LA RUTINA DE LO INESPERADO SE APODERA DE
CHILE
A QUINCE DÍAS DEL ESTALLIDO SIGUEN LOS
CABILDOS Y LAS MOVILIZACIONES.
Las marchas
autoconvocadas en Santiago son cosa de todos los días. La represión se vuelve
especialmente fuerte en el siempre conflictivo Parque Bustamante.
María
Daniela Yaccar.
Desde Santiago. Página /12domingo 3 de
noviembre del 2019.
La teoría de que Chile está
normalizándose no tiene cabida esta tarde en Plaza Italia. Un potente sol baña
la cordillera y
los cuerpos de los --no tantos-- jóvenes que protestan pacíficamente en Plaza
Baquedano. Pasadas las 17 se acerca un camión hidrante, dispara la orden de
correrse, la respuesta de la multitud es “qué calor, dame guanaco por
favor”, algunas desafiantes piedras, y enseguida comienzan los chorros de
agua. La represión se vuelve especialmente fuerte en el siempre conflictivo
Parque Bustamante, también con gases y perdigones. Ayer en la misma zona,
cuando el pueblo chileno se manifestó masivamente, los focos de tensión estaban
más dispersos.
Las marchas autoconvocadas
en la ciudad son cosa de todos los días. Se espera otra masiva para el lunes. También, desde el 24 de octubre,
son habituales los cabildos, espacios en que los
chilenos se reúnen a pensar en el malestar social y en la oportunidad histórica
que esta etapa abre. Suceden de a montones en consultorios, recintos
educacionales, lugares de trabajo, centros culturales, clubes de fútbol.
Las primeras conclusiones de estas asambleas, difundidas ayer, reforzaron la
idea de que la principal demanda es la creación de una nueva Constitución que reemplace la heredada por la
dictadura militar y que hace que la vida de la población quede sujeta a
las leyes del mercado. Tanto en calles como cabildos, lo que está
reformulándose es un modo de pensar la política, en un país en que el voto
es voluntario. Un cambio radical de criterio parido de la fuerza espontánea
de la rabia acumulada. Los chilenos se incitan entre sí a no bajar los
brazos. El momento es ahora.
A quince días del estallido no se
cansan, pero les está costando el cuerpo. Minutos antes de que la violencia comenzara a perseguir a los jóvenes,
el director del Instituto Nacional de Derechos
Humanos (INDH), Sergio Micco,
recibía en el organismo a la prensa para difundir las últimas cifras de detenidos
y lesionados. Aunque todos saben que estas estadísticas no logran reflejar
la magnitud del conflicto --el mismo Micco lo dice-- suelen ser las más
esperadas y son actualizadas todos los días. Respecto de ayer, crecieron las
acciones judiciales (de 167 a 179), las querellas por torturas (de
120 a 132) y los registros de detenciones (4316 a la fecha). El sello de
la represión chilena es la cantidad de lesiones oculares, que afectan a
por lo menos 157 personas.
“Nos preocupan mucho. En muchas manifestaciones pacíficas
se han utilizado perdigones. El otro debate planteado en la opinión pública es
qué tipo de perdigones se están utilizando. No solamente de goma, sino también
de goma con interior metálico o derechamente metálico”, planteó Micco.
Es por esto que el INDH solicitó un peritaje internacional
para conocer la composición y la presión de los perdigones, según los carabineros
“una vía intermedia” entre el lacrimógeno y las balas. Una suerte de mal
menor.
Micco, quien tiene militancia en la Democracia Cristiana y
posturas contrarias al aborto y el matrimonio igualitario, asumió la dirección
de la institución hace sólo cuatro meses. Fue en medio de una polémica,
ya que parlamentarios de la oposición vieron su designación como una operación
del Gobierno. En su momento agrupaciones
feministas le exigieron una postura más tajante ante los sucesos,
a la vez que le reconocieron el importante trabajo que viene realizando el INDH.
En el encuentro con la prensa, centrándose en la objetividad de las cifras,
Micco eligió no brindar apreciaciones políticas sobre temas de la agenda, como
la acusación constitucional contra Piñera y el
ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, por violación a los derechos
humanos. En las últimas horas también se conoció la primera
acción penal por delitos de lesa humanidad contra ambos políticos.
El lunes o martes ingresará a la
Cámara de Diputados la acusación contra Piñera por su
responsabilidad política en los crímenes y su incapacidad para manejar la
crisis de modo democrático.
Para algunas tendencias políticas la aplicación contra Chadwick es
simplemente una maniobra para salvar al presidente de la parte que le toca.
