y marcos internacionales, no necesariamente por las normas
que establecen sino por la legitimidad que dan a tal o cual causa. En este
sentido, las cumbres mundiales promovidas por Naciones Unidas, de cuya utilidad
hay una duda generalizada, han cumplido un rol cuando menos catalizador de
sinergias.
En
efecto, cuando se realiza el I Encuentro Latinoamericano de Medios de
Comunicación Alternativa y Popular” (Quito, 19-23 abril 1993), además de
los acuerdos internos de coordinación, se formula a la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos (Viena, junio 1993) la primera propuesta para que se afirme y
fortalezca el Derecho a la Comunicación. Con ocasión del proceso consultivo
“Viena+5”, que coincide con el 50 aniversario de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en septiembre 1998 se realiza en El Salvador el Foro
Internacional: Comunicación y Ciudadanía, que tiene la particularidad de
propiciar una confluencia entre el mundo de la comunicación y los movimientos
sociales en torno a la democratización de la comunicación, donde se reafirma la
demanda por el Derecho a la Comunicación que es trasladada al organismo
mundial, junto con el pedido para que convoque a una Conferencia Mundial de la
Comunicación, con amplia participación de la sociedad civil.
Este
pedido coadyuva para que la ONU –que había decidido suspender la organización
de cumbres mundiales- convoque a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (CMSI), en cuya fase preparatoria surge la Campaña por los
Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información (6) (CRIS, por su sigla en inglés), cuyo lanzamiento se da en el marco del Foro
Social Mundial 2002, que contribuye a tener una resonancia inusitada tanto en
la diseminación de las ideas fuerza como en la proyección de convergencias con
diversos sectores sociales; pero también a consolidar una masa crítica de
acumulados y convergencias o cuando menos conexiones en curso desde años atrás.
Es así
que, junto a los medios de comunicación popular, alternativa, comunitaria,
etc., en esta lucha por la democratización se encuentran redes de intercambio
pro software libre; activistas en medios digitales, colectivos a favor del
acceso universal y apropiación de las nuevas tecnologías de información y
comunicación (TICs); organismos de monitoreo y/o presión frente a contenidos
sexistas, racistas, excluyentes, etc. canalizados por los medios; programas de
educación crítica de los medios (media literacy); asociaciones de usuarios para
intervenir en la programación de los media; redes ciudadanas y de intercambio
informativo articuladas en Internet; investigadores críticos; asociaciones de
periodistas independientes; colectivos de mujeres con perspectiva de género en
la comunicación; movimientos culturales; redes de educación popular;
observatorios en pro de la libertad de información; asociaciones
antimonopolios; colectivos en defensa de los medios públicos; entre otros
muchos más. Y de manera creciente, organizaciones sociales de diverso signo.
En este
proceso que paulatinamente lleva a incorporar la causa de la democratización de
la comunicación en las agendas de los diversos sectores sociales y ciudadanos
inciden también las dinámicas de confluencia que éstos propician para encarar
el proyecto neoliberal que se presentaba como “única salida”. La necesidad de
pensar y proponer alternativas justamente es lo que da paso a que confluyan
entidades y movimientos sociales en el Foro Social Mundial bajo la consigna
“Otro mundo es posible”, el cual desde un primer momento contribuye, entre
otros aspectos, a visibilizar y enlazar diversas causas sociales. Un compartir
de reflexiones y experiencias, pero también propuestas de acciones. En este
marco, los planteamientos por la democratización de la comunicación obtienen
una importante resonancia.
Al
iniciar el presente siglo, el continente es escenario de las luchas de
resistencia al proyecto estratégico estadounidense de crear el Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA), teniendo como principal referente a la Campaña
Continental contra el ALCA[7] que logra congregar a movimientos
sociales, culturales, políticos y otros estamentos, cuyo accionar fue
gravitante para el descarrilamiento de ese proyecto y para rescatar la
perspectiva de la integración regional. Se trata de una campaña que, obviamente,
se apoya en lo comunicativo, aunque básicamente sustentada en una lógica
militante que conjuga movilización y reflexión, con un sentido descentralizado;
pero que a la vez incorpora la causa de la democratización de la comunicación
en los debates y la formulación de propuestas alternativas, con la
particularidad que entra en juego la capilaridad
social que tienen los movimientos en la reconstrucción de sentidos.
El poder de los medios de comunicación en tiempos de democracia liberal. Imponen la libertad de empresa por la libertad de expresión. Hasta en algunos países logran poner la Agenda Social y Política? Hasta logran criminalizar los Conflictos Sociales.
***
Desde los movimientos sociales.
Para
los sectores populares, los procesos de organización, participación y
movilización han constituido históricamente la piedra angular para liberar su
capacidad de expresión, rescatar su derecho a la palabra, sustentados en una
interacción colectiva orientada a analizar y comprender la realidad para
establecer identidades y sentidos comunes respecto a su accionar social
transformador. De ahí que sus definiciones en materia de comunicación por lo
general se han enmarcado en parámetros relativos a tales procesos.
Ante
los cambios que se registran en el mundo contemporáneo, particularmente en lo
que tiene que ver con la necesidad de articular lo local con lo global y el
creciente peso de factores de la comunicación en todos los órdenes de la vida,
que no es ajeno al impacto de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
(TICs) y cuya cara más visible y bondadosa es Internet, en las organizaciones
sociales paulatinamente se registra un replanteamiento en este tema.
