LULA Y EL FUTURO DE BRASIL. Emir Sader
La
derecha brasileña siempre creyó que en algún momento el PT iba a ganar pero
fracasaría y, a partir de ese momento, ella podría dirigir el país con
tranquilidad. Lula ganó y el suyo resultó el mejor gobierno que jamás tuvo el
país. A partir de ese momento empezó la caza a Lula. No pudieron impedir su
reelección en 2006, ni que él eligiera y reeligiera a su sucesora, en 2010 y
2014. Ahora Lula aparece como favorito para ganar las elecciones del 2018 y
volver a ser presidente de Brasil.
En
la desesperación, la derecha une todo lo que tiene: sectores del Poder
Judicial, de la Policía Federal, los grandes medios privados, en campaña total
en contra de Lula. Una campaña que se intensificó a partir del discurso de Lula
en Rio de Janeiro, en el cumpleaños del PT, el 27 de febrero, cuando declaró
públicamente que, si fuera para garantizar la continuidad del proceso iniciado
en 2003, él sería candidato de nuevo. A partir de ese momento, la derecha
declaró la guerra abierta en contra de Lula. Declaraciones falsas, desmentidas
enseguida, pero mantenidas por los medios como si fueran reales.
La
acción de la Policía Federal directamente en contra de Lula –en su casa, en la
casa de su hijo, en el Instituto Lula–, llevándolo a deponer, a pesar de que él
ya había prestado declaraciones, fue anunciada por un periodista de la Rede
Globo varias horas antes por Internet. Fue una operación mancomunada de
sectores del Poder Judicial con los grandes medios privados y sectores de la
Policía Federal. Es el intento más grave de excluir a Lula de la vida política
brasileña. No hay ninguna prueba de las acusaciones que le hacen, intentan que
algunos presos declaren en su contra a cambio de la disminución de sus
condemnas –las mal llamadas delaciones premiadas–. No han logrado nada. De ahí
la acción mediática espectacular en contra de Lula, para ver si logran con ello
desgastar la imagen del ex presidente.
Han
actuado en este momento en que Lula se declara candidato, en que el ministro de
Justicia fue sustituido, pero no ha cambiado todavía los mandos de la Policía
Federal, cuando el Supremo Tribunal Federal aún no ha juzgado el pedido de Lula
de que el juez más arbitrario de todos deje de estar al mando de los casos en
que se lo acusa. Por todo ello, lo han hecho en este momento, acelerando los
enfrentamientos y poniendo en jaque, al mismo tiempo, el gobierno de Dilma.
Pero
ahora han creado un punto de no retorno. Lula salió de su declaración ante la
Justicia, fue a la sede del PT y dio una conferencia de prensa emocionante,
donde dijo que su llama está más encendida que nunca, que a partir del lunes
retoma los viajes por todo el país para charlar, conversar, dejando claro que
la campaña electoral de 2018 ha comenzado ahora. El destino de Brasil se juega
en este momento. O logran, por la vía judicial y policial, excluir a Lula de la
vida política para hacer lo que les dé la gana con el país. O Lula logra
superar también este momento y vuelve con más fuerza todavía, como el candidato favorito para regresar a la Presidencia de
Brasil, el 2018.
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Lula
avanzó sobre el esquema armado entre la Policía Federal, el tribunal de Moro y
los grandes medios de comunicación.
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GOLPEAN AL
LÍDER PARA VOLTEAR A LA PRESIDENTA.
Irrumpen policías en
la casa de Lula para llevarlo a declarar en un caso de corrupción.
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Lula
fue conducido al aeropuerto de San Pablo, donde prestó declaración a lo largo
de casi cuatro horas. El procedimiento causó indignación y protestas
callejeras. El ex presidente denunció la connivencia entre “el juez, la policía
y los grandes medios”.
Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro sábado 5 de marzo del 2016.
Poco
antes de las siete de la mañana de ayer la Policía Federal se presentó en el
departamento donde reside el ex presidente Lula da Silva, en San Bernardo,
cordón industrial de San Pablo. Poco antes la escolta a que Lula tiene derecho
como ex mandatario había llegado al local y lo advirtió de la presencia de la
policía judicial. El mismo Lula abrió la puerta.