Esta iniciativa recoge otro de los gritos de las calles: la renuncia del
mandatario.
“La única salida institucional a la
crisis es la acusación constitucional a Piñera. Los estados de emergencia autorizan a restringir la
libre circulación, pero no a atentar contra la vida de las personas. Piñera
declaró la guerra al pueblo y sacó al ejército a la calle con un costo de 25
muertes. De niños baleados, heridos, maltratados, con casos de
violencia sexual. Ha puesto en grave peligro la seguridad de la Nación y es el
principal responsable de esas muertes”, dijo a Página/12 Pamela Jiles, parlamentaria del
Frente Amplio, quien en una de las sesiones del Congreso encaró al ex
ministro con un cartel con las cifras de niños víctimas de las fuerzas represoras,
acción de la que los manifestantes se apropiaron y replicaron tanto en
movilizaciones como en la virtualidad.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jaude
(Partido Comunista), quien marchaba ayer por Plaza Italia, se refirió también a la violencia del
Gobierno:
“El cambio que la ciudadanía pide hoy
es que matar a nuestro pueblo no siga saliendo gratis. Una de las cosas que
tiene que entender el sistema político es que un presidente que manda a
asesinar, que se dice en guerra contra su pueblo, no puede éticamente no ser
acusado constitucionalmente. ¿Cuántos muertos más necesitan? ¿Cuántas mujeres
violadas en los regimientos de los cuarteles? ¿Cuántos balines incrustados? ¿Es
un problema de cantidad?”.
Para el funcionario, los montajes --se
habla, por ejemplo, de operaciones para responsabilizar al pueblo en los
incendios-- y la clandestinidad de la tortura no
pueden salirle gratis al actual presidente de esta república que no deja de
gritar y de arder.
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ELECCIONES, PROTESTAS Y LA ECUACIÓN
NARRATIVA EN EL CONO SUR.
LA PARADOJA DE LAS CLASES SOCIALES II.
*****
Jorge Majfud.
Página/12 sábado 2 de noviembre del 2019.
En sus discursos, los políticos
progresistas asumen que la igualdad es siempre un factor deseado por la mayoría
de los pueblos. Se
equivocan (vamos a repetir algo en lo que venimos insistiendo hace muchos
años): lo es cuando los países están en crisis económica. Entonces, el deseo
social predomina sobre los instintos más primitivos del individuo. Cuando
los países han logrado alguna estabilidad y crecimiento en base a la igualdad
y a la moderación social, el individuo va detrás de su mayor deseo: el éxito individual. Toda idea
de éxito se define en términos sociales, y
el más común de los éxitos concebibles en las últimas generaciones se mide y se
experimenta en relación a la posición relativa que ocupa un individuo en la pirámide
socioeconómica: es decir, dinero y notoriedad, es decir, desigualdad. Pero como no todos son Einstein o Bill Gates, es
necesario echar mano a recursos de fe en ciertos grupos con delirios de
superioridad: la raza, la clase social, la nación, la bandera, la tribu, la
empresa, etcétera.
Entonces, empiezan las explicaciones
de mi fracaso:
“la culpa es de los
inmigrantes pobres”, “el gobierno me roba redistribuyendo mis impuestos”, “todo
lo que he logrado lo he hecho yo solo”.
Obviamente, existen los trabajadores
sacrificados y los holgazanes, pero ese es un factor universal que no cambia la ecuación narrativa que
intentamos entender ahora. Empecemos por entender que todo sistema económico es un sistema de
redistribución de riqueza. Unos redistribuyen para beneficiar a
unos pocos y otros a unos muchos.
El equilibrio en la
distribución de parte del producto social es una política conveniente por
muchas razones. Según varios estudios, las desigualdades causan depresión en
sociedades desarrolladas, como Europa, cuando el individuo se
percibe (en términos económicos y de prestigio) muy por debajo de la media. Por
otro lado, otros estudios cuantitativos demuestran que a mayor desigualdad
mayor criminalidad (dejemos de lado que las desigualdades son violencia per se). En Estados
Unidos existe una proporción directa entre desigualdad de ingresos y los
homicidios cuando se compara las estadísticas de cada uno de los cincuenta
Estados. Más allá de los factores culturales que importan, lo mismo ocurre en
Europa y en otros continentes. América latina es la región mundial más desigual
del mundo y es, también, la que sufre los índices de homicidios más altos. Esto
es una constante histórica, aunque en la primera década del siglo XXI la desigualdad
disminuyó para volver a incrementarse recientemente. Incluso dentro de
esta región, los países más desiguales (América Central, Caribe) son los
más violentos, más que los países menos desiguales (Cono Sur, Cuba).
