LA INTOLERANCIA Y EL ODIO SE APODERAN DE
UNA BOLIVIA CONVULSIONADA.
Crisis poselectoral: más de 90 personas
heridas y la alcaldesa de Vinto fue víctima de agresiones
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Radicalizar la violencia racista, los conduce inexorablemente hacia una Guerra Civil, interna y quién pierde es el Pueblo Boliviano.
Una violenta jornada se vivió ayer en Cochabamba,
donde murió un joven en enfrentamientos entre quienes respaldan a Evo Morales y
quienes piden su renuncia
Por Sebastián Moro
Página/12
jueves 7 de noviembre del 2019.
Desde La Paz
Bolivia
volvió a sacudirse por enfrentamientos y ataques violentos, con epicentro en la
ciudad de Cochabamba pero con hechos en otros puntos del país este
miércoles y nuevos choques nocturnos en la ciudad de La Paz. Esto
se da en el marco de las protestas de la oposición contra el resultado de los
comicios que derivaron en la reelección de Evo Morales, mientras
se realiza la auditoría del escrutinio de parte de la Organización de
Estados Americanos y el país está en crisis por un sostenido paro
cívico.
Hacia el
mediodía de ayer inmensas columnas de mujeres campesinas se manifestaron
pacíficamente contra el racismo y por la democracia en el centro de la ciudad
de Cochabamba. A la convocatoria de las “Bartolina Sisa” se sumaron
cocaleros y militantes del Movimiento Al Socialismo y, pasado el mediodía,
comenzaron los encontronazos con grupos de partidarios ligados al Comité
Cívico de Santa Cruz, quienes arrojaron gases a mujeres y niños. A
partir de ahí la mecha se encendió y los episodios violentos se multiplicaron a
las localidades de Quillacollo y Vinto, municipio en el que se
registraron los hechos más graves, incluyendo el incendio del edificio de la
alcaldía.
La víctima mortal fue identificada
como Limbert Guzmán Vásquez, de 20 años de edad. Durante la mañana se
había informado el rescate de un joven gravemente herido en los enfrentamientos
entre bloqueadores y desbloqueadores en el puente Huayculi, en Quillacollo.
Guzmán fue trasladado al hospital Viedma, donde falleció en horas de la noche
por “traumatismo cráneo encefálico grave, fractura de base de cráneo,
muerte cerebral y paro cardiaco respiratorio”. Aida, hermana de Limbert,
sostuvo a la prensa que “el Partido de (Carlos) Mesa y (Luis Fernando)
Camacho le pagaron (para bloquear) y, como él estudiaba, quería
ganarse unos centavos”.
“Resistencia Juvenil Cochala” se hacen llamar los integrantes de
los grupos de choque que asolaron a Cochabamba a bordo de motocicletas y
munidos de todo tipo de elementos de ataque. Están sindicados como quienes
perpetraron los ataques contra Patricia Arce, alcaldesa
de Vinto por el MAS, quien fue secuestrada, retenida y agredida por sujetos
que la liberaron tras obligarla a arrodillarse, bañarla con pintura roja y
cortarle el cabello, entre otros sometimientos. Un episodio similar
padeció Félix Vegamonte, ex dirigente campesino, ex viceministro y actual
secretario de Coordinación con los Movimientos Sociales de la Gobernación de
Cochabamba.
“Toda mi
solidaridad con nuestra hermana alcaldesa Patricia Arce, secuestrada y vejada
cruelmente por
expresar y defender sus ideales y los principios de los más pobres. Condenamos
las acciones violentas que causan luto y dolor en la familia boliviana”,
escribió el presidente Morales en su cuenta en Twitter y también se condolió y
condenó el asesinato de Guzmán.
Violencia en ascenso.