Cumpliendo
órdenes del juez de primera instancia Sergio Moro, la Policía Federal condujo a
Lula da Silva hasta el aeropuerto metropolitano de San Pablo. En la sala
reservada a las autoridades –una gentileza concedida a la figura política de
mayor relieve en Brasil– Lula prestó declaraciones a lo largo de casi cuatro
horas. En más de una ocasión se irritó con las preguntas de los comisarios de
la Policía Federal. Se irritó, por ejemplo, cuando le preguntaron sobre
botellas –algunas, de vino importado– encontradas en la casa de campo que el ex
presidente frecuenta los fines de semana. También sobre los dos barquitos que
su esposa compró para los nietos de la pareja. “¿Es que no tienen nada más
importante para hacer que preguntarme estupideces?”, espetó Lula da Silva a sus
interrogadores. Un abogado que acompañó el interrogatorio contó que Lula
contestó a todas las preguntas sin titubear un solo instante.
La
noticia de que el ex presidente fue blanco de una orden de ser llevado por la
fuerza pública a prestar testimonio tuvo inmenso impacto en todo el país.
Por
la tarde, Lula y la presidenta Dilma Rousseff manifestaron su “indignación” por
la medida adoptada por el juez Sergio Moro. “Me sentí como un prisionero esta
mañana” dijo Lula. “Si querían escucharme sólo tenían que llamarme porque no
debo y no temo.” A su vez, Dilma expresó su “plena disconformidad” por el
operativo policial en un mensaje televisado que dio desde el palacio
presidencial flanqueada por sus ministros. “Manifiesto mi plena disconformidad
con el hecho de que un ex presidente de la república, que muchas veces
compareció voluntariamente para ofrecer aclaraciones ante las autoridades
competentes, sea ahora sometido a un innecesario traslado coercitivo para dar
testimonio,” se quejó la mandataria.
También
Marco Aurelio Mello, integrante del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima
de la Justicia en Brasil, criticó, por abusiva, la medida determinada por el
responsable por la Operación Lavadero de Autos, que investiga el esquema de
corrupción instalado en la estatal Petrobras. Figura prominente del principal
partido de oposición, el socialdemócrata PSDB, José Gregori, ministro de
Justicia y luego de Derechos Humanos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso,
denunció lo que considera un “evidente abuso” practicado por el juez de
provincia. El economista Luis Carlos Bresser-Pereira, uno de los fundadores del
PSDB, fue más contundente aún, al afirmar que “ya es hora de que el Supremo
Tribunal Federal intervenga en la Operación Lavadero de Autos, para impedir que
sigan ocurriendo abusos de poder como prisiones temporarias perpetuas o la
conducción coercitiva de un ex presidente que ni siquiera había sido convocado
a declarar”.
Por
la tarde, Lula da Silva se manifestó de manera contundente. “No era necesario
que Moro mandase gente a mi casa, a las de mis hijos y de mis compañeros de
militancia”, dijo con aire indignado, recordando que solamente este año ya
había comparecido en tres ocasiones para prestar declaraciones. “Ha sido un
gesto de arrogancia, de prepotencia”, agregó.
Lula
insistió, una vez más, en recordar que ha sido en sus dos gobiernos (2003-2010)
que se concedió, como nunca antes, autonomía a la Policía Federal e
independencia el Ministerio Público. “Lo hicimos”, dijo, “porque creemos en la
democracia. Moro, no. Mucho antes de Moro, yo ya era un demócrata. Mientras él
no hacía nada, nosotros luchábamos para devolver la democracia al país”.
El
ex presidente, luego de declararse indignado por la humillación enfrentada,
avanzó sobre el esquema armado entre Policía Federal, el tribunal de Moro y los
grandes medios de comunicación. “A las siete de la mañana, cuando mis abogados
no sabían de nada, y yo menos, algunos medios ya anunciaban el operativo”,
aseguró.
