La Academia de Ginebra de Derecho Internacional
Humanitario y de Derechos Humanos consignó en un estudio que, durante 10.000 años, los campesinos han protegido, seleccionado, intercambiado y vendido semillas, como
también las han usado y reusado para producir alimentos.
Ese derecho
consuetudinario ha sido reconocido por la ley internacional desde 2001 en respuesta a los desafíos que
planteaba la protección de los derechos de propiedad intelectual establecidos
por la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y por la Unión Internacional para
la Protección de las Obtenciones Vegetales.
La abrumadora mayoría de trabajadores rurales de los países en desarrollo se guía por los
sistemas tradicionales de producción y transferencia de alimentos y semillas, observa la Academia de Ginebra.
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LA ONU DECIDE SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS DE LOS CAMPESINOS.
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Gustavo Capdevilla.
IPS.
Rebelión lunes 24 de setiembre del 2018.
La suerte de
una histórica declaración que reconoce los derechos de más de 1.000 millones de
campesinos en el mundo se define en la última semana de
septiembre, en una votación del Consejo
de Derechos Humanos, el máximo órgano en la materia de las Naciones Unidas.
La elaboración del texto definitivo demandó años de
debate de un grupo de trabajo especializado que durante siete años evidenció
profundas diferencias entre naciones del
Sur en desarrollo, favorables a la iniciativa, y las del Norte industrial, en este caso con la singular excepción de Suiza.
El documento amalgama reivindicaciones seculares de los
campesinos, como el derecho sobre la tierra, con reclamos más actuales
como el derecho a las semillas y, en particular, la eliminación de la discriminación contra las campesinas y otras mujeres
que trabajan en las áreas rurales.
El sujeto de la Declaración
para los Derechos de los Campesinos y otras personas trabajando en las Zonas
Rurales es toda persona que se ocupa o trata de hacerlo, sola o en
comunidad, de la producción de agricultura para subsistencia o para el mercado
y emplea trabajo familiar.
La descripción abarca a agricultores artesanales o en
pequeña escala, a criadores de ganado, pastores, pescadores, guardias
forestales, cazadores, recolectores y artesanos vinculados a la agricultura o a
otras actividades rurales.
Esa masa de trabajadores, que sumada a sus familiares
puede abarcar hasta un tercio de la población mundial, figura en todas las
estadísticas como el sector más desprotegido del planeta.
En abril, el grupo de trabajo intergubernamental de
composición abierta (OEIWG, en inglés), creado en 2012 para redactar el texto
en el marco de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, pactó el texto del proyecto de la Declaración.
En esa ocasión, la alta comisionada adjunta de Derechos Humanos, la australiana Kate Gilmore,
observó que
“aunque los pequeños agricultores suministran una elevada proporción de los
alimentos consumidos a nivel local, hasta 80 por ciento en Asia y en África
Subsahariana, 80 por ciento de la población mundial que padece hambre vive en
zonas rurales”.
“Proteger los derechos de las personas que viven y trabajan en las zonas
rurales es proteger la principal fuente de alimentación en todo el mundo”,
Justificó el encargado de negocios de Bolivia ante la ONU (Organización de las Naciones
Unidas) en Ginebra, Ruddy Flores, al
proponer formalmente el viernes 21 la aprobación del texto en las actuales
sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
También
significa
“proteger la biodiversidad de la que dependen los sistemas alimentarios, los
empleos y medios de vida de millones de familias, promover la sostenibilidad ambiental, la resiliencia y
adaptación al cambio climático y sobre todo proclamar la igualdad de derechos”, precisó Flores.
La representación de Bolivia ante la ONU en Ginebra ha liderado los trabajos del OEIWG
para consensuar el proyecto, como su presidente-relator y por ello correspondió
a Flores presentar el texto al Consejo de Derechos
Humanos, cuyo 39 periodo de sesiones comenzó el día 10 y culmina el viernes
28.
