“Evidentemente,
con esta última frase, la Embajadora Haley se refería a Israel y al conjunto de resoluciones de denuncia de
las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel que han sido adoptadas por el Consejo, en cuyas reuniones
ordinarias se mantiene de manera fija el conocido como “ítem 7”, es decir, la discusión
acerca de la situación de los derechos
humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados. En torno a este
ítem, y a distintos grupo de trabajo, el
Consejo ha encargado numerosos informes sobre las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel, entre los que destacan el
informe de la misión internacional independiente de investigación sobre las
repercusiones de los asentamientos israelíes en los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo palestino, o el más
reciente informe sobre la creación de una base de datos de todas las empresas
que participan en determinas actividades específicas relacionadas con los asentamientos
israelíes en el Territorio Palestino Ocupado”.
“Este
último informe, presentado en la sesión
37 del Consejo de Derechos Humanos (marzo de 2018), señala cómo determinadas empresas, fundamentalmente de origen
israelí y estadounidense, habían permitido, facilitado y aprovechado,
directa e indirectamente, la construcción y el crecimiento de los asentamientos. Además, indica que el
Gobierno de Israel fomenta
activamente el desarrollo económico de los asentamientos, por ejemplo,
designándolos como “zonas de prioridad
nacional”, lo que permite a las empresas que operan en ellos beneficiarse
de reducciones del precio de la tierra,
subvenciones al desarrollo de infraestructuras, trato tributario preferencial o
inmunidad frente a las leyes laborales relativas al trato de los trabajadores
palestinos. Debe destacarse que la Oficina
de Derechos Humanos de la ONU ha confirmado esta misma semana que Israel mantiene su política de negar el
acceso del relator
a los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania y que no contesta a sus
peticiones en este sentido”.
/////
Varias granadas de gas caen sobre manifestantes palestinos en las protestas
de Gaza contra la apertura de la embajada de EE.UU en Jerusalén. 14 de mayo de
2018.
***
ANÁLISIS ¿POR QUÉ HA ABANDONADO TRUMP EL
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS?.
*****
Adoración Huamán.
CTXT (Contexto y Acción).
Rebelión martes 3 de julio del 2018.
La defensa de
Israel, la protección de sus grandes empresas y el rechazo al demoledor Informe
Alston (sobre los altísimos índices de pobreza y desigualdad) explican la
espantada de Estados Unidos.
El 8 de enero
de 2018, el semanario estadounidense The
Nation publicó un artículo que alertaba sobre la renovada voluntad
de Estados Unidos de abandonar
el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entre las razones
para justificar la decisión, se señalaba el
rechazo de las autoridades estadounidenses al contenido de un informe sobre la
extrema pobreza y los derechos humanos en EE.UU.,
realizado por el Relator Philip Alston, que iba a ser presentado en la sesión
del Consejo del mes de junio. Efectivamente, en esta sesión, la número 38, sucedieron ambas cosas: Alston presentó el demoledor informe
denunciando la realidad de la extrema pobreza
en el autodenominado “país más rico del
mundo”; y Estados Unidos
comunicó el día 19 de junio su
salida del máximo foro
intergubernamental de Naciones Unidas para la protección de los derechos
humanos.
Entre las razones expresadas por Nikki Haley, embajadora de los EE.UU. ante Naciones Unidas, y por Mike Pompeo, Secretario de Estado, para
justificar su demoledora decisión de abandonar el Consejo, no se esgrimió
expresamente el informe Alston. Sin
embargo, pocos días después del anuncio, la embajadora Haley lanzó un ataque directo a su contenido, calificándolo como “engañoso
y políticamente sesgado”, mientras afirmaba que “es absolutamente ridículo que
Naciones Unidas examine la pobreza en América”.
Probablemente, el informe no es la causa principal de
la enésima decisión de EE.UU. de
minar la ya delicada situación del sistema de Naciones Unidas, pero tanto su contenido como el hecho de que
exista un organismo internacional que decida examinar la política interna de Estados Unidos han abonado la senda que
la Administración Trump ya tomó al
abandonar organismos como la UNESCO o
compromisos como el Acuerdo de París
sobre cambio climático. Hay que recordar que tampoco es la primera vez que Estados Unidos toma la decisión de
boicotear el Consejo. En 2009, bajo
la administración de George Bush, el
entonces embajador y hoy asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, criticado permanentemente por el Senado
estadounidense, convenció a su presidente para no formar parte del Consejo, por
razones muy similares a las que la embajadora
Haley expresó el 19 de junio de 2018.
El Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas fue creado en 2006, reemplazando a
la antigua Comisión
de Derechos Humanos. Su propia creación, orientada a superar las
críticas y el deficiente funcionamiento de la Comisión, provocó el rechazo de Estados Unidos, Israel, Palaos y las Islas Marshall, y
las abstenciones de Bielorrusia, Irán y
Venezuela. El Consejo está compuesto por 47 Estados, elegidos por mayoría absoluta entre todos los Estados
miembros de la ONU y repartidos de
manera proporcional geográficamente, que se van renovando por tercios, y
celebra tres sesiones ordinarias al año. En su seno se desarrollan procesos
fundamentales para la promoción y protección de los Derechos Humanos en el mundo. Existen tanto mecanismos de monitoreo
del cumplimiento de las obligaciones estatales, a través del sistema de
informes o del Examen Periódico
Universal; como iniciativas para el desarrollo de estos derechos y sus
mecanismos de protección, entre las que destaca la negociación del Instrumento
Jurídicamente Vinculante sobre Empresas transnacionales y otras empresas
respecto de los Derechos Humanos (el llamado Binding Treaty).
El Consejo tiene, además,
otras características que refuerzan su importancia. Por un lado, su carácter universal, es decir, el
organismo monitorea el cumplimiento de los Derechos
Humanos de todos los países, no solo de sus miembros. Esto implica,
evidentemente, que la decisión de Estados
Unidos no va a evitar que el Consejo lo siga supervisando. Por otro lado,
es importante recordar el papel fundamental que la sociedad civil y sus organizaciones
está jugando en el Consejo,
participando de manera tanto formal como informal en sus sesiones y en los
distintos grupos de trabajo creados en su seno.
Aun cuando la salida de Estados Unidos no implica la ruptura con sus obligaciones respecto
de los Derechos Humanos
(formalmente), la decisión supone la clara voluntad de realizar un ataque
directo a la labor de este organismo y muy en particular a algunas de las
líneas de actuación, tanto respecto de Israel
como de las empresas trasnacionales,
los acuerdos de inversión o, entre
otras cuestiones, las políticas de
austeridad y su conexión con la pobreza.
El gobierno de Estados Unidos ha justificado su decisión deslegitimando gravemente
al Consejo. Pompeo lo calificó entre
otras cosas como “un pobre defensor de los Derechos Humanos”, y señaló que su
comportamiento es un continuo “ejercicio
de vergonzosa hipocresía, donde los peores abusos son ignorados y donde se
sientan los peores violadores”. El Secretario
de Seguridad hizo gala de su habitual patriotismo, afirmando que Estados Unidos “no aceptará lecciones de órganos e instituciones hipócritas”.
En una línea similar, Haley, que en 2016 había exigido una reforma del Consejo para
asegurar la permanencia de su país, culpabilizó al resto de Estados de permitir
que el organismo siguiera acogiendo en su seno a los países que “más
vulneran los derechos humanos”. El fracaso del intento de reforma
impulsado por EEUU, que no fue
apoyado ni por sus propios aliados, permite, en palabras de la embajadora, que
el Consejo continúe actuando de manera politizada y parcial, dejando escapar a
los “regímenes
más inhumanos del mundo” y “convirtiendo
en chivos expiatorios a los países con estándares de derechos humanos
positivos”.
Evidentemente, con esta última frase, Haley se refería a Israel y al conjunto
de resoluciones de denuncia de las violaciones del derecho internacional
cometidas por Israel que han sido
adoptadas por el Consejo, en cuyas reuniones ordinarias se mantiene de manera
fija el conocido como “ítem 7”, es decir, la discusión acerca de la
situación de los derechos humanos en
Palestina y otros territorios árabes ocupados. En torno a este ítem, y a
distintos grupo de trabajo, el Consejo
ha encargado numerosos informes sobre las violaciones
del derecho internacional cometidas por Israel,
entre los que destacan el informe de la misión internacional independiente de
investigación sobre las repercusiones de los asentamientos israelíes en
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales del pueblo
palestino, o el más reciente informe sobre la creación de una base de datos
de todas las empresas que participan en determinas actividades específicas
relacionadas con los asentamientos israelíes en el Territorio
Palestino Ocupado.
Este último informe, presentado en la sesión 37 del Consejo de Derechos Humanos (marzo
de 2018), señala cómo determinadas empresas,
fundamentalmente de origen israelí y
estadounidense, habían permitido, facilitado y aprovechado, directa e
indirectamente, la construcción y el crecimiento de los asentamientos. Además, indica que el Gobierno de Israel fomenta activamente el
desarrollo económico de los asentamientos, por ejemplo, designándolos como “zonas de prioridad nacional”, lo que
permite a las empresas que operan en ellos beneficiarse de reducciones del precio de la tierra, subvenciones al
desarrollo de infraestructuras, trato tributario preferencial o inmunidad
frente a las leyes laborales relativas al trato de los trabajadores palestinos.
Debe destacarse que la Oficina de Derechos
Humanos de la ONU ha confirmado esta misma semana que Israel mantiene su política de negar el acceso del relator a
los territorios palestinos de Gaza y
Cisjordania y que no contesta a sus peticiones en este sentido.
Junto con la preocupación por proteger a sus empresas,
la crítica de Estados Unidos
respecto de la actuación del Consejo
llegó a su punto máximo en la sesión especial del 28 de mayo, centrada en el deterioro de la situación de los derechos humanos en Palestina, y que
adoptó desplegar de manera inmediata una comisión de investigación
internacional, independiente y transparente, para cuantificar las violaciones cometidos por Israel en los
ataques militares contra las protestas civiles de los últimos meses. Sólo
votaron en contra Estados Unidos y
Australia.