Javier Zavaleta,
ministro de Defensa, fue enfático al referirse a la escalada de violencia que azota al país y llamó al
dirigente cívico Luis Fernando Camacho a que repliegue sus grupos de choque y a
que deje de lado la incitación a movilizaciones, tomas de instituciones y
cierres de fronteras:
“Estamos a un paso de
comenzar a contar a los muertos por docenas si es que el señor Camacho, en el
transcurso del jueves, no hace un llamado a la pacificación de la gente que le
sigue”.
En La Paz también se
produjeron nuevos enfrentamientos la noche del miércoles, con 10 heridos
producto de choques entre universitarios y mineros en los alrededores de plaza
Murillo y de la Facultad de Derecho de la UMSA. La tensión se extremó
pasadas las 21 horas debido al arribo de Camacho al aeropuerto de El Alto.
Zavaleta también denunció que los cívicos de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz
trasladaron a estos grupos de choque para generar violencia en la sede de
Gobierno.
“La cruzada” opositora.
El clima de violencia y la
tensión social es una apuesta de los sectores opositores principalmente
nucleados en torno al Comité Cívico Nacional. Y uno de sus principales actores
es el líder cruceño Luis Fernando Camacho, cuya estrategia de entregarle
la carta de renuncia al presidente Morales ha ido al compás de la escalada de
violencia.
En medio de un gran
operativo de seguridad del Gobierno, Camacho finalmente llegó anoche a La
Paz y montó todo un show mediático y en las redes sociales -con video
incluido- que también fue usufructuado por otros opositores que -esta vez sí-
lo esperaron y acompañaron durante horas, mientras en las calles alteñas y
paceñas recrudecían los enfrentamientos.
"Quiero agradecer
al pueblo boliviano por haberme acompañado en esta cruzada, esto generó la
unidad de todos bajo una sola causa", posteó primero para luego sostener
antes las cámaras: “Agradecer a la Policía por toda la colaboración y sobre todo
a esa juventud, a esos hombres y mujeres que fueron a recibirme al aeropuerto.
Decirles que ya llegué, que venimos a buscar la paz, no buscamos
enfrentamiento, no queremos dividir Bolivia, queremos una sola Bolivia sin
discriminación y sin racismo".
En tanto que Carlos
Mesa, el derrotado candidato de Comunidad Ciudadana, le brindó su “solidaridad
y respaldo” y le tendió un puente político:
“Es muy importante
establecer una línea de unidad de la oposición democrática boliviana
independientemente de cualquier circunstancia particular, creo que esto es
clave en un momento de crisis tan dramático como el que está viviendo Bolivia”.
Hay que ver cómo sigue hoy
la saga de Camacho con su carta de renuncia al presidente mientras la
convulsión sigue y el paro se agrava por los bloqueos de los pasos fronterizos
internacionales de parte de sectores transportistas de carga pesada, lo cual
está perjudicando también el libre tránsito de residentes y turistas.
En tanto, se esperan las
conclusiones de la auditoría de la OEA, cuyo plazo finaliza el 11 de noviembre. Entre ese juego de luces y sombras,
Luis Almagro, titular del organismo regional, apuntó vía Twitter que “las protestas por la misión de auditoria me hacen reafirmar
la convicción que la misma debe continuar su trabajo”.
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Miles de Mujeres Quechuas y Aimaras se movilizan en apoyo al triunfo electoral del Presidente Evo Morales. la derecho - como es su método - radicaliza la violencia y brutalidad mortal en las principales ciudades. El Pueblo tendrá que defenderse.
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CRISIS EN BOLIVIA: LAS MUJERES MARCHARON
CONTRA EL RACISMO. CHOQUES VIOLENTOS EN PLENO CENTRO DE LA PAZ.
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La Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa encabezó una gran
marcha en Cochabamba contra el odio y el racismo frente a los golpistas
"que arremeten la dignidad de las mujeres". Manifestantes a favor y
en contra de Morales chocaron en el área de las oficinas gubernamentales.
Por Sebastián Moro
Desde La Paz Página/12 jueves 7 de noviembre del 2019.
