“Frente a la
creciente desigualdad que se vive producto en de la globalización modernizante
neoliberal, tanto en
Chile como a nivel de países del norte rico. Se sabe, pero es bueno repetirlo: en
Chile el 1% más rico –y sus socios transnacionales- tienen en sus manos
más de un tercio de la riqueza nacional y es dueño de las principales
instituciones y/o mediaciones de la vida cotidiana nuestra (retail,
bancos, tarjetas, tags, educación, servicios, agua, pesca, medios de
comunicación, inmobiliarias, AFP, Isapres, supermercados, la lista es
larga como se ve). Por eso hemos dicho que somos, usted y yo, ciudadanos
“siervos” y “estrujados” de todas estas mediaciones que manejan
nuestras vidas y nuestro bolsillo, sin contar con nuestra opinión: desde la educación, hasta el pago de las cuentas de luz, gas
y agua. Esta es la gracia del modelo
impuesto por el régimen de Pinochet y aliados civiles, y continuado con
remiendos, desde el 90 en adelante: la pérdida completa de soberanía sobre
nuestros bienes esenciales como país. En una reunión con líderes del “Centro
político”, el expresidente Lagos
comentó que, en buena medida el éxito de Chile se debía a que el 95% de la
maquinaria económica de Chile está en manos de capitales extranjeros” y
funciona bajo amparo del TLC.
“Al mismo tiempo, la CEPAL reconoce que nuestra
América es hoy la región más desigual y violenta del mundo. Y las desigualdades, en el acceso al
poder, el tener, el saber y el comunicar están entre los factores estructurales
históricos a la base de esa situación, reconocido muchas veces incluso por
instituciones claves de la globalización neoliberal (como BM o FMI). Constataciones
que no quieren ver, obviamente, nuestros neoliberales en el gobierno y fuera de
él, y los intereses de clase minoritarios que ellos defienden. También es
sabido –salvo al parecer para nuestros tecnócratas- para los organismos
internacionales dedicados al tema del desarrollo
o la pobreza en el mundo que, en
todos estos años de políticas sociales neoliberales globalizadas,
incluidas sus crisis (2007-2008) no se han cerrado las brechas de las
desigualdades existentes. Al contrario. Según los nuevos datos que recoge Oxfam
(Informe 2017) por ejemplo, el 82% del crecimiento de la riqueza mundial de ese
año fueron a parar a manos del 1% más rico. Según el Credit Suisse, 42
personas poseen tanta riqueza como los 3700
millones de personas más pobres del mundo. ¿De qué Estado social de derecho se
habla?
/////
RENTA
BÁSICA UNIVERSAL, ¿UN NUEVO FANTASMA RECORRE EL MUNDO?
*****
Pablo Salvat
B.
Rebelión
miércoles 29 de enero del 2020.
La derecha chilena se ha mostrado hábil en usurpar
sentidos y significados de ciertos términos propios del vivir juntos. Obviamente, partiendo por lo que
pueda entenderse por democracia, derechos humanos, justicia o solidaridad.
Entonces ahora se está hablando de “ingreso ético familiar”. Tiene un
aire de familia con la expresión ingreso y/o renta básica ciudadana
garantizada. Este es un movimiento reivindicativo y propositivo que tiene ya
varios años de existencia en muchos países. No ha comenzado en estas latitudes,
como no. Pero tiene algunas redes en México, Brasil y Argentina. Frente a la
creciente desigualdad que se vive producto en de la globalización modernizante
neoliberal, tanto en Chile como a nivel de países del norte rico. Se sabe, pero
es bueno repetirlo: en Chile el 1% más rico –y sus socios transnacionales-
tienen en sus manos más de un tercio de la riqueza nacional y es dueño de las
principales instituciones y/o mediaciones de la vida cotidiana nuestra (retail,
bancos, tarjetas, tags, educación, servicios, agua, pesca, medios de
comunicación, inmobiliarias, AFP, Isapres, supermercados, la lista es larga
como se ve).