Los
argumentos de la Policía Federal y del Ministerio Público que integran la
Operación Lavadero de Autos para solicitar la comparencia por la fuerza pública
de Lula, prontamente acatados por el juez Moro, se refieren, de manera vaga y
amplia, a las contribuciones de grandes empresas al Instituto Lula. Además, se
insinúa que las charlas que dio Lula en Brasil y otros países eran un disfraz
para pasarle dinero de coimas cobradas en la Petrobras. También se acusa a Lula
de haber ocultado patrimonio, en especial un departamento en el decadente
balneario de Guarujá, y una quinta a hora y media de San Pablo. La
transferencia de los dos inmuebles sería una manera disfrazada de pagarle
coimas a Lula.
El
ex mandatario ya aseguró reiteradamente que no es dueño del departamento en la
playa ni de la quinta, que pertenece a un antiguo compañero de militancia, su
amigo desde hace más de 40 años.
Lula
da Silva contó que, en sus charlas en el exterior, por las cuales cobraba hasta
200 mil dólares –“está todo en mi declaración al fisco”–, las preguntas de la
asistencia se referían siempre a los logros sociales alcanzados por Brasil a
partir de su llegada al gobierno. “¿Por qué Bill Clinton puede venir a Brasil,
como vino hace poquito, y hablar en la Confederación Nacional de la Industria y
cobrar un millón de dólares, y yo no puedo contar a amigos africanos o
latinoamericanos cómo hicimos para disminuir la miseria en este país de
injusticias eternas?”.
Lula
anunció que está listo para recorrer el país defendiendo su historia y la
historia del Partido de los Trabajadores (PT). “Quisieron matar a la yarará,
pero en lugar de golpearla en la cabeza golpearon la cola. Y la yarará está
viva y lista para volver”, dijo en clara referencia a las elecciones del 2018.
Lo
más grave de esa historia, sin embargo, es que puso a las claras que el esquema
armado entre el juez Moro, la Policía Federal, el Ministerio Público y la gran
prensa hegemónica encontró su punto ideal.
La
comparencia por la fuerza pública de Lula da Silva demuestra que Moro es un
magistrado sin límites, y que actúa en perfecta harmonía con el calendario
golpista. Acosando a Lula, acosa a Dilma. Con eso, fortalece el debilitado
proceso de impeachment que adormece en la Cámara de Diputados, faltando poco más
de una semana para las manifestaciones callejeras convocadas por la derecha más
radical para el domingo 13 de marzo.
La euforia registrada en el mercado financiero –el dólar cayó en picada,
la Bolsa subió como un cohete– muestra quiénes son los que se alegran con la
perspectiva del derrocamiento de Dilma Rousseff y la degradación de Lula.
Ahora, hay que ver cuál será la reacción de los movimientos sociales, de la militancia
del PT y del electorado que, en cuatro ocasiones seguidas, ha derrotado al PSDB
en las urnas.
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ANTE LA SITUACIÓN EN BRASIL.
LA DETENCIÓN DE LULA.
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Comunicado del Secretario Ejecutivo de CLACSO:
Hoy, en Brasil, se ha avanzado un paso más en el
proceso de desestabilización institucional que pretende perpetrar un sector del
Poder Judicial, la Policía Federal, los monopolios de prensa y las fuerzas
políticas que han sido derrotadas en las últimas elecciones nacionales. Una
desestabilización del orden democrático que tiene un objetivo principal: impedir
que las fuerzas progresistas sigan gobernando el país y, especialmente, acabar
definitivamente con el Partido de los Trabajadores y con su figura más
emblemática, el ex presidente Lula.
Esto es lo que está en juego y es esto lo que
explica una multiplicidad de acciones judiciales, denuncias de la prensa nunca
demostradas, insultos, amenazas, ataques públicos y una persistente ofensiva
parlamentaria por parte de las fuerzas más conservadoras y reaccionarias del
país.
Se trata de criminalizar y de responsabilizar al PT
y a su presidente de honor de actos de corrupción, usando hechos que la
justicia aún investiga como si fueran parte de un plan organizado desde el
propio centro neurálgico del poder; esto es, los mandatos presidenciales de
Lula y Dilma Rousseff. Encontrar una conexión entre ambos mandatarios y los
hechos de corrupción analizados por la Justicia es la gran obsesión y, quizás,
la única carta que hoy tiene la derecha brasileña para volver al poder,
destruyendo los avances democráticos de la última década.
Lo que está en juego es el futuro de Brasil como
nación democrática.
