AMÉRICA LATINA AUMENTÓ EN 7 MILLONES SUS
POBRES EN 2015, SEGÚN CEPAL - El número de
pobres en América Latina y el Caribe aumentó en siete millones en 2015, pasando
desde 168 millones a 175 millones de personas, debido a la contracción
económica que sufre la región, según proyecciones de la CEPAL divulgadas
este martes. En 2015, “la tasa regional de pobreza habría aumentado a 29,2% de
los habitantes de la región (175 millones de personas) y la tasa de indigencia
a 12,4% (75 millones de personas)”, informó la Comisión Económica para América
y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile. La cifra se compara
desfavorablemente con los resultados de 2014, cuando en la región se reportaron
168 millones de personas pobres, un incremento de dos millones en relación al
año previo, de acuerdo a las nuevas cifras entregadas por el organismo técnico
de NACIONES UNIDAS con sede en Santiago. “El aumento de
la cantidad de personas pobres constatado en 2014 se produjo básicamente entre
los pobres no indigentes, y fue consecuencia de dispares resultados nacionales,
elevándose en algunos países y disminuyendo en un número importante de ellos”,
se explicó en el documento.
La contracción de un
0,4% proyectada para la economía regional durante 2015, arrastrada por una caída en el
valor de las materias primas y el descenso
de la economía brasileña, habría impactado sobre las cifras de pobreza de América Latina durante el año pasado. “Todavía el desempeño de la pobreza y la
desigualdad es bastante pro-cíclico, y como hay una desaceleración (económica)
pues habrá un aumento de la pobreza”, explicó la secretaria ejecutiva
de CEPAL, Alicia Bárcena. Para reducir el número
de pobres “América Latina debe generar
más empleo de calidad, con derechos y protección social, cautelar el salario
mínimo y proteger el gasto social, que muestra una merma en su ritmo de
crecimiento”, agregó. v “Nuestra
recomendación es que los países cautelen el gasto público social, que es el que
más han cautelado (hasta ahora). Creemos que los programas de transferencias
condicionadas deben mantenerse y sobre todo el combate a la pobreza extrema”,
puntualizó Bárcena. De acuerdo a
la CEPAL, los países donde se espera un mayor incremento de la pobreza son Venezuela, Guatemala y Honduras. Hasta
2012, tras una década de crecimiento económico, la región había logrado reducir
en 15,7 puntos porcentuales sus niveles de pobreza.
PERSISTE DESIGUALDAD.- La desigualdad es histórica, estructural y multidimensional.- Económico,
social, cultural, política, educativa, sanidad, vivienda, trabajo, salarios,
servicios, Institucional, etc. La CEPAL analizó
también los niveles de desigualdad
social de la región, constatando que en la gran mayoría de los países se
lograron mejoras en la distribución del ingreso según el coeficiente de Gini (donde 0 significa plena igualdad
y 1 máxima desigualdad). El
coeficiente regional pasó de 0,497 en 2013 a 0,491 en 2014, mientras que en
2010 era de 0,507. No obstante, “pese a
este descenso, en 2014 el ingreso per cápita de las personas del 10% de mayores
ingresos fue 14 veces superior que el del 40% de menores ingresos”, advirtió
la CEPAL. La desigualdad se evidenció también a nivel
educativo. De acuerdo a la CEPAL pese a los avances
registrados en el acceso a la educación primaria y secundaria “persisten
brechas significativas” en la región.
Si el 80% de los jóvenes de 20 a 24
años del quintil de mayores ingresos habían concluido la secundaria en
2013, solo 34% de las personas de
igual edad del quintil de menores ingresos tuvieron el mismo logro,
graficó CEPAL. (Es desigualdad económico-social, puesto que el
1% de la población, concentra en su
poder el 65% de la riqueza,
concentración de la propiedad, económico-comercial-financiero (corporaciones y
mega corporaciones transnacionales del capital corporativo global).
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La niñez ha sido la más castigada en la Región. La desigualdad económico-social (escolaridad) las brechas son cada vez más amplias entre el 1% que es dueño del 65% de la riqueza y todos terminan su educación en forma normal y "excelente" y el 99% que intenta "ganar" algo de sobrevivencia, distribución en derechos sociales que hoy se atienden en relación a cómo funcionan los Programas de Escolaridad dentro de las Políticas Sociales.