Impugnación del sueño americano.
Más allá de esta cuestión, existen otros motivos que
han provocado el enfado de Estados
Unidos y entre ellos destaca el informe
del profesor Alston, que es, en sí, una impugnación directa del “sueño americano”. En sus 22 páginas, el Relator aporta datos
para evaluar la medida en que las políticas y los programas del Gobierno de los
Estados Unidos relacionados con la extrema pobreza son compatibles con sus
obligaciones en materia de derechos humanos. Entre otras cuestiones, el informe
afirma que cerca de 40 millones de
personas viven en situación de pobreza, 18,5 millones de pobreza extrema y 5,3
millones en condiciones de pobreza absoluta.
Además, EEEUU registra la tasa de pobreza juvenil
y de mortalidad de lactantes más alta de la OCDE, así como una menor longevidad y una mayor morbilidad. Los
estadounidenses son también los ciudadanos con la tasa más alta del mundo de encarcelamiento y los índices más altos de desigualdad
de los ingresos de los países occidentales, empeorada por la reducción tributaria de diciembre de 2017, que ascendió a 1,5 billones de
dólares. A todo lo anterior, se suma que, en 2018, se concentra en los Estados
Unidos más del 25% de los 2.208 multimillonarios de todo el mundo, entre los
que se encuentra su presidente, Donald
Trump. Otras críticas a la política interna estadounidense, como la
realizada por el alto comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al
Hussein, respecto de la política migratoria en general y de la práctica de
separación forzada de niños de las familias inmigrantes que entran
ilegalmente a través de su frontera con México,
han aumentado el rechazo de Estados Unidos respecto de lo que califican una “injerencia en su soberanía”
Pero las razones tampoco acaban aquí. Una pequeña
revisión del comportamiento de permanente confrontación y especial beligerancia
respecto de otros temas en el seno del
Consejo demuestra otra de las aristas del problema: Estados Unidos no quiere
que se cuestione la impunidad de las
empresas transnacionales. A modo de ejemplo de esta política proteccionista, puede recordarse cómo
este país intentó boicotear el funcionamiento del Grupo de trabajo sobre
empresas transnacionales y otras empresas respecto de los derechos humanos (el Grupo del Binding Treaty) en octubre de 2017. En la última reunión
de aquella sesión, donde se estaban pactando las conclusiones, apareció una
representación de Estados Unidos,
que había estado totalmente ausente en los trabajos del Grupo, y pidió la
terminación de los mismos y la disolución del grupo, con una torticera
argumentación jurídica que no fue
finalmente apoyada por los estados participantes. Una vez más, la protección de
la impunidad de las empresas transnacionales marcaba la agenda de la
superpotencia.
Así, la salida
de Estados Unidos puede también relacionarse con la voluntad de boicotear
una línea que va fortaleciéndose en el seno del Consejo de Derechos Humanos respecto de la necesidad de denunciar
las violaciones y actuar para asegurar el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas. Así, lentamente (y con
avances y retrocesos) se ha ido creando un acervo de resoluciones e informes
que tratan, aun de manera indirecta, el problema de la impunidad de las empresas
y la captura corporativa de los Estados como son, por ejemplo, los de la
relatora sobre las formas contemporáneas de esclavitud, Urmila Bhoola; los de Olivier De Schutter, relator
especial sobre el derecho a la
alimentación que ha elaborado distintos informes sobre, entre otras
cuestiones, el impacto de los tratados de inversión en los derechos humanos o
los del experto independiente Pablo
Bohoslavsky sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones
financieras internacionales conexas de los Estados
para el pleno goce de todos los derechos
humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales. La
salida de Estados Unidos también
responde, sin duda, a un rechazo del contenido de estos informes que se
orientan a la protección de los derechos
humanos y en particular de los sociales,
derechos que, por cierto, Estados Unidos ha manifestado no reconocer como derechos de igual categoría que los
políticos o civiles.
Frente a los intentos del Consejo y del conjunto del
sistema de Naciones Unidas por
proteger (con sus luces y sombras, sin duda) los derechos humanos se alzan voces bárbaras como la de John Bolton, que ha expresado que Estados Unidos “no necesita consejos de la ONU u otros organismos internacionales
acerca de cómo gobernarnos”; o como la de Benjamin Netanyahu, que elogió la “valiente” decisión de Estados Unidos, como “declaración inequívoca de
que ya basta”. Evidentemente, ambos actores internacionales, dentro o fuera del Consejo, deben cumplir con
sus obligaciones respecto del derecho internacional de los derechos humanos,
pero una vez más nos encontramos con el problema más antiguo del derecho
internacional que se recrudece en los últimos tiempos: ¿cómo podemos imponer el respeto de estas
obligaciones a una superpotencia gobernada por Trump?
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ADORACIÓN
HUAMAN: es Profesora Titular de Derecho del Trabajo en la Universitat de
València y autora del Libro TTIP, el
asalto de las Multinacionales a la Democracia.
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