Desde el 20
de octubre, en ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, se registran
agresiones de opositores contra mujeres de pollera y de rasgos indígenas. Ya
durante la semana pasada, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por
la Revolución Democrática y Cultural, conformada por mujeres de organizaciones
sociales, obreras, campesinas, indígenas, quechuas, guaraníes, servidoras
públicas, estudiantes, luchadoras sociales de larga trayectoria, entre otras,
repudió los hechos de discriminación y violencia.
Uno de los
más brutales episodios de intolerancia lo padeció, de parte de dirigentes
cívicos de Santa Cruz, la gremialista Paola Aguilar Serrudo, quien denunció
secuestro, torturas y lesiones graves ante el Comité Nacional de Lucha contra
el Racismo y toda forma de Discriminación. Las denuncias de este tipo
estructuran la movilización de mujeres y se complementan con el perdido del
cese del paro cívico, ya que son ellas y sus familias quienes más se perjudican
ante el debilitamiento de la economía informal.
La carta
de la violencia
Finalmente,
y como era previsible, la violencia latente estalló anoche en la ciudad de
La Paz. Las escaramuzas y choques no han faltado durante las más de dos
semanas de protestas contra el resultado de las elecciones del 20 de octubre,
pero ahora se confirmó lo que desde finales de la semana pasada circulaba como
rumor: grupos de universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)
-la mayor del país-, que responden al cuestionado rector saliente Waldo
Albarracín, articularían con integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC)
para escalar tácticas y logística en los enfrentamientos en las calles paceñas,
sobre todo en el área de plaza Murillo, donde se concentran ministerios, la
Asamblea Legislativa y el Palacio de Gobierno -Casa Grande del Pueblo-,
custodiados por cientos de miembros de las organizaciones sociales y militantes
del Movimiento Al Socialismo.
Hubo
choques de todo tipo: entre quienes exigen la renuncia del presidente Morales y
quienes lo defienden y, cerca de la medianoche, entre estudiantes y
policías. Hubo fuego, piedrazos, golpes y detonaciones de dinamita, la
Policía utilizó un carro antidisturbios y agentes químicos. El saldo fue de al
menos ocho heridos, -seis universitarios, un comunario de Oruro y un médico,
estos últimos con traumatismos cerebrales-, y varios detenidos.
José
Antonio Barrenechea, comandante Departamental de la Policía de La Paz, reportó
que las detenciones fueron "por ataques violentos y tenencia de explosivos
y objetos contundentes". "Nos encontramos con personas contrarias a
la pacificación que atacaron con piedras, explosivos y objetos contundentes a
nuestro personal", explicó a la agencia estatal ABI. Tras tres horas de
operativos, la Policía retomó el control de la zona, pero los universitarios se
replegaron a bloquear en inmediaciones de la UMSA, corte que continúa hasta hoy
junto a otras áreas clave del centro de la ciudad.
Albarracín,
que durante los primeros días de la convulsión incitó a la guerra civil, había
advertido horas antes en el canal universitario que sacaría por la violencia a
los 'Ponchos Rojos' -campesinos de La Paz que respaldan a Evo Morales- si
ingresaban a las dependencias de la UMSA. "Al momento que quieran dar un
paso dentro de la universidad, los vamos a sacar. Así que ni se atrevan",
amenazó. A su vez, informes policiales revelaron que el rector autorizó el uso
de espacios de la institución pública para que los jóvenes escondieran escudos,
máscaras, explosivos y otros elementos de ataque.
Tampoco se
descarta que otro detonante de la violencia haya sido la tan mentada carta de
renuncia escrita por el cívico cruceño Luis Fernando Camacho, que en horas de
la tarde empezó a circular bajo réplicas en distintos nudos de conflicto, así
por ejemplo la ostentaban los estudiantes a modo de trofeo o la quemaban los
campesinos en señal de repudio.