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EN LA CEPAL
ENCENDIERON LAS ALARMAS.
El Organismo pide
proteger los avances logrados en la Región en los últimos años.
América Latina aumentó
en 7 millones sus pobres en 2015, según CEPAL.
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Llama a potenciar el sesgo
contracíclico de la política fiscal, porque una política fiscal procíclica
acentúa el ciclo económico y puede afectar los derechos sociales y económicos
de la población si los niveles de gasto social se reducen.
Página /12 viernes 25 del 2016.
La
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pidió proteger los avances sociales logrados en los últimos
años en la región ante un escenario de menor crecimiento económico. Según su
informe Panorama Social de América Latina 2015, en 2014 la tasa de pobreza fue
de 28,2 y la tasa de indigencia de 11,8 por ciento, pero el organismo estima
que el año pasado la pobreza habría aumentado a 29,2 por ciento y la tasa de
indigencia a 12,4 por ciento. En términos absolutos eso significa que América latina tendría 175 millones de
personas en la pobreza y 75 millones en la indigencia.
“Si queremos lograr el primer
objetivo de Desarrollo Sostenible, que llama a poner fin a la pobreza en todas
sus formas, América latina debe generar más empleos de calidad, con derechos y
protección social, cautelar el salario mínimo y proteger el gasto social, que
muestra una merma en su ritmo de crecimiento”, sostuvo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
En
el informe, presentado el martes en Santiago de Chile, se expone la situación
actual en términos de pobreza y distribución del ingreso, sobre la base de los
datos disponibles al año 2014. De acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, las tasas medias de pobreza e
indigencia no se alteraron en forma significativa en el conjunto de la región
entre 2012 y 2014, lo que, a la luz del contexto económico actual, plantea
dudas respecto de las posibilidades de progreso en estos ámbitos en los
próximos años. Sin embargo, la desagregación de las cifras al nivel de los
países da cuenta de avances logrados por varios de ellos en la disminución de
los indicadores de pobreza e indigencia, así como de retrocesos en otros
países.
En
el promedio de los países que cuentan con información reciente, el coeficiente
de Gini, que mide la desigualdad, pasó de 0,497 en 2013 a 0,491 en 2014. Ahora
bien, al comparar las últimas cifras disponibles con las de inicios de la
década de 2010, se constata una reducción más significativa. En 2010 el
coeficiente regional se situaba en 0,507, por lo que hasta 2014 acumuló una
caída del 3,2 por ciento a una tasa anualizada de 0,8 por ciento. En ese
período se registraron variaciones estadísticamente significativas en nueve de
los 16 países considerados. Las reducciones más importantes fueron en Uruguay
(-2,7 por ciento anual), Argentina (-2,3) y Ecuador (-2,2 por ciento).
La CEPAL advierte que los avances
registrados en los últimos años corren riesgo, tal como se observa en el
crecimiento de 2015. Luego agrega que en América latina se ha observado
históricamente un sesgo procíclico de la política fiscal, así como del gasto
público y el gasto social en particular. Por ese motivo, el organismo llama a
potenciar el sesgo contracíclico de la política fiscal, principalmente porque
una política fiscal procíclica acentúa el ciclo económico y puede afectar los
derechos sociales y económicos de la población si los niveles de gasto social
se reducen. En esta edición del Panorama Social se reafirma ese llamado, pero
haciendo énfasis en que, en términos generales, el gasto social debería ser
neutro respecto del ciclo económico:
“los servicios de calidad para
garantizar derechos sociales como la educación, la salud y la protección social
no deben depender del ciclo económico. Sin embargo, considerando la magnitud de
las brechas que persisten en la región en esas áreas y la necesidad de avanzar
en la construcción de un sistema de protección social universal, se recomienda
ampliar el gasto social en las fases de prosperidad, con el debido recaudo de
proteger la estabilidad macroeconómica. Complementariamente, en situaciones de
crisis económica, el gasto social debe ser contracíclico en lo que se refiere a
los recursos necesarios para asegurar el financiamiento de políticas de
erradicación de la pobreza y protección del empleo”, remarca el informe.