Si
bien, por lo general, en las organizaciones sociales continúa prevaleciendo una
orientación instrumental de la comunicación, circunscrita a la utilización del
medio, del instrumento, no es menos cierto que al interior de ellas ya se habla
de la formulación de políticas y estrategias de comunicación, de afinar y
potenciar el discurso propio, del impulso a la capacidad de respuesta con el
fortalecimiento de medios propios con más calidad y contemporaneidad, de la
“apropiación” de Internet (8), del impulso de procesos de formación
tanto para dirigencias como para los/as operadores, de la articulación de un nuevo tejido comunicacional
antihegemónico, de la disputa de amplias audiencias, de la producción
colaborativa de calidad, etc.
Es más,
en el marco de estos replanteamientos igualmente está presente el criterio de
que no basta ser beneficiarios de tal o cual política, sino partícipes en las
orientaciones e implementación de éstas, lo cual plantea la necesidad de
articular propuestas y desarrollar las capacidades de respuesta de manera colectiva,
pues aisladamente ningún conglomerado está en condiciones de enfrentar por sí
solo el gran desafío que se presenta en este momento histórico. Por lo mismo se
está incorporando también una mirada hacia la integración de los pueblos en la
región.
Y
también hay susurros respecto a recuperar el sentido mismo de comunicación en
tanto proceso social dialógico y participativo. Esto es, superar el
predominante paradigma de la información (circunscrito a potenciar y
multiplicar flujos desde el emisor al receptor), para rescatar el de la
comunicación (9), que en ciernes es lo que históricamente
han propiciado las expresiones de la comunicación alternativa y popular. Es
más, señalando la conexión con ámbitos como la educación y la cultura, en tanto
supone diálogo y construcción de sentidos comunes.
Vale
precisar que si bien los medios hegemónicos no han logrado impedir que se ponga
en cuestionamiento sus prerrogativas corporativas, eso no implica que hayan
perdido el poder que han acumulado históricamente (10). Sobre todo en el plano simbólico, pues
vivimos un mundo mediático que se mueve bajo sus códigos, núcleo central de lo
que se entiende por sentidos. Por lo que una perspectiva de cambios precisa asumir que la
cuestión es de enfoques, no de herramientas.
- Osvaldo León / ALAI
Este
texto corresponde a la introducción del libro Democratizar la palabra:
Movimientos convergentes en comunicación, publicado por ALAI en enero
de 2013 y disponible en versión impresa y digital.
[1] Es muy
ilustrativo el rol que jugaron los grandes medios, particularmente la
televisión, en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en
Venezuela, el 11 de abril de 2002, por lo que diversos analistas coinciden en
señalar que se trató de un “golpe mediático”.
[2] Inicialmente se registra el
reconocimiento de derechos a los propietarios de los medios de difusión, luego
a quienes trabajan bajo relaciones de dependencia en ellos, y, finalmente, a
todas las personas, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su
Artículo 19, lo consigna como el derecho a la información y a la libertad de
expresión y opinión.
[3] Este
cambio de paradigma, sin embargo, poco o nada se ha traducido en políticas
públicas. Lo que ha primado es la confrontación de los gobiernos con los
empresarios mediáticos.
[6] Esta campaña logra cumplir un papel
destacado en la CMSI al promover un enfoque de derechos como alternativa a la
visión tecnologista que primaba en la convocatoria de ésta.
[7] Esta
campaña se nutre del acumulado de los procesos de recomposición organizativa de
las fuerzas sociales que se desataron con la Campaña Continental 500 Años de
Resistencia Indígena, Negra y Popular (1989-1992).
[8] Con
Internet es la primera vez que las clases subalternas pueden acceder a una
tecnología de punta en el plano de comunicación. Al decir de Noam Chomsky, en
declaraciones al periódico mexicano La Jornada (19/09/04): "el uso de
Internet, además de facilitar y agilizar la comunicación dentro de los
movimientos sociales y entre ellos, se presta para restar el control de los
medios establecidos. Esos son dos de los nuevos factores más importantes que
han surgido en los últimos 20 años". Una iniciativa pionera en este
plano es la Minga Informativa de Movimientos Sociales en la cual confluyen una decena de coordinaciones y redes sociales del
continente en la perspectiva de construir “una agenda social en comunicación”.
[9] De
hecho, hoy por hoy, se trata de un desafío universal, como anota Dominique
Wolton al señalar que: “La revolución del siglo XXI no es la de la información,
sino de la comunicación. No la del mensaje, sino de la relación. No de la
distribución de información mediante técnicas sofisticadas, sino de las
condiciones de aceptación, o rechazo, por parte de millones de receptores,
todos diferentes y rara vez en sintonía con los emisores. Los receptores,
destinatarios de la información, complican la comunicación. La información
tropieza sobre la cara del otro. Se soñaba con la aldea global, pero se
redescubre la Torre de Babel”. cf. Informer n’est pas communiquer, CNRS
Éditions, París, 2009. El autor es Director del Instituto de las Ciencias de la
Comunicación del Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS, por sus
siglas en francés) de Francia. (traducción libre de O.L.)
[10] De hecho, los medios no han
perdido capacidad de gravitar incluso en el seno de gobiernos con los que las
relaciones se mantienen tensas.
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