Pero en América latina
también hay dos notables excepciones: Chile,
un país rico y con notorias desigualdades, no tanto en los ingresos de
la clase media sino en los servicios básicos en general (sólo el índice
GINI no es suficiente para explicar estos fenómenos, otros, como el índice Atkinson,
explican mejor el problema), tiene una tasa de criminalidad baja, mientras que
el país más equilibrado de América Latina, Uruguay, ha experimentado un
ascenso en la criminalidad. Estas excepciones a la regla mundial se pueden
explicar de muchas formas como, por ejemplo, el aislamiento geográfico de Chile
y la fuerte influencia del crimen organizado regional por una frontera
permeable (gran parte de los homicidios son entre los mismos miembros del
crimen organizado) en Uruguay.
El equilibrio social y
la redistribución de los beneficios
previene, además, de estallidos sociales, desde la Revolución francesa
hasta los más reciente de Chile y Ecuador. Pero no previene de la
inconformidad. Los progresistas uruguayos cometen un error cuando confían en
que un discurso en favor de la igualdad y la redistribución de los ingresos
es suficiente para ganar elecciones. Por el contrario, en este momento tiene un
efecto opuesto para muchos.
Luego de la masiva crisis
producida por la ola neoliberal de los 90, las políticas progresistas en Uruguay han logrado reducir la pobreza y la
indigencia a mínimos históricos en todo el continente. Incluso en un contexto
regional negativo de recesiones y brutales conflictos sociales (Brasil,
Argentina, ahora Chile), ha logrado mantener una economía en
permanente crecimiento (con un 4% de promedio anual) durante quince años
y pese a una población estable y envejecida (Australia supera este
período sin recesión debido a su permanente flujo de inmigrantes en edad
productiva); ha logrado universalizar el acceso a internet y desde 2006 ha
sido capaz de proveer a todos sus estudiantes en edad escolar de una laptop,
extendiendo más tarde ese beneficio a los jubilados. El ingreso per
cápita se ha ubicado en el punto más alto de toda América Latina, al
tiempo que es el país con la clase media más grande del continente;
ha logrado (o está en el proceso de) descentralizar su universidad gratuita,
proeza ya centenaria que da igual las oportunidades de desarrollo de sus
ciudadanos jóvenes, sean ricos o pobres.
Ha fallado en reformas
más radicales en educación y no ha logrado resolver el problema de la
criminalidad la que,
pese a todo, es la misma que tiene hoy Miami y está muy por debajo de
muchas ciudades que algunos de sus visitantes admiran de Estados Unidos
como país “seguro”. Ha fracasado en su intento de cambiar el
carácter triste de los uruguayos, característica que se arrastra desde
hace un siglo atrás, probablemente herencia de cierta inmigración.
En el caso chileno ya analizamos, un
mes antes del estallido social,
sus problemas de inestabilidad debido a las desigualdades promovidas por
su modelo económico. Lo mismo en el caso de Argentina, solo que
años antes: la clase media y asalariada busca “el éxito” (la
desigualdad) cuando ha alcanzado cierta estabilidad y vota por la igualdad
y el equilibrio cuando el país ya se encuentra en una nueva crisis,
económica y social.
Cuando las sociedades se
encuentran estabilizadas y hasta prósperas, los individuos comienzan a compararse con los demás.
Y quieren más. Es humano y comprensible. El problema es cuando, desde un
punto de vista meramente psicológico, el individuo cuyo país no se
encuentra en crisis siente que él se merece una mejor suerte que la de su vecino.
Entonces, el individuo no vota por la igualdad sino por la desigualdad,
es decir, por ubicarse por encima del resto. Sin embargo (mucho menos en un
país con una tradición como Uruguay) nadie reconoce que está contra la
igualdad. Ni siquiera a sí mismos. En su lugar, procede con lo que en
psicología se llamaría un “desplazamiento”: busca otras razones, sean
reales (como el problema de la criminalidad) o sean ficticias (como el discurso
de un candidato militar vinculado a torturadores de la pasada dictadura de “luchar
contra la corrupción”, lo cual es una broma histórica de mal gusto).
La igualdad en los
derechos es un principio casi universal desde hace un par de siglos, poco
tiempo en términos históricos.
Por su edad, y solo como concepto, es la hermana menor de la libertad, como deseo. Pero sin igual-libertad no existe la
justicia social y sin justicia no hay libertad posible que se sostenga en el
tiempo.
JORGE
MAJFUD: Profesor
uruguayo-estadounidense. Tequila y El mismo fuego son sus
dos últimas novelas.
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