“Urge explorar nuevas fuentes
y mecanismos fiscales de financiamiento que hagan sostenible la política social
y los avances alcanzados en el último decenio”, enfatizó la alta funcionaria,
al recordar que entre 2002 y 2012 la pobreza se redujo 15,7 puntos
porcentuales.
La juventud, también ha sido y es fuertemente golpeada por la crisis y los
Estados cada vez invierten menos en Educación para el trabajo que es
lo que necesita de urgencia la juventud, pero empleos de calidad y con derechos
sociales, en especial entre los 18 y 24 años.
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A
comienzos de los años noventa (1991-1992), el gasto social se situaba en 12,6
por ciento del producto interno bruto (PIB) de la región como promedio
ponderado, aumentando a 19,5 por ciento del PIB regional en 2013-2014.
El
incremento del gasto social como porcentaje del PIB (6,8 puntos porcentuales
entre 1991 y 2014) obedece en primer lugar al crecimiento del gasto en
seguridad social y asistencia social (3,5 puntos porcentuales), seguido de
educación (1,9 puntos porcentuales) y salud (1,5 puntos porcentuales).
El
documento analiza también la evolución de la distribución del ingreso y las
persistentes desigualdades que se manifiestan en el sistema educativo y en el
mercado laboral. Entre 2002 y 2014, la gran mayoría de los países lograron
mejoras en la distribución del ingreso según el coeficiente de Gini (donde 0
significa plena igualdad y 1 máxima desigualdad). El coeficiente pasó de 0,497
en 2013 a 0,491 en 2014, mientras que en 2010 era de 0,507. Pese a este
descenso, en 2014 el ingreso per cápita de las personas del 10 por ciento de
mayores ingresos fue 14 veces superior que el del 40 por ciento de menores
ingresos.
En
el estudio, la desigualdad también
es medida según los resultados de escolaridad
en los diferentes tramos de ingresos de la población. Así, a pesar de los
importantes avances registrados en acceso y inclusión, en especial en la
educación primaria y secundaria, persisten brechas significativas: mientras un
80 por ciento de los jóvenes de 20 a 24 años del quintil de mayores ingresos
habían concluido la secundaria en 2013, sólo 34 por ciento de las personas de
igual edad del quintil de menores ingresos tuvieron el mismo logro.
Las
desigualdades, plantea la CEPAL, se
hacen más patentes al cruzar otras variables. Si se miden, por ejemplo, los ingresos laborales mensuales
promedios según sexo, raza, etnia y años
de escolaridad, se observa que los ingresos laborales medios de los hombres
no indígenas ni afrodescendientes cuadruplican
a los de las mujeres indígenas y
duplican a los de las mujeres afrodescendientes.
Según
la comisión, el 80 por ciento de los
ingresos totales de los hogares latinoamericanos provienen del trabajo. Por
ello, el empleo de calidad, con derechos
y protección social,
“es la llave maestra para la
igualdad, eje de la integración social y económica, y mecanismo fundamental de
construcción de autonomía, identidad, dignidad personal y ampliación de la
ciudadanía”, señala el estudio.
En el
informe se revisan 58 programas públicos de inclusión laboral y productiva de
21 países de la región, que buscan ampliar las oportunidades de trabajo para la
población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Se trata de iniciativas
importantes, dice el organismo, pero su éxito depende tanto del aumento de la
escala de esos programas como de su articulación con otros instrumentos de la
política social, económica, productiva y de mercado de trabajo.
En
toda la región, agrega la CEPAL,
deben persistir los esfuerzos de promoción
del trabajo decente, entre ellos, los de formalización del empleo y de las
empresas, de fortalecimiento de los salarios mínimos y de acceso a la
protección social, en los que se incluya la igualdad de género como objetivo
transversal.
Finalmente, el estudio examina la institucionalidad
para el desarrollo social existente en la región. Junto con destacar sus
avances en los últimos 25 años, enfatiza la necesidad de potenciarla para mejorar la calidad de las políticas en términos de
impacto, eficiencia, sostenibilidad,
participación y transparencia. Aboga, asimismo, por la construcción de sistemas integrales
de cuidado como un pilar fundamental de la protección social en América latina.
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