Si este máximo órgano para los Derechos Humanos aprueba el texto, el proyecto de Declaración para
los derechos campesinos sería sometido a la decisión final de la Asamblea General de la ONU, cuyas
sesiones anuales comenzaron el día 18 y cuyo debate general concluirá el 1 de
octubre.
El proyecto de Declaración
garantiza a todos los trabajadores
rurales el disfrute pleno, individual y colectivo, de todos los derechos
humanos y de las libertades fundamentales reconocidas por todas las
declaraciones, documentos y tratados adoptados por el sistema de las Naciones Unidas.
Exime
igualmente a los campesinos de
“toda clase de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en los
terrenos de raza, color, descendencia, sexo, idioma, cultura, estado marital,
propiedad, discapacidad, nacionalidad, edad, opiniones incluidas las políticas,
religión, nacimiento o situación económica, social o de otra clase”.
A las mujeres
campesinas les reconoce
“garantías particulares en los campos de la
planificación para el desarrollo, de acceso a la salud, la seguridad social, la
educación y a vivir libres de la violencia”.
La Declaración establece
asimismo que los Estados deben
reconocer a las mujeres
campesinas el acceso equitativo al uso y control de la tierra y de
los recursos naturales, con independencia de su estado civil y marital.
Una investigación de la organización no gubernamental Flan Internacional comprobó que pese a
su contribución en la producción de alimentos, las mujeres son propietarias
de menos del dos por ciento de la tierra a nivel mundial.
El texto proclama que todos los campesinos y trabajadores rurales gozarán del derecho a las semillas.
La Academia de Ginebra de Derecho Internacional
Humanitario y de Derechos Humanos consignó en un estudio que, durante 10.000 años, los campesinos han protegido, seleccionado, intercambiado y vendido semillas, como
también las han usado y reusado para producir alimentos.
Ese derecho
consuetudinario ha sido reconocido por la ley internacional desde 2001 en respuesta a los desafíos que
planteaba la protección de los derechos de propiedad intelectual establecidos
por la Organización Mundial del Comercio
(OMC) y por la Unión Internacional para
la Protección de las Obtenciones Vegetales.
La abrumadora mayoría de trabajadores rurales de los países en desarrollo se guía por los
sistemas tradicionales de producción y transferencia de alimentos y semillas, observa la Academia de Ginebra.
Por ello, el reconocimiento de esa atribución por
parte de proyecto de Declaración “es crucial para la realización de los
derechos humanos de los campesinos”, opinó la institución
especializada.
Las
organizaciones no gubernamentales vinculadas con los sectores campesinos desempeñaron un papel
clave durante el largo debate que se cerrará durante las actuales sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
El campesino
senegales Ndiakhate Fall, representante de la coordinación africana de la organización internacional La Vía Campesina, dijo a IPS
que la Declaración
“constituye una base sólida para responder a los
desafíos que afronta actualmente el campesinado de África”.
La Declaración
“puede prevenir numerosas discriminaciones y violaciones de
sus derechos humanos y a la vez
garantizar la soberanía alimentaria,
el mantenimiento de la biodiversidad
y a poner un freno a las alteraciones
climáticas”, explicó.
Melik Ozden, director del Centro de Europa Tercer Mundo, con sede
en Ginebra, observó que
“la globalización neoliberal de las últimas décadas ha favorecido el monopolio de
compañías transnacionales en la cadena alimentaria”.
En
consecuencia,
“los campesinos han sido despojados de sus recursos, tierras,
semillas, agua, vivienda y otros”, afirmó a IPS.
Los
trabajadores rurales
“ya no controlan los procesos, los instrumentos ni tampoco la comercialización
de sus productos”, subrayó Ozden.
Por esa razón,
los campesinos
“recalan en los asentamientos marginales urbanos o se transforman en
migrantes ‘ilegales’ en terceros países, forzados a vender su fuerza de trabajo
en condiciones degradantes”, concluyó.
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