“Tras
la segunda guerra mundial en varios países capitalistas desarrollados (Reino
Unido, Austria, Alemania, y sobre todo Suecia) la
regulación política del conflicto capital/trabajo fue dando lugar a sistemas de
relaciones laborales en las que el dialogo
y la cooperación entre trabajadores y empresarios tuvieron un papel
creciente. Sin que el conflicto dejase de existir se logró canalizarlo, con
indudables beneficios para el conjunto de la sociedad en términos de incremento de la productividad, de
extensión de la demanda interna gracias a la mejora del poder adquisitivo
de millones de trabajadores y de creación de empleo con derechos. Los cambios sucedidos desde finales de los
años ochenta del pasado siglo, desde la caída del Muro de Berlín, hasta la actualidad no deben hacernos volver hacía
un modelo de relaciones laborales decimonónico y caduco, basado en el conflicto desregulado, cuando la principal
aportación del trabajo al proceso de industrialización era su fuerza bruta como
fuente de energía, sino a profundizar en
la modernización y democratización de las relaciones laborales que ha
tenido lugar en los países más desarrollados. Hay que tener en cuenta que el creciente peso de actividades
industriales avanzadas y del sector servicios en estos países hace que la
principal aportación de los trabajadores al proceso productivo esté cada vez
más relacionada con sus capacidades intelectuales, en relación a la innovación tecnológica, y emocionales, en relación a
la comercialización y la gestión en equipo, y que, para el pleno desarrollo de
esas capacidades, los sistemas de incentivos que fomenten una mayor implicación
en el proceso productivo sean determinantes. Como dice la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y
Trabajo: “las
propias empresas reconocen que la participación de los trabajadores es un
elemento determinante en la generación de riqueza”.
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CREACIÓN DE EMPLEO Y MODERNIZACIÓN DE LA
NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
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Bruno Estrada López.
Revista Temas.
Rebelión sábado 12 de marzo del 2016.
La modernización de un país significa la capacidad
de afrontar conjuntamente, por parte de la gran mayoría de la sociedad, los
diferentes retos que va encontrando a lo largo de su historia. Por eso la
modernización de una sociedad está profundamente vinculada a la profundización
de la democracia, a la existencia de instituciones, normas y costumbres que
canalicen adecuadamente las demandas de los diferentes grupos sociales, de
todos, no solo de lo que tienen un mayor poder económico.
En el ámbito laboral unas relaciones laborales
modernas son las que permiten que las empresas y los trabajadores afronten los
nuevos retos tecnológicos, productivos, de internacionalización desde la
regulación política del conflicto capital/trabajo, lo que facilita, aunque no garantiza,
el consenso social, en la medida que son tenidos en cuenta los intereses de
todos.
Desde la Revolución Industrial hasta bien avanzado
el siglo XIX las relaciones laborales se caracterizaron por estar basadas en el
poder unilateral de los propietarios de los medios de producción.
Progresivamente, según fue avanzando el siglo XIX y sobre todo durante la
primera mitad del siglo XX, el conflicto desregulado fue definiendo las
relaciones laborales en el mundo capitalista desarrollado. La acumulación de
fuerzas generada por los trabajadores permitió una gradual regulación política
del conflicto, no exenta de pasos atrás. La reglamentación de las relaciones
laborales, de las condiciones de trabajo y el impulso del desarrollo del Estado
del Bienestar (salario indirecto para los trabajadores) fueron posibles porque
las organizaciones de los trabajadores impulsaron la participación política,
las elites económicas entendieron que, para mantener parte de sus privilegios,
tenían que negociar.
Tras la segunda guerra mundial en varios países
capitalistas desarrollados (Reino Unido, Austria, Alemania, y sobre todo
Suecia) la regulación política del conflicto capital/trabajo fue dando lugar a
sistemas de relaciones laborales en las que el dialogo y la cooperación entre
trabajadores y empresarios tuvieron un papel creciente. Sin que el conflicto
dejase de existir se logró canalizarlo, con indudables beneficios para el
conjunto de la sociedad en términos de incremento de la productividad, de
extensión de la demanda interna gracias a la mejora del poder adquisitivo de
millones de trabajadores y de creación de empleo con derechos.