Obviamente, la oposición tiene todo el derecho de
aspirar al poder. Pero después de 30 años de democracia, ya debería haber
aprendido que la única forma de hacerlo es por el voto popular. Pero no lo
aprendió. Después de su última derrota electoral pretende volver al poder por
la vía de un golpe judicial o de un impeachment, cuya fundamentación
jurídica y política no es otra que la necesidad de despojar al pueblo de su
mandato soberano.
Nada se ha demostrado sobre la vinculación del ex
presidente Lula o de la presidenta Dilma Rousseff con cualquier hecho ilícito. Pero decenas de
calumnias se han formulado contra ellos.
Como quiera que sea, los poderes golpistas saben
cómo actuar. Y actúan. Si no pueden encontrarse pruebas que confirmen las
denuncias, pueden crearse hechos que, ante una opinión pública pasmada y
desconcertada, hagan parecer culpables a quienes no lo son. El Estado de
Derecho se desmonta cuando uno de los principios que lo sustentan se desintegra
ante maniobras autoritarias del Poder Judicial y el sistemático abuso de poder
de una Policía que ha demostrado ser más eficiente matando jóvenes pobres
inocentes que controlando las principales redes del delito que operan en el
país.
Hoy por la mañana, un amplio operativo policial irrumpió en la residencia del ex Presidente Lula y lo detuvo con un mandato de "condução coercitiva".
Un mandato de conducción coercitiva es un medio que dispone la autoridad pública para hacer que se presente ante la Justicia alguien que no ha atendido la debida intimación y cuya declaración testimonial es de fundamental importancia para una causa penal. El riesgo de fuga o la peligrosidad del sujeto, así como su desatención a las intimaciones judiciales, obligan al uso de este mecanismo coercitivo.
¿Sería razonable aplicarlo a un ex presidente de la república que siempre se ha presentado a declarar cuando le fue solicitado?
Sí, si lo que se quiere es humillarlo, destituirlo de autoridad, postrarlo, desmoralizarlo ante la opinión pública brasileña y el mundo. Hoy, los diarios y noticiarios de todo el planeta mostrarán un Lula llevado por la Policía Federal en medio de un fuerte esquema de seguridad. Lo harán, como si fuera un delincuente. No fue preso ni es culpable de nada en términos jurídicos, es verdad. Pero eso, ¿a quién le importa? Parece "preso" y "culpable". Con eso basta, al menos, por ahora.
No debe sorprender que el hecho ocurra menos de una semana después que, en el festejo de los 36 años del Partido de los Trabajadores, el ex presidente Lula manifestó que si fuera necesario e imprescindible, será él quién asuma el desafío de presentarse como candidato de las fuerzas progresistas a la futura elección presidencial. Allí, miles de militantes le brindaron su apoyo y solidaridad ante los ataques recibidos.
La respuesta de la justicia golpista no demoró en llegar.
Hace 25 años elegí Brasil como el país en que quería vivir y criar a mis hijos. Aquí pasé casi la mitad de mi vida. Como intelectual, como militante y como brasileño por elección, me siento profundamente avergonzado e indignado. Aquí no está en juego ninguna causa por la justicia, la transparencia ni el necesario combate a la corrupción. Aquí está en juego un proyecto de país y, no tengo dudas también, un proyecto de región. El golpe judicial, policial y mediático que se lleva a cabo en Brasil no es ajeno a la situación que vive el continente y a los vientos que corren a favor de las fuerzas conservadoras y neoliberales en toda América Latina.
Intentan cambiar la historia, torciéndola a favor de sus intereses antidemocráticos. No lo lograrán.
Expreso aquí mi plena y fraterna solidaridad con el ex presidente Lula y su familia.
Lo hago convencido de mi deber como responsable de una de las mayores redes académicas del mundo. No escribo estas líneas en representación de las instituciones que componen el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ni, mucho menos, en nombre de las personas que allí se desempeñan. Sin embargo, estoy seguro que serán muchos los que sumarán su grito de indignación ante una ofensiva que no conseguirá disminuir nuestra energía militante ni nuestro compromiso inquebrantable con las luchas por la transformación democrática de América Latina.
- Pablo Gentili, Secretario Ejecutivo de CLACSO.
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