Las movilizaciones de las organizaciones de Defensa de los Recursos
Naturales, defensa de la VIDA (AGUA SI, ORO
NO) en los distintos lugares del Perú, siempre ha estado presente la MUJER, como también la represión
de los gobiernos de turno ha sido cruel y violenta. Tenemos muchas experiencias. “Emperatriz
Bolaños, lideresa ambiental en Celendín,
recientemente ha sufrido una detención arbitraria en el distrito de
Sorocucho por parte de la Policía. Bolaños participa
activamente en manifestaciones contra la explotación del proyecto Conga, en ese
contexto ha sufrido una serie de amenazas y difamación. “Mataron a mis perros a
las 11 de la noche, la policía constata de que mis perros estaban muriendo,
después de 10 días dejaron una bolsa con una bala dentro con un frase que decía: “la
bala cuesta un sol, ya matamos a tus perros, ahora siguen tus hijos y tú”,
denuncia”.
“Otra luchadora social que ha criticado
abiertamente el proyecto Conga es Sara Guerra, ella
perdió su trabajo como coordinadora del Instituto Nacional de Estadísticas e
Informática (INEI) en el año 2012, desde entonces le ha
sido difícil conseguir trabajo. “En cada uno de nosotros nace esas ganas de
defender su territorio por la importancia que tiene eso para ti. Si nosotros permitimos que este territorio
sea dañado: no vamos a poder sembrar ni cosechar, no vamos a poder tener
agua de calidad, además, seriamos desplazados ¿sin territorio que podemos
hacer? si nosotros perdemos las lagunas, desaparecerán también los ríos, para mi esa es la
gran importancia de defender y preservar la vida, la mía y de mis
generaciones”.
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PERÚ. EL IMPACTO DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN LAS
MUJERES.
LA VIOLENCIA CONTRA SUS DERECHOS.
LA VIOLENCIA CONTRA SUS DERECHOS.
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Magali Zevallos.
ALAI. América Latina en Movimiento.
Miércoles 8 de agosto del 2018.
El
impacto de las industrias extractivas es agresivo a nivel económico, social,
ambiental y cultural en las zonas de influencia directa e indirecta donde se
desarrollan estas actividades. Los conflictos han dejado muertes, heridos,
criminalización de la protesta, hostigamiento, violencia física y sexual hacia las
mujeres. Aunque no hay registros oficiales sobre la violencia de género en
conflictos sociales, de acuerdo al libro Mujeres y conflictos
ecoterritoriales de
Rocío Silva Santisteban: desde el 2003 hasta noviembre de 2017, 102 mujeres
fueron criminalizadas, y el 10% del total de muertes en conflictos corresponde
a mujeres.
EL
PERÚ LLEVA MÁS DE DOS DÉCADAS SOSTENIENDO SU ECONOMÍA EN BASE A LA ACTIVIDAD
MINERA, detrás
de esta economía basada en la exportación de materias primas hay muchas
historias: perdidas de vida, personas que se han quedado con alguna
discapacidad a causa de los conflictos, defensores ambientales denunciados y
estigmatizados por parte de los representante del Estado, los medios de
comunicación, las empresas mineras y las fuerzas del orden; mujeres violentadas
y agredidas sexualmente (…). La intolerancia hacia los defensores ambientales
ha llegado al punto de que hasta un presidente de la República les calificó de “perros del hortelano”. Además
diversas acciones han desnudado el desprecio de los miembros de la Policía
Nacional hacia los manifestantes en pleno conflicto. Una mujer le pregunta a un
policía en el conflicto Conga (Cajamarca): “¿por
qué nos tratan así?”, el policía responde: “porque son perros concha tu mare”. En Juliaca (Puno) los gritos de otro miembro de la policía en una
manifestación grita a todo pulmón: “mata a esa chola, la de la huaraca, mátala,
mátala”.
CRIMINALIZACIÓN
DE LA PROTESTA: 102 MUJERES HAN SIDO PROCESADAS EN EL PERÚ.- El
caso más llamativo en el Perú de agresiones sexuales contra defensoras
ambientales se ha dado en el conflicto MAJAZ.
Es el primer caso donde la empresa minera británica Rio Blanco Copper S.A.,
tuvo que indemnizar a 32 campesinos que fueron torturados el año 2005 dentro de
su sede, ubicado en la sierra de Piura. La demanda fue presentada por la
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) ante las Altas Cortes
Británicas contra Monterrico Metals Plc, debido a que participaron en los
hechos funcionarios y trabajadores de la minera y de la empresa de seguridad Forza,
que prestaba servicios a la mina. “En este caso, dos mujeres fueron violentadas
sexualmente, incluso se les despojó de su ropa interior que luego fue colgada
en unos palos como si fueran unas banderas, como si se tratase de un trofeo que
habían recaudado estos individuos después de haber violentado sexualmente a las
mujeres”, señala Rocío Silva Santisteban.
Paula Llanos sigue llorando la muerte de su hermano
Isidro Llanos, quien falleció en un conflicto hace 12 años en Cajamarca.
***
Entre los
años 2011 y 2012, cinco personas fueron asesinadas y 154 personas resultaron
heridas alrededor del proyecto Conga de la minera Yanacocha, la mina de oro más
grande de Latinoamérica, ubicado en Cajamarca, según los registros de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todas estas muertes y agresiones
fueron por parte de la policía y las fuerzas armadas. Adelaida Amelia Tabaco,
es una de las víctimas del conflicto en Celendín, su marido Paulino Leonterio regresó de Lima un 2
de julio de 2012, al día siguiente fue a visitar a su hermana, cuando retornaba
a su casa al pasar por una calle cercana a la Plaza de Armas, un impacto de
bala le causó la muerte. Adelaida hasta
el día de hoy no ha encontrado justicia tras la muerte de Paulino, desde hace seis años ella tuvo que asumir la
crianza y educación de sus dos hijos.