Los cambios sucedidos desde finales de los años
ochenta del pasado siglo, desde la caída del Muro de Berlín, hasta la
actualidad no deben hacernos volver hacía un modelo de relaciones laborales
decimonónico y caduco, basado en el conflicto desregulado, cuando la principal
aportación del trabajo al proceso de industrialización era su fuerza bruta como
fuente de energía, sino a profundizar en la modernización y democratización de
las relaciones laborales que ha tenido lugar en los países más desarrollados.
Hay que tener en cuenta que el creciente peso de actividades industriales
avanzadas y del sector servicios en estos países hace que la principal aportación
de los trabajadores al proceso productivo esté cada vez más relacionada con sus
capacidades intelectuales, en relación a la innovación tecnológica, y
emocionales, en relación a la comercialización y la gestión en equipo, y que,
para el pleno desarrollo de esas capacidades, los sistemas de incentivos que
fomenten una mayor implicación en el proceso productivo sean determinantes.
Como dice la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y
Trabajo: “las propias empresas reconocen que la participación de los
trabajadores es un elemento determinante en la generación de riqueza”.
Parece bastante evidente que principal reto al que
se enfrenta en la actualidad la sociedad española, con casi seis millones de
personas en paro, es la lucha contra el desempleo. Por eso, resulta muy
interesante analizar los efectos que la modernización de las relaciones
laborales en esos países tuvo en la creación de empleo.
En 1975 los economista suecos Gosta Rehn y Rudolf
Meidner, miembros de sindicato LO, propusieron la creación de “Fondos
Colectivos de Asalariados” como una forma de enfrentarse a los tres principales
problemas de la economía sueca en ese momento: que se consumía más que se
producía, que las inversiones eran muy bajas y que había un exceso de capacidad
productiva, problemas que actualmente tienen la economía española.
Influenciados por Keynes y James Meade, entendieron que para mantener un
crecimiento económico con altos niveles de empleo y baja inflación debía
tenerse muy en cuenta la interrelación entre el bienestar social y la
financiación empresarial. El sistema de regulación del conflicto propuesto por
ambos economistas conformaba tres espacios:
– Una Mesa de negociación salarial a nivel nacional
que permitiera reducir las presiones inflacionistas y el desempleo, lo que
implicaba una cierta restricción salarial por parte de los trabajadores, sobre
todo de los que tenían mayor poder de negociación, a cambio de un creciente
salario indirecto cubierto mediante servicios públicos y una mayor participación
en la gestión de la empresa.
- Un Estado del Bienestar que desarrollara
ambiciosos programas públicos de educación, sanidad y vivienda, financiados con
impuestos progresivos sobre el trabajo y el capital.
– Fondos Colectivos de Asalariados, para democratizar
el proceso de inversión.
La moderación salarial, sobre todo de los trabajadores
con mayor cualificación, tenía como contraprestación la cesión de acciones de
las empresas a un Fondo, mediante un impuesto sobre beneficios que las empresas
pagaron emitiendo más acciones. Estos Fondos eran un inteligente mecanismo para
que los “beneficios extraordinarios” que las empresas obtuvieran de la
moderación salarial no fueran a engrosar la renta de los accionistas, que en
gran parte no se reinvierten productivamente en la empresa, sino, como hemos
visto en la crisis financiera internacional, que entran a formar parte del
circuito financiero-especulativo. Estos Fondos, stock-options que la
empresa debía obligatoriamente repartir entre todos los trabajadores, debían
ser gestionados de forma colectiva por organismos de representación de los
trabajadores.
El sindicato LO consiguió que en 1984 el gobierno
de Olof Palme aprobara una ley que si bien no tenía en cuenta todas las
propuestas de Meidner si recogía su filosofía. En el periodo en el que los
Fondos de Asalariados estuvieron vigentes, desde 1984 hasta 1990, el Ingreso
Nacional Bruto per capita de Suecia calculado por el Banco Mundial
(anteriormente PIB per capita) se multiplicó por dos, pasando de representar en
1984 el 77% del INB per capita estadounidense al 110% en 1990. El desempleo en
Suecia en 1990 alcanzó la ridícula cifra del 1,7%.