La misiva
llegó incluso a Londres, donde residentes bolivianos increparon a Luis Almagro,
titular de la Organización de Estados Americanos -organismo a cargo de la
auditoría del escrutinio que determinó la victoria del MAS en primera vuelta-,
y le dieron el extorsivo mandato que Camacho no pudo llevar firmado a Santa
Cruz ante un pueblo que iba a esperarlo de rodillas, según prometió en el
cabildo del día lunes.
Fiel a su estilo
de equilibrista algo tendencioso, Almagro tuiteó que "las protestas por la
misión de la auditoría me hacen reafirmar la convicción que la misma debe
continuar su trabajo. El pueblo de Bolivia merece toda la certeza técnica,
jurídica y política, más necesarias que nunca".
Guerra a
la economía
Por estas
horas el país está semibloqueado debido al cambio de estrategia, que ha
pasado de los cortes urbanos a la toma de instituciones. Aún persisten
piquetes en algunas rutas interdepartamentales y se suma la medida del sector
del transporte de carga pesada, que bloquea pasos internacionales, con lo cual
la economía boliviana ya acusa el golpe de más de dos semanas de paro cívico.
El ministro
de Economía, Luis Arce, informó que el daño económico a nivel país alcanzó los
167 millones de dólares -a un ritmo diario de 12 millones- y señaló que el
efecto negativo será mayor en el Producto Interno Bruto (PIB) con el anuncio de
toma de instituciones públicas y el cierre de fronteras, como sucede con el
Servicio de Impuestos Nacionales o la Aduana Nacional, cuyos ingresos están
paralizados.
"Estas
medidas que ha tomado el Comité Cívico tendrán consecuencias para los
municipios, para las gobernaciones y para las universidades públicas que
reciben recursos de la coparticipación", advirtió Arce e indicó que uno de
los sectores más perjudicados es el industrial, "que poco a poco se va
quedando sin insumos para operar".
Otro efecto
no deseado de los bloqueos, y que perjudica a decenas de miles de
beneficiarios, es la suspensión provisoria de los pagos de la Renta Dignidad -para
adultos mayores, "quizás el único sustento periódico que reciben nuestros
abuelitos"- y el Bono Juancito Pinto -para escolares-, dado que la toma de
instituciones, cuyo ordenamiento realizó Fernando Camacho este lunes, también
contempla a las entidades bancarias, afectando a su seguridad y a la de la
población. "Eso se paga en oficinas del Banco Unión, que han sido tomadas,
y del Senasir -Servicio Nacional del Sistema de Reparto-, varias de cuyas
agencias han sido también tomadas por el comité cívico. Estamos dejando de
pagar pensiones", comunicó el ministro.
Industrialización
en suspenso
Además de
los trastornos ocasionados a una población y a una economía cada vez más
cautivas por las medidas extorsivas de la oposición, otro golpe fuerte al
desarrollo del país se produjo en este contexto y tiene que ver con la
industrialización del litio, o mejor dicho con su interrupción.
Luego de
presiones que comenzaron las semanas previas a los comicios, el Comité Cívico
Potosinista (COMCIPO) logró que el gobierno derogara el decreto que disponía la
creación de la empresa mixta YLB-ACISA, que integraba a Yacimientos de Litio
Bolivianos (YLB) y la empresa alemana ACI Systems Gmbh, que ya había
garantizado 1.300 millones de inversión en plantas industriales en el salar de
Uyuni para alcanzar un volumen de producción de hasta 65 mil toneladas anuales,
con lo cual Bolivia se ponía a la par de las megaempresas chilenas y de
capitales trasnacionales.
El proyecto
contemplaba la producción de hidróxido de litio y de baterías de ion litio a
escala industrial para exportar a distintos mercados, principalmente el alemán.
Según el portal digital Primera Línea, COMCIPO está asesorado por Juan Carlos
Zuleta, funcionario del gobierno de Chile. Hoy, en declaraciones a medios de
comunicación, el dirigente de COMCIPO, Marco
Pumari, llamó a la sociedad a "presionar en la Casa de Gobierno" y
pidió que las protestas se trasladen de los departamentos a La Paz.
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