“Las mujeres no solo
son denunciadas y perseguidas, sino también son estigmatizadas con una suerte
de campañas mediáticas, se le ataca por el liderazgo que tienen, además por su
condición de mujer, se les cuestiona permanentemente moralmente”, comenta
la abogada Mirtha Vásquez, quien
estuvo a cargo de la defensa de luchadores ambientales en Cajamarca. Añade que
en los últimos años se ha incrementado en un 30% las denuncias contra las
mujeres lideresas.
A raíz de los conflictos sociales
han surgido liderazgos y una participación activa de las mujeres.
Emperatriz
Bolaños, lideresa ambiental en Celendín,
recientemente ha sufrido una detención arbitraria en el distrito de Sorocucho por parte de la Policía. Bolaños participa activamente en manifestaciones contra la
explotación del proyecto Conga, en ese contexto ha sufrido una serie de
amenazas y difamación. “Mataron a mis perros a las 11 de la noche, la policía
constata de que mis perros estaban muriendo, después de 10 días dejaron una
bolsa con una bala dentro con un frase que decía: “la bala cuesta un sol, ya matamos a
tus perros, ahora siguen tus hijos y tú”, denuncia.
Otra luchadora social que
ha criticado abiertamente el proyecto Conga es Sara Guerra, ella
perdió su trabajo como coordinadora del Instituto Nacional de Estadísticas e
Informática (INEI) en el año 2012,
desde entonces le ha sido difícil conseguir trabajo.
“En cada uno de nosotros nace esas ganas de
defender su territorio por la importancia que tiene eso para ti. Si nosotros
permitimos que este territorio sea dañado: no vamos a poder sembrar ni
cosechar, no vamos a poder tener agua de calidad, además, seriamos desplazados
¿sin territorio que podemos hacer? si nosotros perdemos las lagunas, desaparecerán
también los ríos, para mi esa es la gran importancia de defender y preservar la
vida, la mía y de mis generaciones”.
Expropiación de tierras.
Uno de los casos más expuestos a nivel público es
el de Máxima Acuña de Chaupe, quien fue absuelta por la Sala Penal de
Apelaciones de Cajamarca de los cargos de usurpación interpuesta por Yanacocha,
la mina pretendió expropiarle sus tierras donde se encuentra la laguna Azul. Su
defensa férrea le hizo merecedora de uno de los galardones más importantes a
nivel ambiental, el premio Goldman Environmental Prize 2016. Sin embargo este
hecho no es un caso aislado en cuanto a expropiación o pérdidas de tierras en
zonas mineras.
En abril
de este año, 40 miembros de la PNP y funcionarios de la empresa suiza Glencore
-una de las minas más grandes de cobre a nivel mundial- se presentaron con
maquinarias en la comunidad de Alto Huarca en Espinar, Cusco. Rocío Coaquera,
María Coaquira y Eufrosina Umasi fueron insultadas, golpeadas, jaloneadas por
defender su territorio de los miembros de la policía y de la seguridad de la
mina. “El problema es que estamos prácticamente financiando estos abusos, la
policía está trabajando para las empresas mineras, y estamos hablando de
cuerpos de elite de la Policía Nacional que han sido entrenados de una manera
especial y esos cuerpos de elite son los que están trabajando de protectores y
defensores de las empresas mineras”, remarca Silva Santisteban. Así, la policía
en vez de dar seguridad a las poblaciones termina siendo uno de los agresores
más recurrentes en los conflictos sociales.
El impacto de las actividades
extractivas se dan en mujeres andinas y amazónicas
No hay información oficial sobre
violencia de género
La
agresión más común hacía las mujeres en los conflictos sociales ha sido la
violencia física y sexual, además de otros tipos de violencia que se dan en ese
contexto, como el machismo, el racismo, la estigmatización, descalificación y
hostilización, sin embargo, no hay cifras ni estadísticas oficiales de parte
del Estado. Para Jessenia Casani, socióloga de Demus, los casos que se han
podido recoger, las situaciones de violencias que se han podido conocer han
sido básicamente desde la voz de las mujeres defensoras. “El Estado peruano es
responsable de proveer, de dotar de esta información, de investigar, de tener
una estadística de lo que implica esta violencia de género en conflictos eco
territoriales para que podamos tener políticas, servicios, programas adecuados
para atender, proteger y hacer justicia a estas mujeres”, dice.
Casani
añade que, la Ley Nro. 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar) y el Plan
Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, son normativa y política
pública que reconocen la violencia de género en conflictos ecoterritoriales, y
que establecen además responsabilidad del Estado de generar información y data
sobre esta violencia, para que a partir de ello se pueda actuar de una manera
oportuna.
Colofón
Un tema
que se observa cotidianamente en las zonas extractivas es el alto consumo de
alcohol, se abren bares y prostíbulos para los trabajadores mineros y los
trabajadores tercerizados que forman parte de la dinámica del movimiento
minero. Las fiestas tradicionales de las zonas tienen el auspicio de las
propias empresas mineras, donde las cajas de cervezas vienen en abundancia como
parte de las relaciones públicas entre empresa y comunidades. Se trasgrede así
las dinámicas comunales, se corrompe autoridades comunitarias y se exacerba la
violencia de género que afecta a mujeres y niñas en esos escenarios de control,
corrupción y autoritarismo. Los cuerpos son sometidos a diversas formas de
violencia sexual, entre ellos la trata con fines de explotación sexual.
Esta problemática tampoco figura en las estadísticas de violencia de género en zonas extractivas.
Esta problemática tampoco figura en las estadísticas de violencia de género en zonas extractivas.
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