La derrota del Partido Socialdemócrata Sueco en
1991, ocurrida tras el asesinato del carismático líder Olof Palme, supuso el
desmantelamiento de los Fondos Colectivos de Asalariados, que habían alcanzado
un volumen total de 2.000 millones de euros, un 7% del total de acciones
cotizadas en la Bolsa sueca, que se reconvirtieron en fondos de pensiones.
Junto al mencionado desarrollo del Estado del
Bienestar, la creación de Fondos Colectivos de Asalariados, al incentivar una
mayor reinversión del capital en las empresas, gracias al mayor peso de los
intereses de los trabajadores en su gestión, tuvo importantes efectos en la
creación de empleo porque:
1) redujo la dependencia de las empresas suecas de
capitales excesivamente volátiles, cuyo único objetivo es obtener una
revalorización inmediata de la inversión a costa de los resultados productivos
a medio plazo, lo que precariza el empleo y hace más frágiles a las empresas en
una coyuntura recesiva;
2) permitió una mayor estabilidad en la gestión y,
por tanto, en la financiación de proyectos tecnológicos e inversores de largo
plazo que permiten que las empresas logren cierto poder de mercado en
actividades con un proceso productivo globalizado;
3) mejoró la productividad de las empresas, ya que
esta depende en gran medida de la reinversión de los beneficios en I+D, en la
modernización de los bienes de equipo y en la formación de los trabajadores;
4) en empresas multinacionales reforzó el efecto
sede, facilitando en ellas la concentración de la parte de su actividad, o del
proceso productivo, de mayor valor añadido.
Asimismo, en épocas de crisis la mayor capacidad de
influencia de los intereses de los trabajadores en la empresa evita que el
empleo sea la variable residual de ajuste, ya que incentiva el desarrollo de
nuevos mecanismos de flexibilidad interna para adecuar los costes laborales a
la evolución de la demanda, como son las reducciones temporales de jornada y
salarios.
En nuestro país así lo entendieron los gestores de
CAF (Construcciones Auxiliares de Ferrocarril), una empresa española con alto
grado de internacionalización y de innovación tecnológica, que cotiza con toda
normalidad en Bolsa, cuando en 1994 ofrecieron el 18% del capital a los
trabajadores, porcentaje que en 2008 se incrementó hasta el 29,5%
En términos agregados se puede observar que los
países con mayor productividad son aquellos en los cuales los derechos de
participación de los trabajadores en la gestión de las empresas capitalistas
son mayores, según la clasificación del Instituto de Estudios Laborales
Avanzados de la Universidad de Amsterdam (AIAS) en esos países, los comités de
empresa tienen derechos de co-decisión en relación con fusiones, adquisiciones,
inversiones y desinversiones.
Una mayor participación colectiva de los
trabajadores en la gestión de la empresa plantea un moderno modelo de
relaciones industriales que canaliza el conflicto capital/trabajo hacia
escenarios en los que ambas partes ganan, ya que supone una mayor
corresponsabilidad entre los sindicatos y las direcciones de las empresas.
Este modelo fue reclamado públicamente por UGT en
1987 al gobierno de Felipe González, mediante una ley que creara fondos de
inversión generadores de empleo, similares a los Fondos de Asalariados suecos,
aunque finalmente dicha ley no fue desarrollada por el gobierno del PSOE por
miedo a dar un excesivo poder a los sindicatos, y particularmente a CCOO, según
han reconocido personas implicadas en la gestión de aquel gobierno. Parece que
ya ha llegado el momento en que las fuerzas políticas y sociales progresistas
de nuestro país empiecen a plantearse la modernización de las relaciones laborales con una mayor
amplitud de miras que en el pasado.
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Artículo
publicado en la Revista Temas.
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