Por eso hemos dicho que somos, usted y yo, ciudadanos “siervos” y
“estrujados” de todas estas mediaciones que manejan nuestras vidas y nuestro
bolsillo, sin contar con nuestra opinión: desde la educación, hasta el pago de las
cuentas de luz, gas y agua. Esta es la gracia del modelo impuesto por el
régimen de Pinochet y aliados civiles, y continuado con remiendos, desde el 90
en adelante: la pérdida completa de soberanía sobre nuestros bienes esenciales
como país. En una reunión con líderes del “Centro político”, el expresidente
Lagos comentó que, en buena medida el éxito de Chile se debía a que el 95% de
la maquinaria económica de Chile está en manos de capitales extranjeros” y
funciona bajo amparo del TLC.
Al mismo tiempo, la CEPAL
reconoce que nuestra América es hoy la región más desigual y violenta del
mundo. Y las desigualdades, en el acceso al poder, el tener, el saber y el
comunicar están entre los factores estructurales históricos a la base de esa
situación, reconocido muchas veces incluso por instituciones claves de la
globalización neoliberal (como BM o FMI). Constataciones que no quieren ver ,
obviamente, nuestros neoliberales en el gobierno y fuera de él, y los intereses
de clase minoritarios que ellos defienden.
También es sabido –salvo al
parecer para nuestros tecnócratas- para los organismos internacionales
dedicados al tema del desarrollo o la pobreza en el mundo que, en todos estos
años de políticas sociales neoliberales globalizadas, incluidas sus crisis
(2007-2008) no se han cerrado las brechas de las desigualdades existentes. Al
contrario. Según los nuevos datos que recoge OXFAM (Informe 2017) por ejemplo,
el 82% del crecimiento de la riqueza mundial de ese año fueron a parar a manos
del 1% más rico. Según el Credit Suisse, 42 personas poseen tanta riqueza como
los 3700 millones de personas más pobres del mundo. De qué Estado social de
derecho se habla?
Frente a estas
consecuencias que genera el capitalismo neoliberalizado, y a la necesidad de
resguardar las posibilidades de ejercicio de una “libertad real” y soberana
para todos (Van Parijs), es que ciudadanos e intelectuales de distintas
ocupaciones y latitudes, han iniciado una reflexión/acción en torno a la
necesidad de poder garantizar un derecho a la existencia para
el conjunto de los miembros de una sociedad sin distinciones de clase ni
posición social.
El origen de esta idea es
–según A. Doménech- republicano-democrático. Es una idea que reaparece -no por
mera casualidad- en estos últimos treinta años, aunque viene de antes. Entre
sus pioneros, se puede mencionar, entre otros, a Thomas Spence (1750-1814);
Thomas Paine (1737-1809); Bertrand Russell ((1872-1970); George H.D.Cole
(1889-1959), primer titular de la cátedra de teoría política en Oxford. Frente
a estos años de un capitalismo globalizado que emprende (apoyado en los
estados, como no) un enorme proceso de desposesión de los derechos sociales y
de los recursos fundamentales (agua, combustibles fósiles, bosques, patrimonio
natural, entre otros), se ha venido desarrollando esta propuesta tanto desde el
punto de vista filosófico como económico-social.
Como se ve, el fundamento
esencial es ético-normativo. Los individuos no pueden ser libres si su
existencia material no se halla garantizada políticamente. Si nos preguntamos,
¿cuál es el objeto primero de toda sociedad? Cuidar, mantener e implementar los
derechos fundamentales del humano. ¿Cuál es el primero de esos derechos? El de
existir. Por tanto, la primera ley social es aquella que garantice a todos los
miembros de la sociedad los medios de existencia. La propiedad no está
instituida o garantizada sino para cimentar ese derecho a la existencia. Es
para vivir primero que se tienen propiedades. Por eso, la propiedad no puede
entenderse ni colocarse como opuesta a la subsistencia del ser humano. El
primer derecho humano entonces tendría que ser, el derecho a la existencia.
Quien no tiene asegurado el derecho a la existencia, por carecer de propiedad
y/o ingresos suficientes, no es sujeto de derecho propio – sui iuris-;
vive a merced de otros y no puede ejercer sus capacidades y virtudes
ciudadanas.
Veamos algunos rasgos de la RBU:
Primero, la Renta Básica Universal es un
ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o
residente;
Segundo, a diferencia de las políticas
sociales focalizadas, tiene un carácter universal. Es decir, se daría sin hacer
excepciones –idealmente hablando- a todos los miembros de una comunidad
política determinada.
Tercero, se entrega de manera independiente
del sexo, estado civil, el nivel de ingresos o las orientaciones
político-religiosas de los miembros de la sociedad. Su incondicionalidad se une
por tanto a su oferta de universalidad.
Va más allá del vínculo
trabajo/productividad,
en tanto quiere asegurar a todos los miembros de la sociedad (trabajen o no) un
umbral de bienestar, de modo independiente a su contribución a la producción
del país.
Al mismo tiempo, con ello se pretende asegurar grados
de autonomía e independencia material a todos, con lo cual los ciudadanos
puedan liberarse de la necesidad de “pedir permiso a terceros para poder subsistir”.
La RBU no es una
subvención, un subsidio o un seguro condicionado. No se liga a la búsqueda de trabajo
remunerado, a la pérdida de empleo, o a un estado de pobreza. La RBU, al ser
incondicionada, se distingue de los subsidios del desempleo, de los programas
de Jefes/jefas de hogar, de ingreso mínimo y similares.
Quienes requieran de más
ingreso para aumentar su bienestar, podrán contar ya con ese punto de partida,
y con ello mejorar su capacidad de negociación y su libertad en los puestos de
trabajo. La propuesta de financiación es un tema en debate el día de hoy por
sus adherentes, con todo, se avanza un camino hacia una reforma del impuesto a
la renta, de tal modo que sean los que más ganan, los que más aporten. Su
fundamento ético-político republicanista y democratizador salta a la vista: se
trata de un ingreso dado a toda persona por el solo hecho de ser tal. Su
objetivo principal, frente al cuadro actual de desigualdades: garantizar
condiciones materiales de vida digna y ciudadana al conjunto de la población
(no sujeta a la suerte en los vaivenes del mercado).
Desde esta óptica puede
renovarse y modificarse el fundamento de la responsabilidad social del Estado y
la sociedad consigo misma. Ya no se trata, como en las políticas sociales
actuales, de orientar focalizada y condicionadamente a tales o cuales grupos
(en mayor riesgo) de la sociedad la ayuda o el subsidio, basado en la idea que
un crecimiento económico sin cuotas mínimas de equidad para los más
perjudicados, no es rentable a mediano plazo. Tampoco, claramente, el dejar a
los mecanismos impersonales del mercado (el así llamado “chorreo”), la tarea de
reasignar los bienes básicos para una vida decente. En ambos casos habrá miles
de ciudadanos que no podrán acceder de manera estable a condiciones materiales
decentes para ellos y sus familias. En ambos casos, esos ciudadanos serán
responsabilizados de su propio malvivir y serán rehenes de la política y no
ciudadanos autónomos.
Sabemos que estas
discusiones han tenido su origen en países europeos desarrollados y, para
algunos, eso les hace pensar que sólo podría llevarse a cabo en países ricos.
Sin embargo, a pesar de nuestras diferencias de desarrollo, es una discusión
pertinente entre nosotros, en función de los niveles de desigualdad y exclusión
social que tenemos hoy en día y que podemos proyectar hacia el mañana. Por lo
demás, la relación entre la riqueza social que existe acá y los costos de
niveles básicos de vida hacen pensable su posibilidad.
Al menos, puede pensarse
una implementación gradual de esta idea. Por último, es posible preverlo: para
algunos puede sonar a idea “utópica”. Pero no lo es. Puede calcularse y
obtenerse a partir de la misma riqueza social que produce toda la sociedad. De
hecho, se tienen ya algunas experiencias al respecto en el estado americano de
Alaska, Finlandia, en el DF de la Ciudad de México o en Brasil, por nombrar
algunos países. Como bien dijo un Juez de la Corte Suprema de los EEUU
(1916-1939): “podemos tener democracia o podemos
tener riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas cosas”.
*****
PABLO SALVAT. Director Magister Ética Social y Desarrollo
Humano/Observatorio DECIDE. Profesor del Departamento Política y Gobierno/UAH.
*****
No hay comentarios:
Publicar un comentario